Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa JU 5546 2019
Convocatoria a Asamblea – Nulidad relativa – convalidación / Remuneración de los directores de la S.A.
Expte. n°: JU-5546-2019 MECHERQUES JULIAN NADIM Y OTROS C/ EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD S.A. Y OTROS S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO)
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En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-5546-2019 caratulada: "MECHERQUES JULIAN NADIM Y OTROS C/ EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD S.A. Y OTROS S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Castro Durán y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
I. En fecha 27/8/21 la Jueza de primera instancia dictó sentencia, por la que receptó la pretensión deducida por Julián Nadim, Nadim José y María Yamila Mecherques contra "Empresas Prestadoras de Servicios de Salud S.A.", Vanesa Melcon y José Andrés Birello, y consecuentemente, declaró la nulidad de la asamblea de accionistas celebrada en fecha 1/4/19 y dispuso la remoción de los directores Melcon y Birello. Impuso las costas a los demandados y difirió la regulación de los honorarios a los profesionales intervinientes.
Para resolver de tal modo, la Dra. Daniela Karina Ragazzini, luego de recordar los recaudos de procedencia de la acción de nulidad, y el criterio restrictivo que debe seguirse en la apreciación de la prueba, abordó el tratamiento de los vicios o defectos invocados actoralmente, receptando la causal de nulidad fundada en los defectos de convocatoria de la reunión de directorio que convocara la asamblea.
Seguidamente, y luego de aclarar que los actores se encuentran legitimados para solicitar la remoción de los directores y que debe soslayarse la exigencia de agotamiento de la vía intrasocietaria -en virtud de su condición de socios minoristas, el abuso de la mayoría y porque la asamblea ha aprobado la gestión de los directores-, se avocó al tratamiento de las causales de remoción, teniendo por configuradas y estimando procedentes las siguientes: tratamiento de los estados contables por una reunión de directorio que no fue debidamente convocada, obstrucción al derecho de información, omisión de la puesta a disposición de la memoria en debido tiempo y forma, haber propuesto a la asamblea la aprobación de un balance sin considerar su importancia y con total desapego de los criterios de claridad, veracidad y sinceridad que deben regir en su confección; no haber impugnado la asamblea, a pesar de los vicios que afectaron las decisiones adoptadas; y por último, el incumplimiento de los deberes de lealtad y diligencia (arts. 59 y 274).
II. Frente a este pronunciamiento interpusieron apelación los demandados en fecha 6/9/21, y habiéndose concedido libremente el recurso, una vez radicadas las actuaciones ante esta instancia, expresaron agravios mediante la presentación de fecha 29/10/21.
Corrido el traslado de la fundamentación recursiva, fue replicada por la contraria en fecha 3/12/21, luego de lo cual, y habiendo adquirido firmeza en llamado de autos para sentencia, los presentes han quedado en condiciones de ser resueltos (art. 263 del CPCC).
III. En tal labor, y siguiendo el orden lógico propuesto recursivamente, comenzaré por los agravios que los demandados dirigen contra el tramo de la sentencia que receptó la pretensión de nulidad asamblearia fundada en los defectos de convocatoria de la reunión de directorio que, a su vez, convocara a la asamblea.
Para resolver de tal modo, la Jueza de Primera Instancia recordó que la forma de convocar a la reunión de directorio no se encuentra prevista en la ley ni el estatuto, y que, por lo tanto, resulta suficiente a ese fin cualquier medio idóneo.
Sin embargo, señaló que, ante el conflicto societario subyacente, expuesto por los demandados, la formalidad constituye un elemento de suma importancia en las deliberaciones de todas los órganos de gobierno.
Analizada la prueba rendida, y en particular, el resultado de la pericia contable respecto a la ausencia de respaldo de la convocatoria al accionante, concluyó que el llamado a asamblea no se ha realizado en legal forma.
Luego, con citas doctrinales, remarcó que si la convocatoria a asamblea debe efectuarse por decisión del directorio, el irregular funcionamiento de éste acarreará la invalidez de la convocatoria y, si la asamblea, ya se hubiese celebrado, también importará su nulidad.
Agregó que no obsta esa conclusión, el hecho de que la reunión de directorio haya sido celebrada con el quorum suficiente, ni que los demandantes hayan participado en el acto asambleario.
Tampoco encontró impedimento en el proceder anterior que hubiese tenido el actor en otra sociedad o a la prestación de servicios en la Pequeña Familia, debiendo canalizarse tales cuestiones, en todo caso, por las vías correspondientes.
Los agravios de los recurrentes en este aspecto, se centraron en dos ejes.
Por un lado, en la carga probatoria de la citación verbal efectuada a Julián Nadim Mechequez a la reunión de directorio, cuando la modalidad y el contexto en que se produjo la citación tornó hartamente dificultosa la comprobación, y ante la existencia de indicios que permiten inferir que Mecherques no tenía interés en participar en la reunión, como su inveterada indiferencia respecto de la administración de las empresas que integran el grupo.
Por el otro, en lo que entiende ha sido el error determinante de la rescisión del fallo apelado, el que se haya considerado como un supuesto de nulidad absoluta, no susceptible de convalidación.
En esa dirección, destacaron que la asamblea fue convocada por el directorio que sesionó con el quorum suficiente, que los accionante tomaron conocimiento de la celebración de la reunión, ya que retiraron los estados contables, y que, publicación mediante, la asamblea se celebró, asistiendo buena cantidad de accionistas, incluidos los actores que requirieron información al presidente del directorio y al contador.
En definitiva, sostuvieron, con citas de doctrina y jurisprudencia, que no corresponde declarar la nulidad de la asamblea porque estaríamos ante un supuesto de nulidad relativa que ha sido confirmado.
IV. Así las cosas, creo conveniente iniciar por remarcar que: "La finalidad del sistema de impugnación es la de perseguir la defensa del interés social como principio superior, enmarcado éste dentro del principio de conservación y continuidad de la empresa, pero también tiene por finalidad satisfacer la defensa del interés subjetivo e individual del accionista impugnante que no puede verse afectado o agraviado sin darle la posibilidad de una adecuada reparación. No obstante, dado un aparente equilibrio de intereses, primará siempre en la interpretación la defensa del interés de la sociedad. Como consecuencia de lo expuesto podemos advertir también dos características y la naturaleza de la acción de impugnación del art. 251 de la ley 19.550.
En primer lugar, en aras de una pauta de natural seguridad jurídica, y por el principio de conservación de los actos jurídicos según el cual, en caso de duda, debe preferirse la interpretación que bonifica el acto, la validez y no la nulidad, la acción de impugnación de la decisión asamblearia debe entenderse con carácter "restrictivo".
En segundo lugar, la acción del art. 251 debe considerarse como una acción social en el sentido de que, tutelando un interés personal del socio se está ejerciendo un poder de control y vigilancia sobre el funcionamiento de la persona jurídica, independientemente de la cantidad de cuotas o acciones que pudiera poseer el socio, dicho interés social deberá ser tomado en cuenta por el tribunal al resolver.
Finalmente, el principio es la validez y la conservación del acto de decisión asamblearia, pues ella se dirige a satisfacer el superior interés social y el principio mayoritario es el instrumento de expresión de tal interés " (Roberto A. Muguillo "Conflictos societarios" Ed. Astrea, año 2009, pág. 416).
En la misma dirección, se ha dicho que: "...las nulidades en materia societaria deben ser aplicadas con criterio restrictivo, reduciéndolas al mínimo en la posibilidad de que los actos impugnados hayan entrado en vía de ejecución, pues si se los anula se podría herir gravemente no sólo el interés social, sino el de los terceros" (conf. Ricardo A. Nissen, Ley de sociedades comentada, Ed. Thomson Reuters La Ley, T. III, año 2017, pág. 293; en el mismo sentido: Alberto Víctor Verón, "Tratado de los confflictos societarios", ed. La Ley, año 2006, pág. 878; Isaac Halpern y Julio C. Otaegui, "Sociedades anónimas", ed. Depalma, año 1998, pág. 758).
Con este norte, anticipo que habré de receptar los agravios de los recurrentes respecto a que la deficiencia de la convocatoria a la asamblea cuya validez es objeto del debate no puede ser receptada como causal de nulidad autónoma.
Si bien comparto lo expuesto por la sentenciante respecto a que no existe disposición legal ni estatutaria que exija un modo específico de notificación, y más allá de que, ante la latente existencia de un conflicto societario, era exigible una mayor formalidad en el desenvolvimiento de los actos de gobierno, lo cierto es que la invocada comunicación verbal, sin desconocer su dificultad probatoria, no puede tenerse por acreditada (art. 375 del CPCC).
Igualmente comparto lo expuesto en cuanto a que el invocado desinterés que se presumiría de actitudes anteriores del director Mecherques, en la misma sociedad o en otras vinculadas, no resulta justificativo para la no convocatoria.
Sin perjuicio de lo cual, entiendo que estamos ante un vicio de nulidad relativa, por ende, susceptible de saneamiento, y tal circunstancia puede tenerse por acreditada en este caso, dado que se encuentra fuera de discusión que los accionantes, a través de su representante, participaron activamente de la asamblea, sin ningún tipo de cuestionamiento respecto de la convocatoria, aunque introduciendo en el debate, como veremos, muchas de las cuestiones que, como causales de nulidad y remoción, analizaremos más adelante.
En esa dirección explican Miguel A. Sasot Betes y Miguel P. Sasot que: "...la irregularidad resultante del defecto de convocación no puede ser alegada por los accionistas que estuvieron presentes en la asamblea, ya que toda convocatoria tiene por objeto esencial avisar a los accionistas de la celebración de la asamblea y no puede afirmarse que ese objetivo no se logró para quien concurrió al acto" ("Sociedades anónimas. Las asambleas" ed. Abaco, año 1978, pág. 593).
Mayor actualidad tienen las consideraciones vertidas por Ricardo A. Nissen, quien agrega que: "...si, al contrario, y pese a la ausencia de todo requisito formal, los accionistas concurren al acto y manifiestan su voluntad al decidir sobre cada una de las cuestiones que allí se deciden, parece lógico sostener que dichos vicios han quedado purgados, porque, además de que tal actuación importa un ejemplo de confirmación tácita del acto viciado (art. 394 segundo párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación), ello será demostración de que no han quedado desprotegidos ninguno de los intereses tutelados con las formalidades legales, lo cual es, a mi juicio, una simple aplicación de lo dispuesto por el art. 387 del referido ordenamiento legal...". (ob. cit. T.III pág.321/22).
Cabe agregar incluso, que la doctrina, aunque no haga referencia o ejemplifique con el supuesto específico de autos, es unánime al clasificar los defectos de convocatoria a la asamblea como una causal de nulidad relativa (Así vgr. Halperin y Otaegui, ob. cit. pág. 756, Jorge Daniel Grispo "Ley General de Sociedades" ed. Rubinzal-Culzoni, T. III, año 2017, pág. 712; Ernesto Eduardo Martorell, "Sociedades Anónimas. Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU). Sociedades por acciones simplificadas (SAS)", ed. Rubinzal-Culzoni, T.I, año 2020, págs. 648 y ss).
Pasando a la jurisprudencia, resulta de gran similitud fáctica con los presentes, un caso resuelto por la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, en donde se resolviera que: "...en los supuestos de que nulidades relativas aquejen una decisión del directorio y en el caso de que ésta haya sido seguida de la celebración de la asamblea, los vicios pueden quedar saneados. (....) En síntesis, si bien considero que existen supuestos en los que debe admitirse la posibilidad de impugnar las decisiones directoriales, paréceme ello inadmisible cuando -como en el caso- el directorio actuó dentro de la órbita de sus propias funciones habilitando la reunión de la Asamblea que también se atacó (...) En consecuencia, aún cuando se admitiera la existencia de vicio en la convocatoria para la reunión del órgano ejecutivo, que derivara en la falta de deliberación, principalmente, respecto del tema relativo a la remoción del director no citado, tal omisión quedó purgada. Ello, mediante la intervención del actor en la asamblea impugnada conforme lo decidido por el magistrado interviniente, oportunidad en la cual además, según surge del acta correspondiente, tuvo la posibilidad de responder las imputaciones que se formularon en su contra, e ilustrar primero y orientar luego la voluntad de la mayoría...." ("Haimovici c. Casa Rubio", del 11/5/2000).
En definitiva, la deficiencia en la convocatoria de la reunión de directorio no puede ocasionar, por si misma, la nulidad de la asamblea que contó con la participación de los accionistas impugnantes.
V. Llegado a este punto de la sentencia, y debiendo revocarse la recepción de la causal fundada en la deficiente convocatoria, renacen, en virtud del principio de adhesión implícita de la apelación, todas aquellas causales propuestas en la demanda que quedaron desplazadas en la sentencia de primera instancia.
Ahora bien, como el sustento fáctico de esas causales de nulidad coincide con las invocadas para justificar la remoción de los directores -que si han sido abordadas en la sentencia-, las trataré en forma conjunta y eventualmente, previa dilucidación de la legitimación activa que también viene cuestionada ante esta instancia, analizaré si tales deficiencias justifican la remoción de los directores.
VI. Efectuada la aclaración, y siguiendo el orden propuesto en la demanda, cabe desentrañar si se ha violado lo dispuesto en el art. 67 de la ley 19.550 y consecuentemente, el derecho de información de los accionistas.
En este punto, debo aclarar que de la lectura de la demanda se desprende que el único documento que los actores alegan que no ha sido puesto a su disposición es la memoria.
Por lo tanto, el tramo de la sentencia que se refiere a la genérica violación del art. 67 (pto. V.2), es decir, en forma independiente a la posteriormente abordada falta de la memoria (pto. V.3), en realidad debe considerarse dictado extra petita y en violación al principio de congruencia.
Sabido es que: "...El principio de congruencia, establecido por el art. 163 inc. 6º y reiterado por el art. 272 del C.P.C.C, significa que, como regla general, debe existir correspondencia perfecta entre la acción promovida y la sentencia que se dicta, lo que se desarrolla en una doble dirección: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se pide, o sea sobre todas las demandas sometidas a su examen y sólo sobre éstas y debe dictar el fallo basándose en todos los elementos de hecho aportados en apoyo de las pretensiones hechas valer por las partes en sus presentaciones y sólo basándose en tales elementos..." (SCBA LP C 116483 S 17/06/2015, C 93177 S 01/07/2015, C 115864 S 04/03/2015, C 99214 S 02/03/2011, entre otros).
En lo atinente específicamente a la memoria, la jueza de primera instancia, luego de resaltar la importancia y protección legal del derecho a la información, en base a la pericia contable, tuvo por acreditado que no se ha puesto a disposición la memoria en debido tiempo y forma, no considerando suficiente a la mención consignada en el acta, sin mayores precisiones, a la existencia del documento.
Sostienen los recurrentes que el razonamiento es incorrecto, ya que ha puesto sobre su parte la carga de la prueba, preguntándose que documentación podría presentar la empresa para probar dichos extremos que no sean el acta de reunión del directorio que aprobó la memoria concomitantemente con la decisión de convocar a la asamblea, recordando que el acta no fue impugnada, y que el art. 73 impone dar fuerza probatoria a las constancias del acta, y que quien las impugna debe probar la inexactitud o falsedad.
Y en ese sentido, afirman que dicha carga no fue asumida por los actores, habiéndose limitado a afirmar, como lo hicieron en la asamblea, que no fue puesta a disposición.
Agregan que no resulta verosímil que Julián Mecherques, siendo director titular, no haya insistido en recabar la memoria, aclarando la cuestión con el resto de los directores, como lo faculta el art. 267 de la LS.
Así las cosas, comenzaré poniendo de resalto que, según lo afirmado en la propia demanda, los accionistas demandantes tuvieron a disposición la documentación contable que exige el art. 67 de la LS, más afirman, no estuvo a disposición la memoria.
Del acta de la asamblea impugnada, se desprende que ante la mención de dicha circunstancia por parte del letrado apoderado de los ahora impugnantes, la presidente del directorio "le manifestó que los mismos estaban a disposición en la sede de la empresa" y luego, que la Dra. Melcon "realizó la lectura de la memoria correspondiente al ejercicio cerrado".
Cabe recordar que sobre los puntos de pericia ofrecidos por la actora, a saber:
"5) Si fue puesta a disposición en tiempo y forma, toda la documentación que establece el art. 234 inc.1 de la Ley 19.550 previo a la Asamblea General del 01-04-2019 y en su caso, si dicha documentación cumplió con las exigencias formales del art. 67 LS."
"6) Informe si se haya registrada la entrega de dicha documentación a los actores. En caso afirmativo, adjunte copia del recibo o instrumento que así lo acredite."
"8) Indique si la Memoria del ejercicio cerrado al 31-12-2018 se hallaba confeccionada a la fecha de la celebración de la asamblea general ordinaria, es decir, al 01-04-2019. Así como también, informe si la misma fue puesta a disposición de los actores y accionistas con anterioridad al acto asambleario referencia.
Asimismo, informe si la Memoria cumple con los recaudos dispuestos en el art. 66 de la Ley 19.550."
El perito contador respondió, a todos ellos: "que habiendo solicitado la documentación a la parte demandada para responder éste punto, éste perito no ha tenido a la vista dicha información." (v
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.