Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80086
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que la competencia para conocer y decidir en el asunto corresponde al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Isidro (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le radicará el expediente para la prosecución de su trámite
B.80.086 "SOSA JUAN MANUEL Y OTROS C/ FELLINGER GUILLERMO RODOLFO Y OTRO/A S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. Los señores Juan Manuel Sosa, Axel Enrique Gómez, Pablo Jail Cuello Cejas y Ricardo Cuello, todos ellos vecinos de la Primera Sección de Islas del Delta de Tigre, solicitan el dictado de una medida cautelar mediante la cual se ordene a los señores Guillermo Rodolfo Fellinger y Lourdes Elizabeth Doldán Urunaga:
a. Reconstruir el muelle denominado "Corrientes y Esmeralda" y su pasarela de acceso, puesto que se trataría de una estructura de uso público empleada habitualmente por los vecinos de la zona para satisfacer sus necesidades cotidianas de transporte. Alegan que dicha construcción habría sido demolida por los demandados sin el permiso de autoridad competente.
b. Permitir la circulación por los caminos vecinal, de ribera y de sirga linderos al área que identifican como "Canal 1 margen del Lote 2 de la fracción 533V desembocadura Río Sarmiento 213", cuyo uso se encuentra vedado por la instalación de alambres y otros objetos que obstaculizan el tránsito.
c. Habilitar el uso vecinal del muelle de su propiedad, emplazado en el lote supra mencionado. Ello, hasta tanto se haga efectiva la reconstrucción de aquel llamado "Corrientes y Esmeralda".
d. Encomendar a la Municipalidad de Tigre que arbitre todos los medios necesarios para garantizar la restitución del muelle destruido y que, una vez reconstruido, se abstenga de discontinuar los trabajos de mantenimiento que este requiere.
Fundan su reclamo en diversas normas de orden internacional, nacional, provincial y municipal.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°13 del Departamento Judicial de San Isidro.
Sin embargo, su titular se inhibió de entender en el asunto. Para fundar su decisión, sostuvo que los daños denunciados por los demandantes -sobre los que se erige el pedido de medida cautelar- recaerían sobre "bienes afectados al dominio público del Estado y/o a servidumbres administrativas dispuestas por mandato legal" destinados a garantizar el libre tránsito en una zona de delta, lo que justificaría la intervención del fuero contencioso administrativo.
A fin de reforzar tal conclusión, puso de relieve la función fiscalizadora que el art. 20 del decreto 7.394/74 reconoce a la municipalidad local -en este caso, la de Tigre- en lo atinente al control de las servidumbres de paso de zonas ribereñas, constituidas a fin de asegurar el acceso irrestricto a los muelles públicos (esto último, conf. arts. 10 y 14, dec. cit.).
Por último, señaló que los demandantes atribuyen un obrar ilícito no solamente a los particulares demandados, sino también a la Municipalidad de Tigre, por el presunto incumplimiento de su deber de "fiscalizar la conservación de bienes de uso público, proteger derechos colectivos (ambiente, salud, educación) y aplicar debidamente las normas urbanísticas y ambientales".
En consecuencia, entendió que la resolución de la controversia conllevaría la aplicación de normas y principios propios del derecho público, por lo que dispuso remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes departamental, a efecto de que fuera sorteadas entre los juzgados del fuero contencioso administrativo (v. resol. de 28-III-2025).
Así las cosas, el expediente recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Isidro.
No obstante, el magistrado a cargo de dicha dependencia rechazó la competencia que se le atribuía, tras ponderar que, de acuerdo a lo informado por la Municipalidad de Tigre, la estructura identificada por los demandantes como "Corrientes y Esmeralda" no se corresponde con el muelle público de la zona -el cual, al igual que el camino ribereño y de sirga, se encontraría accesible para los vecinos-, sino a una construcción vecinal "no registrada como bien público ni reconocida como infraestructura estatal".
En igual sentido, resaltó que del propio relato de los hechos surge que le muelle demolido había sido construido por los vecinos y que la acción de fondo, en cuyo marco se solicita la medida cautelar, se halla dirigida contra particulares -y no contra la comuna de Tigre-.
Como corolario de lo dicho, dispuso devolver los obrados a su colega preopinante (v. resol. de 20-V-2025), el cual mantuvo su postura primigenia y los elevó a esta Suprema Corte de Justicia para que dirima la cuestión de competencia suscitada (conf. art. 7 inc. 1, CCA).
III. Es competencia del fuero contencioso administrativo entender y resolver en las controversias suscitadas por la actuación o la omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de los sujetos mencionados en el art. 166 de la Constitución provincial. En particular, le corresponde decidir las que versen sobre limitaciones al dominio por razones de interés público, servidumbres administrativas y expropiaciones (conf. arts. 166 in fine de la Constitución provincial; 1 incs. 1 y 2 y 2 inc. 9 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causas B. 69.812, "Bertone", resol. de 18-II-2009 y B. 77.008, "Zabala", resol. de 12-VII-2021).
Bajo tales premisas -constitucionales y legales- y de acuerdo a los términos de la demanda, surge que en la especie los reclamantes, todos ellos habitantes de una zona ribereña del delta de Tigre, pretenden que los particulares demandados, además de que reconstruyan el muelle que individualizan como "Corrientes y Esmeralda", permitan la circulación por el camino de sirga contiguo al área que ocupa el predio de su propiedad, cuyo uso -según indican- se hallaría vedado por alambres y otros obstáculos.
Siendo ello así, atento a que la pretensión involucra una limitación administrativa al dominio que -como tal- se rige por el derecho administrativo (conf. art. 1970, Cód. Civ. y Com.), cabe concluir que en el presente litigio se encuentra comprometida la competencia del fuero contencioso administrativo (conf. doctr. causas B. 72.554, "Cibils Cobos", resol. de 9-X-2013 y B. 79.874, "Santamaría", resol. de 18-VI-2025).
Lo antedicho, sin perjuicio de que la Municipalidad de Tigre no haya sido demandada por los actores en su escrito de inicio, ni de la óptica bajo la cual se juzgue la conducta de los señores Fellinger y Doldán Urunaga en relación con los daños alegados.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que la competencia para conocer y decidir en el asunto corresponde al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Isidro (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le radicará el expediente para la prosecución de su trámite
Hágase saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°13 de aquel departamento judicial, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2026 13:33:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2026 13:36:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2026 17:18:13 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 22/05/2026 11:15:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/05/2026 14:19:13 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/05/2026 14:47:41 hs. bajo el número RR-379-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia