Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78474
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora (arts. 163, inc. 6, 2da. parte y concs., CPCC).
Atento el modo en que se resuelve, las costas se imponen en el orden causado (arts. 60 inc. 1, CCA, -text según ley 13.101-; args. arts. 68, segundo párrafo, CPCC).
A.78.474 "GALARZA BETINA C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - OTROS JUICIOS -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Kohan dijeron:
I. La señora Betina Galarza, junto a un grupo de vecinos platenses, promovió el presente proceso iniciado como medida cautelar autónoma o anticipada contra la Municipalidad de La Plata, mediante el cual requirió la inmediata suspensión de las obras de pavimentación que llevaba adelante el municipio sobre las calles adoquinadas de la ciudad, que fueron excepcionadas por las ordenanzas denunciadas y cuestionadas en autos (11.738, 12.171 y análogas) de la protección consagrada en la ordenanza 9.008/1998.
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada. En consecuencia, suspendió la eficacia de las ordenanzas impugnadas y de cualquier otra de igual naturaleza y, con ello, de las obras en ciernes, condicionando su vigencia a la presentación de un proyecto integral, que armonice la tutela patrimonial de la identidad local, con la necesaria modernización en general y demás valores que la comuna invoca en sus actos, con sus respectivos acondicionamientos normativos. Ello así, según indicó, mientras no fuera resuelta la cuestión mediante sentencia firme (v. sent. de fecha 26-XI-2021).
III. Apelada dicha resolución, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó la decisión de primera instancia y dejó sin efecto la medida cautelar (v. sent. de fecha 30-XII-2021).
IV. Disconforme con dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-II-2022, 6:05:03 hs.), en el que denuncia la violación de diversas normas de la Constitución nacional y provincial; de las leyes 27.566 (Acuerdo de Escazú), 25.675 (Ley General del Medio Ambiente), 11.723 (Ley Ambiental provincial); de los artículos del Código Procesal Civil y Comercial que indica, de la ley provincial 12.121 y decreto nacional 1.308/99 y de las ordenanzas municipales 9.008, 9.879 y 9.880. Asimismo, alega absurdo valorativo y vulneración de la doctrina legal que cita.
En concreto, la recurrente se agravia de la revocación de la medida cautelar dispuesta por la Cámara, cuestionando las distintas razones invocadas al efecto en el decisorio impugnado, así como la ponderación de los requisitos precautorios que dicho tribunal realizara.
V. El remedio fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. 18-X-2022).
VI. Recibidas las actuaciones, esta Suprema Corte dictó la providencia de autos y tuvo presente las memorias agregadas por las partes.
VII. En ese estadio procesal, este Tribunal convocó a las partes a una audiencia que se llevó a cabo el día 5 de junio de 2023, la cual fue videograbada en formato digital que se encuentra inserta como hipervínculo en el acta de fecha 6 de junio de 2023.
VIII. Con posterioridad, mediante presentación electrónica de fecha 19 de junio de 2024, la comuna demandada puso de manifiesto que el día 30 de mayo de 2024 el Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata sancionó la ordenanza 12.577, que crea el "Régimen de Protección de Calles con Valor Patrimonial" y deroga, entre otras, la ordenanza 9.008 y sus modificatorias 9.879/04, 11.738/18, 12.171/21 y 12.427/23, motivo por el cual consideró que resultaba inoficioso expedirse sobre el planteo actoral y, consecuentemente, solicitaba se declare abstracta la cuestión.
IX. Corrido el traslado de ley, la parte actora se opuso al cierre de la causa por entender que la sanción de la ordenanza 12.577 no concluye en modo alguno la presente contienda, que dicha norma no torna abstracta la inconstitucionalidad debatida de las ordenanzas 11.738, 12.171 y análogas, sino que consolida el eje de incompatibilidad denunciada, resultando ser un eslabón más de la cadena de ordenanzas cuestionadas en autos que han excepcionado la protección de los adoquines consagrada por las ordenanzas 9.008 y 9.879.
X. Abocado este Tribunal al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la parte actora, la apoderada del municipio demandado se presenta y denuncia que con fecha 5 de mayo de 2025, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n°4 con asiento en la ciudad de La Plata, dictó sentencia en los autos caratulados "Galarza, Betina Claudia c/ Municipalidad de La Plata s/ Pretensión de Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos" (causa n°27.359).
En dichas actuaciones, la jueza interviniente, luego de referir que los actores manifestaron que la demanda entablada era ratificatoria de la pretensión cautelar que tramitara ante ese juzgado (causa n° 27.249) -y que actualmente se encuentra bajo análisis de esta Suprema Corte-, puntualizó que la pretensión se encontraba dirigida a obtener el cese de toda intervención pública del adoquinado protegido por la ordenanza 9.008/98, la creación del registro previsto en la ordenanza 9.879/04 y la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 11.723 y/o aquellas que en lo sucesivo establezcan excepciones al régimen general de protección del adoquinado.
Luego, ponderó que la sanción de la ordenanza 12.577 importó una modificación sustancial de la base sobre la cual se erigió la pretensión articulada, al advertir que el caso planteado por el colectivo actoral fue construido sobre la ilegitimidad de las ordenanzas de excepción a la ordenanza 9.008/98, normas que a partir del nuevo marco regulatorio han perdido virtualidad, tornándose inoficioso todo pronunciamiento al respecto, por lo cual, declaró abstracta la pretensión.
Asimismo, con fecha 21 de mayo de 2025, la jueza interviniente tuvo por extinguida la medida cautelar oportunamente decretada en los presentes obrados, por haberse operado -a partir de la vigencia de la ordenanza 12.577- la condición resolutoria expresada en la tutela otrora concedida.
XI. En este contexto, cabe recordar que este Tribunal ha expresado que es propio del régimen de los recursos y, en particular, de los extraordinarios, que sus recaudos de admisibilidad y procedencia deben subsistir cuando son resueltos. La ausencia de los "requisitos jurisdiccionales" puede y debe comprobarse de oficio (conf. causas C. 119.775, "C., A.", resol. de 15-VII-2015 y C. 128.172, "K. A. M.", resol. 9-VIII-2024).
Así, en virtud de que los pronunciamientos de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta (conf. causas C. 102.069, "Frigorífico Morrone S.A.", resol. de 11-V-2011; C. 103.070, "M., F. J.", resol. de 12-XII-2012 y C. 118.517, "Jaime", resol. de 5-XI-2014; en el mismo sentido, CSJN Fallos: 310:819; 324:3948; 325:2275; entre otros), y considerando que no corresponde pronunciarse en los recursos extraordinarios deducidos si las circunstancias sobrevinientes han convertido en abstracta la cuestión sometida a su conocimiento (conf. causas C. 102.069, cit.; C. 116.942, "Crédito para Todos S.A.", resol. de 31-VII-2013; C. 117.145, "V., R. G.", resol. de 5-III-2014), resulta carente de virtualidad el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora contra la sentencia de Cámara que dejó sin efecto la medida cautelar, toda vez que -conforme lo reseñado- la jueza de primera instancia la declaró extinguida por haberse operado -a partir de la vigencia de la ordenanza 12.577- la condición resolutoria expresada en la tutela otrora concedida, declarando -en consecuencia- abstracta la pretensión en el proceso principal al que tributaba la medida en cuestión (conf. causas C. 121.622, "Encina", resol. de 6-XI-2019; C. 118.808, "Bustos", resol. de 11-V-2020; C. 121.919, "C., F. M.", resol. de 24-VIII-2021; C. 125.412, "Picon González", resol. de 10-XI-2022; C. 137.050 "A. V. C. C.", resol. de 30-IV-2025).
XII. Por lo demás, debe decirse que el planteo expuesto por la parte actora en su presentación del 2-VII-2024, tendiente a enjuiciar la constitucionalidad de la nueva normativa (ordenanza 12.577), excede el marco del presente proceso cautelar, pudiendo ser canalizado por las vías pertinentes.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora (arts. 163, inc. 6, 2da. parte y concs., CPCC).
Atento el modo en que se resuelve, las costas se imponen en el orden causado (arts. 60 inc. 1, CCA, -text según ley 13.101-; args. arts. 68, segundo párrafo, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2025 21:01:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 11:02:51 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 14:10:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 18:56:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/07/2025 19:04:33 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/07/2025 12:14:11 hs. bajo el número RR-448-2025 por GORDILLO VALERIA.
Fin de la sentencia