Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79644
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Necochea. Por Secretaría, y de manera electrónica, se radicarán las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº2 departamental
B.79.644 "BIRGE YAMILA MARISOL C/ USINA POPULAR COOPERATIVA LIMITADA DE NECOCHEA SEBASTINA DE MARIA S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA. OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. Yamila Marisol Birge, por derecho propio, deduce la presente demanda contra la Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Necochea (UPC), tendiente a obtener la anulación de una factura por consumo de energía eléctrica emitida el 20-V-2024 por la mencionada compañía. Paralelamente y con el objeto de entablar una eventual acción de impugnación de actos administrativos y de daños y perjuicios por violación -según arguye- a sus derechos como usuaria de dicho servicio, solicita que se ordene una serie de diligencias preliminares para que la UPC: 1) "...acompañe las actuaciones realizadas para la determinación de la deuda"; e 2) "...informe a raíz de qué hecho efectuó el control del medidor".
En ese marco, peticiona la suspensión de la ejecución de la mencionada factura y el mantenimiento del suministro eléctrico -v. escrito electrónico de fecha 12-VIII-2024-.
II. La causa fue adjudicada al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Necochea, cuyo titular, luego de solicitarle a la actora que precisara "...el objeto de la pretensión a través de la cual se articulará el proceso contencioso-administrativo" y que así lo hiciera esta última aclarando que "...la pretensión a incoar es el reclamo de daños y perjuicios derivado del incumplimiento de la accionada en la prestación de servicios", decidió declarar su incompetencia para continuar interviniendo en el asunto.
Ello así, bajo el entendimiento de que "...la cuestión principal versa sobre una demanda de daños y perjuicios entre un usuario y una prestadora de servicios públicos en el marco de la Ley de Defensa al Consumidor", lo cual daría a la controversia un claro enfoque de derecho privado, activándose de este modo la regla de exclusión contenida en el art. 4 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, según concluyó el magistrado (v. resol. electrónica de fecha 20-VIII-2024).
Consiguientemente y previo pase por la Receptoría General de Expedientes, los obrados fueron asignados al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº2 departamental.
No obstante, al recibirlos, el juez a cargo de esa dependencia no aceptó la competencia que le fuera endilgada, en la inteligencia de que el caso se hallaba regido por la regla del art. 30 de la ley 13.133 -texto según ley 14.514- y, en particular, por lo dispuesto en el art. 2 inc. 2 de la ley 12.008, razón por la cual -consideró- debía seguir interviniendo su par remitente.
Igualmente señaló que "...la acción principal -si la hubiere-, deberá tramitar en sede contencioso administrativa y que el art. 6 inc. 4 del CPCC dispone que será juez competente en los procesos de medidas precautorias el que deba conocer en el proceso principal" -v. sent. interlocutoria de fecha 5-IX-2024-.
Devueltos los actuados al juzgado de origen, este mantuvo su postura primigenia, planteando así un conflicto negativo de competencia que elevó a este Tribunal para ser resuelto con arreglo al art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. proveído electrónico de fecha 9-IX-2024).
III. Preliminarmente, cabe recordar que esta Corte sostuvo, en conflictos de competencia suscitados en casos basados en las normas constitucionales que garantizan y en las leyes que regulan los derechos de usuarios y consumidores, que era competente para entender y resolver el fuero civil y comercial. Para ello se tuvo en cuenta que, más allá de las personas involucradas en la contienda, se trataba de supuestos regidos por el derecho privado (doctr. causas B. 69.961 "Apuzzo", resol. de 18-II-2009; B. 70.052, "Marrone", resol. de 6-V-2009; B. 70.959, "Paccor", resol. de 9-VI-2010; B. 71.621, "Semzar Emergencias Médicas S.R.L.", resol. de 19-X-2011; B. 72.317, "Siviero", resol. de 24-IV-2013; B. 73.522, "Moreno", resol. de 15-IV-2015; B. 75.144, "González", resol. de 4-IV-2018 y B. 78.102, "Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores", resol. de 30-VI-2022, e.o.).
Sin embargo, se destacó en esos precedentes que el artículo 30 de la ley 13.133 -Ley Provincial de Implementación de Derechos de Usuarios y Consumidores-, que consagraba la competencia de los juzgados en lo civil y comercial para resolver las controversias suscitadas en ese ámbito, había sido vetado sobre la base de que la ley 12.008 incluía entre los casos propios del fuero contencioso administrativo a las controversias que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el derecho administrativo (art. 2 inc. 2).
Con posterioridad, el mencionado artículo fue reintroducido en el régimen de la ley 13.133 por la ley 14.514 (B.O. de 4-VII-2013), quedando redactado de la siguiente manera:
"Serán competentes para resolver las controversias derivadas por las relaciones de consumo los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial o los Juzgados de Paz Letrados.
Los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo serán los competentes para resolver las controversias que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el Derecho Administrativo".
Como es fácil advertir, ahora las normas que se refieren a la competencia para resolver en esta clase de asuntos han sido armonizadas, de modo tal que en los casos ocurrentes corresponde indagar el derecho llamado a regir la controversia.
IV. En la especie, la actora procura, en su condición de usuaria, la anulación de una factura correspondiente al consumo de energía eléctrica, que considera exorbitante por la magnitud del aumento del suministro que registra en relación con las anteriores y trata, a través del dictado de la medida cautelar que requiere, que no se haga efectiva la interrupción del servicio dispuesto por la prestadora.
Tales cuestiones, como manifiesta la propia demandante en sus presentaciones (de fecha 12-VIII-2024 y 16-VIII-2024), requieren la aplicación e interpretación de normas de derecho administrativo (Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires; Reglamento de Suministro y Conexión publicado por el OCEBA, entre otras), por lo que en el caso debe declararse la competencia del fuero contencioso administrativo (arts. 2 inc. 2, ley 12.008 y 30, seg. párr., ley 13.133).
Por último, es útil adunar, en atención a la medida cautelar requerida, que es consolidada doctrina de este Tribunal que la competencia para impulsar la tramitación de diligencias preliminares o precautorias recae en el juez que habrá de conocer y decidir en el proceso principal (doctr. arts. 6 inc. 4º, CPCC y 77 inc. 1º, CCA; doctr. causas B. 52.950, "Torres", resol. de 20-II-1990; B. 54.029, "Latrecchiana", resol. de 29-X-1991; B. 61.685, "Santana", resol. de 5-VII-2000; B. 63.514, "Brandoni", resol. de 27-XII-2001; B. 64.730, "Cooperativa de Trabajo Taller Naval Ltda.", resol. del 30-X-2002; B. 68.339, "Colombo", resol. de 7-IX-2005; B. 71.482, "Radisol SA", resol. de 31-VIII-2011; B. 72.574, "Bingo Adrogué SA", resol. de 4-XII-2013; B. 73.370, "Morales", resol. de 18-III-2015; B. 73.540, "Tiro Federal Argentino", resol. de 29-IV-2015; B. 74.233, "Playa de Camiones Quequén SA", resol. del 22-VI-2016; B. 74.599, "Díaz Sierra", resol. de 10-V-2017 y B. 78.495, "Municipalidad de Villa Gesell", resol. de 7-XII-2022).
V. Sobre la base de lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Necochea el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Necochea. Por Secretaría, y de manera electrónica, se radicarán las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº2 departamental
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/10/2024 07:26:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/10/2024 10:33:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/10/2024 13:22:21 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2024 11:16:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2024 11:21:13 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/10/2024 11:25:45 hs. bajo el número RR-775-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia