Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76550
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
B.76.550 “ORGANIZACION DE AMBIENTALISTAS AUTOCONVOCADOS C/ PARQUE INDUSTRIAL RUTA 6 S.A. S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008.”
I. La Asociación Civil Organización de Ambientalistas Autoconvocados, a través de sus apoderados, promueve acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva contra el Parque Industrial Ruta 6 SA (PIR6 SA), con el objeto de que se ordene el cese de las obras y/o puesta en funcionamiento del parque ubicado en el kilómetro 180 de la Ruta Provincial N°6, a la altura de la localidad de Cardales, hasta tanto obtenga y exhiba el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) emitido por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y todas las restantes habilitaciones por parte de los organismos competentes que correspondan.
A título cautelar, requiere que se disponga la inmediata suspensión de los trabajos que se estarían realizando en el área, que considera clandestinos.
Relata que, pese a haberse anunciado por la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, en el mes de abril de 2015, la construcción del mentado polo industrial y haber dado inicio a las pertinentes tareas de ejecución, el OPDS informó en el marco del expediente N°2145-23926/18 que la firma no contaba con el respectivo certificado y que el trámite iniciado al efecto se encontraba paralizado por causas imputables al requirente. A ello agrega que la accionada amplió el proyecto que fuera originalmente propuesto sin haber presentado el correspondiente estudio de impacto ambiental para su aprobación.
Finalmente, sostiene que la firma no cuenta con el certificado de zona apta en los términos del art. 16 del decreto 1741/96 ni con el permiso de vuelco de efluentes de líquidos industriales, conforme lo establecido en el art. 6 de la ley 5.965, entre otras presuntas irregularidades.
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, cuya titular -compartiendo los fundamentos esgrimidos por la señora Agente Fiscal interviniente- se declaró incompetente. Ello, por entender que la cuestión controvertida se vinculaba directamente con la actuación u omisión en el ejercicio de potestades públicas (conf. arts. 166 y 192 incs. 4 y 6, Const. prov., 5, ley 11.723 y 1 y 2, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Al así decidir, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. Sin embargo, su magistrada se rehusó a intervenir en el asunto tras considerar que de la exposición de los hechos que dan sustento al litigio no surgía ninguna atribución de responsabilidad endilgada ni al Estado provincial ni al municipio y, estimando que el pleito se regía por normas del derecho privado, concluyó que el asunto se encontraba sustraído de su esfera de conocimiento (conf. art. 4 inc. 1, CCA).
En consecuencia, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a esas normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de tales sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art.4, CCA).
IV. Por su parte, es preciso recordar que en las pretensiones de contenido medioambiental resultan aplicables las disposiciones previstas en la ley 11.723 –invocada expresamente por la actora en su escrito inicial-, en cuanto establecen que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados allí individualizados "...quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada" (arts. 34 y 35).
Mientras que, en aquellos casos en donde "el daño o la situación de peligro sea consecuencia de acciones u omisiones de particulares, el afectado, el defensor del pueblo y/o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente podrán acudir directamente ante los tribunales ordinarios competentes", pudiendo ejercitar una serie de acciones que allí enuncia (art. 36).
V. En la especie, la asociación civil persigue el cese de la construcción y/o puesta en funcionamiento de un parque industrial impulsado por la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, hasta tanto el Parque Industrial Ruta 6 SA obtenga todas las habilitaciones obligatorias requeridas por la normativa vigente en la materia.
Ahora bien, se advierte que la parte actora en diversos pasajes de su demanda pone de manifiesto una serie de actos y omisiones que pueden ser considerados como generadores de responsabilidad estatal, por haber ocurrido con motivo o en ocasión del ejercicio de funciones administrativas por parte de uno los sujetos enumerados en el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial (conf. arts. 1 y 2 inc. 4, CCA).
Al respecto, denuncia la falta de celebración de un audiencia pública, en los términos de la ley 25.675, como requisito de validez del procedimiento administrativo en donde tramita la expedición del correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental (v. fs. 46).
Para más, indica que mediante esta acción "se cuestionan los eventuales actos administrativos emanados de las máximas autoridades del OPDS", por resultar "altamente reprochables por su permisibilidad en la continuidad de la conducta dañosa que despliega la empresa demandada". A esto agrega que, pese a que la autoridad de aplicación había tomado conocimiento en el marco del expediente N° 2145-5608/15 de los incumplimientos y las graves infracciones en las que incurriera la accionada, no se procedió a la imposición de las debidas sanciones; motivo por el cual, entiende que la actuación de la Administración resulta reprochable (v. fs. 47).
VI. Siendo así, con la provisionalidad inherente a esta etapa del proceso es posible inferir que la controversia subsume en la cláusula que define la materia contencioso administrativa y, en particular, en las previsiones de la ley 11.723 que confieren competencia a los órganos del fuero especializado en los asuntos en los que el daño o la amenaza de daño ambiental provenga de acciones u omisiones estatales, en tanto la actora denuncia un irregular ejercicio del poder de policía ambiental en cabeza de la Provincia con relación a un emprendimiento promovido por una municipalidad. De allí que, independientemente de la óptica con la que habrá de juzgarse a la empresa demandada, en esta parcela la cuestión debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público (arts. 166 in fine , Const. prov., 1 y 2 inc. 4, CCA y 34 y 35, ley 11.723; conf. causa B. 75.995, "Mennitto", resol. de 22-III-2016).
VII. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 departamental.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:44:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:17:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:22:21 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 09:56:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 11:01:49 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia