Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 175610
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 175.610. JUZGADO N ° 9.
"SCIOLI ROBERTO MATEO C/ MARINONE ANA INÉS S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO)
Mar del Plata.
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " SCIOLI ROBERTO MATEO C/ MARINONE ANA INÉS S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte actora el 16/09/2022, contra la resolución del 12/09/2022.
I. El juez rechazó "in límine" la acción por prevención de daños instaurada a los fines de eliminar las publicaciones que habrían realizado los demandados en la red social Facebook, atribuyendo al accionante la autoría de abusos en perjuicio de su hijo y nieta, y evitar que se realicen nuevas en los mismos términos, en tanto afectarían su persona, honor e imagen.
Consideró que existía una identidad absoluta entre el objeto de la pretensión y la tutela cautelar inhibitoria requerida por lo que, al no reclamarse indemnización alguna, debía encauzarse como una medida autosatisfactiva.
Dentro de ese marco señaló que, el hecho de que exista una causa penal contra el actor por delitos que se vinculan con el contenido de las publicaciones cuestionadas impedía reputarlas como injerencias indebidas y/o arbitrarias a su vida personal y, por lo tanto, lesivas de su derecho a la intimidad. Remarcó que, al tratarse de sucesos que tomaron estado de dominio público debían ser analizados como perjudiciales al honor del supuesto afectado.
En relación a las actas notariales de constatación de los perfiles de Facebook acompañadas sostuvo que, los comentarios existentes en el "muro" del usuario "Diego de la Ve-ga" en general no tuvieron reacciones ni fueron compartidos por otros usuarios, lo que revelaría su escaso o nulo poder de difusión y/o propagación y que, si bien podrían ser considerados ingratos, indignantes y hasta ofensivos, de ningún modo podía calificarlos como indudablemente degradantes o injuriantes como se pretende.
En cuanto a la usuaria Ana Inés Marinone indicó que, según pudo constatarse desde la secretaría del juzgado, al día de la sentencia el contenido transcripto por la notaria no se encontraba disponible, o había sido eliminado, por lo que el agravio invocado había perdido actualidad y/o vigencia.
Destacó que otro de los posteos individualizados resultaba una reproducción parcial de un relato autobiográfico de autoría de Sandra M. Scioli (presuntamente extracto del libro "Relieve") y que más allá de la coincidencia de apellidos, no se referiría al actor ni a sus hijos.
Agregó que la última acta realizada refiere a una conversación privada que habrían mantenido las partes a través de la aplicación de mensajería instantánea Whattsapp por lo que, en principio, resultaba imposible o muy dificultosa su divulgación, salvo que alguno de los interlocutores decidiera hacerla pública y que, aún en ese caso, no advertía el carácter injuriante o agravante endilgado.
En función de ello rechazó in limine la acción y destacó que, a todo evento, el interesado podía acudir a vías procesales idóneas en procura de la satisfacción de los perjuicios que considera haber sufrido con motivo de los hechos relatados.
II. El accionante expuso sus agravios el 16/09/2022.
Manifestó que la decisión incumple con las reglas de la sana crítica, en tanto se arriba a una serie de conclusiones contrarias a los antecedentes aportados con la demanda y al estado actual de los perfiles que los demandados poseen en la red social Facebook.
Alegó que no se tomó en consideración la probabilidad cierta de que se continúe afectando sus derechos personalismos.
Mencionó que actualmente existe una fotografía del actor junto a un comentario relacionado al abuso de menores en las cuentas denunciadas y que en el "muro" del usuario "Diego de la Ve-ga" permanece una publicación en la que se hace sesgadamente mención a una causa penal y se vierten contenidos denigrantes a su respecto.
Destacó que no se valoró que no se encuentra identificado el titular de dicha cuenta y que, si bien el juez afirmó la escasa difusión de los comentarios, no existe al momento forma alguna para determinar cuántas personas los visualizaron (ya que los perfiles se encuentran bajo la condición de "públicos", lo que permite que cualquier usuario de la red pueda acceder sin necesidad de solicitar permiso).
Agregó que la resolución carece de fundamentación suficiente, se apartó de la doctrina y jurisprudencia imperante tanto al valorar las constancias como el derecho aplicable al caso y que se realizó una interpretación aislada y literal de la normativa que rige la cuestión sometida a juzgamiento.
Afirmó que la lesión a sus derechos es actual, inminente y existe riesgo de que se agrave en el futuro en tanto la conducta de los accionados permite presumir que, muy posiblemente, continuarán perpetrando publicaciones vulneratorias.
Finalmente remarcó que la acción de prevención del daño instaurada y la tutela inhibitoria urgente solicitada no importaron una pretensión de carácter autosatisfactiva. Explicó que los efectos perseguidos son mucho más extensos, sustanciables y perdurables ya que se proyectan hacia el futuro a los fijes de prevenir el agravamiento de los daños o la causación de otros nuevos.
III. El recurso merece prosperar.
1. La acción preventiva tiene lugar cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento (arts. 52, 1711, 1712 y concds. del CCyC).
La prevención o anticipación del daño constituye un nuevo paradigma del derecho privado, que se traduce en la reglamentación legal e infraconstitucional del principio constitucional de no dañar a otro (art. 19 CN).
La tutela preventiva del daño o tutela de prevención ingresa al sistema de derecho privado establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, junto con otros principios generales, como la buena fe, la prohibición del abuso del derecho, la reparación plena del daño, la protección amplia de la persona humana, la prevalencia de los derechos personalísimos, la tutela de los vulnerables, la libertad y autonomía contractual, los derechos colectivos.
“Consiste en el deber general de actuar, por acción u omisión, que recae en toda persona para evitar la producción de un daño amenazante, el cese del daño en curso, o para impedir su agravamiento disminuyendo la magnitud o extensión, temporal y espacial, de sus consecuencias nocivas” (Galdós Jorge Mario, “La responsabilidad civil. Análisis exegético, doctrinal y jurisprudencial: arts. 1708 a 1780 del Código Civil y Comercial”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2021, Tomo I, pág. 195).
El mismo autor señala que en la tutela de prevención convergen, casi de modo inescindible, el derecho sustancial con el derecho procesal.
La prevención del daño es un instituto de derecho sustantivo (arts. 10, 1708, 1710 a 1713 y 1032 del CCCN), pero la tutela preventiva sustancial (arts. 1710 a 1713 y 1032 del CCCN) se puede efectivizar mediante diferentes figuras procesales (proceso de amparo, medida cautelar innovativa), que incluso pueden derivarse de esa misma fuente normativa, al ser directamente operativa (mandato preventivo, medidas autosatisfactivas, sentencia anticipada, etc.), máxime cuando el art. 1713 del CCCN faculta al juez para imponer obligaciones de dar, hacer o no hacer (Galdós Jorge Mario, “La teoría general de la prevención del daño. Principales reglas y principios”, en La Ley, 27.10.2021, cita on line AR/DOC/3020/2021; Morello Mario Augusto, Stiglitz Gabriel, “Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses colectivos”, ed. Platense, Buenos Aires 1986, pág. 160).
Entre las aplicaciones específicas del instituto se encuentra la evitación del daño para proteger los derechos personalísimos, amparados por los arts. 18, 19, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y arts. 51 y ccdtes. del CCCN, utilizando el esquema del art. 1770 del CCCN (antes del art. 1071 bis del CC), que contempla la posibilidad de publicar la sentencia en un diario o periódico del lugar como medida de “adecuada reparación” (Rivera Julio César, “Instituciones de Derecho Civil. Parte general”, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2010, Tomo I, pág. 779; Rivera Julio César, Crovi Daniel, “Derecho Civil. Parte general”, Directores Julio C. Rivera – Graciela Medina, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2016, pág. 411; Ferreira Rubio Delia, “El derecho a la intimidad. Análisis del art. 1071 bis del Código Civil”, ed. Universidad, Córdoba 1982, pág. 168 y 173 sobre la publicación de la sentencia cuando se ha atentado contra el honor; Cifuentes Santos, “Derechos personalísimos”, ed. Astrea, Buenos Aires 1995, pág. 648 y sgtes.; Ghersi Carlos, “Derechos personalísimos”, ed. La Ley, Buenos Aires 2015, pág. 483 y sgtes.; Molina Quiroga Eduardo, “Redes sociales, derechos personalísimos y libertad de expresión”, en LL-2017-D-590, RCyS-2017-XI-59, cita on line AR/DOC/2149/2017, comentario a fallo de la CN Civ. y Com. Federal, sent. del 16.12.2016; XXXVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Mendoza 2022, Comisión 1 “Derechos personalísimos y nuevas tecnologías”, puntos 1 a 7 de las Conclusiones).
El art. 1713 del CCCN establece que la medida de prevención debe aplicarse ponderando los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad.
En las XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en La Plata en 2017, existió consenso sobre los requisitos exigibles: i) una acción u omisión con razonable aptitud causal para generar un peligro de daño no justificado; ii) la conducta riesgosa debe ser materialmente antijurídica; iii) razonable previsibilidad de la producción, continuidad o agravamiento del resultado nocivo, ponderada en base a estándares de causalidad adecuadas; iv) amenaza a un interés del accionante no reprobado por el derecho, patrimonial o extrapatrimonial, individual o colectivo; v) posibilidad material de detener el efecto nocivo (Comisión 4: “Derecho de Daños. Función preventiva y sancionatoria de la responsabilidad civil”; Kemelmajer de Carlucci Aída, “La función preventiva de la responsabilidad en el Código Civil y Comercial”, en “La acción preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación”, Director Jorge Peyrano, Coordinadora Silvia Esperanza, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2016, pág. 391).
Son legitimados activos quienes acrediten un interés razonable en su prevención y tiene por destinatarios a quienes están en condiciones de evitar el acaecimiento, repetición, agravación o persistencia de daños potencialmente posibles, conforme el orden normal y corriente de las cosas, a partir de una situación antijurídica existente. Debe prosperar en la medida que el accionante posea un interés razonable y, excepcionalmente, puede hacerse valer contra quien no ha generado la amenaza del daño en ciernes, pero se encuentra emplazado de modo tal que puede contribuir a evitar el daño o morigerarlo (María Emilia Funes, “La acción preventiva prevista en el CCyC y su proyección al derecho del trabajo", en Revista Ideides, 29/04/2021).
El “interés razonable” previsto por el art. 1712 del CCCN para la prevención, implica reconocer una legitimación más amplia que para la reparación, que exige la lesión a un interés lícito no reprobado por el ordenamiento jurídico (art. 1737 del CCCN; Arazi Roland, “La tutela preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación”, en “La acción preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación”, ob. cit., pág. 194).
2. El actor inició este proceso con el objeto de obtener la eliminación de las publicaciones que habrían realizado los demandados en la red social Facebook (cuyas constancias se encuentran documentadas en las actas de constatación notariales adjuntadas con la demanda), así como la intimación a que se abstengan de realizar nuevas de iguales características.
Para ello sostuvo que su contenido le causa una perturbación en sus derechos personalismos, le p rovoca una honda afección en su honor y reputación, le genera una profunda sensación de injusticia, irritación y hastío, así como intensos sentimientos de desasosiego y pesar que a lteran y desequilibran su vida de relación y familiar y repercuten negativamente en su proyecto de vida (demanda del 6/09/2022 y archivo adjunto).
En su escrito, además de requerir la realización de ciertas diligencias preliminares a los fines de individualizar a uno de los codemandados, solicitó una tutela cautelar inhibitoria tendiente a obtener la eliminación de la publicaciones e impedir su reiteración, al menos hasta el dictado de la sentencia definitiva. Fundó la verosimilitud en el derecho en la prueba acompañada y el peligro en la demora en la probabilidad que la sentencia se torne ilusoria frente ante la posibilidad de que nuevas acciones como las descriptas produzcan afecciones sobre sus derechos de carácter irreversibles (punto IV).
3. Consideramos que el rechazo in limine de su pretensión no resulta procedente.
La Suprema Corte provincial ha destacado que la potestad jurisdiccional de rechazar in limine la demanda no queda encorsetada en la configuración de deficiencias de orden formal -falta de requisitos de procedibilidad o de admisibilidad extrínseca- sino que también incluye los supuestos en los que medie una acción evidente y manifiestamente infundada -improponibilidad objetiva de la demanda- (S.C.J.B.A., Ac. 104.330 del 21-12-2011, entre otros).
En uno u otro caso el ejercicio de dicha facultad debe ser ejercido con suma prudencia, en tanto la desestimatoria de oficio puede lesionar sin remedio el derecho de acción, íntimamente vinculado al derecho constitucional de petición (art. 18 de la C.N.; art. 8 y 25 C.A.D.H., art. 15 de la Constitución Provincial).
De allí que se haya interpretado que, en el caso de configurarse la hipótesis aprehendida en el art. 336 del CPCC, debe correlacionarse con el deber genérico que prevé el art. 34 inc. 5° del mismo cuerpo legal, esto es, de señalar antes de dar trámite a la petición, los defectos u omisiones formales de que adolezca, ordenando su subsanación (Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos...", p. 113, t. IV-B, LEP, 1990, Buenos Aires).
En el caso, el rechazo tuvo su causa en el encuadre jurídico de la petición como medida autosatisfactiva, y la ausencia de mérito suficiente, a criterio del juzgador, para considerar a las publicaciones denunciadas como lesivas al honor del accionante.
No compartimos la conclusión alcanzada.
3.1. La medida cautelar requerida, si bien coincide con el objeto principal de la demanda, no constituye una tutela de tipo autosatisfactiva, sino una de carácter anticipada, por lo tanto, su oportuno análisis no impide la prosecución del proceso (art. 34 inc. 5to., 232 y cocnds. del CPCC).
Las medidas autosatisfactivas se caracterizan porque el objeto del proceso se superpone con el objeto de la pretensión sustancial y el otorgamiento definitivo de la pretensión procesal importa la satisfacción de la pretensión de fondo y la conclusión del juicio.
La materia sobre la que versa la autosatisfactiva no debe ser susceptible de amplio debate y compleja prueba; calidades éstas íntimamente relacionadas con la fuerte apariencia de que le asistiría razón en sus planteos con que debe contar el requirente si es que pretende un despacho favorable. No se da ello, claro está, en el supuesto de la tutela anticipada de urgencia, a la que le es indiferente si el proceso principal en el cual se inserta exige (o no) un debate y prueba arduos (Peyrano, Jorge W ., “Medida autosatisfactiva y tutela anticipada de urgencia”, publicado en LALEY AR/DOC/3753/2012).
Las medidas anticipatorias, sentencia anticipada, tutela anticipada, anticipo o adelanto de jurisdicción o sentencia adelantada (CSJN, “Camacho Acosta Máximo c. Grafi Graf SRL y otro”, sent. del 7.8.1997, en LL-1997-E-652, con comentario de Morello Augusto Mario, “La tutela anticipada en la Corte Suprema”), contienen un adelantamiento total o parcial del objeto de la pretensión de fondo de modo de evitar un grave perjuicio actual o inminente. La coincidencia entre el resultado que se pretende cautelar y el contenido de la pretensión sustancial es lo que determina su carácter "anticipatorio": su despacho favorable implica -en los hechos- adelantar la satisfacción total o parcial de la tutela requerida en el escrito inicial (esta Sala en causa nro. 174.426 Rr-220 del 31/5/2022).
En el caso, precisamente, conforme los términos de la demanda, la tutela requerida no tiene por finalidad agotar el proceso, sino que, aun cuando su objeto resulte parcialmente coincidente, resulta accesoria de aquél (argto. art. 232 del CPCC).
De esta manera, su concesión, o no, es independiente del trámite principal destinado a dilucidar si efectivamente existió y existe la necesidad de prevenir la consecución de un daño como el invocado (art. 232 del CPCC, 52, 1710, 1711, 1712 y concds. del CCyC).
Es decir que, la decisión que al respecto se adopte en modo alguno afectará la continuación del proceso hasta el dictado de la sentencia definitiva (la que podrá confirmar, extender, reducir o hasta dejar sin efecto una posible cautelar anticipada).
Galdós (“La teoría general de la reparación del daño”, ob. cit., punto IV.1.b), destaca la importancia de insistir y aclarar que cuando nos referimos a la tutela preventiva, tutela de prevención, pretensión preventiva, responsabilidad-prevención, “ aludimos a las medidas preventivas de derecho privado o sustanciales o materiales (arts. 1710 a 1713 Cód. Civ. y Com.) (es decir a la tutela preventiva —que es el género—), y que se efectiviza mediante distintos instrumentos procesales, que no debe confundirse con un supuesto particular de parecida denominación: la sentencia anticipada, anticipo de jurisdicción o "tutela anticipada" (en sentido estricto) que consiste en la sentencia que adelanta, durante el trámite del juicio, la prestación que se concedería en la sentencia. La tutela preventiva como sentencia anticipada es una especie específica de la tutela preventiva genérica o en sentido amplio . La identidad en la denominación no debe conducir a confusiones: una es el instituto general (tutela preventiva inhibitoria) y la otra una especie concreta: "tutela preventiva" (la sentencia anticipada)”.
“En suma, las distintas denominaciones son: tutela preventiva como género que se identifica con el principio general (arts. 10, 1710 a 1713 y concs. Cód. Civ. y Com.); tutela preventiva como especie para referirse a la sentencia anticipada (para identificar a esta figura en particular y evitar mayores dificultades sería conveniente llamarla "sentencia anticipada"); tutela preventiva para mencionar de modo indistinto a las medidas sustanciales de prevención aun cuando puedan tener su propia tipificación o sean innominadas (vgr. mandato preventivo)” (Galdós Jorge Mario, “Responsabilidad civil preventiva. Aspectos sustanciales y procesales”, en Ll-2017-E-1142, RCyS-2019-I-3, cita on line AR/DOC/2479/2017).
3.2. Como consecuencia de lo hasta aquí expuesto, el rechazo in límine decretado debe ser revocado.
No sólo porque, en principio, no se evidencian deficiencias de tipo formales, sino porque tampoco puede, al menos en este estadio inicial, considerarse que se trata de una pretensión manifiestamente improponible.
Los hechos descriptos y la documental presentada en el escrito de promoción permiten valorar, a primera vista, como formalmente viable la petición, teniendo en cuenta que: a ) en la tutela preventiva sustancial se debe probar el daño o la amenaza de daño; b ) en cualquiera de las formas que adopte (medidas autosatisfactivas, mandato preventivo, tutela inhibitoria de expresión o “mordaza legal”, sentencia anticipada, hábeas internet judicial o medida de restricción o prohibición de expresión en Internet ), su objeto recae sobre la prestación sustancial
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.