Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 13540
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución apelada, admitiendo la medida solicitada, ordenando a CLUB DE CAMPO LOS PINGUINOS S.A. se abstenga de aplicar la directiva impartida por el jefe de seguridad y Gerente General referente a la apertura de la ventanilla trasera izquierda del vehículo al momento del ingreso al Club de Campo comunicada el 7-3-2023 respecto del Sr. Marcelo Ezequiel BUSTOS FIERRO, como así también la aplicación, liquidación y ejecución de la multa impuesta consistente en el pago del 50% mensual del monto que corresponde abonar en concepto de expensas a partir del abril y en los meses sucesivos comunicada en fecha 27-03-2023 al actor y de toda otra sanción futura derivada de esta última notificación. Dejando establecido que, dada la naturaleza de la medida, el actor deberá prestar caución juratoria en la instancia originaria y que, cumplido ello, se procederá allí a notificar el presente a la demandada. Asimismo se deja SEÑALADO que rige, en el punto, lo establecido por el art. 207 del CPCC, por lo cual el actor deberá promover -si ya no lo hubiera hecho- el expediente principal, dentro del plazo allí indicado.
Sin costas , atento el carácter de la resolución y la ausencia de bilateralización (art. 68 2° p. CPCC).
Causa N ° MO-13540-2023
VISTO: el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha 20 de Abril de 2023, que fuera concedido en relación y se fundara con el escrito de fecha 26 de Abril de 2023, a cuyos términos cabe remitirse, en homenaje a la brevedad
Que, por las razones que expresó en su escrito de fecha 17 de Abril de 2023, el actor (propietario de una unidad funcional dentro de un country) viene objetando la decisión de la demandada que le ha impuesto -según dice- la obligación de permitir la revisación de su vehículo antes del ingreso al predio, y posteriores sanciones por no acatarla.
La medida fue desestimada en la instancia originaria y ello fue cuestionado por el peticionante.
Así entonces, es claro que la medida que pretende, en realidad, no tiene carácter cautelar (pues no apunta a asegurar el resultado de una eventual sentencia definitiva) sino mas bien anticipatoria.
Básicamente, lo que el quejoso pretende es el adelantamiento de ciertos efectos de la sentencia que, eventualmente, podría dictarse en el proceso que, según anuncia, habrá de promover contra la accionada.
Ahora bien, dado que nuestro sistema procesal no contempla la figura de las resoluciones anticipatorias, de manera general, se acude al efecto a la regla del art. 232 del CPCC.
Cabe entonces recordar los mecanismos anticipatorios de tutela difieren en su esencia de las clásicas medidas cautelares en tanto mientras los primeros implican (y conllevan) el adelantamiento de los efectos del pronunciamiento de mérito, las últimas solo buscan asegurar la eficacia práctica de la sentencia.
Bien ha dicho la doctrina que para la procedencia de estos planteos deben verificarse presupuestos específicos y diferentes de los que son propios de las medidas cautelares, toda vez que por vía de esa medida se anticipa lo que normalmente será objeto de decisión en la sentencia (en el caso que tratamos en el presente trabajo: la desocupación del inmueble en el juicio de desalojo).
Adviértase que en tal caso la función de la tutela urgente no es asegurativa (como en el proceso cautelar), sino que tiene una finalidad diferente: evitar perjuicios irreparables. Sólo esa circunstancia justifica adelantar lo que normalmente debiera ser materia de decisión en la sentencia definitiva (esta Sala en causa nro. 34.997, R.I. 57/15, entre otros).
Los recaudos que tienen que ver con la admisión de este tipo de pretensiones se intensifican si se los compara con las cautelares, exigiendo una dosis de acreditación que va mas allá de la verosimilitud y se acerca al terreno de la probabilidad y, además, la demostración de que si no se accede a la medida se le causará al peticionante un daño de cierta importancia.
Ahora bien, sentado ello y siempre dentro del marco de provisionalidad que caracteriza este tipo de pretensiones, debemos tener en cuenta que, en esencia, el interior del automotor de una persona (propiedad privada) es un reducto donde existe una expectativa razonable de privacidad, estando en juego su derecho a la intimidad, que no puede ser objeto de intromisiones arbitrarias (arts. 19 Const. Nac., 10, 52 y 1770 CCyCN; arts. 222, 294 inc. 5 y ccdtes. CPP, reguladas con una finalidad específica y a cargo de la autoridad pública -prevención de los delitos-).
Desde esta perspectiva, será necesario analizar -en el proceso que se promueve- las resoluciones y medidas adoptadas por parte de la demandada que se llegan cuestionando.
Pero, hasta tanto eso suceda, teniendo en cuenta que el actor ha demostrado su carácter de propietario de la vivienda, dada la documentación y argumentos traídos, ha de primar su derecho a la intimidad y privacidad, constitucionalmente reconocidos.
Consecuentemente, hasta tanto se resuelva el principal y sin perjuicio de lo que pudiera oportunamente resolverse una vez que concurra al proceso la futura demandada, la medida pretendida es atendible, dado el daño que se le generaría al apelante en caso de no hacérselo, sin perder de vista, incluso, las consecuencias patrimoniales derivadas de las sanciones que, según expuso, le han sido impuestas.
Por ello, el Tribunal RESUELVE : REVOCAR la resolución apelada, ADMITIENDO la medida solicitada, ordenando a CLUB DE CAMPO LOS PINGUINOS S.A. se abstenga de aplicar la directiva impartida por el jefe de seguridad y Gerente General referente a la apertura de la ventanilla trasera izquierda del vehículo al momento del ingreso al Club de Campo comunicada el 7-3-2023 respecto del Sr. Marcelo Ezequiel BUSTOS FIERRO, como así también la aplicación, liquidación y ejecución de la multa impuesta consistente en el pago del 50% mensual del monto que corresponde abonar en concepto de expensas a partir del abril y en los meses sucesivos comunicada en fecha 27-03-2023 al actor y de toda otra sanción futura derivada de esta última notificación. DEJANDO ESTABLECIDO que, dada la naturaleza de la medida, el actor deberá prestar caución juratoria en la instancia originaria y que, cumplido ello, se procederá allí a notificar el presente a la demandada. Asimismo SE DEJA SEÑALADO que rige, en el punto, lo establecido por el art. 207 del CPCC, por lo cual el actor deberá promover -si ya no lo hubiera hecho- el expediente principal, dentro del plazo allí indicado.
Sin costas , atento el carácter de la resolución y la ausencia de bilateralización (art. 68 2° p. CPCC).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, DEBIENDO EN LA INSTANCIA ORIGINARIA Y UNA VEZ QUE EL ACTOR PRESTE CAUCION JURATORIA, COMUNICARLE LA PRESENTE A LA DESTINATARIA DE LA ORDEN IMPARTIDA
Firmas
Funcionario Firmante: 13/06/2023 11:49:02 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/06/2023 12:12:32 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/06/2023 12:15:50 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 13/06/2023 12:15:51 hs. bajo el número RR-108-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia