Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77953
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Azul para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.77.953 “CANO SUSANA PATRICIA Y OTROS C/ INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IOMA) S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-“
I. Las señoras Patricia Gavazza, Cecilia Verónica Domínguez, Susana Patricia Cano, Ana María Marini y Nora Sack promueven una pretensión de medida cautelar autónoma o anticipada colectiva contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), a fin de que se garantice la prestación integral de los servicios médicos, incluyendo clínicos y especialistas en todas las ramas, que cubran las necesidades de los afiliados domiciliados en la ciudad de Tandil y se ordene el reintegro de la totalidad de las sumas que éstos deban abonar de su propio peculio. Si bien no se explayan sobre la legitimación bajo la cual formulan la petición, las actoras adjuntaron a su presentación inicial documentos que acreditan su condición de afiliadas al ente autárquico demandado.
Al respecto, afirman que el IOMA hace aproximadamente un año que no cumple con las obligaciones a su cargo, vulnerándose de este modo los derechos a la salud, a la dignidad y al bienestar general de los beneficiarios que nuclea.
A su vez, alegan que el listado de prácticas médicas y sus costos confeccionado por la obra social se encuentra desactualizado, lo que provoca una disminución de la cartilla de profesionales disponibles, en desmedro de una adecuada y eficaz cobertura del servicio ofrecido.
Por último, manifiestan que posteriormente incoarán una “demanda ordinaria solicitando se le permita elegir el destino de sus aportes a fin de trasladar los mismos a la obra social que el mismo decida” (v. punto VI del escrito postulatorio de fecha 10-V-2021).
II. En lo que aquí concierne, la causa recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Tandil. En su primera intervención, el magistrado a cargo del órgano entendió que se trataba de un supuesto alcanzado por las previsiones de la ley 24.240 y, previo a resolver el remedio precautorio articulado, dispuso que se libraran oficios al Círculo Médico, a la Agremiación Médica y a distintos nosocomios -todos ellos de la localidad de Tandil-, para que brinden información relacionada con la cuestión debatida en autos.
Practicada la referida diligencia, el juez subrogante, pese a estimar que no se encontraba habilitado para conocer en el proceso principal que la parte actora había anunciado que instaría, rechazó la tutela cautelar peticionada. Sin embargo, decretó una medida preventiva de negociación contractual en miras de propiciar la autocomposición de la litis (v. resol. de 29-VI-2021).
Contra aquel resolutorio, las demandantes interpusieron recurso de apelación (v. presentación electrónica de fecha 6-VII-2021 y memorial de fecha 1-VIII-2021).
Posteriormente, se presentó el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, quien solicitó intervenir en calidad de tercero y que la contienda tramitara en clave colectiva. Asimismo, requirió que “se dicte una medida urgente de no innovar (conf. art. 230 del CPCC), intimando al IOMA y al Círculo de Médico de Tandil al efectivo cumplimiento del convenio oportunamente suscripto entre ambas partes, a fin de garantizar la adecuada atención médica a todos los afiliados del IOMA en la ciudad de Tandil, respecto de todas las categorías profesionales y en relación a la totalidad de las especialidades convenidas” (v. escrito electrónico de fecha 3-VIII-2021).
No obstante, el magistrado actuante denegó la pretensión allí esbozada, lo que condujo a la interposición de una nueva apelación (v. resol. de 11-VIII-2021, presentación electrónica de fecha 12-VIII-2021 y memorial de fecha 23-VIII-2021).
Por su parte, la apoderada del Fiscal de Estado compareció a juicio y también dedujo recurso de apelación contra la decisión adoptada el día 29 de junio de 2021. En dicha ocasión, sostuvo que el juzgado del fuero civil y comercial no resultaba competente para intervenir en las presentes actuaciones y, menos aún, para dictar una medida cautelar. A esto añadió que la resolución atacada resultaba ilegítima y que incurría en autocontradicción (v. presentación electrónica de fecha 19-VIII-2021 y memorial de fecha 2-IX-2021).
A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental hizo lugar al recurso opuesto por la Fiscalía de Estado y concluyó que la controversia debía ventilarse por ante el fuero especializado. En virtud de ello, declaró su incompetencia para adentrarse en el tratamiento de los agravios esgrimidos por la parte actora y por el Defensor del Pueblo (v. resols. de 19-X-2021 y 2-XII-2021).
De esta manera, los obrados fueron remitidos a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, cuyos miembros consideraron que su actuación devenía prematura, toda vez que el juez de primera instancia del mismo fuero aún no se había expedido fundadamente respecto de la competencia que le fuera endilgada (v. resol. de 15-III-2022).
Es así que el expediente fue radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Azul. Empero, su titular también se rehusó a entender en el litigio en la inteligencia de que el asunto estaba específicamente sustraído de su esfera de conocimiento, toda vez que la actora no había cuestionado el marco legal -esto es, la ley 24.240- que el magistrado de origen estimó aplicable al caso (v. resol. de 7-IV-2022).
Por consiguiente, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
En consecuencia, el referido criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV. Bajo tales premisas y sobre la base de que para la determinación de la competencia es necesario atender, de modo principal, a la exposición de los hechos que la parte actora hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 75.270, "Saldaña", resol. de 6-VI-2018 y B. 77.360, "Municipalidad de Armstrong", resol. de 15-X-2021; B. 77.317, “Pérez”, resol. de 26-XI-2021 y B. 77.504, “Municipalidad de General Pueyrredon”, resol. de 16-III-2022), debe ponderarse que el objeto de la medida cautelar requerida consiste en que el IOMA garantice la prestación de los servicios médicos a sus beneficiarios domiciliados en la ciudad de Tandil y reintegre de forma total las sumas que éstos deban abonar de su propio peculio para acceder a dichas prácticas, como paso previo al proceso principal que las actoras dicen que iniciarán, el cual perseguirá el reconocimiento del derecho de las demandantes -y del grupo que dicen representar- a afiliarse o no a la obra social demandada.
Siendo esto así, y más allá de lo que quepa decir respecto de los vaivenes procesales suscitados en autos y la legislación que debe aplicarse para resolver la controversia en ellos ventilada (v. a todo evento, art. 30, seg. párr., ley 13.133 -texto según ley 14.514-), cabe afirmar que el presente caso subsume prima facie en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa.
Ello, en tanto el pleito se estructura en torno a la presunta omisión incurrida por el ente demandado en el ejercicio de la función pública que le fuera expresamente encomendada, a la par que procura la obtención coactiva de las prestaciones asistenciales que se encuentran a su cargo (conf. arts. 166 in fine , Const. prov., 1, CCA; 1, ley 6982; conf. causas B. 71.722, “Sosa”, resol. de 7-III-2012; B. 71.896, "Ferreyra", resol. de 9-V-2012; B. 72.966, "M., M. A.", resol. de 4-VI-2014; B. 75.350, “D. V., L. D. C”, resol. de 1-VIII-2018, e.o.).
V. Por las razones expuestas, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Azul, el órgano que continúe conociendo en la presente controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Azul para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del mismo departamento judicial con asiento en la ciudad de Tandil.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2022 20:02:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/04/2022 09:49:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2022 18:31:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 18:00:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 19:42:38 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2022 19:43:14 hs. bajo el número RR-396-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia