Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 173121
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el día 19-8-2021 y confirmar la resolución dictada el 8-7-2021 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Imponer las costas al apelante atento su calidad de vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
IV. Encomendar al Sr. Juez de la instancia previa tenga a bien proveer la renuncia formulada por la Dra. Barrau en la presentación de fecha 2-10-2021 (arts. 34, 53 y cctes. del C.P.C.).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 173.121. JUZGADO N° 15
"MUZIO, VITO J. S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA- LEVANTAMIENTO) S/ ART. 250 DEL C.P.C."
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: "MUZIO, VITO J. S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/ LEVANTAMIENTO) S/ ART. 250 DEL C.P.C." son traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte demandada el día 19-8-2021, contra la resolución dictada el 8-7-2021.
I. En lo que aquí interesa del pronunciamiento cuestionado, el Sr. Juez ordenó, bajo caución juratoria, la designación de un perito veedor a fin de practicar un reconocimiento del estado de los bienes, libros y operaciones que se realicen en la firma MIA S.A.
Para así decidirlo, consideró acreditada la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora.
Tuvo en vista las constancias de autos y las que surgen de la IPP n° 37.185 de trámite ante la UFI n° 10 departamental.
Manifestó que el actor fue declarado heredero en la causa "MUZIO ZOLEZZI MARIANO IGNACIO S/ SUCESIÓN AB INTESTATO " (de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial n° 11 deptal.) y tuvo por acreditado que el causante era socio y presidente de la firma MIA S.A. con las copias certificadas del Acta de Asamblea n° 40 y el Acta de Directorio n° 150.
Indicó que del convenio con firmas certificadas suscripto el día 6-8-2018 se evidencia que los firmantes, reconociendo el derecho que le correspondía a Mariano Ignacio Muzio Zolezzi respecto de la sociedad, acordaron transferir el 25% del paquete accionario a nombre de su heredero Vito Juan Muzio (accionante de autos).
Expresó que en el marco de la IPP mencionada, el Sr. Fiscal ordenó la citación de los Sres. Patricio Muzio Zolezzi y Sandra Mariolina Muzio Zolezzi en los términos del art. 60 del C.P.P.
II. En el memorial presentado el día 31-8-2021 el apelante hizo referencia a los hechos expuestos en el escrito de demanda, tachó de improponible la intervención judicial solicitada en cabeza del mismo demandante o su letrado, y de infundado el derecho alegado por estar sostenido en una causa penal en la que no intervino MIA S.A., ni sus directores.
Afirmó que el convenio agregado por el accionante no fue integrado en su totalidad, pues no sólo difiere el agregado en autos con el de la causa penal sino que, además, no fueron escaneados del original. Adjuntó el correspondiente.
Sostuvo que no es cierto que el actor haya agotado las instancias para evitar este juicio, toda vez que la carta documento que dijo remitir a MIA S.A. solicitando rendición de cuentas, acceso a la empresa y a los libros societarios, fue enviada a un domicilio que no era el de la sede social (art. 11 de la LGS).
Manifestó que son infundadas las imputaciones respecto al desvío de trabajo, uso de instalaciones y beneficios que pertenecen a MIA S.A. a favor de otra empresa.
Adujo que la realidad de la empresa dista mucho de lo expuesto por el actor en su demanda. En ese sentido, explicó que Mariano Muzio Zolezzi, padre del accionante nunca fue accionista de MIA S.A. sino director, y que quiso apropiarse indebidamente del control de la sociedad mediante una maniobra fraudulenta.
Se explayó sobre la operatoria desde la constitución de la empresa familiar y explicó que los abuelos del actor quisieron que las acciones de la sociedad -que estaban a nombre de sus 2 hijos mayores- quedaran en partes iguales a sus 4 hijos, de manera que cada uno tuviera el 25%, y esto es lo que se plasmó en el acuerdo que se firmó el 16-8-2018, mediante el cual, a pedido de los abuelos de Vito, su tío Patricio Muzio le donó una participación del 25% por ser heredero de Mariano Muzio Zolezzi, con aceptación de su madre y representante María Alba Morales.
Dijo que la mala administración de Mariano Muzio, sus excesivos retiros de dinero y endeudamiento, las hipotecas contratadas sobre los bienes de la sociedad, la falta de mantenimiento por más de 10 años, los problemas edilicios y contractuales, y la obligación de devolver los bienes e inmuebles de MARITIMA INTEGRADA DE ARMADORES S.R.L., fue lo que llevo a los directores de MIA S.A. a tomar decisiones drásticas para evitar un mal mayor.
Explicó que durante más de 10 años MARITIMA INTEGRADA DE ARMADORES S.R.L. (otra empresa familiar) alquiló las instalaciones a MIA S.A. sin abonar los cánones locativos, empero cuando cambiaron los dueños de aquella, la situación se hizo insostenible y fueron intimados a entregar el inmueble y los bienes.
Expuso que el estado de endeudamiento de la empresa a la fecha del fallecimiento de Mariano Muzio, imposibilitó seguir trabajando con MIA S.A. por lo que se resolvió alquilar el inmueble a MUZIO HNOS S.A. con domicilio fiscal en Bermejo 1175.
Se refirió a la donación del 25% de las acciones a favor del actor y denunció la existencia de la causa MORALES MARIA ALBA C/ MUZIO ZEGARRA BARTOLOMEO Y OTRO/A S/ ALIMENTOS (Juzgado de Familia n° 5) donde se demanda alimentos a los abuelos paternos, aun ante la existencia del acuerdo aludido, el cobro de una mensualidad mientras que Vito fue menor de edad y la actual pertenencia del 25% de las acciones de la sociedad.
Consideró que la demanda promovida tiene vicios sustanciales: las cartas documentos no fueron remitidas al domicilio fiscal de MIA S.A., no se menciona a MIA S.A. como demandada, se funda incorrectamente en el art. 222 del C.P.C. en lugar del art. 113 de la LGS que establece como premisa para obtener una intervención judicial que se haya promovido una demanda de remoción de los administradores, lo que no se hizo, como tampoco el agotamiento de la vía interna, tal como pedir previamente la convocación a una asamblea para tratar esa remoción.
Cuestionó que se disponga una caución juratoria ante la magnitud de la medida cautelar otorgada puesto que afectará el patrimonio de toda la sociedad y generará costas elevadas.
Afirmó que es irrazonable y desproporcionado el sistema regulatorio de la ley 10.620. Pidió que se declare su inconstitucionalidad por vulnerar los arts. 16 y 17 de la CN.
Ofreció prueba y pidió que se revoque la sentencia.
III. Los fundamentos no merecieron réplica (v. proveído del 24-9-2021, art. 262 del C.P.C.)
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Aunque gran parte del memorial está dirigido a cuestionar (equivocadamente) una intervención judicial no dispuesta, entendemos que el resto de lo manifestado por el quejoso tiene la entidad pertinente para sostener el recurso de manera suficientemente fundada (art. 260 del C.P.C.).
IV.2. En el caso, el Sr. Vito Juan Muzio, se presentó en calidad de accionista a solicitar la intervención judicial de la empresa MIA S.A. ante la sospecha de irregularidades en su administración, con carácter previo a entablar la futura demanda de RENDICIÓN DE CUENTAS y DAÑOS Y PERJUICIOS.
El juez no concedió la cautelar pedida sino la veeduría judicial.
IV.3. En función a los antecedentes relatados y en especial a que el conflicto habido entre las partes se desarrolla en el marco de una empresa familiar, las medidas de pruebas ordenadas en la IPP n° n° 37.185 de trámite ante la UFI n° 10 departamental y la alegada participación en carácter de accionista de Mariano Muzzio Zolezzi (no acreditada por lo que las acciones no forman parte del sucesorio abierto en su nombre; v. acuerdo sobre realidad económica, jurídica y familiar suscripto el 6-8-2018), entendemos razonable la designación de un veedor judicial en los términos del art. 227 del C.P.C., dispuesta en el proveído en crisis.
Este tipo de intervención conlleva la injerencia en la sociedad afectada para investigar el estado de bienes, negocios, operaciones o actividades, pero sin importar interferencia en la administración (DE LAZZARI, "Medidas cautelares", LEP, Buenos Aires, 2007, t.I, p. 485).
Cumple una función preponderantemente informativa, observando y fiscalizando la gestión del administrador social, examinando los papeles y libros de la entidad, debiendo dar cuenta al juez de cualquier hecho que pudiera repercutir en la marcha y desenvolvimiento de los negocios sociales (jurisp. cit. por LÓPEZ MESA, "Código ...", La Ley, Buenos Aires, 2012, t.II, p. 854).
Consideramos que desde una óptica provisional surge verosímil la existencia de posiciones encontradas entre las partes respecto al derecho de información, que se encuentra estrechamente ligado con el control de gestión y administración de la sociedad, como también de la documentación atinente a ella (arg. arts. 55 y 155 LGS.).
En el caso la designación de un veedor judicial es idónea para recabar información acerca del estado de los bienes o de las operaciones o actividades de la sociedad, máxime si se pretende responsabilizar a quien debe rendir cuentas por la conducción de los negocios sociales.
En ese sentido, la veeduría judicial ordenada se condice perfectamente con la acción de fondo futura a entablar, en la que será materia en primer lugar de un objeto que dirima la obligación o no de rendir cuentas, y con su resultado, en una instancia posterior, la eventual rendición con las cuentas que deberá practicar sobre la base de los registros que ahora se pretenden investigar (arts. 265 y 279 LGS y 160 del CCyC),.
IV.4. No se estima procedente la queja en torno a la caución ordenada, pues la medida cautelar decretada -veedor judicial- ningún perjuicio le causa a la sociedad demandada, siendo suficiente la caución juratoria dispuesta por el juez.
IV.5. Sobre el último cuestionamiento formulado, recordamos que la S.C.B.A. ha explicado en reiteradas ocasiones que la declaración de inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias constituye una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia; es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerado la ultima ratio del orden jurídico (doct. causas "Suárez Acosta", S. del 29-12-2009; B. 57.197, "Sánchez", S. del 28-3-2012; B. 57.092, "Bueno", S. del 27-11-2013; B. 56.648 S. del 27-5-2015, entre otras).
De allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera ésta contraría la Constitución causándole con ello un agravio. Un planteo de esta índole, para ser atendido, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con un no menos sólido fundamento que se apoye en las probanzas de la causa (conf. I. 1494, "López", sent. del 23-XII-1997; I. 2169, "Almirón", sent. del 2-XII-2003; B. 60.687, ya cit.). En ese orden, la S.C.BA. ha exigido de la parte que invoca un cuestionamiento de esa naturaleza la formulación de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas. Así, debe indicarse, puntualmente, cómo la disposición impugnada habría quebrantado los derechos, principios o garantías constitucionales cuya tutela se procura (doct. I. 1252, "Ponce", sent. del 2-VII-2003; I. 2110, "Iriarte Madoz", sent. del 6-X-2004; B. 56.600, "Loimar S.A.", sent. del 1-VI-2011; B. 57.197, "Sánchez", sent. del 28-III-2012; B. 57.092, cit.).
LLevado lo anterior al caso, observamos que tales precisiones no han sido formuladas en la especie, inhibiendo así el progreso de la mentada objeción. Lo manifestado por el memorialista no permite vislumbrar de qué modo y con qué alcance se produciría la aludida afectación quebrantándose así, en su caso, los derechos consagrados en las cláusulas constitucionales que escuetamente invocó.
V. Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS:
I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el día 19-8-2021 y confirmar la resolución dictada el 8-7-2021 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Imponer las costas al apelante atento su calidad de vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
IV. Encomendar al Sr. Juez de la instancia previa tenga a bien proveer la renuncia formulada por la Dra. Barrau en la presentación de fecha 2-10-2021 (arts. 34, 53 y cctes. del C.P.C.).
V. Registrar el presente y transcurrido el plazo del art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Firmas
Funcionario Firmante: 18/11/2021 08:51:34 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 09:16:16 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 10:50:07 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 18/11/2021 14:17:19 hs. bajo el número RR-146-2021 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia