Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 4928
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución apelada en cuanto a la medida cautelar que decreta sin perjuicio de que -en la instancia de origen y si el actor así lo peticiona- se dicte una nueva, acorde a las previsiones de las Res. 14/20, 38/20, 51/20 y 5/2021, 11/2021, 3/2022, 20/2022, 5/2023 y ccdtes. de la IGJ.
Sin costa atento el carácter y novedoso de la cuestión (arg. art. 68 segunda parte del c.p.c.c.).
Causa Nº MO-4928-2021
Y VISTO: Que contra la resolución del 4 de mayo de 2021 se alzó la parte demandada interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación y se fundó con el memorial del día 5 de abril de 2023, replicado el día 13 de abril de 2023
Que llegados estos obrados a la Sala Segunda, desde la Presidencia de la misma y previo informe del Actuario, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Que varias son las quejas que trae el recurrente en su escrito de fundamentación pretendiendo que se revoque el fallo en crisis; y
Al respecto cabe señalar que, frente a planteos de similar tenor que el presente, esta Sala ha entendido pertinente atenerse a las disposiciones emitidas por la autoridad administrativa (esta Sala en Causa Nº MO-7516-2020, antes citada).
Se decía allí que:
" El pedido es del mes de Marzo de 2020, pero en el mes de Agosto de 2019 la IGJ había dictado la Res. Gral 2/2019, contemplando la situación de los suscriptores de planes de ahorro.
Allí se había dispuesto que "las entidades administradoras de planes de ahorro bajo la modalidad de grupos cerrados, deberán ofrecer a los suscriptores ahorristas y adjudicatarios que no registren una mora superior a tres cuotas a la fecha de la vigencia de la presente resolución, el diferimiento del pago de un porcentaje no inferior al veinte por ciento (20%) de las cuotapartes a emitir por las entidades administradoras. Dicho diferimiento será ofrecido a los suscriptores desde la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta el 31 de diciembre de 2019. El diferimiento se aplicará como mínimo durante cinco meses desde la aceptación por parte del suscriptor" reglamentando este mecanismo.
Ahora, cuando la actora acudió al proceso mencionó que la demandada ya venía ofreciendo diferimientos desde el año 2018; por lo demás, y en relación a dicha normativa, sostuvo únicamente que ese diferimiento en algún momento los ahorristas tendrían que abonarlo y que -por lo tanto- "no es una solución".
Eso es todo lo que dijo, y expresó, en aquel momento; no brindó mayores detalles acerca de si ese diferimiento había tenido lugar en los términos de la norma aludida, o cuales eran sus características.
Solo se disconformó con el diferimiento, y nada mas.
Llegado este punto, es del caso señalar que si se plantea determinada problemática a título cautelar y la misma es abordada en una resolución, general y emanada de la autoridad competente, lo menos que puede esperarse es una argumentación, suficiente, acerca de las razones por las que se sostiene la inutilidad de la solución normativamente prevista.
Cosa que, aquí, no se hizo.
Por lo demás, y como bien lo sostiene la recurrente, existe otra resolución, de la IGJ (14/2020), que contempla una solución general para la problemática planteada, y que resulta posterior a la resolución apelada.
Así las cosas, y en tren de dar respuesta a los agravios traídos, es del caso señalar que la existencia de estas dos resoluciones, como así también la documental traída inicialmente y la -incuestionada- variación del valor de los automotores, dan cuenta de una compleja situación para los suscriptores de planes de ahorro.
Ha sido el organismo estatal competente quien así lo ha reconocido, actuando en su consecuencia, con el dictado de las dos resoluciones antedichas.
De este modo, es claro que era acertado el planteo inicial de la accionante en cuanto a que alguna medida debía adoptarse en cuanto al pago de las cuotas.
No podemos, entonces, predicar la incorrección de la medida cautelar decretada, aunque sí resultan -a juicio del tribunal- objetables sus alcances.
Es que si existían resoluciones administrativas específicas sobre el tema (al menos la primera de ellas), que no habían sido suficientemente objetadas por la recurrente, debía procederse con apego a las mismas o, al menos, analizar cual era la situación, en concreto, de la administradora en este caso.
Incluso porque, como bien lo plantea la quejosa, aquí la cuestión no involucra, únicamente, los derechos de la actora y la demandada, sino también los de todos los integrantes del grupo de suscriptores, de acuerdo con la específica modalidad contractual (plan de ahorro) a la que, voluntariamente, accedió la reclamante.
Luego, en tren de dar una respuesta que conjugue todos estos intereses, siguiendo la orientación adoptada por la jurisprudencia local (C 2° Civ. y Com. La Plata, sala 3°, 1/12/2020, "Grazioso Maria Pia C/ Galia Auto Haus S.A. Y Otros S/ Medidas cautelares"), y computando -incluso- las prescripciones del art. 204 del CPCC, entiende el tribunal que la solución del tema pasa por adecuar los términos de la cautelar decretada a las prescripciones de la Res. 14/2020 de la IGJ, en su art. 3".
Asimismo, y con posterioridad a ello, la Sala 3° de esta Excelentísima Cámara, por razones análogas, en un caso en el que se solicitaba una cautelar vinculando el monto de la cuota a un porcentual de los ingresos del peticionante, optó por acoger la cautelar pretendida, pero no limitando el valor de la cuota en relación a los ingresos del accionante sino operando en los términos de dicha normativa reglamentaria (ver C. Civ. y Com. Moron, sala 3°, causa MO - 30688 - 2020, R.I. 227/21, del 13 de Julio de 2021).
Si bien en este caso algunos cuestionamientos se han esgrimido respecto del diferimiento establecido en las mismas los mismos exteriorizan fundamentalmente la disconformidad del quejoso con aquello que se ha dispuesto, con carácter general, por las autoridades competentes; amén de ello, la operatividad de dicho diferimiento (dispuesto en una normativa general, se insiste) y en el ámbito de la cautelar, permitiría adoptar una medida cautelar, mientras tanto se resuelve la cuestión principal.
Aquí está fuera de discusión (y es incluso un hecho notorio) el aumento del valor de los automotores, pero ello implica -en paralelo- una mayor valorización del automotor con el que el actor cuenta hoy en día; por lo demás, la propia dinámica de este tipo de operatoria (plan de ahorros) genera estas eventualidades; siendo que -al menos por el momento- aún no existe ninguna evidencia en el proceso de que hubiera existido alguna conducta indebida en la fijación de los precios de los rodados y, ya cerrando, es imprescindible, al decidir, contemplar fundamentalmente que, amén de los derechos del accionante, están en juego los derechos de los demás integrantes del grupo integrado por él, que también son consumidores y se verían perjudicados frente a la desfinanciación del grupo. En este último contexto, es que -tanto desde esta Sala, como desde la Sala 3° de esta Cámara- se ha optado -y reafirma- por abrevar en la normativa general dictada por el estado para dar respuesta a planteos cautelares como el aquí entablado.
Por lo demás, no es dato menor que la problemática en análisis no ha sido perdida de vista por las autoridades administrativas, habiéndose prorrogado las distintas normas a través de la Resolución General 3/2022 de la IGJ y posteriores (hoy vigente, la Res. 5/2023).
Finalmente, hay dos circunstancias que no podemos dejar de advertir: la primera, es que la presente ha sido iniciada como una medida cautelar, la decisión apelada data de Mayo de 2021 y se tardaron 2 años en notificarla; la segunda es que no se observa que se hubiera iniciado, dentro del término legal, la acción principal, como se anunció inicialmente que se lo haría. No solo en estos dos años, sino también dentro del plazo del art. 207 del CPCC, una vez notificada la medida. Al efecto se ha compulsado el servicio MEV y no se ha podido ubicar una causa principal iniciada sobre esta cuestión.
En este contexto, si había una razón de urgencia para intentar la cautelar, en el año 2021, no se entiende cómo recién en 2023 se procura comunicarla a la destinataria de la orden.
Luego, y por tales razones, entiende el Tribunal que la medida decretada habrá de revocarse, sin perjuicio de que -en la instancia de origen y si la actora así lo peticiona- se dicte una nueva, acorde a las previsiones de las Res. 14/20, 38/20, 51/20, 5/2021, 11/2021, 3/2022, 20/2022, 5/2023 y ccdtes. de la IGJ.
Por otra parte nada corresponde decir en relación a las quejas relativas a la probable incompetencia pues los agravios tienen que ser actuales y no meramente hipotético o eventual (SCBA LP Rc 124711 I 14/06/2021).
Consecuentemente, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución apelada en cuanto a la medida cautelar que decreta sin perjuicio de que -en la instancia de origen y si el actor así lo peticiona- se dicte una nueva, acorde a las previsiones de las Res. 14/20, 38/20, 51/20 y 5/2021, 11/2021, 3/2022, 20/2022, 5/2023 y ccdtes. de la IGJ.
Sin costa atento el carácter y novedoso de la cuestión (arg. art. 68 segunda parte del c.p.c.c.).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 27/06/2023 09:34:10 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 09:42:36 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 10:29:15 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 27/06/2023 10:32:47 hs. bajo el número RR-115-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia