Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 174566
Lo que resolvió el tribunal
I. Por mayoria, hacer lugar el recurso de apelación articulado por la demandada el 31-3-2022 y, en consecuencia, modificar el alcance de la resolución del 9-12-2021, por lo que la medida cautelar de no innovar queda restringida a la situación jurídica del bien (arts,. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Imponer las costas a la actora vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 174566. JUZGADO N ° 10.
"PACE ROCIO BELEN C/ ALOIA PASCUALINA MARIA LAURA Y OTRO S/ MEDIDAS CAUTELARES S/ CUADRNILLO ART 250 CPC".
Mar del Plata
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " PACE ROCIO BELEN C/ ALOIA PASCUALINA MARIA LAURA Y OTRO S/ MEDIDAS CAUTELARES S/ CUADRNILLO ART 250 CPC " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte demandada el 31-3-2022, contra la resolución del día 9-12-2021.
I. En el auto cuestionado el Sr. Juez a quo decretó la prohibición de innovar respecto del estado material y jurídico del inmueble en cuestión, sito en calle Pasteur N°1553, de Mar del Plata Nomenclatura: Circ. 6 Secc. B, Manz. 134 B, Parcela 10, Matricula n°127895.
II. En los fundamentos presentados el 13-4-2022, la apelante alega que la ausencia de verosimilitud en el derecho que la jueza advirtió al denegar el pedido de embargo preventivo sobre el inmueble en el que aconteció el hecho luctuoso, debió servir para denegar igualmente la medida de prohibición de innovar.
Funda lo expuesto sobre la base de que la medida de prohibición de innovar es más gravosa que el embargo y, por ello, la exigencia de verosimilitud en medidas como la apelada es superior a la que prevalece al tiempo de evaluar la procedencia de un embargo.
Discute la valoración de los elementos probatorios considerados por la judicante para otorgar la medida, de lo cual expone que: 1) la causa penal fue archivada en los términos del art. 56 del CPP, dejando sin efecto cualquier medida investigativa; 2) los testigos que afirmaron que la casa se puso en venta, y de lo cual se acreditó el peligro en la demora, son acusados por el apelante por falso testimonio.
El memorial fue contestado por la actora el 21-4-2022.
III. La medida cautelar otorgada debe ser confirmada.
Es correcto afirmar, como lo hizo la jueza de primera instancia, que la procedencia de las medidas cautelares en procesos de daños y perjuicios derivados de la responsabilidad extracontractual suele ser juzgada con un criterio restrictivo, exigiéndose una máxima verosimilitud en el derecho invocado (Sala I, c. 97344 -“ Marra, Fidel ...”-, del 06/06/1996, Sala II, c. 115563 -“ Álvarez, Mónica I .- del 08/02/2001, Sala III, c. 144856 -“ Gallardo, Stella M ....”- del 03/11/2009, entre otras; en doctrina, v. Kiper, Claudio M., El embargo preventivo en el proceso de daños , RCyS 2014-III , 171).
Esta interpretación obedece a motivos relativamente sencillos: en la órbita aquiliana, sin base negocial instrumentada, el hecho dañoso que da fundamento a la pretensión carece de prueba suficiente y su existencia debe ser dilucidada en etapas procesales posteriores (por caso, evaluando qué reconoce o niega la demandada y, luego, qué resultado arroja la prueba).
Sin embargo, también es cierto que esta misma Sala ha admitido la cautela requerida por la reclamante en daños extracontractuales cuando se han presentado elementos de convicción -e.g., actuaciones tramitadas en otro fuero o pruebas objetivas y verificables- que permitieron corroborar con razonable suficiencia el relato que postula la requirente (entre otras, causa n° 167393 -" Bandin , Rubén ..."- del 11/04/2019-).
Este último es el escenario que se presenta en el caso.
La verosimilitud del derecho es la probabilidad de que la demanda sea estimada en la sentencia, extremo que debe ser juzgado considerando un estándar de prueba atenuado propio del estadio procesal en el que la cautela se dirime (Sala II, c. 172013 -“ Olguín ...”- del 05/08/2021; c. 172771 -“ Taborda , Mirta...” del 18/11/2021).
Hemos evaluado con atención el relato contenido en la presentación inicial de la actora, la información emergente de la sucesión “Rosales, Miguel A. s/ Sucesión Ab intestato” (c. 905, de trámite ante el JCC n°12 departamental) y las declaraciones contenidas de las copias del legajo penal (que incluyen manifestaciones de agentes fedatarios de salud y policía y actas con declaraciones de quienes estuvieron involucrados en el hecho que motiva el pleito), así como también hemos reparado en las expresiones de los apelantes en su memorial en cuanto refieren al trágico hecho y a las circunstancias en las que se produjo el deceso de la pequeña Charo Azul Izcue. Todo este material, si bien provisorio, permite tener prima facie acreditada -con la intensidad propia de este tipo de providencias- una verosimilitud en el derecho suficiente para justificar la traba de la cautela otorgada.
No hemos sido ajenos a los severos cuestionamientos de los apelantes sobre la credibilidad de los testigos que declararon en la información sumaria (y que, según dijeron, vieron carteles de venta en la propiedad). Pero así todo, no hemos hallado indicios o manifestaciones en el memorial que permitan avizorar la intervención futura de una compañía de seguros, contexto en el cual -considerando la naturaleza del hecho y los montos resarcitorios provisoriamente estimados por la reclamante- entendemos que se verifica un escenario análogo al que prevé el art. 210.5 del CPCCBA, aplicable - mutatis mutandi - para presuponer un peligro en la demora en el caso en estudio (art. 195 y cctes. del CPCCBA).
Finalmente, tienen razón los apelantes al cuestionar la diferencia entre la cautela requerida subsidiariamente por la Sra. Pace (prohibición de innovar de la situación jurídica del bien) y la que finalmente fue proveída (prohibición de innovar de la situación jurídica y material del bien).
Por ello, corresponde modificar el alcance y circunscribir la medida cautelar a la situación jurídica del bien. Si alguna situación de hecho vinculada a la propiedad ubicada en Pasteur 1553 de esta ciudad debe ser objeto de estudio, reconocimiento o pericia, los litigantes podrán acudir a las herramientas procesales previstas a tal efecto (art. 326 del CPCCBA).
IV. OPINIÓN PERSONAL DEL DR. ROBERTO J. LOUSTAUNAU:
No concuerdo con la solución propuesta.
La verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora son requisitos comunes a todas las medidas cautelares (ARAZI, Roland, y ots, "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires Comentado y Anotado", T. I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, pág. 439).
Le asiste razón al apelante en cuanto señala que la ausencia de verosimilitud del derecho que la jueza advirtió para rechazar el embargo constituye un impedimento que obsta la procedencia de la medida de prohibición de innovar.
En efecto, la magistrada reseñó con posterioridad al auto apelado, jurisprudencia de esta sala de la que extrajo que para el dictado de una precautoria en un proceso de daños debe tratarse de supuestos de máxima verosimilitud y que ello no se encuentra cumplido en autos (v. res. 25-2-2022; conf. CC0103 MP, 145193, resol. del 09/03/2010; CC0103 MP, 144856, resol. del 03/11/2009; CC0101 MP, 136731, resol. del 17/10/2006; CC0102 MP, 115563, resol. del 08/02/2001; CC0102 MP, 108115, resol. del 23/12/1998; CC0102 MP, 103919, resol. del 02/11/1997; CC0102 MP, 102474, resol. del 29/05/1997; CC0101 MP, 97344, resol. del 06/06/1996; CC0102 MP, 96294, resol. del 08/02/1996; CC0102 MP, 95319, resol. del 18/10/1995).
Desde esta perspectiva, limitada exclusivamente al análisis de la procedencia cautelar, los elementos que presenta el caso a partir de los hechos relatados en la demanda y la documental adjuntada no reúnen el elevado estándar para justificar la traba de la medida dispuesta en primera instancia (argto. art. 195, 230 inc. 1°del CPC).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS:
I. Por mayoria, hacer lugar el recurso de apelación articulado por la demandada el 31-3-2022 y, en consecuencia, modificar el alcance de la resolución del 9-12-2021, por lo que la medida cautelar de no innovar queda restringida a la situación jurídica del bien (arts,. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Imponer las costas a la actora vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
IV. Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 05/07/2022 13:26:18 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/07/2022 13:35:34 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/07/2022 09:23:24 - ZAMPINI Nelida Isabel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/07/2022 09:44:05 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 06/07/2022 09:46:21 hs. bajo el número RR-280-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia