Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 27628 2018
Expte. Nº 27628.-
Autos: GARDON MARIA CECILIA C/ COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERV. MARIANO MORENO LTDA. S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Julio de 2018.-GP
Estos autos caratulados "GARDON MARIA CECILIA C/ COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERV. MARIANO MORENO LTDA. S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA", Expte. Nº 27.628, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y de los que;
I. Que a fs. 7/38 se presenta Martin Capandegui en carácter de apoderado de María Cecilia Gordon, promoviendo la presente acción cautelar autónoma, contra la "Cooperativa Eléctrica y de Servicios de 9 de Julio "Mariano Moreno Ltda.", por el cobro indebido de conceptos ajenos en la factura de servicios.-
Refiere que estos conceptos ajenos, identificados como "Ord. Municipal 5773/16 Arts. 46 inc. 1 y 2, cuota Extraordinaria D 3142/07, Alumbrado Público Categoría 5 y Cuota de capitalización", incumplen lo prescripto en el art. 25 y sstes de la ley 24.240; art. 78 de la ley 11.769 y decretos reglamentarios N°1868/07, N° 2479/04 y N° 2193/01; la resolución N° 280/97 del IPAC y a la Resolución N° 1512/05 del Ministerio de la Producción de la Pcia. de Buenos Aires.-
Asimismo sostiene que la incorporación unilateral de rubros especiales en el esquema tarifario de una concesión de servicio público y de otros que son liquidados con los impuestos municipales, resulta una decisión manifiestamente ilegitima de la demandada.-
Afirma que dicha conducta reprochable jurídicamente es arbitraria e ilegal, que manifiestamente conculcan el derecho fundamental a la propiedad (art. 17 de la C.N.) y la tutela judicial efectiva (art. 18 de la C.N.).-
Por ello entiende que, la decisión jurisdiccional que haga lugar a la presente acción protectoria, deberá declarar la nulidad e ilegalidad de los actos lesivos concretos y definitivos, inexorables e irreparables que implican daño al derecho de información (art. 42 CN) y de propiedad (art.17 CN).-
De igual modo, peticiona como medida cautelar se ordene la suspensión del cobro de los conceptos ajenos que se cuestionan en la presente acción, y solicita se declare la nulidad de los mismos, y se devuelvan los importes cobrados indebidamente a la fecha, en protección de los derechos patrimoniales y no patrimoniales de los usuarios, en cuanto vulnere derechos individuales y sociales de jerarquía constitucional como es el derecho a la propiedad.-
Por otro lado peticiona, que la parte resolutiva de la sentencia debe afectar positivamente no solamente a los asociado sino que debe extenderse a los restantes usuarios no asociados del servicio eléctrico prestado por la Cooperativa Eléctrica y de Servicios "Mariano Moreno" de 9 de Julio, a quienes no podrá facturarse en lo sucesivo los rubros identificados como: "Ord. Municipal 5773/16 Arts. 46 inc. 1 y 2, cuota Extraordinaria D 3142/07, Alumbrado Público categoría 5 y Cuota de Capitalización" o cualquier otro que con diferente denominación procure el cobro del adicional debatido en el presente.-
Luego de argumentar sobre su legitimación activa, señala que el hecho antijurídico consistiría en la incorporación de aquellos conceptos ajenos anteriormente mencionados, cuestión no permitida por la Ley 11.769, toda vez que no se ha requerido la conformidad previa, expresa e individual del usuario a los fines de la incorporación del concepto en la factura.-
En tal sentido argumenta que, el decreto 2193/01 reglamentario del articulo 75 de la ley 11.769 expresa como requisitos para incluir conceptos ajenos a la prestación del servicio que dicha inclusión debe estar expresa e individualmente autorizada por el usuario y aprobado por el organismo de control, siempre que se permita el pago por separado de los importes, referidos exclusivamente a la prestación del suministro eléctrico, por lo cual, los conceptos ajenos que se adunan a las facturas emitidas resultarían indebidos, deviniendo ello un perjuicio grave para los usuarios.-
Afirma también que el servicio de electricidad prestado por la demandada reviste carácter de un servicio público, imprescindible para la vida humana, debiendo garantizarse sus condiciones de regularidad y continuidad; y que la arbitrariedad surgiría de la decisión asumida por la cooperativa accionada de incluir los conceptos ajenos en la forma ya relatada.-
Luego de conceptualizar el "concepto ajeno" y realizar un análisis de la normativa aplicable al caso, hace hincapié en la garantía de continuidad del suministro eléctrico con la cual cuenta el usuario ante el no pago de un concepto ajeno.-
Entiende que no puede omitirse el pago de un concepto ajeno, si no se permite en la factura su pago por separado respecto de los importes debidos exclusivamente a la prestación del suministro eléctrico.-
Que aunque se detallen los diferentes rubros y se indiquen los distintos conceptos ajenos, colocando subtotales en la facturación, lo cierto es que el usuario tiene un solo importe total para abonar, razón por la cual la necesidad de contar con un servicio necesario e imprescindible como la energía eléctrica, conlleva al pago no discriminado de todos los conceptos.-
Señala también, en relación a la inclusión de conceptos ajenos en la factura del servicio eléctrico prestado por la cooperativa, que respecto de los rubros detallados en las cartas documentos y en la factura que acompaña, los cuales se cobran a usuarios asociados, no surge acreditada su tratamiento y ni surge su autorización a través de las distintas resoluciones de asamblea.-
Cita lo resuelto en el precedente "López, Rodolfo Osvaldo c/Cooperativa Eléctrica de Pehuajó s/ Sumarísimo" por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.-
Luego dedica un apartado a desarrollar el derecho a la tutela judicial efectiva.-
Y por último solicita se aplique la figura legal del daño punitivo.-
II. Mediante escrito electrónico de fecha 06/11/2017 se presenta el Dr. Ernesto Daniel Horcada, en carácter de apoderado de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno Ltda del Partido de 9 de Julio, contestando el traslado ordenado en fecha 05/10/2017.-
En primer lugar, niega todos y cada uno de los hechos que se alegan en el escrito de inicio, y que no sean expresamente reconocidos en su responde.-
Explica que la Cooperativa que representa, es una empresa social en la cual los asociados que la conforman son además sus dueños, se organizaron para satisfacer al precio justo, necesidades comunes y básicas, preexisten como prestadoras a la Ley Marco del Sector Eléctrico de la Prov. de Bs. As. (Ley 11769) y a la Ley de Defensa del Consumidor, y precisamente su existencia se explica por la necesidad de autoprestarse servicios y defender los intereses de las personas que la integran frente al poder de poderosos grupos económicos.-
Dice que su naturaleza jurídica responde a los parámetros de la Ley Nacional de Cooperativas 20337 y como tal, busca la prestación al precio justo, no persigue obtener lucro y su fin es prestar servicio.-
Sus dueños son los que autogestionan sus servicios y su actividad está sujeta cada año al examen y aprobación de la Asamblea Ordinaria de Delegados y a las decisiones que toman son actos Cooperativos válidos para el conjunto de sus asociados, en tanto no viole el orden jurídico.-
El marco regulatorio eléctrico de la Provincia de Bs. As. -Ley 11769- estableció los requisitos que deben tener las facturas, las que deben detallar la información necesaria y suficiente que le permita al usuario constatar de manera unívoca el valor de las magnitudes físicas consumidas, el periodo al cual corresponde, los precios unitarios aplicados y las cargas impositivas.-
Pone de resalto que la ley autoriza, la inclusión de conceptos ajenos a la prestación del servicio público cuando tal procedimiento sea autorizado por el usuario y aprobado por el organismo de control y siempre que se permita el pago por separado de los importes debidos exclusivamente a la prestación del suministro eléctrico.-
Explica que en el caso Cooperativo, la aprobación mencionada en el párrafo anterior deberá responder a la normativa específica del órgano local competente en la materia -Decreto Pcial 2193/2001- que vino a reglamentar este tema y definió como "concepto ajeno" a aquel agregado a la tarifa neta que no es impuesto, tasa o contribución cuya base imponible no esté vinculada con la condición de usuario del servicio público de energía.-
Entiende por ello, que la actora se equivoca cuando califica a la Tasa determinada por la Ordenanza Municipal 5773/16, que es la que aprueba la Tasa de Alumbrado Público y al Decreto Pcial nro 3142/07 como "conceptos ajenos".-
Considera de ese modo, que la tasa de alumbrado público, aprobada por la Ordenanza referida para la Cooperativa demandada, fue sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de 9 de Julio, y su cobro en la factura del servicio está expresamente prevista en la Ley 11769 art. 75 ter y en el hipotético caso de prosperar la medida cautelar que pretende la parte demandante, causaría un muy grave perjuicio al interés público del conjunto de la comunidad y al Estado Municipal, pues faltaría el ingreso que abone ese servicio esencial.-
Refiere que esa Ordenanza en el art 46, inc 1 determina en el Capítulo XVII, "tasa por financiamiento de obras" la cual se trata de un "fondo" al que contribuyen en la escala que allí se fija en proporción al uso de la energía, con el cual hace 31 años, la comunidad aporta para conformar un fondo, con el cual se financian Obras Publicas como Pavimento, cloacas. Y esas obras se llevan a cabo, previa promoción entre los vecinos frentistas, si se obtiene el 70% de adhesión, el Municipio la declara utilidad pública, y pago obligatorio por los frentistas beneficiarios de las Obras, quienes proceden a su repago en planes de financiación, posibles, gracias al fondo creado. Esos planes los fija y aprueba la Municipalidad. El Municipio es el destinatario y administrador de estos fondos públicos.-
El mismo Articulo 46 en el apartado 2 bajo el título "fondo de ampliación para la red de gas natural", establece el abono por mes y por parcela o suministro de energía eléctrica según corresponda de pesos ($ 22).-
Aclara que la contribución citada en primer y segundo lugar, fueron decididas por los representantes del pueblo de 9 de Julio, los ediles que integran el Honorable Concejo Deliberante, y su propósito es dotar de pavimento y cloacas y/o gas a quienes carecen de ellos.-.
Respecto al Decreto 3142/07, dice que fue sancionado por el Estado Provincial, en el contexto de una crisis de financiación del sector eléctrico y fue un acto que aprobó y promulgó el poder ejecutivo provincial, con el objeto de destinarlo al cumplimiento de planes de inversiones y mejoras del aludido servicio público, previa autorización del OCEBA (art. 1 del citado decreto).-
Aclara que actualmente, tras el cambio de la Política Tarifaria afrontado por el Gobierno, ya ha sido eliminado por Res 419/17 (BO 9.5.2017) y la demandante seguramente no advirtió que ya no se cobra más porque así lo dispuso el Estado Provincial al sancionar los nuevos cuadros tarifarios, de modo tal que en este caso la demanda deviene totalmente abstracta y por ende también debe ser rechazada.-
Pero queda claro -agrega- que su cobro fue Ordenado por el Estado Provincial, rigió en todas las distribuidoras Municipales de la Provincia de Bs. As., sujeto a planes de obras que auditó y aprobó el órgano de control de la electricidad OCEBA.-
Por otro lado, relata que las Cooperativas, por su propia naturaleza, cuentan con un instrumento de incremento de su capital -conf. Art.27 de la Ley 20.337- ya que este no es un bien de renta como en las sociedades lucrativas, sino un medio que los asociados deben facilitar para hacer posible la autoprestación de servicios.-
Explica que en el caso de la Cooperativa que representa, ese instrumento se aplica tras haberse debatido democráticamente por los asociados y sus delegados en la Asamblea Anual Ordinaria, y por lo tanto no fue impuesto unilateralmente y hoy equivale al 3% que se calcula sobre el cargo fijo y variable de los usuarios residenciales, con un mínimo de $ 2 y de doce para los asociados comerciales.-
Agrega que la revisión y seguimiento de esta capitalización, es y ha sido revisada periódicamente por la Asamblea Anual Ordinaria y alguna ocasión Extraordinaria, que evalúa la gestión de la entidad e instruye al Consejo de Administración sobre temas que así lo requieren.-
Pone de resalto, que la decisión de capitalizar, habiendo estado en serio riesgo los servicios de la Cooperativa, así como las de la mayoría del ámbito Provincial, se hizo en un todo de acuerdo con la Ley de Cooperativas 20337 y su Estatuto Social, y siendo la demandante una asociada, no puede marginarse de las Resoluciones que en tal contexto tomó la Asamblea Anual Ordinaria de Delegados, tema que tuvo amplio debate y difusión y que fue aprobado mayoritariamente por los delegados electos anualmente, tal como el de la prestación de los Servicios Sociales y su facturación conjunta en el mismo formulario, pero claramente diferenciado. Menciona al respecto las Actas de Asamblea Anual nro 53 del 17.5.1991. Acta de Asamblea Anual Ordinaria nro 56 del 25.9.1992; Asamblea Extraordinaria Nro 71 del 3.8.2001, Acta de Asamblea Extraordinaria nro 76 del 19.12.2003; Acta de Asamblea Anual Ordinaria nro 80 del 24/4/2006; Acta de Asamblea Anual Ordinaria nro 87 del 27.4.2012 entre otras, y resoluciones del Consejo de Administración, en línea con las disposiciones Asamblearias, entre ellas Acta 1222 del 7.1.2002, 1239, 8.7.02, Acta 1245 del 26.8.02, Acta 1311 del 25.6.06, acta 1402 del 15.1.07 y 1578 del 16.7.2012.-
Sostiene que es falso y malicioso, lo sostenido por la actora respecto a la falta de respuesta a su reclamo ante la Cooperativa.-
Resalta que de la nota fechada el 19/07/2016 ingresada el 20/7/2016, que la actora acompaña en el escrito de demanda, incluye una amplitud de temas, y solo el párrafo tercero se refiere a la Ordenanza Municipal vigente ese año por el Plan de Obras, específicamente expresa que los importes de esa Ordenanza le son liquidados con los Impuestos Municipales y preguntó que significa exactamente la cuota extraordinaria 3142/07, extendiéndose en una variedad de temas que nada tienen que ver con el objeto de esta presentación.-
Afirma, que el usuario obtuvo una respuesta. Dice acompañar la nota de responde firmada por el Cdor. Adalberto Regalia, Coordinador de Administración, Finanzas y Control de la Cooperativa, mediante la cual también se le hacía saber que con su presentación se había generado el reclamo N°201622480 OCEBA.-
Finalmente, el OCEBA, Órgano de Control de la Electricidad de la Provincia de Bs. As., en el Legajo N° 5803/2016 del 14/12/2016, le contesta cada punto a la actora.-
Apartado seguido, pone de resalto que el cese o suspensión del cobro de los conceptos que pretende la actora, produciría una grave afectación del interés público y de servicios públicos elementales e impactaría en las finanzas del Municipio de 9 de Julio (BA) y de la Cooperativa que presta el servicio de alumbrado y no obtendría su contraprestación.-
Expone que los importes que recauda la entidad por estas normas, mensualmente le son rendidos y depositados al Municipio de 9 de Julio y se destinan al pago del suministro y mantenimiento de alumbrado público, como así también de las obras públicas sobre servicios que son esenciales para la población.-
Por otro lado, afirma que su representada informó, cómo es su obligación, al entonces Instituto de Acción Cooperativa IPAC y al órgano de control de la electricidad OCEBA, de los servicios que presta y de su sistema de facturación, porque tal obligación surgió claramente del decreto 2193/01 en su art 6to. y asegura que la facturación se hace conforme a la ley porque no han recibido observación ni denuncia alguna al respecto del Órgano Provincial.-
Asegura que tampoco se incumplieron las obligaciones de "información" emergente de la Constitución Nacional, Provincial y de la ley 24240 y su reglamentación.-
Respecto a la decisión de separación de las facturas, considera que no tiene fundamento, atento a que se da cumplimiento a la legislación, haciendo lo que la ley manda (art. 19 C.N.) ya que el goce de los servicios sociales ha sido elegida libremente por la asociada y los ítems incluidos en la factura, han sido aprobados y promulgados por las autoridades competentes del Estado Municipal y Provincial y en caso del incremento del Capital, por la Asamblea Ordinaria de Delegados, acorde lo establece el derecho societario Ley 20337 y el Estatuto Social. Cumple su parte con la normativa del art 75 Ley 11.769, con el Decreto 2193/01 y demás normas regulatorias.-
En cuanto al peligro en la demora, asegura que no hay ningún riesgo como el invocado, ni conducta violatoria o ilícita alguna, que permita o habilite para la aplicación de una medida anticipatoria como la solicitada.-
Que el derecho de la actora -afirma- no es verosímil, pues no existen incorporaciones de conceptos ilegales o no autorizados, no se cercena el derecho de los socios que se hubieren elegido no adherir a los servicios sociales, y los conceptos facturados están autorizados por las normas vigentes.-
Que tampoco existe peligro en la demora, por la pérdida irreparable de derechos o costos ilegales o ilegítimos, como asimismo pérdida del ejercicio de los derechos políticos cooperativos por parte de los socios, por todo lo cual, pide el rechazo de la acción cautelar autónoma intentada, como así también de la nulidad de los actos que cita, y la pretensión de daño punitivo.-
Por último, solicita de cite a la Municipalidad de 9 de Julio para que tome intervención como tercero.-
III. A fs. 44/45 -en fecha 15/12/2017- se resuelve hacer lugar a la citación de la Municipalidad de Nueve de Julio.-
IV. En fecha 13/03/2018 y mediante escrito electrónico, se presenta el Dr. Juan Luis Buonano en carácter de apoderado de la Municipalidad de Nueve de Julio.-
En primer término, niega todos y cada y uno los hechos alegados por la actora en el libelo en traslado, que no sean expresamente reconocidos por su parte en este acto.-
Adhiere a todos y cada uno de los términos del escrito de contestación de demanda y ofrecimiento de prueba del demandado, los que se da por reiterados con su presentación.-
En atención al reclamo de la actora, aclara que solo contesta en relación al concepto denominados Ord. Municipal 5773/16 arts 46 inc. 1 y 2, y Alumbrado Público categoría 5, toda vez que los conceptos restantes reclamados son interés de la prestadora sin ningún tipo de injerencia a su parte.-
En cuanto al reclamo relacionado a la violación de los arts. 4, 8 bis, 19, 25 y 65 de la L.D.C. remarca que la "prestadora" ha dado respuesta al requerimiento presentado por la actora, dándole incluso intervención al Organismo de Control OCEBA.-
En tal sentido, se adhiere a los dichos de la contestación de la demandada, en tanto y en cuanto, el usuario puede plantear su reclamo ante los representantes que la misma posee, tales como asambleas ordinarias y extraordinarias, cuyos miembros son elegidos por el asociado mismo, pues posee dentro de la Ley de Cooperativas los mecanismos para impugnar las decisiones que le perjudican, mecanismos que no demuestra haber utilizado.-
Por otro lado, afirma que dar curso a la posibilidad en el caso, de troquelar los conceptos, no exime a la actora de abonar lo que los ediles que representan al legislativo comunal han sancionado, que benefician a la comunidad y que, como se destacara ut-supra, la asociada ha consentido.-
Continúa diciendo que ello, debe resaltarse en costo- beneficio, pues no es una cuestión menor, ya que la misma solicita la devolución de los conceptos, sin pensar que los mismos ingresan a través de la demandada al erario público municipal,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.