Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 134110
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el decisorio de fecha 26 de diciembre de 2022, en consecuencia, bajo responsabilidad del peticionante y previa caución juratoria -a prestarse en primera instancia- (art. 199 del CPCC), se decreta la medida cautelar de no innovar respecto de las parcelas 24 y 25 de los inmuebles identificados como Circ. I; Secc. C; Ch 15; Manz. 15m de San Miguel del Monte, matrículas 215 -73- y 216 -73-, respectivamente, implicando la misma la prohibición -para ambas partes (actora y demandada)- de efectuar cualquier modificación jurídica y/o fáctica sobre aquéllos, debiendo abstenerse de realizar actos materiales sobre el bien, bajo apercibimiento -en caso de incumplimiento- de aplicar las sanciones conminatorias previstas en el art. 37 del C.P.C.C. y art. 808 del CCyC, disponiendo que rige para la presente medida el plazo de caducidad del art. 207 del C.P.C.C. computable a partir de que el presente decisorio adquiera firmeza Las costas de Alzada se imponen por su orden atento la falta de contradicción.
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 134110; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº21 - LA PLATA
ANCINAS BENITA ISABEL Y OTROS C/ ILARRAGORRY EMILIANO S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO)
La Plata, 16 de marzo de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Llega apelada a esta instancia revisora la sentencia de fecha 26 de diciembre de 2022 en cuanto desestimó la medida cautelar de prohibición de innovar solicitada por los accionantes. Para así decidir, el juez de grado consideró que no se encontraba probada la verosimilitud del derecho en virtud de que el boleto de compra venta suscripto y acompañado como prueba de propiedad de la actora, indica como parte vendedora del inmueble a una persona distinta a la de su titular dominial, conforme surge de los informes de dominios acompañados.
2. Interpone recurso de apelación la accionante mediante escrito de fecha 1 de febrero de 2023, concedido y fundado en tiempo y forma el día 8 y 21 de febrero de 2023, respectivamente; sin respuesta de la contraria atento no hallarse, aun, trabada la contienda.
Se agravia la apelante toda vez que considera errado el razonamiento del sentenciante en exigir acreditar otro hecho que no sea la posesión del inmueble, ya que la real finalidad de la presente acción es hacer cesar los actos de turbación sobre la parcela que se posee hace casi 20 años a la fecha, hecho acreditado sumariamente con la declaración de los testigos acompañados. Alega que, en dicho sentido lo que se interpone es un remedio policial dado por ley a favor de quien se encuentra en posesión o tenencia de un inmueble, con o sin derecho a tenerlo, cualquiera sea el tiempo de duración y origen; contra el que lo turba con violencia o clandestinidad.
En virtud de ello, pide se haga lugar al recurso y se revoque la resolución recurrida.
3. Tratamiento del recurso.
3.1. Conforme surge de los términos de los escritos de demanda y memorial del agravios -21 de diciembre de 2022 y 21 de febrero de 2023, respectivamente- la finalidad perseguida con la medida cautelar requerida no es otra que la protección de la posesión/tenencia invocada por la parte accionante sobre las parcelas 24 y 25 del inmueble identificado como Circ. I; Secc. C; Ch 15; Manz. 15m de San Miguel del Monte, ante los actos materiales que la perturban ejercidos por el demandado Emiliano Ilarragorry. Ello, hasta tanto se inicie, en el plazo de ley, la acción principal correspondiente, la que conforme se vislumbra por los hechos y afirmaciones de la demanda -y memorial- versará sobre la defensa de la posesión y la tenencia. Es decir, no se busca con la cautelar innovativa solicitada el aseguramiento del “derecho a poseer”, sino del derecho de ejercerlo.
A partir de lo expuesto, corresponde señalar que las acciones posesorias, según exista turbación o desapoderamiento, son las únicas que brinda el Código Civil y Comercial para mantener o recuperar la tenencia o posesión de una cosa o de una universalidad de hecho y su ámbito de aplicación está dado por el desapoderamiento. La legitimación activa se concede a todo poseedor o tenedor, aunque fuere vicioso; y la legitimación pasiva se da contra el despojante, sus herederos, y sucesores particulares de mala fe; y puede ejercerse aún contra quien detente un derecho real sobre la cosa (pero no la posesión) y que la hubiere tomado o recuperado por propia voluntad (Alberto J. Bueres, "Código civil y Comercial de la Nación...", Ed. Hammurabi, 3a reimpresión 2015, T2 pág. 485/488). Estas acciones se conceden ante actos materiales, producidos o de inminente producción, ejecutados con la intención de tomar la posesión, contra la voluntad del poseedor o tenedor (ALTERINI, Jorge: Código Civil y Comercial Comentado, Tomo X, La Ley, CABA 2015P. 726/729). Queda más que claro que lo que se protege por medio de esta acción no es el "derecho a la posesión", sino el "hecho de la posesión" en sí mismo, el derecho "de poseer"; no interesa saber quién tiene mejor derecho a poseer, sino quién se encontraba efectivamente en ejercicio de la posesión al tiempo del desapoderamiento o perturbación, aún sin derecho a ello. Tan es así que el artículo 2243 del CCyC reza que si es dudoso quién ejerce la posesión al momento de la lesión, se considera que la tiene quien acredita estar en contacto con la cosa en la fecha más próxima a la lesión. Si esta prueba no se produce, se juzga que es poseedor o tenedor el que prueba una relación de poder más antigua. Es decir que, la posesión se prueba por sus atributos, de hecho, el nuevo código -a diferencia del anterior- evita toda referencia al título o derecho a poseer que, como ya se dijo, es ajeno a la relación posesoria.
3.2. Siguiendo tales lineamientos, puede observarse que yerra el juez de grado en su sentencia al apoyar la falta de verosimilitud del derecho de los accionantes en una cuestión atinente al título y derecho de propiedad sobre el inmueble, al decir que no lo han recibido en venta de quien fuera su titular registral.
Por el contrario, con las declaraciones testimoniales que en carácter de información sumaria se adjuntan a la demanda, certificadas por ante escribano público, se acredita -con grado de verosimilitud y en principio- que las demandantes ocupan las parcelas 24 y 25 de los lotes anteriormente identificados, linderos a sus viviendas, desde hace mas de 20 años, a quienes se las identifica como dueñas y en carácter de continuadoras de su padre -Tito Ancinas- quien las habría adquirido oportunamente. Asimismo, identifican al demandado de quien dicen haber visto frecuentar las tierras, acompañado de una abogada, a la vez que ha realizado actos materiales que impiden el ingreso de los hermanos Ancinas (art. 385 el C.P.C.C.).
3.3. Lo que se pretende a través del dictado de la medida cautelar innovativa solicitada es modificar la situación de hecho de la cosa litigiosa imperante al momento de su decreto. Tal como se establece en el artículo 230 del C.P.C.C., la medida innovativa exige como requisitos de procedencia: a) la verosimilitud del derecho; b) el peligro en la demora de forma tal que la sentencia se torne ilusoria o bien su ejecución ineficaz o imposible; c) que la cautela no pueda ser obtenida por medio de otra medida.
Así, habiendo meritado en el punto 3.2. que se encuentra acreditada, en principio, la verosimilitud del derecho invocado y, por la propia naturaleza de los hechos que se denuncian, el peligro en la demora -de no dictarse la medida- se encuentra configurado con la posibilidad cierta de impedir a los actores el ejercicio de su derecho que no es otro que la ocupación que vendrían realizando; a la vez que el agravamiento del daño en el caso que el demandado continúe avanzando con actos materiales.
En consecuencia, hallándose acreditada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora y, siendo que además tal aseguramiento no puede ser canalizado por otra medida, corresponde hacer lugar a la cautelar innovativa solicitada, revocando así la sentencia apelada (arts. 195; 199, 230, 384, 385 y 607 del C.P.C.C; art. 2238 del CCyC). En tal sentido, con el fin de garantizar en forma efectiva el cumplimiento del objeto del proceso a iniciarse, de conformidad con lo dispuesto en el art. 607 del C.P.C.C., bajo responsabilidad del peticionante y previa caución juratoria (art. 199 del CPCC), decrétase la medida cautelar de no innovar respecto de las parcelas 24 y 25 de los inmuebles identificados como Circ. I; Secc. C; Ch 15; Manz. 15m de San Miguel del Monte, matrículas 215 -73- y 216 -73-, respectivamente, implicando la misma la prohibición -para ambas partes (actora y demandada)- de efectuar cualquier modificación jurídica y/o fáctica sobre aquéllos, debiendo abstenerse de realizar actos materiales sobre el bien, bajo apercibimiento -en caso de incumplimiento- de aplicar las sanciones conminatorias previstas en el art. 37 del C.P.C.C. y art. 808 del CCyC.
Rige para la presente medida el plazo de caducidad del art. 207 del C.P.C.C. computable a partir de que el presente decisorio adquiera firmeza (art. 34 inciso 5 del C.P.C.C.).
4. Las costas se imponen por su orden atento la falta de contradicción (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
POR ELLO, se revoca el decisorio de fecha 26 de diciembre de 2022, en consecuencia, bajo responsabilidad del peticionante y previa caución juratoria -a prestarse en primera instancia- (art. 199 del CPCC), se decreta la medida cautelar de no innovar respecto de las parcelas 24 y 25 de los inmuebles identificados como Circ. I; Secc. C; Ch 15; Manz. 15m de San Miguel del Monte, matrículas 215 -73- y 216 -73-, respectivamente, implicando la misma la prohibición -para ambas partes (actora y demandada)- de efectuar cualquier modificación jurídica y/o fáctica sobre aquéllos, debiendo abstenerse de realizar actos materiales sobre el bien, bajo apercibimiento -en caso de incumplimiento- de aplicar las sanciones conminatorias previstas en el art. 37 del C.P.C.C. y art. 808 del CCyC, disponiendo que rige para la presente medida el plazo de caducidad del art. 207 del C.P.C.C. computable a partir de que el presente decisorio adquiera firmeza Las costas de Alzada se imponen por su orden atento la falta de contradicción. REGISTRESE. NOTIFÍQUESE CON CARÁCTER URGENTE a la actora, en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA y, a la demandada por cédula a su domicilio real, conforme art. 11 de la normativa antes citada, notificación que se realizará en la instancia de origen. DEVUELVASE CON CARÁCTER URGENTE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 16/03/2023 07:27:04 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2023 08:16:25 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 16/03/2023 08:42:23 hs. bajo el número RR-103-2023 por AGUILERA MARIA FLORENCIA.
Fin de la sentencia