Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 80324 P
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068) y llamar autos para resolverlo (arts. 283 y 284, CPCC).
80.324-P "LIMA ALFREDO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - DIRECCION PROVINCIAL DE POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL Y OTRO/A S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - OTROS JUICIOS"
I.1. El señor Alfredo Lima promovió medida cautelar autónoma o anticipada contra la Municipalidad de Junín y la Dirección Provincial de Política de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires a fin de que se ordene a las demandadas la inmediata liberación de los obstáculos que le impiden renovar su licencia nacional de conducir. Ello, con fundamento en que la negativa a hacerlo vulnera derechos constitucionales (v. present. electr. electr. de 5-II-2025).
Para ello, solicitó que se declare la inconstitucionalidad del inc. 3 del art. 10 del decreto provincial 532/2009, reglamentario de la ley 13.927, que -según adujo- expresa de manera errónea y contrariando la ley nacional, que es necesario tener un certificado de libre deuda de infracciones de tránsito para la aludida renovación.
I.2. El 18-II-2025, la Municipalidad de Junín se presentó y produjo el informe que le fuera requerido en los términos del art. 23 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo. Asimismo solicitó que se rechace el planteo de la actora, con expresa imposición de costas.
II. Con posterioridad, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Junín, en lo que aquí interesa, como medida de contenido positivo, ordenó a la Municipalidad de Junín sortear el obstáculo que representan las infracciones impagas a fin de que el señor Alfredo Lima cumplimente con el trámite reglado de rigor para la renovación de su licencia de conducir.
Asimismo, consideró que la Provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial) también se hallaba pasivamente legitimada e impuso a la Municipalidad de Junín la carga del anoticiamiento a aquella, para que remueva la infracción, a fin de que la parte actora continúe con el trámite de renovación del carnet de conducir.
Por último, estimó que en el caso concreto, por la índole de la cuestión, resultaba fútil la exigencia de caución al no avizorarse un posible perjuicio para las demandadas (v. resol. de 21-II-2025).
III. El 2-VI-2025 se presentó espontáneamente Fiscalía de Estado, se notificó de la resolución de fecha 21-II-2025 que hizo lugar a la medida cautelar y la apeló en los términos del art. 55 inc. 2, ap. "b", del Código Contencioso Administrativo.
Denunció la indebida extensión de responsabilidad pasiva de la sentencia también a la Provincia de Buenos Aires, sin haber sido parte del juicio, con vulneración de los arts. 15 y 18, de la Constituciones provincial y nacional, respectivamente.
Peticionó que se revoque parcialmente la resolución de primera instancia y se declare que la medida cautelar autónoma otorgada lo es sólo contra la Municipalidad de Junín.
Señaló que el juez de grado tuvo por iniciado el proceso, únicamente contra la referida comuna, requiriéndole que en el plazo de cinco días evacuara el informe cautelar previsto en el art. 23 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo (v. proveído de 10-II-2025). Agregó que, con posterioridad, la apoderada municipal produjo el informe solicitado, planteó la falta de responsabilidad municipal y pidió el rechazo de la medida cautelar solicitada por el actor (present. electr. de 18-II-2025).
Destacó que, en esos términos, el a quo pasó los autos para resolver (v. proveído de 19-II-2025) y, con fecha 10-II-2025, decidió hacer lugar a la medida cautelar autónoma. Se agravió puntualmente de lo resuelto respecto a ". ..que la legitimación pasiva también la ostenta la Provincia de Buenos Aires.. ." y de la orden emitida al Municipio demandado para que le comunique a la Provincia la resolución cautelar dictada en autos.
Expresó que la extensión de condena contenida en la sentencia contra quien no fue parte en el juicio ni intervino en modo alguno debe ser dejada sin efecto, pues de otra manera se estaría violando la normativa procesal (arts. 96 y 163, CPCyC), el debido proceso legal y el derecho de defensa del Estado provincial (arts. 15 y 18, cits.).
IV. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás rechazó el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó la decisión de primera instancia de fecha 21-II-2025. Impuso las costas de la alzada a la apelante vencida (art. 51, CCA, v. resol. de 8-VII-2025).
En primer lugar, advirtió que -de la forma en que ha sido planteado el recurso- llega firme a esa instancia todo lo relativo a la sustancia sobre la que se apoya la jueza para decidir sobre la procedencia de la medida cautelar (esto es: la verosimilitud en el derecho que invoca la actora, el peligro en la demora y la no afectación del interés público).
Destacó que el recurso fiscal se limitó únicamente al cuestionamiento de la extensión de la condena, por considerar que la jueza de grado ha extralimitado la legitimación pasiva de la presente acción.
Consideró que le asistía razón a la parte actora en cuanto manifestó, en el traslado de la apelación, que su acción se enderezó tanto contra la Comuna como contra la Provincia (conf. punto I. Objeto del escrito inicial) para tener por acreditada esa circunstancia.
Entendió que esa sola mención alcanzaba para echar por tierra el agravio formulado por el Fisco.
V. Contra dicho pronunciamiento, Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley agraviándose de la decisión de la Cámara que confirmó la resolución de primera instancia en cuanto extendió la condena a la Provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial) pese a que nunca fue citada a juicio (art. 33 inc. 1, CCA), en clara violación -según adujo- al derecho de defensa y al debido proceso legal (arts. 15 y 18 de las Constituciones provincial y nacional, respectivamente). También denuncia vulnerados los arts. 93, 163 inc. 6 y 337, del Código Procesal Civil y Comercial; 33 inc. 1, del Código Contencioso Administrativo y la violación de la doctrina de esta Corte que exige la bilateralización del trámite autosatisfactivo para garantizar el derecho de defensa en juicio (causa L. 127.754, "Sindicato Confluencia de Educadores de la Provincia de Buenos Aires, sent. de 8-V-2023).
Aduce que el juez de grado dictó una sentencia autosatisfactiva, equiparable a definitiva, contra la Municipalidad de Junín y extendió la condena también contra la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, sin que haya sido oída y haya podido defenderse. Por ello, solicitó que sea dejada sin efecto, circunscribiendo la condena a la única parte que fue traída a juicio en el proceso, esto es, la citada comuna.
VI. La Cámara interviniente denegó el recurso extraordinario, con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado, al considerar que la decisión se encuentra vinculada a una medida precautoria (v. resol. de 28-VIII-2025), lo que motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. present. de 8-IX-2025).
VII. Al fundamentar su impugnación, Fiscalía de Estado se agravió porque el Tribunal de Alzada, al denegar la concesión del recurso extraordinario, interpretó que la sentencia recaída en el presente proceso era de naturaleza cautelar y, por lo tanto, provisoria, accesoria y como tal, carente del requisito de definitividad exigido.
Adujo que, contrariamente a lo sostenido por la Cámara y, más allá del nomen iuris que se asignó en la carátula de la causa, el presente proceso no fue de naturaleza cautelar en el sentido tradicional sino que se trató de un proceso "autosafiscativo" en el que la sentencia que recayó en la presente -por la cual se ordenó el otorgamiento de la licencia de conducir- es de carácter definitivo y final, sin que haya luego otro proceso principal en el cual discutir las cuestiones surgidas en autos.
VIII. Requerida la radicación electrónica de la causa "Lima Alfredro c/Gobierno de la Provincia de Buenos Aires -Dirección Provincial D y otro/A s/Medida cautelar autónomo o anticipada -otros juicios-" (5417-2025), mediante notificación directa a la Cámara de fecha 26--XI-2025, ésta se hizo efectiva el 10-XII-2025. La compulsa de los trámites del expediente principal corrobora las circunstancias relatadas en los considerandos anteriores.
IX. La queja prospera.
Ello así, pues, si bien en principio las decisiones relativas a las medidas cautelares no reúnen la calidad de sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas Q. 73.550, "Rosas", resol. de 4-III-2015; Q. 73.511, "Montoreano", resol. de 4-III-2015; Q. 74.573, "Pereyra", resol. de 2-III-2017), también se ha sostenido que si existiera la posibilidad de que la resolución genere un perjuicio insusceptible de reparación ulterior, debe equiparársela a tal (doctr. causas Q. 74.122, "Bisio", resol. de 24-V-2016; Q. 74.824, "Inza", resol. de 11-X-2017; Q. 75.117, "Amado", resol. de 17-X-2018; Q. 75.723, “Minervini”, resol. de 19-II-2020 y Q. 78.530, “Cordone”, resol. de 19-VIII-2024, e.o.).
En el caso se aprecia configurado tal recaudo, en tanto el fallo atacado confirmó el auto de primera instancia que se pronunció en torno a cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior y que son susceptibles de causar un perjuicio a la recurrente, por lo que ha de reputarse equiparable a definitiva en los términos del art. 278 citado (arg. art. 15, Const. Prov., doctr. causas Q. 70.955, “Galler”, resol. de 15-IX-2010; A. 71.817, “Vela”, resol. de 11-XII-2013; Q. 76.646, “Arata”, resol. de 23-XII-2020 y Q. 78.530, cit).
X. Hallándose reunidos los restantes requisitos de admisibilidad del remedio incoado, corresponde admitir la queja traída y conceder el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 292, CPCC, 60, CCA y Acordada 4068).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068) y llamar autos para resolverlo (arts. 283 y 284, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/02/2026 11:35:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/02/2026 18:35:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2026 11:49:03 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 12/02/2026 10:55:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2026 12:02:53 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/02/2026 12:07:02 hs. bajo el número RR-60-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia