Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 80471
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278, 292 y 296, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.80.471 "UNIVERSIDAD NACIONAL RAUL SCALABRINI ORTIZ / MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA. OTROS JUICIOS - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE NULIDAD E INAPLICABILIDAD DE LEY"
I. Conforme surge del escrito de queja y de las constancias acompañadas, así como de aquellas disponibles en el Portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 de San Isidro, en lo que aquí interesa, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz y declaró inaplicable, para el caso concreto, el art. 45 de la Ordenanza Fiscal del Municipio, en cuanto exige la acreditación de libre deuda a los fines de permitir la prosecución del trámite administrativo vinculado al "Aviso de Obra n° 1491". En consecuencia, tuvo por aprobado dicho aviso, autorizando a la actora a reanudar de inmediato las tareas de reparación de los techos correspondientes a las aulas 3 a 8 del inmueble referido en autos, en el marco de lo prescripto en el art. 2.1.1.3 del Código de Edificación local. Asimismo, rechazó el pedido municipal de exoneración de responsabilidad.
Por otra parte, y en lo que aquí interesa destacar por constituir motivo de agravio en el recurso en tratamiento, impuso las costas a la demandada al considerarla parte vencida, por entender que -sin perjuicio de no haberse sustanciado formalmente la acción- el informe presentado por la Municipalidad en los términos del art. 23 del Código Contencioso Administrativo excedió su objeto y actuó como contestación de demanda, resultando de aplicación el art. 51 inc. 1 del mismo cuerpo legal (v. resol. de 1-VII-2025).
II. Apelado dicho pronunciamiento por la Municipalidad de San Isidro, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso interpuesto y confirmó la resolución de primera instancia en todo cuanto había sido materia de agravio. En lo que aquí interesa, sostuvo que la magistrada había actuado en ejercicio de facultades propias al valorar el alcance de la presentación efectuada por la demandada y que, al no advertirse arbitrariedad manifiesta en tal apreciación, correspondía confirmar también la imposición de costas dispuesta. (v. resol. de 28-VIII-2025).
III. Frente a dicho pronunciamiento, la Municipalidad de San Isidro dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad, agraviándose exclusivamente en lo que refiere a la imposición de costas (v. presents. electrs. de 11-IX-2025). Tales remedios fueron denegados por la Cámara, el primero con sustento en la falta de definitividad del pronunciamiento atacado y el segundo con fundamento en que no se encontraban reunidos los presupuestos establecidos por los arts. 296 del Código Procesal Civil y Comercial y 168 y 171 de la Constitución provincial (v. resol. de 6-XI-2025), lo que motivó la interposición de la presente queja (art. 292, CPCC; v. present. de 14-XI-2025).
IV.1. Al respecto, cabe recordar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis , pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 74.945, "Balcedo", resol. de 11-IV-2018; A. 75.823, "Otto Garde Cía. S.A.", resol. de 23-X-2019; Q. 76.265, "Martin", resol. de 11-III-2020; Q. 76.266, "Nazhur", resol. de 11-III-2020; Q. 76.440, "Fantaguzzi", resol. de 17-VI-2020; Q. 80.364, "Rottini", resol. de 12-II-2026).
Asimismo, es doctrina reiterada de este Tribunal que, en principio, las decisiones relativas a medidas cautelares no resultan definitivas en el concepto de los arts. 278 y 292 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas A. 74.984, "Segovia", resol. de 6-VI-2018; Q. 75.536, "Senin", resol. de 20-III-2019; Q. 75.903, "Granja Tres Arroyos", resol. de 6-XI-2019; Q. 76.431, "Centro de Exportadores de Cereales y Otros", resol. de 19-III-2021; Q. 76.896, "Mendez", resol. de 30-XI-2023; Q. 80.222, "Cabo Frigerio", resol. de 14-X-2025).
IV.2. En relación al agravio que nos ocupa, referido a la imposición de costas en el marco de la referida medida cautelar, es menester recordar que este Tribunal reiteradamente ha expresado que las resoluciones en tal materia, por su carácter accesorio, deben seguir la suerte del principal, razón por la cual no resultan revisables en esta instancia extraordinaria cuando lo juzgado en el pronunciamiento que las impone no reviste naturaleza definitiva en los términos del art. 278 del ordenamiento procesal mencionado, pudiendo atribuirse tal carácter cuando lo decidido puede producir un agravio de imposible reparación ulterior, como cuando, entre otros supuestos, se vinculan a los efectos del principio de cosa juzgada, defectos en la emisión de la sentencia de grado y a su condición o no de vencida (doctr. causas Q. 74.724, "San Andrés Golf Club S.A.", resol. de 23-XII-2013; A. 74.369, "Cervecería Argentina SA Isenbeck", resol. de 28-IX-2016; A. 75.398, "Mancuso", resol de 8-VIII-2018; Q. 77.318, "Leyva", resol. de 18-II-2022), situaciones ausentes en el presente caso.
En tal sentido, no se observa en el sub lite , en el que el Tribunal de Alzada confirmó la decisión de primera instancia por la que se hizo lugar a la medida cautelar, dejando sin efecto la exigencia de libre deuda a los fines de posibilitar la prosecución del trámite del “Aviso de Obra n° 1491”, y confirmó la consecuente imposición de costas, motivos que justifiquen el apartamiento de dicho criterio (doctr. causas Q. 77.599, “Rodríguez”, resol. de 12-VIII-2022; Q. 76.951, “Sánchez”, resol. de 4-XI-2022; Q. 77.037, “Asso”, resol. de 24-V-2023; Q. 80.273, "Empresa Distribuidora De Energía Atlántica S.A.", resol. de 18-XI-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278, 292 y 296, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2026 08:38:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:34:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 12:40:36 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 11:41:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 12:19:52 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/05/2026 12:39:37 hs. bajo el número RR-341-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia