Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 143856
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la apelada resolución del 20/08/2026 en lo que fuera materia de recurso y agravios. Costas de alzada al recurrente.
En la ciudad de La Plata, a los 10 días del mes de Septiembre de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "PERTICARARI REINALDO SALVADOR C/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Y OTROS S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO)" (causa: 143856), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia de fecha 20/08/2026?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. Antecedentes.
1.1. El 20/08/2026 la Juez de primera instancia, con sustento en los arts. 330 y 336 CPCC, entendiendo que la falta de aclaración de la pretensión y de determinación de la persona del demandado compromete el ejercicio del derecho de defensa y el principio de congruencia, rechazó in limine la demanda, con costas al actor.
Consideró que frente a lo solicitado el 05/08/2026 la presentación del 11/08/2026, dando respuesta, no satisface lo requerido y que, por el contrario, persiste la falta de precisión acerca de la pretensión y de las personas contra quienes sería dirigida.
1.2. Contra esta forma de decidir se alza el accionante, expresando su crítica el 30/08/2026.
Refiere en una extensa y difusa presentación , en lo sustancial, que la pretensión cautelar resulta absolutamente explicitada; que se encuentra comprometida su vivienda y su derecho de propiedad; que existe peligro en la demora; que el órgano judicial debía priorizar la tutela preventiva y el acceso efectivo a la jurisdicción y que el rechazo sustentado en las exigencias del art. 330 del ordenamiento ritual importa, en las circunstancias que invoca, un gravamen irreparable; que pretende accionar contra quienes considera responsables de las conductas denunciadas, insiste en la medida de no innovar y solicita que se otorguen las cautelares peticionadas.
2. Tratamiento de los agravios.
2.1. Memorial. Su contenido.
Liminarmente corresponde señalar como juez del recurso que, pese a que el memorial de autos presenta una exposición profusa, reiterativa y contiene manifestaciones que exceden el objeto estrictamente procesal sometido a revisión, es posible individualizar una crítica dirigida contra el fundamento central de la decisión apelada. Esto es que la deficiencia formal que se advierte posea entidad suficiente para justificar la clausura inicial del proceso porque que de sus presentaciones puede determinarse tanto el bien que pretende proteger como el contenido esencial de las medidas precautorias solicitadas.
En consecuencia, resultando que esa critica alcanza, en el particular contexto de autos, el umbral necesario para habilitar la revisión de esta Alzada, queda habilitado el ingreso al tratamiento del recurso (arts. 260, 261 CPCC).
2.2. Alcance objetivo y subjetivo de la pretensión.
La cuestión a analizar se vincula con determinar si las deficiencias verificadas en la formulación de la pretensión justifican el rechazo total y definitivo in limine dispuesto por la jueza de grado o si corresponde adoptar una solución de saneamiento y encauzamiento procesal menos restrictiva del derecho de acceso a la jurisdicción.
Tal como señaló la juez de origen, el art. 330 CPCC establece los recaudos que debe contener la demanda, entre ellos la individualización de las partes, la determinación de la cosa demandada, la exposición de los hechos y la petición formulada en términos claros y positivos. Y por su parte, el art. 336 del mismo cuerpo legal autoriza al juez a rechazar de oficio aquellas demandas que no se ajusten a las reglas establecidas.
Sin embargo, entiendo que esa potestad no puede ser apreciada aisladamente sino que debe coordinarse con los deberes de dirección y saneamiento del proceso que pesan sobre los jueces y con la garantía de tutela judicial efectiva consagrada en los arts. 18 de la Constitución Nacional y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Es en ese sentido que se ha pronunciado esta Sala en la causa 130.662, "Israel Silicaro Osvaldo Juan c/ Castro Liliana Mercedes", sentencia del 15-VIII-2023 sosteniendo que el rechazo in limine debe ser ejercido con especial prudencia, por cuanto una desestimación oficiosa puede cercenar el derecho de acción; y que tal solución debe quedar reservada para aquellos supuestos en los cuales la inadmisibilidad resulte manifiesta como también que la facultad del art. 336 CPCC debe ser relacionada con el deber previsto en el art. 34 inc. 5° del mismo Código de señalar los defectos u omisiones y procurar su subsanación antes de clausurar el acceso al proceso. En el mismo sentido se pronunció la Sala en la causa 119.771, "Pagano Héctor s/ Quiebra", respecto a que el rechazo inicial reclama suma prudencia por hallarse comprometido el derecho constitucional de petición.
Ahora bien, lo expuesto no importa neutralizar las exigencias del art. 330 CPCC toda vez que la claridad de la pretensión no constituye un ritualismo vacío: delimita el objeto del proceso, posibilita la defensa de la contraparte y fija el ámbito dentro del cual puede actuar el órgano jurisdiccional.
Por ello, frente a las consecuencias severas del rechazo in limine, es que corresponde distinguir entre una demanda absolutamente indescifrable o manifiestamente improponible y una presentación que, aunque deficiente y necesitada de ordenamiento, permite identificar un conflicto, el bien comprometido y la tutela jurisdiccional pretendida (Morello, Sosa, Berizonce "Cgos....." Ed. Platense-Abeledo Perrot, 1990, T. IV-B, pág. 21 y ss..).
2.3. Sobre la base de las consideraciones precedentes, en el supuesto de autos, asiste razón a la jueza de primera instancia en cuanto advirtió una seria deficiencia en el escrito de demanda de la parte accionante, que motivó el dictado de la resolución del 05/08/2026 donde requirió expresamente que se determinara el proceso principal y quiénes las personas concretamente demandadas.
Como respuesta a ello, el actor el 11/08/2026 se presentó sin responder en forma ordenada, directa e inequívoca tales cuestiones, reiterando las circunstancias que considera irregulares, ampliando sus denuncias, agregando solicitudes de intervención institucional, insistiendo en la pretensión cautelar.
De tal plataforma se advierte que la observación efectuada por la jueza de grado no resultó arbitraria y tampoco satisfecha.
Del escrito de demanda se puede verificar a) el inmueble cuya situación pretende preservar; b) el proceso judicial de desalojo que considera fuente inmediata del peligro; c) el negocio jurídico que invoca como fundamento de sus derechos -cesión onerosa con entrega de posesión-; d) el régimen de regularización dominial que cuestiona; e) las personas que intervinieron como actores en el proceso anterior; f) determinados organismos públicos cuya actuación atribuye al conflicto; y g) diversas medidas precautorias concretas, entre ellas la prohibición de innovar, anotación de litis, embargo y constatación, que conduce a demostrar que no se está ante la absoluta ausencia de objeto procesal ni frente a una petición carente de todo contenido jurisdiccional reconocible y que hay una pretensión cautelar identificable.
Frente a ello, continúa insuficientemente determinada la pretensión sustancial definitiva que dicha cautela habrá de asegurar y la exacta configuración subjetiva de esa futura relación procesal de entidad para el abordaje de las medidas cautelares. Ello cuando trátanse de cautelares de corte material o anticipatorias, que por adelantar total o parcialmente los efectos de la sentencia, la exigencia de los presupuestos para su dictado se profundizan (arts. 230, 232 y ccs. CPCC) de todo lo que se concluye en lo acertado de la resolución apelada del 20/08/2026.
2.4. En cuanto a las numerosas afirmaciones vinculadas con la existencia de delitos, responsabilidades funcionales, hechos de corrupción, persecuciones institucionales y demás imputaciones contenidas en las presentaciones, no integran por sí mismas, el objeto inmediato de esta apelación.
Al respecto destacamos que la revocación que aquí se propone no importa tener por acreditadas tales afirmaciones, ni formular juicio acerca de responsabilidades civiles, administrativas, penales o políticas de persona u organismo alguno por cuanto la decisión se limita exclusivamente al examen de la regularidad procesal del rechazo in limine y a preservar la posibilidad de que las pretensiones que jurídicamente correspondan sean formuladas y examinadas por el órgano competente con arreglo al debido proceso, y no importar emitir juicio alguno acerca de la existencia de los ilícitos denunciados, de la validez o invalidez sustancial de los actos cuestionados, ni de los derechos que pudieran corresponder a las partes en el proceso de desalojo relacionado.
No le corresponde a esta Cámara, en el estado actual de las actuaciones, determinar la veracidad de las graves imputaciones formuladas por el peticionario contra funcionarios, órganos estatales o particulares como tampoco resolver aquí la validez de los instrumentos relacionados con la ley 24.374.
Consecuentemente, voto POR LA AFIRMATIVA
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la AFIRMATIVA. .
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo: En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, confirmar la apelada resolución del 20/08/2026 en lo que fuera materia de recurso y agravios. Postulo que las costas de Alzada se impongan al recurrente que reviste objetiva condición de vencido (arts. 68, 69 CPCC)..
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se confirma la apelada resolución del 20/08/2026 en lo que fuera materia de recurso y agravios. Costas de alzada al recurrente. REG. NOT y DEV.
Fin de la sentencia