Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 27879
Causa Nº MO-27879-2017 R.S.127 /2017
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 13 de Julio de 2017, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Felipe Augusto Ferrari, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "S. T. Y A. S. T. S/ MEDIDA PRECAUTORIA", Causa Nº MO-27879-2017 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-FERRARI , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Resultan ajustadas a derecho las resoluciones apeladas de fs. 7 y 91?
V O T A C IÓ N
A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Familia Nro. 2 Departamental a fs. 7/vta. dispuso una serie de diligencias complementarias de la medida de abrigo adoptada por el Servicio de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Morón y a fs. 91 resolvió decretar la legalidad de la medida adoptada.-
2. Contra ambas resoluciones se alzó a fs. 107/128, punto VII la Sra. O. S. S., progenitora de los niños, interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 129/130, con efecto devolutivo, y se fundó con el memorial de fs. 172/183. Asimismo, la Asesoría de Incapaces interviniente contesta la vista de los agravios a fs. 291/294 y la Abogada del Niño hace lo pertinente a fs. 353/355.-
La recurrente se agravia de lo dispuesto a fs. 7/vta. por entender que por dicho decreto la medida de abrigo habría sido decidida por la Sra. Juez de grado, considerando que la misma carece de todo fundamento, resulta arbitraria y que no se cumplió con los recaudos establecidos por el art. 35 bis de la ley 13.298. Refiere la violación del interés superior del niño y la ausencia de elementos que permitieran dictar dicha medida, por lo que solicita sea revocada dicha resolución, mandándose a restituir de inmediato a los niños a su hogar.-
Asimismo, la recurrente se agravia de la resolución apelada de fs. 91 en cuanto a la legalidad de la medida, argumentando que falta la indicación de que derechos del niño se han vulnerado, el incumplimiento de los recaudos establecidos por el art. 35bis de la ley 13.298 y que no se cumplieron con los recaudos de la resolución de fs. 7. Manifiesta que la misma resulta arbitraria por lo cual merece su revocación.-
Por todo ello, solicita se revoque lo resuelto y se ordene la indmediata restitución de los niños a su hogar.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse en honor a la brevedad.-
Aclaración liminar : De todo comienzo me veo precisado a señalar, siendo que la Alzada, como juez del recurso, se encuentra facultada para controlar la admisibilidad, concesión y fundamentación de la apelación, aún cuando tal actividad procesal se hubiera efectuado en la instancia de origen y en cualquier estadío procesal de la tramitación de la impugnación (esta Sala en causa nro. 47.094 R.S. 285/02; entre otras), que considero que la réplica de fs. 353/355 es tempestiva; es que, al momento de conferirse traslado del memorial en cuestión, la Abogada del Niño no había sido tenida por presentada en el expediente, con lo cual -teniendo en cuenta la índole de la cuestión y al estar involucrados derechos de niños- el trámite procesal de bilateralización de aquellos fundamentos debió ser más claro y explícito, con el dictado de un auto concreto que confiriera dicho traslado a la aludida profesional; no pierdo de vista, en este último sentido, que el auto de fs. 229 no la mencionaba.-
Luego, en tren de aventar cualquier exceso ritual y siendo fundamental contar con el mayor caudal de visiones de los involucrados en estas cuestiones, entiendo que dicha réplica es, insisto, temporánea.-
Zanjada esta cuestión, puedo proseguir con el tratamiento de los agravios traídos (arts. 260, 266, 272 y ccdtes. del CPCC).-
1. A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, cabe iniciar mi exposición señalando –antes que nada- que en los últimos años la cuestión relativa a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ha pasado –en el ámbito de la Provincia- del sistema de la antigua ley 10.067 (judicialización) al nuevo sistema estructurado por la ley 13.298 y complementarias.-
Dicha ley “ tiene por objeto la promoción y protección integral de los derechos de los niños, garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos y garantías reconocidos en el ordenamiento legal vigente, y demás Leyes que en su consecuencia se dicten ” (art. 1) y, obviamente, ha de ser interpretada en clave convencional y constitucional.-
Así, es necesario traer a colación lo establecido por el art. 9 de la CIDN.-
El mismo indica que “ 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuandoéstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño; 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones; 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño ”.-
Ahora bien, volviendo a la ley 13.298 tenemos que la misma estructura, dentro de su Capítulo IV, una serie de medidas de protección de derechos .-
Las medidas de protección son aquellas que disponen los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos cuando se produce, en perjuicio de uno o varios niños, la amenaza o violación de sus derechos o garantías, con el objeto de preservarlos o restituirlos (art. 32).-
Ahora bien, entre estas medidas, el art. 35 inc. l) contempla la “ permanencia temporal, con carácter excepcional y provisional, en ámbitos familiares alternativos o entidades de atención social y/o de salud, de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente ”.-
En tal sentido, cabe traer a colación, entonces, lo establecido por el art. 35 bis de aquella ley.-
El mismo establece que “ La medida de abrigo es una medida de protección excepcional de derechos, que tiene como objeto brindar al niño, niña o adolescente un ámbito alternativo al grupo de convivencia cuando en éste se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos, hasta tanto se evalúe la implementación de otras medidas tendientes a preservarlos o restituirlos.-
La aplicación de la medida de abrigo, que siempre se hará en resguardo del interés superior del niño, es de carácter subsidiario respecto de otras medidas de protección de derechos, salvo peligro en la demora.-
La familia ampliada u otros miembros de la comunidad vinculados con el niño, niña o adolescente, serán considerados prioritarios al momento de establecer el ámbito alternativo de convivencia.-
El niño, niña o adolescente tendrá una participación activa en el procedimiento y, de acuerdo a su edad y grado de madurez, se le deberá informar que tiene derecho de comparecer con asistencia letrada; sobre la naturaleza de la medida que se va a adoptar y se deberá garantizar su intervención en la definición de las alternativas de convivencia, con especial consideración de su opinión al momento de tomar la decisión.-
Durante la aplicación de la medida, el organismo administrativo trabajará para la revinculación del niño, niña o adolescente con su familia de origen; evaluará la implementación de otras medidas tendientes a remover los obstáculos que impedían la debida protección de los derechos del niño, niña o adolescente; guardará de mantener la unidad entre hermanos; facilitará el contacto con la familia de origen y buscará la ubicación del mejor lugar para cada niño, niña o adolescente cerca de su domicilio.
Ante el conocimiento de un niño, niña o adolescente, sin filiación establecido o cuyos padres hayan fallecido, los servicios de promoción y protección de derechos correspondientes, deberán informar de la situación al Juez de Familia, en forma inmediata.-
La medida excepcional solo será respetuosa del interés superior del niño si es adoptada frente a la imposibilidad de exclusión del hogar de aquella persona que causare daño al niño, niña o adolescente. Por ello, ante la amenaza o violación de derechos provenientes de situaciones de violencia intrafamiliar -aunque no constituya delito-, el organismo administrativo deberá comunicar la situación al Juez de Familia y remitir los antecedentes del caso en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, para que la autoridad judicial proceda a la exclusión del agresor. Ante la imposibilidad de proceder a la exclusión, el juez resolverá junto con el Servicio de Promoción y Protección de Derechos interviniente, la medida excepcional que corresponda y de ello se notificará al Asesor de Incapaces.-
El plazo de duración máxima de la medida no podrá exceder los ciento ochenta (180) días. Vencido el plazo se deberá proceder de conformidad con lo regulado por la ley respectiva.-
Cuando, aún antes del vencimiento del plazo, las medidas de protección fracasaren por incumplimiento o por motivos imputables a los progenitores, tutores o familiar a cargo, o se advirtiere la existencia de cualquier situación que coloque al niño, niña o adolescente, en estado de vulnerabilidad de sus derechos; el organismo administrativo informará esta situación al Juez de Familia y peticionará, si correspondiere, la declaración de la situación de adoptabilidad.-
El Servicio de Promoción y Protección de Derechos deberá comunicar la resolución en la que estima procedente la medida de abrigo, dentro de las veinticuatro (24) horas, al Asesor de Incapaces y al Juez de Familia competente. El Juez de Familia deberá resolver la legalidad de la medida en un plazo de setenta y dos (72) horas. En todo momento se garantizará el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído. Cualquier consenso que pudieren manifestar los progenitores al tiempo de ser adoptada la medida en sede administrativa, carece de toda entidad para enervar el posterior control judicial sobre su legalidad.-
La observancia de las notificaciones establecidas en este artículo constituye un deber del funcionario público a cargo. Su incumplimiento traerá aparejadas las sanciones disciplinarias y penales correspondientes. A fin de contribuir con la celeridad y economía procesal que la materia amerita, las notificaciones podrán canalizarse por medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 143 y 143 bis del C.P.C.C. conf. Ley 14.142 y el Acuerdo 3.540/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ”.-
Ahora, sentado ello, tenemos –como ya se lo ha dicho- que llega recurrida a esta Sala la decisión de la Sra. Juez de Grado que se expidió acerca de la legalidad de la medida adoptada, confirmándola.
Cabe entonces memorar que, como bien lo ha puesto de manifiesto la más autorizada doctrina, es cuestión controvertida entre nuestros autores cuales son los límites –o alcances- de tal control de legalidad (ver, al respecto, FERNANDEZ, Silvia E., Sistema de protección integral de la niñez en la Provincia de Buenos Aires. La reformulación de roles de los poderes administrativo y judicial a partir de las leyes 13.298, 13.634 y Decretos Reglamentarios 300/05 y 44/07, LLBA 2008 (mayo), 341).-
Por mi parte, coincido con dicha autora en cuanto a que el control en cuestión ha de interpretarse a la luz de la letra e ideología de la CIDN, especialmente su art. 9 antes citado (que habla de revisión judicial), trascendiendo entonces el concepto a un simple “control” de legalidad; otros autores se expiden en el mismo sentido (LLUGDAR, Hugo A. en AA.VV., Tratado de derechos de niños, niñas y adolescentes, FERNANDEZ Silvia E., dir, T II, p. 1504).
Aunque, balanceando ello, debe también tenerse en cuenta que para no subvertir el funcionamiento del sistema (y volver al paradigma anterior, de modos de intervención tutelares dirigidos por un Poder Judicial con facultades prácticamente omnímodas), dicho control por parte del magistrado no puede transformarse en sustituto de la voluntad y actuación administrativa, en la medida en que esta actuación aparezca apegada a la normativa vigente, razonable y acorde a lo que las circunstancias del caso aconsejan.-
Por lo demás, tampoco puede perderse de vista que este contralor de legalidad refiere, fundamentalmente, al momento en que se adoptó la medida (medida, a no olvidarlo, de neto tinte provisional e instrumental).-
Con esto quiero significar que, en muchas ocasiones, el devenir mismo de las cosas (pues la vida y los seres humanos no se mantienen estáticos, sino en permanente evolución) e incluso el desarrollo de las medidas adoptadas, pueden ir aconsejando cambios y mutaciones en lo actuado; evidentemente ello habrá de ser tenido en cuenta por el magistrado actuante en cuestiones de familia (donde los conceptos de preclusión y cosa juzgada van perdiendo terreno día a día) para el diseño de estrategias y modos de abordaje a futuro, empero no debe olvidarse –insisto- que las medidas en los términos antes citados se adoptan en unas circunstancias y contexto determinados que, luego del paso del tiempo, evidentemente irán cambiando.
Así, y desde mi punto de vista, no sería correcto –para expedirse sobre la legalidad de las medidas- perder perspectiva y observar las cosas con lo que ya se tienen en vista, a futuro, sino que debemos remontarnos a aquel estado de cosas; ello, insisto, sin perjuicio de que se tengan en cuenta las nuevas circunstancias que se van desarrollando, para evaluar los temperamentos a adoptar a futuro.-
2. Ello sentado, nos adentraremos al estudio de la cuestión que llega cuestionada a esta segunda instancia.-
De la lectura de los agravios traídos por la recurrente, Sra. O. S. (24 años), resulta que los mismos atacan las diligencias dispuestas a fs. 7/vta. y la resolución obrante a fs. 91 donde se decreta la legalidad de la medida de abrigo adoptada respecto de sus hijos, los niños T. S. (2 años) y A. S. T. S. (5 años).-
En primer lugar, siempre a fin de dar respuesta certera a las quejas de la recurrente, resulta oportuno dejar sentado que la medida de abrigo en cuestión fue adoptada por el Servicio de Protección y Promoción de los Derechos del Niño de Morón y no por la Sra. Juez de Grado , como lo manifiesta la recurrente en su memorial. Ello surge claramente del acta labrada a fs. 6 por la Sra. Magistrada de origen.-
Asimismo, ello es ratificado por el mismo Servicio Zonal de Morón en el contenido del informe remitido a esta segunda instancia obrante a fs. 335/347vta. (ver específicamente fs. 341vta.).-
O sea, fue el organismo administrativo competente (a la luz de las previsiones ya reseñadas) quien adoptó la medida que motivó la decisión de la Sra. Juez de Grado, sobre su legalidad, que ahora llega cuestionada.-
Por lo tanto, la queja referida al respecto resulta sin fundamento alguno.-
En segundo lugar, resulta oportuno aclarar que las diligencias dispuestas a fs. 7/vta. con fecha 27 de abril de 2017 son de naturaleza complementaria a la medida de abrigo adoptada por el Servicio Zonal y responden a la necesidad de cumplir con la misma en un marco acorde y propicio a la situación de los niños, conforme fuera solicitado por la misma coordinadora del Servicio Zonal en el fax agregado a fs. 1/2.-
Entiendo así, que el recurso de apelación interpuesto contra las diligencias complementarias dispuestas a fs. 7/vta. por la Sra. Juez de Grado, carece de andamiento ya que allí nada se ha decido o resuelto, sino que se han establecido acciones a fin de efectivizar la medida principal, la cual -insisto una vez más- ha sido adoptada por el órgano administrativo.-
Además, los agravios que la recurrente plantea respecto a lo dispuesto a fs. 7/vta. no atacan las diligencias allí dispuestas sino que se refieren a la medida de abrigo propiamente dicha.-
Consecuentemente, considero que los agravios relativos a lo dispuesto a fs. 7/vta. deben ser rechazados.-
Por supuesto que si la recurrente entiende (como lo menciona en el tercer agravio plantado contra la resolución de fs. 91), que la medida no se efectivizó dentro del marco dispuesto y ello genera alguna responsabilidad, podrá canalizar dichas cuestiones por la vía y forma correspondiente.-
3. Ahora bien, adoptada la medida de abrigo por el Servicio Zonal de Morón, la Sra. Juez de Grado resolvió decretar la legalidad de la misma (4 de mayo del corriente), conforme surge de fs. 91, teniendo en consideración lo actuado por el Servicio Zonal, el dictamen de la Asesoría interviniente y la posible vulneración de derechos de los niños T. y A. S..-
Es allí donde la Sra. Juez de Grado ha hecho un estudio sobre la legalidad de la medida adoptada por la autoridad administrativa, siendo ese el marco de nuestra actuación, conforme los agravios traídos por la recurrente y lo antedicho en cuanto a los alcances del control de legalidad.-
Y en ese camino, he de dejar sentado primeramente que si bien cuando la autoridad pertinente comunica la adopción de la medida de abrigo por medio del fax de fs. 1/2 refiere que la misma se ha adoptado en los términos del art. 35, inc. h de la ley 13298, la Sra. Juez de Grado subsana dicho error material estableciendo que la medida se enmarca en los términos del art. 35 bis de la ley 13.298; sumado a ello que resulta evidente que la medida adoptada no se condice con el inciso h de la actual normativa, por lo que considero insostenible el agravio al respecto.-
Continuando, resulta oportuno establecer que la conflictiva familiar generada por las disputas intra y extra familiares (lo cual se refleja claramente en la cantidad de denuncias existentes en autos más todas las agregadas por cuerda), tornaron riesgosa la convivencia de los niños T. y A. S. con la comunidad familiar en constante conflicto.-
Ya hemos dicho desde esta Sala II que el interés Superior del Niño debe ser determinado en cada caso concreto, de acuerdo a cada niño y sus necesidades.-
Y en este caso tanto T. como A. S. desde su nacimiento tuvieron inconvenientes en el ejercicio de sus derechos fundamentales de la niñez, puesto que la conflictiva familiar no les permitía desarrollarse en un ambiente armonioso y pacífico, como así tampoco les permitía sostener una escolaridad regular (ver informes de fs. 625/626 y 629/630 de los autos principales nro. 50.052) y, en el caso específico de A. S., también se vió privado de mantener una estable comunicación con su familia paterna (especialmente luego de la denuncia de abuso contra el Sr. T.).-
Y en ese marco conflictivo, O. de tan solo 18 años, cuando inició su camino de la maternidad, no parece haber hallado contención familiar -suficiente y adecuada- para proteger el interés superior de sus hijos; no quiero significar con esto que no se la hayan brindado o intentado brindar, solo quiero resaltar que -como lo dejan en evidencia las constancias del expediente- estos primeros años maternales estuvieron rodeados de una conflictividad considerable.-
Entonces, en el afán de colaborar a la restitución de dicho derechos de los niños, la Autoridad Administrativa, a través de la Dir
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