Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 174437
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación deducido 16/03/2022 con costas a los demandados vencidos (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
II. Rechazar el recurso de apelación articulado el 17/03/2022 con costas en el orden causado en atención a la ausencia de controversia.
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
IV. Al escrito presentado HECHO NUEVO - DENUNCIA (241000478021016846) , estése a lo aquí resuelto.
V. Al escrito del 15/06/2022 HECHO NUEVO - DENUNCIA (235400478021081850), estése a lo aquí resuelto y, en cuanto al pedido de destitución, deberá canalizarse el planteo en la instancia de origen.
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 174437. JUZGADO N ° 15.
"MUZIO VITO JUAN S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO)".
Mar del Plata
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " MUZIO VITO JUAN S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) " traídas a despacho a fin de resolver los recursos de apelación deducidos por la parte actora y demandada, contra las resoluciones emitidas el 16/03/2022 y el 10/03/2022 respectivamente.
I.1 En la resolución del 10/03/2022 El Dr. Héctor F. Casas, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial nro. 15, se inhibió de intervenir en autos en virtud del fuero de atracción ejercido por el sucesorio del Sr. Mariano Ignacio Muzio Zolezzi, de trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial nro. 11.
Indicó que, de las constancias acompañadas surge que la acción de fondo a entablarse sería una rendición de cuentas y un reclamo de daños y perjuicios contra las autoridades de Mia S.A. (conf. escrito del 4/06/2021) promovida por el Sr. Vito Juan Muzio, por derecho propio y en carácter de heredero del Sr. Mariano Ignacio Muzio Zolezzi y que, de la copia del libro de acciones adjuntado por la perito veedora aquí designada se advierte que el causante ha sido accionista de la sociedad desde el 9/01/2004 (conf. presentación del 24/02/2022) y no se evidencia acto jurídico alguno por el cual el éste se hubiera desprendido de dichos títulos, más allá del acuerdo del 6/8/2018 posterior a su deceso.
En función de ello consideró que el litigio que se ventilará en la acción principal podrá tener incidencia en la determinación objetiva y subjetiva de los bienes relictos, por lo que determinó que la presente causa tramite ante el juez del proceso universal (art. 2336 del CCyCN).
I.2. Mediante la resolución del 16/03/2022 rechazó la sustitución de la cautelar oportunamente decretada (veeduría judicial).
Consideró que la medida pretendida, intervención societaria, es una de las más gravosas e influyentes dentro de la vida y el giro comercial de una sociedad, por lo que requiere para su concesión la verificación de elementos convictivos suficientes que, a su entender, no se encuentran acreditados en este estadio del proceso.
Remarcó que, sin perjuicio de lo resuelto el 10/03/2022 en relación a la presunta titularidad de las acciones en cabeza del Sr. Mariano Ignacio Muzio Zolezzi, no se demostró que haya existido una usurpación de cargos directivos de Mia SA, o perjuicios económicos de entidad, ni se acreditó haber agotado los recursos acordados por el contrato social o la legislación societaria, a los fines de justificar su dictado.
Agregó que la intervención societaria debe evaluarse en el marco de una acción de remoción, la que no fue promovida, por lo que no se reúnen los recaudos exigidos por el art. 114 de la ley 19.550.
II.1. El 16/03/2022 los demandados apelaron la declaración de incompetencia. Expusieron sus agravios en dicho escrito, los que fueron contestados el 21/03/2022.
Señalaron que, tal como surge del contrato acompañado por el actor en su demanda, Mariano Muzio Zolezzi nunca fue accionista de Mia SA.
Explicaron que, de acuerdo al libro de acciones y al informe presentado por la veedora, al 6/08/2018 (fecha en la que se celebró el acuerdo mencionado) todas las acciones se encontraban inscriptas a nombre de Sandra Mariolina Muzio y Patricio Muzio.
Manifestaron que la inscripción de acciones en el folio 2 en favor de Mariano Muzio Zolezzi fue realizada por éste sin existir ninguna transferencia a su favor, a través de la anotación de su titularidad en el libro que custodiaba mientras era Presidente del Directorio.
Sostuvieron que las circunstancias descriptas fueron expuestas el 25/10/2021, se desprenden del escrito del accionante presentado el 29/10/2021 y de los informes de la veeduría del 24/02/2022 y 3/3/20222, pero no fueron tenidas en cuenta por el juez al momento de resolver.
Agregaron que, al no haberse requerido la nulidad del contrato celebrado el 6/08/2018, Mariano Muzio Zolezzi nunca fue accionista de Mia S.A. y, en consecuencia, el magistrado de origen deviene competente para intervenir en autos.
II.2. Mediante el escrito del 17/03/2022 el actor cuestionó la decisión del 16/03/2022 que no hizo lugar a la sustitución de la medida cautelar.
Explicó que de, acuerdo al informe del perito veedor, el causante figuraba como accionista en el libro societario y, con posterioridad a su fallecimiento, fue asentado un nuevo registro de manera ilegítima.
Señaló que ello motivó la declaración de incompetencia del juez, por lo que resulta contradictorio que ahora se considere "presunta" la tiularidad de acciones en cabeza del sucesorio.
Consideró que las circunstancias expuestas por la veeduría traen como consecuencia la nulidad del convenio firmado el 6/8/2018, en tanto fue realizado sin la participación del sucesorio accionista ni la defensora de menores, lo que acarrea la nulidad de las designaciones de autoridades y los actos firmados en tal carácter.
Agregó que no corresponde el agotamiento de la vía societaria en tanto los demandados le niegan el derecho como accionista al causante y el sucesorio no le reconoce legitimidad a las actuales autoridades (por lo que no se cumpliría con los recaudos del art. 114 de la ley 19.950).
Manifestó que la medida se sustentó en el art. 222 del CPCC, por recaer sobre bienes productores de rentas y frutos y existir actos u omisiones de quienes actualmente representan a la sociedad que ocasionan un grave perjuicio y poniendo en peligro en normal desarrollo de las actividades.
Remarcó que las nuevas autoridades alquilaron la planta frigorífica de Mia SA con un contrato simulado en favor de una empresa que les pertenece, cambiaron el objeto social y la actividad tradicional (lo que no está admitido en el estatuto), que desaparecieron bienes, máquinas, vehículo y dinero, entre otros bienes, lo que le confiere la suficiente verosimilitud en el derecho para obtener la intervención pretendida.
III.1. Declaración de incompetencia.
i. Si bien es cierto que el fuero de atracción tiene efecto cuando el causante es demandado, lo que no ocurre en el caso, no lo es menos que "el propósito del fuero de atracción, en lo que respecta a los procesos universales, es la concentración ante un mismo magistrado que entiende en el principal, en principio, de todas las causas que involucren al patrimonio como universalidad. Ello en cuanto esas acciones posean virtualidad potencial de incidir sobre la meta de transmisión" (conf. SCBA en causas 123.950 del 2/09/2020, 123.061 del 14-VIII-2019, entre otras).
Es que, la finalidad del proceso sucesorio radica en la determinación objetiva de los bienes dejados por el causante, y subjetiva de las personas que habrán de recibirlos.
Por lo tanto, si lo aquí pretendido ha de influir directamente en la masa hereditaria, y por ende en la porción que han de recibir los herederos, la cuestión debe ser ventilada ante el juez del sucesorio a fin de facilitar la liquidación de la herencia y la división de los bienes (esta Sala en causa 145.908 del 14/10/2010).
ii. La acción que da sustento a las cautelares aquí requeridas tiene por objeto obtener una rendición de cuentas por parte de Patricio y Sandra Mariolina Muzio y Muzio SA, con motivo de las irregularidades denunciadas en relación a la administración de Mia S.A., la nulidad del acuerdo celebrado el 6/8/2018 y el reclamo de daños y perjuicios (conf. escritos del 31/05/2021, 4/06/2021 y 16/12/2021).
Y, conforme las constancias documentales hasta aquí acompañadas, el Sr. Mariano Muzio Zalezzi (padre fallecido del aquí accionante) habría sido designado presidente de Mia S.A. el 20/10/2014 y resultaría titular de 100 acciones en virtud de la transferencia realizada a su favor el 9/01/2004 (conforme copias certificadas del libro de directorio nro. 1 y del libro de Actas de asambleas nº. 1 y copia de inscripción ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas del 6/12/2016, adjuntadas con el escrito del 4/06/2021).
Lo expuesto resulta concordante con el informe de la veeduria, quien indicó que no se encontró acto jurídico alguno por el cuál el causante se hubiera desprendido de sus acciones (escrito del 24/02/2022 y documentación allí adjunta).
Por su parte, el instrumento privado celebrado el 6/08/2018 en el que se estableció "cuál ha sido la realidad económica jurídica y familiar en base a la cual se ha configurado la situación actual de la FAMILIA MUZIO ZEGARRA-ZOLEZZI CHÁVEZ Y DE LA FIRMA MIA SA" (sic. fs. 1) y donde se afirmó que la "Sandra Mariolina nunca ha efectuado una transferencia accionaria a favor de Mariano Ignacio Muzio Zolezzi" (sic. fs. 3, conf. archivos adjuntos a los escritos del 31/05/2021 y 31/08/2021), no tiene, en principio, la fuerza probatoria suficiente para desvirtuar las constancias obrantes en los libros societarios detallados. Máxime cuando se trata de un relato en relación al destino de las acciones realizado con posteridad al fallecimiento de quien resultaría uno de los principales accionistas (ocurrido el 7/6/2018, argto. arts. 319 CCyC, 73 y 213 de la ley 19950).
Las circunstancias relatadas constituyen indicios suficientes para considerar, liminarmente, acreditada la titularidad de acciones en cabeza del causante al momento de su fallecimiento.
En consecuencia, las pretensiones sobre las que recae la acción principal a la que accede la presente (rendición de cuentas por parte de quienes actualmente detentan la administración societaria y la nulidad del acuerdo realizado el 6/8/2018), se relacionan de tal modo con el sucesorio del Sr. Mariano Ignacio Zalezzi, que justifican que sea un único juez quien las conozca y resuelva.
Por ello, en consonancia con los principios de celeridad y economía procesal emanados de los arts. 34 inc. 5 apartados "a" y "e" del CPCC, corresponde confirmar la inhibición realizada por el magistrado titular del Juzgado en lo Civil y Comercial nro. 15, debiendo las actuaciones continuar su trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial nro. 11.
III.2. Intervención judicial .
i. La intervención de las sociedades comerciales está subordinada a la concurrencia de los presupuestos consagrados por los arts. 113 y 114 de la ley 19550. Las disposiciones del art. 222 del CPCC son subsidiarias a la legislación sustantiva y aplicables en tanto y en cuanto sean compatible con aquella (conf. Speroni Julio, Rodríguez Saavedra Pablo y Di Vito Aldo, en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", dir. López Mesa Marcelo, La Ley, Bs. As., 2012, 1ra ed., T. II, pág. 859).
Aclarado ello, coincidimos con el juez en cuanto a que, al menos en esta instancia del proceso, no se encuentran reunidos los recaudos exigidos para su dictado.
ii. Para su procedencia, no solo se debe verificar la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela, sino que también se requiere que el peticionario acredite: a) su condición de socio, b) la existencia del peligro y su gravedad, c) que se hayan agotado los recursos acordados por el contrato social, esto es, que se intentó poner fin al conflicto a través de los mecanismos internos de la compañía, haciendo las denuncias a la sindicatura o pidiendo la convocatoria judicial a asamblea de accionistas, y d) la promoción de la acción de remoción de los administradores (conf. Ricardo A. Nissen, Curso de Derecho Societario, Hammurabi, Bs. As., 2015, 3ra. ed., pág. 339 y ss.).
En el caso, sin embargo, los recaudos legales señalados no se encuentran cumplidos.
Más allá del carácter de heredero de Mariano Ignacio Muzio que reviste el actor, no se presentó en autos copia del contrato social a los fines de conocer la existencia de previsión alguna en relación a la incorporación o no de los herederos del socio a la empresa, o la estipulación de limitaciones a la libre transmisión de acciones (argto. arts. 155, 213, 214 y concds. de la ley 19550).
Conforme el art. 214 de la ley societaria, el estatuto puede limitar la transmisibilidad de las de acciones. Dichas cláusulas pueden referirse a actos entre vivos o a la transferencia mortis causa, y la jurisprudencia ha aceptado la posibilidad de que la sociedad o los restantes accionistas puedan oponerse a la personalidad del cesionario (cláusulas de "agrado") o establecer un derecho de preferencia para la adquisición de acciones por parte de éstos (cláusulas de preferencia en la adquisición). Del mismo modo, la limitación puede consistir en exigir determinada profesión o calidad para ingresar a la sociedad o establecer un límite a las acciones transferidas (conf. Nissen, ob. cit. pág.455).
A su vez, de acuerdo al art. 215 de dicho régimen, la transferencia debe encontrarse inscripta para resultar oponible tanto a terceros como a la sociedad. Lo que significa que el heredero podrá ser propietario de las acciones, pero no titular del derecho en ellas representado, ni se encuentra legitimado para su ejercicio hasta tanto se proceda a su inscripción (conf. Jorge D. Grispo, Ley General de Sociedades, Rubinzal Culzoni, Santa Fé, 2017 T. III, pág. 326 y ss.).
La falta de acreditación de los extremos expuestos confluye en la inexistencia del cuarto requisito reseñado, relativo a la promoción de la acción de remoción (argro. arts. 113, 114, 265 y concd. de la ley 19550).
En virtud de ello, dado el carácter restrictivo con el que debe apreciarse la procedencia de la intervención pretendida y el estadio inicial del proceso, en el que aún no se ha dirimido la obligación o no de rendir cuentas endilgada a los demandados, corresponde confirmar su rechazo (argto. arts. 113, 114, 115, 213, 214, 265 y concd. de la ley 19550, 204, 222 y concds. del CPCC.
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 22, 204, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS: I.- Rechazar el recurso de apelación deducido 16/03/2022 con costas a los demandados vencidos (arts. 68 y 69 del C.P.C.). II.- Rechazar el recurso de apelación articulado el 17/03/2022 con costas en el orden causado en atención a la ausencia de controversia. III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). IV.- Al escrito presentado HECHO NUEVO - DENUNCIA (241000478021016846) , estése a lo aquí resuelto. V.- Al escrito del 15/06/2022 HECHO NUEVO - DENUNCIA (235400478021081850), estése a lo aquí resuelto y, en cuanto al pedido de destitución, deberá canalizarse el planteo en la instancia de origen. VI.- Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen. V.- En relación al escrito presentado el 28/05/2022, estése a lo aquí resuelto.
Firmas
Funcionario Firmante: 05/07/2022 09:28:14 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/07/2022 13:23:11 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/07/2022 13:27:15 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 06/07/2022 07:54:33 hs. bajo el número RR-279-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia