Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 175045
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de apelación articulado el día 24/05/2022 y confirmar el proveído del 19/05/2022, con costas a la apelante en su carácter de vencida (arts. 68, 69, 195, 209, 228, 242, 245 y cctes. del CPCC).
II. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 175045.JUZGADO N° 9.
"DIEZ CAMPANINI MARIA NAZARET C/ BORLGERI MARIA ALEJANDRA S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO). 250".
Mar del Plata
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones son traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la demandada el 24/05/2022, contra el proveído del 19/05/2022.
I. En el auto cuestionado el Juez decretó la inhibición general de bienes contra la accionada, solicitada por el Dr. Iriarte, en virtud de la condena de costas en su contra por la incidencia resuelta por este Tribunal el 02/03/2022.
II. Apeló la Sra. María Alejandra Bolgeri, con el patrocinio letrado de la Dra. Bracciale, el 24/05/2022.
Sostuvo que el derecho que pretende asegurar el peticionario (honorarios devengados en una incidencia y no regulados conforme la imposición de costas dispuesta por este Tribunal el 02/03/2022) no se condice con la magnitud de la medida cautelar dictada.
Resaltó que la inhibición general de bienes atenta contra su profesión de arquitecta, causándole un perjuicio financiero y patrimonial.
Agregó que este tipo de medida sólo procede cuando se desconocen bienes de la contraria, lo que no acontece en el caso, pues el presente proceso se inició en virtud de un reclamo respecto de la construcción de su vivienda.
Concluyó que no se encuentra acreditada la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, necesarios para el dictado de esta cautelar.
Corrido el pertinente traslado de ley, el memorial fue contestado el 24/06/2022.
III. El recurso no merece prosperar.
1. Por remisión expresa del art. 228 del CPCC "en todos los casos en que habiendo lugar a embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubriréstos el importe del crédito reclamado, podrá solicitarse contra aquél la inhibición general de vender o gravar sus bienes (...)".
Es decir, que estos postulados que preveen la procedencia del embargo preventivo (arts. 209, 210, 211 y 212 del CPCC) resultan plenamente aplicables para analizar la viabilidad de la cautelar cuestionada.
La inhibición general de bienes decretada sobre la demandada el 19/05/2022 se cimentó en la condena en costas dispuesta en su contra, en atención a su carácter de vencida de la incidencia resuelta por esta Sala en los autos principales (Exte nro. 167.688 RSI 51 del 02/03/2022).
No es necesario que exista una liquidación y una regulación de honorarios para que sea procedente la medida precautoria tendiente a cautelar el cobro de las costas; por el contrario basta que se haya dictado una sentencia que las imponga, sin que ni siquiera sea necesario que se encuentre firme, pues las costas integran la condena y, por lo tanto, encuentra suficiente sustento en lo dispuesto por el art. 212 inc. 3° del CPCC (esta Sala, causas n° 160.317 RSI 610 del 03/11/2015, 168.372 RSI 368 del 05/09/2019, entre otras; conf. arts. 209 inc. 2° y 228 1° parte del CPCC).
Por ello, no puede obstar su procedencia el hecho de que aún no se hayan cuantificados los honorarios devengados en la incidencia mencionada, tal como lo sostiene la apelante.
Repárese, que la Dra. Bracciale al levantarse la suspensión de obra oportunamente decretada con costas a la actora (v. resolución de fecha 19/02/2019 de los autos principales), a los fines de garantizar el cobro de sus honorarios, solicitó una cautelar análoga a la que ahora reputa de improcedente y en idéntico estado procesal de la causa (v. solicitud del 19/07/2019 y su otorgamiento el 16/08/2019 en los autos principales).
2. Tampoco se encuentra justificado el agravio relacionado con la falta de peligro en la demora. Si bien -a veces- la ley requiere expresamente su demostración, en otras enuncia determinadas circunstancias de cuya comprobación cabe inferir la concurrencia de tal requisito.
Así ocurre con el embargo preventivo que se decreta cuando "quien lo solicita hubiese obtenido una sentencia favorable, aunque estuviese recurrida" (art. 212 inc. 3° del CPCC). Basta con que medie una condena en costas para que se configure el requisito en cuestión.
En el particular, la imposición de costas en cabeza de la demandada por la incidencia resuelta en los autos principales el 02/03/2022 se encuentra firme y consentida, con lo cual, no cabe duda que los recaudos de admisibilidad se encuentran reunidos.
3. En cuanto al alegado conocimiento que debería tener el Dr. Iriarte del patrimonio de la demandada, lo cierto es que, la carencia o el desconocimiento de bienes del deudor (alegada por la actora el 24/06/2022) no necesitan prueba alguna, sino que basta con la mera manifestación del requirente para que sea procedente la inhibición general de bienes. Máxime cuando de las constancias de la causa no se encuentra acreditado que la vivienda respecto de la cual se promovió esta pretensión se encuentre en el patrimonio de la demandada.
Asimismo, si bien esta medida engloba la totalidad de los bienes registrables del deudor -lo que puede incrementar los perjuicios a su respecto-, éste cuenta con la inmediata posibilidad de sustituirla (argto. De Lázzari Eduardo N., Medidas Cautelares, Librería Editora Platense, Buenos Aires, 1984, t. 1, p. 520/521; esta Sala en causa nro. 160.770 RSI-23 del 12/02/2016) ofreciendo bienes a embargo.
En definitiva, corresponde rechazar el recurso de apelación articulado por la demandada el 24/05/2022 y confirmar lo resuelto el 19/05/2022 (arts. 209, 228 y ccdtes. del CPCC).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del CPCC, RESOLVEMOS:
I. Rechazar el recurso de apelación articulado el día 24/05/2022 y confirmar el proveído del 19/05/2022, con costas a la apelante en su carácter de vencida (arts. 68, 69, 195, 209, 228, 242, 245 y cctes. del CPCC).
II. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
III. Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del CPCC, devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 09/08/2022 12:46:31 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2022 13:14:09 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2022 13:32:55 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 10/08/2022 08:47:56 hs. bajo el número RR-373-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia