Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167053
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar -parcialmente- al recurso de apelación deducido por la parte demandada exclusivamente en lo concerniente a la imposición del costas del pronunciamiento apelado, las que deberán ser soportadas por la parte actora. (arts. 242, 245 y cctes del C.P.C.).
II. Imponer las costas de esta instancia en un 70% a la actora y el restante 30% al demandado habida cuenta el modo en que prosperó la pretensión recursiva (arts. 68, 69, 71, 76, 242, 245, 274 y cctes. del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967).
REGISTRO N ° 41-S FOLIO N° 212/6
EXPEDIENTE N° 167053 JUZGADO N ° 6
En la ciudad de Mar del Plata, a los28 días del mes de febrero de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "BORNEMANN, VERÓNICA L. C/ CONSORCIO DE PROP. EDIF. MARTINES DE HOZ N° 3867/71/75 S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA- LEVANTAMIENTO) " , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Rubén D. Gérez, aceptándose en este acto la excusación formulada por el Dr. Roberto J. Loustaunau con fecha 7-12-2018 a fs. 123.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia dictada el día 17-10-2018 a fs. 116/117 ?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RICARDO D. MONTERISI DIJO:
I. En el fallo apelado el Sr. Juez a quo declaró caída en abstracto la cuestión, rechazó el pedido de temeridad y malicia efectuado por el demandado, e impuso las costas a cargo de éste por haber dado lugar al inicio de los presentes.
II. El día 22-10-2018 apeló el accionado.
En el memorial presentado electrónicamente con fecha 13-11-2018 se quejó, en primer lugar, de la referida imposición de costas.
Afirmó que no es cierto que las obras hayan comenzado como consecuencia de esta acción. En su tesis refirió que en la asamblea celebrada el día 26-3-2018 en la que se aprobó la realización de las reparaciones en el consorcio, no se fijó fecha de inicio de las tareas sino que se decidió que el presupuesto debía ser evaluado por el consejo de propietarios -del cual es miembro la parte actora- y por la administración.
Expresó que posteriormente la administración remitió notas y presupuestos a los integrantes de dicho consejo y que, mientras los propietarios Sres. Iovinne y Maglione lo contestaron, la Sra. Bornemann no lo hizo, como tampoco pagó las cuotas extraordinarias en término para llevar a cabo las tareas.
Relató que durante los tres meses transcurridos desde aquel 26-3-2018 hasta que se iniciaron las obras, se impulsaron los trámites previos necesarios para hacerlo de manera reglamentaria, tales como: aprobación de presupuestos, contratación de profesionales, pago de derechos de construcción, contratación de seguros, pago de adelantos y compras de materiales, aportes a las cajas profesionales, etc.
Manifestó que la parte actora fue morosa tanto en aprobar el presupuesto como en pagar su parte del costo, y que fue su actitud la que provocó la alegada mora en el inicio de las obras, por lo que en este punto pidió que se revoque la condena en costas a su cargo y se impongan íntegramente a aquélla.
Seguidamente, se agravió del rechazo de la aplicación de la multa procesal pedida al contestar la demanda. Expuso que del relato precedente se desprende la conducta maliciosa de la accionante, por lo que solicitó que en los términos del art. 45 del C.P.C. se imponga una multa por temeridad y malicia, modificando el decisorio apelado en tal sentido.
III. La contraria respondió los agravios mediante el escrito electrónico presentado el día 28-11-2018.
Expuso que la afirmación del consorcio de no hallarse en mora se contradice con los siguientes datos: la asamblea fue el día 26-3-2018 y recién el día 16-7-2018 comenzó a gestarse el vínculo con la empresa constructora y el profesional a cargo; el 11-6-2018 la administración del consorcio fue intimada por la Municipalidad, el 17-7-2018 se formalizó el contrato profesional, el 25-7-2018 se formalizó el contrato con la ART y esta demanda se inició el día 4-6-2018. Además, expuso que el administrador estaba en mora por incumplimiento del art. 2067 inc. "c" del CCyC.
Con relación al pedido de multa procesal del art. 45 del C.P.C., manifestó que no existen elementos objetivos ni subjetivos que hagan procedente la aplicación de la citada manda legal.
IV. ANTECEDENTES DEL CASO:
a) El día 26-3-2018 se llevó a cabo la asamblea de propietarios en la cual se aprobaron -en lo tocante al caso que nos ocupa- las siguientes mociones: " (...) Se propone para integrar el Consejo de Administración a la Sra. Ana María de Iovine, Sr. Matias Maglione y Sra Verónica Bornemann (...)" y respecto de las " prioridades de los trabajos a realizar en el Edificio : a) " se aprueba la obra de arreglo de cochera UF1, con presupuestos a evaluar por el Consejo de administración y la Administración (....)" y d) "las reparaciones general a evaluar por el Consejo de Propietarios " (v. fs. 13/15)
b) El 1-6-2018 , el Dr. Costantino, en su calidad de apoderado de la Sra. Bornemann, entabla esta demanda con el objeto de obtener una medida cautelar y la acción preventiva de daños (art. 1710 del CCyC) contra el consorcio de calle Martínez de Hoz n° 3867/71/75 de esta ciudad, a fin de condenar a la obligación de hacer consistente en la reparación integral de todos los sectores afectados en el edificio, con costas. Además, pidió en carácter de medida cautelar que se ordene a la administradora del consorcio Sra. Secchiaro de Baesso, que proceda a clausurar con materiales de mampostería los ingresos y egresos hacia el sector cocheras de planta baja y sector terraza y tanque de reserva (v. fs. 40/43).
c) El día 29-6-2019 el Sr Juez a quo dictó -en los términos del art. 1710 del CCyC y sin bilateralización alguna- la siguiente medida: Ordenar a la Sra. María del Cármen Secchiaro de Baesso en su carácter de administradora del Consorcio a realizar las reparaciones necesarias de las losas y vigas de la cochera en planta baja y espacios comunes del edificio de manera urgente (v. fs. 46/47).
d) Esta medida fue notificada por cédula el día 13-7-2018 (v. fs. 57/58).
e) El consorcio se presentó por vía electrónica el día 6-8-2018 denunciando -básicamente- que las obras ya habían sido comenzadas, de conformidad a lo acordado entre los propietarios y con pleno conocimiento de la parte actora, por lo que la orden impartida resultaba abstracta, pidiendo que se deje sin efecto y se aplique la multa procesal del art. 45 del C.P.C.
f) El juez dispuso un traslado a la contraria, encauzando el responde como un "pedido de levantamiento de medida y aplicación de astreintes" (v. fs. 110).
g) En su responde del día 21-9-2018 la actora refirió que el objeto de los presentes se agotó porque las obras fueron iniciadas, sin perjuicio de que ha quedado demostrado que la administración desatendió el cumplimiento del mandato asambleario por casi 4 meses.
h) Así fue que el juzgador dictó la sentencia objeto de la presente revisión (v. fs. 116/117).
V. TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:
1. Las partes son contestes en que las reparaciones en el edificio comenzaron a realizarse, pero difieren en el modo en que el juez ha impuesto las costas por la declaración que dará por finalizado lo actuado en este expediente.
Por lo tanto me remitiré a analizar la justicia del pronunciamiento de costas en base a lo expuesto por las partes en sus presentaciones, cuya discusión han reducido a discrepar en torno a si la administración del consorcio dio lugar a que se inicie este juicio o no, si las obras ya habían sido comenzadas antes del inicio de este expediente o no, o por el caso, y técnicamente hablando, desentrañar si la medida fue cumplida por el obligado como consecuencia de la orden judicial impartida o, si contrariamente, se trató del dictado de una medida superflua o innecesaria (al respecto v. Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Ed. Astrea, Bs. As., 2000, ps. 264/265).
2. En esa tarea, adelanto que el recurso ha de prosperar en lo atinente a la imposición de las costas por los siguientes fundamentos.
En primer término porque le asiste razón al administrador del consorcio al afirmar que en la referida asamblea no se determinó la fecha de inicio de las obras, sino que en su lugar se dispuso que el presupuesto debía ser evaluado por el consejo de propietarios y por la administración, y que el referido consejo iba a ser integrado por los Sres. Iovine, Maglione y Bornemann (v. fs. 13/15; mociones n° 3 y 5)
Tengo para mi que la administración envió el presupuesto, tal como se desprende desde el inicio de autos y da cuenta el informe pericial de parte que adjuntó a fs. 16/23 realizado en el mes de mayo de 2018 .
A su vez, observo que la Sra. Bornemann no denunció ni acreditó haber cumplido con la aprobación -o rechazo- del presupuesto que le envió la administración tal como fuera acordado en la referida asamblea. En lugar de ello, pareciera haber impulsado la realización de una pericia de parte que a la postre presentó como fundamento de este proceso.
Nótese que en el informe pericial de referencia la experta suscribiente Sra. Cabotti hace mención a un presupuesto presentado por la empresa "Grupo A3 Constructora" y a un informe técnico realizado por el maestro mayor de obras Sr. Acosta, circunstancia que demuestran la puesta en marcha de la obligación asumida por la administración del consorcio -al menos- para la fecha en que el informe pericial fue encomendado, es decir, con anterioridad al inicio de los presentes.
Tampoco acreditó la accionante, que la administración del consorcio se hallara en mora habida cuenta que, aún cuando ninguna de las partes haya denunciado con exactitud qué día las obras fueron iniciadas, estimo certero el argumento del administrador del consorcio al exponer que desde el 26-3-2018 se estuvieron llevando a cabo los trámites pertinentes necesarios para dar inicio a una obra de tal envergadura, los que luego fueron concretados en tiempos que también considero razonables (vg. fs. 69/72 presupuesto del "Grupo A3 Constructora" de fecha 10-5-2018; fs. 76/77: pago de aportes al profesional de 16-7-2018; fs. 78: contratación de tareas profesionales de fecha 3-7-2018; fs. 79/86: contrato de reciclado de estructura sobre cochera de fecha 6-7-2018; fs. 88 contratación del seguro de fecha 25-7-2018).
A todo evento, no se probó haber intimando extrajudicialmente el administrador del consorcio a hacer efectivo lo acordado en dicha asamblea, ni se denunció la fecha en la cual concretamente se sitúa el dies a quo de la mora que denuncia la Sra. Bornemann (arts. 773, 775, 886, 887, 2064 inc. c y pertinentes del CCyC)
Con todo, puedo afirmar que si la asamblea fue el 26-3-2018 y el presupuesto de la obra fue del 10-5-2018, la puesta en marcha de las tareas a fin de "realizar las reparaciones" fue anterior al inicio de este proceso el día 1-6-2018 y más aún a la notificación diligenciada el 13-7-2018 de la medida dispuesta por el juez que -cabe recordar- consistió en "realizar las reparaciones necesarias" (v. fs. 57/58)
Finalmente, no es de recibo el argumento utilizado por la parte actora para sostener su postura referido al incumplimiento del art. 2067 inc. "c" del CCyC por parte de la administración del consorcio, toda vez que ello deberá ser ventilado en el proceso judicial pertinente (vg. el de remoción de administrador que dice haber promovido ante el Juzgado Civil y Comercial n° 12 deptal., v. escrito electrónico del 21-9-2019)
Ello, en tanto este pronunciamiento redunda exclusivamente en la medida pedida mediante la promoción de este proceso, su necesidad y pertinencia, solo a efecto de resolver la condena por las costas generadas.
Así las cosas, habiendo la actora entablado una demanda a los fines de obtener las reparaciones cuyo presupuesto ella misma se obligó a autorizar como parte integrante del referido órgano de contralor, sin acreditar judicialmente haberlo hecho, encontrándose las partes contestes en que el proceso "se agotó" porque las obras ya están en marcha, y no pudiéndose afirmar con la -escasa- documentación que adjuntaron ambas partes que de ella se desprenda que la administración del consorcio haya dado lugar al presente planteo sino que, contrariamente, es evidente que en el plazo transcurrido desde aquella asamblea se realizaron las actividades propias al inicio de una obra semejante (vg. encomendar al GRUPO A3 CONSTRUCTORA la realización de un presupuesto, v. fs. 21), concluyo que las costas generadas por este expediente deberán ser soportadas por la parte actora por tratarse de una medida cuyo dictado fue superfluo e innecesario, por lo que en este punto corresponde revocar la sentencia apelada (arts. 68, 69, 76, 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
3. Por otra parte, y no obstante lo expuesto en el acápite anterior, estimo que no resulta procedente la aplicación de la multa procesal pretendida en el segundo agravio.
En mi modo de ver, el caso es perfectamente subsumible en lo que la doctrina y jurisprudencia ha interpretado del art. 76 del C.P.C., en cuanto a que si la parte actora promueve un juicio mediante un abuso de derecho, o bien, dicho proceso resulta inútil pues pudo haber logrado la satisfacción de su derecho sin recurrir a la órbita jurisdiccional (supuesto que considero aplicable al caso por analogía) la única sanción prevista es la de imponerle las costas, afrontando con su patrimonio los gastos que resultaron innecesarios (arg. Loutayf Ranea, Condena en costas en el proceso civil , Astrea, Bs. As., 2000, p. 112/115), que es lo que acontece en la especie en atención al modo en que prospera el primer agravio.
Por lo tanto corresponde confirmar en este punto el fallo apelado (arts. 34, 76, 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
ASÍ LO VOTO.
EL SR. JUEZ DR. RUBÉN D. GÉREZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RICARDO D. MONTERISI DIJO:
Corresponde hacer lugar -parcialmente- al recurso de apelación deducido por la parte demandada exclusivamente en lo concerniente a la imposición del costas del pronunciamiento apelado, las que deberán ser soportadas por la parte actora. Las costas de esta instancia se distribuyen en un 70% a la actora y el restante 30% al demandado habida cuenta el modo en que prosperó la pretensión recursiva (arts. 68, 69, 71, 76, 242, 245, 274 y cctes. del C.P.C.)
ASÍ LO VOTO.
EL SR. JUEZ DR. RUBÉN D. GÉREZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I.- Hacer lugar -parcialmente- al recurso de apelación deducido por la parte demandada exclusivamente en lo concerniente a la imposición del costas del pronunciamiento apelado, las que deberán ser soportadas por la parte actora. (arts. 242, 245 y cctes del C.P.C.). II.- Imponer las costas de esta instancia en un 70% a la actora y el restante 30% al demandado habida cuenta el modo en que prosperó la pretensión recursiva (arts. 68, 69, 71, 76, 242, 245, 274 y cctes. del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.). DEVU ÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI RUBÉN D. GÉREZ
ALEXIS A. FERRAIRONE
SECRETARIO
Fin de la sentencia