Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76549
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
B.76.549 “TROILO MARIA NIEVES Y OTROS C/ FRANCISCO LUCAS Y OTROS S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. El señor Rolando Daniel Lecina y las señoras María Nieves Troilo y Tania Eva Catalina Medina, por derecho propio y en representación de sus hijos, promueven acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva contra los señores Lucas Francisco, Matías Francisco, Miguel Zocca y contra quienes resulten responsables y/o beneficiarios de la explotación de la Parcela 394A, Partida 11794, Circunscripción 2, Sección RU, ubicada en el partido de Exaltación de la Cruz y/o contra quienes resulten responsables de la aplicación de fertilizantes y otros productos químicos destinados a favorecer la producción agrícola en la zona límite entre los usos urbanos y rurales y en las zonas linderas con los establecimientos escolares y/o contra quienes sean responsables del acopio de esos productos y maquinaria de fumigación en zona urbana.
Persiguen el cese inmediato de la actividad desplegada, que consideran antijurídica, y que se disponga para el futuro la adopción de las medidas necesarias para preservar el medioambiente y la salud pública en el área antes referenciada.
A título cautelar, requieren que se decrete la suspensión de las prácticas de fumigación que se realicen a una distancia menor a mil doscientos (1.200) metros de la zona urbana, la escuela rural o las viviendas habitadas por los accionantes y del tránsito de maquinaria agrícola. Al mismo tiempo, peticionan la clausura preventiva de los depósitos de estos productos -a los que denominan agrotóxicos- sitos en el casco urbano.
Fundan su demanda en los graves riesgos y el perjuicio irreparable sobre los bienes invocados que apareja la falta de realización de un Estudio de Impacto Ambiental de las actividades cuestionadas y el inadecuado manejo de residuos especiales, conforme lo dispuesto en las leyes nacionales 25.675, 24.051 y provinciales 11.723, 11.720 y 10.699 y su decreto reglamentario 499/91.
Al respecto, relatan que el día 11 de marzo de 2019 una avioneta con matrícula LV-GXT realizó fumigaciones ilegales en un predio lindero a la Escuela Primaria N°4 y la Escuela Secundaria Técnica N°1 de Parada Robles, esparciendo sustancias tóxicas sobre un campo ubicado en el kilómetro 79 de la Ruta Provincial N°8, explotado por la empresa Wolfys SA y el codemandado Miguel Zocca.
En virtud de esto, indican que se inició el expediente administrativo N° 4036-44008/19 y se labraron las actas de inspección N° 10.410 y 10.411. Asimismo, manifiestan que el señor Alejandro Charrato en su carácter de Delegado comunal radicó una denuncia penal que tramita ante la UFI de Capilla del Señor, bajo el N° 355/19.
Finalmente, afirman que lo narrado constituye un ejemplo de los hechos que habitualmente ocurren en distintas localidades del partido, lo que ha motivado que el día 29 de junio de 2018 un grupo denominado "Exaltación Salud" presente un reclamo formal ante el señor Intendente municipal, que habría recibido una respuesta ambigua e insatisfactoria por parte de las autoridades comunales.
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, cuyo titular se declaró incompetente por considerar que las múltiples pretensiones planteadas podrían involucrar la responsabilidad de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, por su actuación u omisión en el ejercicio de potestades públicas vinculadas a la ejecución de normas urbanísticas y ambientales aplicables al caso (conf. arts. 166 y 192 incs. 4 y 6, Const. prov. y 1 y 2, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Al así decidir, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. Sin embargo, su magistrada se rehusó a intervenir en el asunto tras considerar que de la exposición de los hechos que dan sustento al litigio no surgía ninguna atribución de responsabilidad endilgada ni al Estado provincial ni al municipio y, estimando que el pleito se regía por normas del derecho privado al ceñirse el objeto de la demanda a la recomposición del medioambiente por el daño provocado por particulares, concluyó que el asunto se encontraba sustraído de su esfera de conocimiento (conf. art. 4 inc. 1, CCA).
En consecuencia, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a esas normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de tales sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art.4, CCA).
IV. Por su parte, es preciso recordar que en las pretensiones de contenido medioambiental resultan aplicables las disposiciones previstas en la ley 11.723 –invocada expresamente por la actora en su escrito inicial-, en cuanto establecen que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados allí individualizados "...quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada" (arts. 34 y 35).
Mientras que en aquellos casos en donde "el daño o la situación de peligro sea consecuencia de acciones u omisiones de particulares, el afectado, el defensor del pueblo y/o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente podrán acudir directamente ante los tribunales ordinarios competentes", pudiendo ejercitar una serie de acciones que allí enuncia (art. 36).
V. En la especie, los actores persiguen el cese de manera inmediata de las actividades relacionadas a la fumigación y acopio de agroquímicos en determinadas zonas del partido de Exaltación de la Cruz, junto a la adopción de las medidas necesarias para la preservación del medioambiente y la salud pública. Así, dirigen su pretensión contra una serie de particulares y contra un demandado genérico.
Ahora bien, se advierte que los accionantes en diversos pasajes de su demanda ponen de manifiesto una serie de actos y omisiones que pueden ser considerados como generadores de responsabilidad estatal, por haber ocurrido con motivo o en ocasión del ejercicio de funciones administrativas por parte de uno los sujetos enumerados en el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial (conf. arts. 1 y 2 inc. 4, CCA).
Al respecto, sostienen que el Intendente comunal frente a las sucesivas denuncias presentadas por el grupo de vecinos "Exaltación Salud", del que forman parte los actores, ha brindado respuestas ambiguas sin asumir "la responsabilidad que le es propia de su función" (v. fs. 86 y 91 vta.).
A la par, resaltan que los reclamos fueron receptados por las autoridades "sin la necesaria reacción preventiva que esta materia requiere" y que en sus contestaciones "invocan la existencia de una receta agronómica que en realidad no guarda las formalidades legales, tampoco mencionan ni acompañan la obligatoria acta de trabajo de la ley 10.699 y su decreto reglamentario, no mencionan ni acompañan la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental y no mencionan ni acompañan el seguro ambiental obligatorio" (v. fs. 89).
Para más, exponen que la información proporcionada por el municipio respecto del depósito operado por los codemandados es contradictoria, en tanto "por un lado afirma que no existe registro y por otro que está en proceso de reubicación" y explican que "todo este irregular estado de situación causa una notoria degradación de la calidad ambiental y la salud pública de la zona en conflicto" (v. fs. 90 vta.).
Finalmente, en relación a la ordenanza 101/12 argumentan que en "la regulación municipal omitieron establecer un espacio de separación y de protección ambiental entre la zona que se aplican agrotóxicos y los centros poblados, establecimientos educativos, deportivos y otros usos incompatibles con la actividad de aplicación de agrotóxicos" y que "la falta de fijación de distancia genera un riesgo inadmisible para la población local, ya que es el municipio el responsable primario del correcto uso del suelo (dec. 8912/77)" (v. fs. 104 vta. y 105).
VI. Siendo así, con la provisionalidad inherente a esta etapa del proceso es posible inferir que la controversia subsume en la cláusula que define la materia contencioso administrativa y, en particular, en las previsiones de la ley 11.723 que confieren competencia a los órganos del fuero especializado en los asuntos en los que el daño o la amenaza de daño ambiental provenga de acciones u omisiones estatales, en tanto la actora denuncia un irregular ejercicio del poder de policía ambiental en cabeza de la Provincia con relación a un emprendimiento promovido por una municipalidad. De allí que, independientemente de la óptica con la que habrá de juzgarse a la empresa demandada, en esta parcela la cuestión debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público (arts. 166 in fine , Const. prov., 1 y 2 inc. 4, CCA y 34 y 35, ley 11.723; conf. causa B. 75.995, "Mennitto", resol. de 22-III-2016).
VII. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 departamental.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:44:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:17:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:22:24 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 09:56:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 11:01:50 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia