Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76707
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 25 de octubre del corriente (arts. 161 inc. 2º, Const. prov.; 7 inc. 1º, ley 12.008 –texto según ley 13.101-; 827 inc. “q”, CPCC; 38, ley 5.827).
Asimismo, se hará saber lo que aquí se resuelve a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata.
B.76.707 “D. S. M. C. S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
I. La señora M. C. D. S. promueve una demanda por la cual requiere el dictado de lo que denomina “medida autosatisfactiva” con el objeto de que se declare la inaplicabilidad de la Ordenanza General de Cementerios del Partido de General Pueyrredon, que en su art. 43 inc. “a” dispone la cremación obligatoria de los fallecidos por causas de enfermedades contagiosas, cuando “éstas se presenten en forma de epidemias”. Lo anterior, invocando su carácter de hija del señor M. A. D. S., quien falleciere por COVID-19 el 16 de octubre del corriente año.
Explica que la voluntad expresada por su padre antes de morir fue la de recibir una sepultura cristiana, por profesar el Culto Católico Apostólico Romano. Afirma que por esa razón inicia el presente proceso, con la única finalidad de que se le ordene a la empresa fúnebre “Roldán” -contratada para realizar el servicio de sepelio- que se abstenga de aplicar la normativa en cuestión y permita inhumar los restos del fallecido en el Panteón Casa de Italia, sito en el Cementerio de La Loma de Mar del Plata.
En la presentación inicial no se requiere ni se argumenta la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza cuya no aplicación pide la actora, quien basa la pretensión en la protección que en estos casos debe brindarse a los derechos personalísimos.
Debe agregarse que, ni del relato efectuado en la demanda ni de la documentación acompañada se desprende que la cuestión haya sido objeto de reclamo ante la Municipalidad de General Pueyrredon.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuyo magistrado resolvió declararse incompetente por aplicación del art. 827 inc. “q” del Código Procesal Civil y Comercial, que establece que corresponde al fuero de familia “toda cuestión que se suscite con posterioridad al deceso de un ser humano sobre disponibilidad de su cuerpo o alguno de sus órganos”. Por tal razón, remitió la causa a la Receptoría General de Expedientes departamental para el sorteo de un juzgado de dicho fuero.
Siendo designado el Juzgado de Familia N°6, su titular aceptó la competencia que le estaba siendo endilgada y, luego de producir la prueba ofrecida por la parte actora, dictó sentencia rechazando la pretensión.
Contra dicho pronunciamiento el letrado patrocinante de la demandante, invocando la franquicia prevista en el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial, interpuso recurso de apelación (v. presentación electrónica de 25-X-2020), por lo que las actuaciones se elevaron a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental.
Sin embargo, los integrantes que conforman su Sala II se inhibieron de conocer en el asunto, estimando que el juzgado de familia que dictó la sentencia recurrida había asumido erróneamente su competencia, al encontrarse cuestionada en autos la validez constitucional de una ordenanza municipal. En este sentido, sostuvieron que el art. 827 inc. “q” del Código Procesal Civil y Comercial es de aplicación sólo cuando las cuestiones a resolver se vinculan con el derecho de familia y que no pueden quedar allí comprendidas aquellas pretensiones en las que se controvierte la licitud de una norma que regula una típica cuestión municipal. Y en esa inteligencia, al no ser competente el juez de primera instancia en razón de la materia, tampoco lo es la alzada para tratar el recurso de apelación. Así fue que procedieron a remitir los obrados a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, “a los fines de resolver lo que estime corresponder” (v. resol. de 28-X-2020).
Recibido el expediente por esta última, sus jueces declinaron la competencia que les estaba siendo atribuida, al considerar que la cuestión aquí debatida se enmarcaba en un asunto específico del fuero de familia, expresamente previsto por el Código Procesal Civil en su art. 827 inc. “q” y que, por lo tanto, la Cámara en lo Civil y Comercial sería la alzada natural del juzgado de primera instancia interviniente, por aplicación de la ley 5827 -Orgánica del Poder Judicial-. Ello, sin perjuicio de subrayar que la cuestión que se ventilaba en autos no se vincula a acciones u omisiones en el ejercicio de funciones administrativas por parte de entes públicos (cfr. arts. 166 in fine, Const. prov. y 1, ley 12.008), o que para resolverla deba recurrirse al análisis de normas de sustancia administrativa (v. resol. de 30-X-2020).
Al así resolver, planteó formalmente la contienda negativa y dispuso elevar el expediente a esta Suprema Corte de Justicia, para que la dirima en virtud de la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1° de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a dichas normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov., 1 inc. 1°, CPCA).
La actividad de aquellos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de tales funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2° y 2 inc. 4°, CPCA).
El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4, CPCA).
IV.1. Sentado ello, corresponde señalar que la ley 13.634, que sustituyó el Libro VIII del Código Procesal Civil y Comercial, estableció en el art. 827 inc. “q” la competencia exclusiva del fuero de familia respecto de “toda cuestión que se suscite con posterioridad al deceso de un ser humano sobre disponibilidad de su cuerpo o alguno de sus órganos”.
En el caso, la señora M. C. D. S. persigue que no se aplique la Ordenanza General de Cementerios del Partido de General Pueyrredon, con el único propósito de que el cadáver de su padre no sea cremado y pueda ser inhumado de acuerdo a los rituales propios de la religión que el causante profesaba en vida.
Siendo así, dado que el alcance concreto de la pretensión escapa a la competencia originaria y exclusiva de este Tribunal para conocer acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ordenanzas o reglamentos abstractamente considerados (cfr. art. 161 inc. 1º, Const. prov.; doctr. causa I. 73.781, “Usuarios y Consumidores Unidos”, resol. de 19-VIII-2020) y que por la configuración de la litis tampoco es posible sostener -al menos por ahora- que en autos se halle afectada la competencia asignada a los tribunales del fuero contencioso administrativo ante la ausencia de actuación u omisión por parte de alguna autoridad administrativa en la configuración del caso llevado a conocimiento del fuero de familia (cfr. arts. 166 in fine, Const. prov. y 1, CPCA), en la especie debe primar la intención del legislador de confiar a los jueces especializados del mencionado fuero “toda cuestión” que se suscite con posterioridad al deceso de una persona humana en relación a su cuerpo y sus órganos, aún cuando para decidir al respecto resulte necesario ejercer el control difuso de constitucionalidad de una norma local dentro del límite dado por su propia competencia material (art. 827 inc. “q”, CPCC; doctr. causa B. 73.724, “Calles Añasgo”, resol. de 15-VII-2015).
IV.2. A mayor abundamiento, no pasa inadvertido que el juzgado de familia interviniente admitió su competencia sin cuestionamiento alguno por parte de la actora, lo cual -al margen de haberse desarrollado el juicio de manera unilateral- deja en evidencia la intempestividad de la declaración oficiosa efectuada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, de conformidad con reiterada jurisprudencia de esta Corte (doctr. causas B. 68.909, "Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata", resol. de 13-XII-2006; B. 69.907, "Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata" resol. de 13-V-2009; B. 71.278, "Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata", resol. de 23-II-2011 y B. 72.670, “Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata”, resol. de 21-VIII-2013).
V. Toda vez que estos autos han sido elevados en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada el 22 de octubre del corriente por una jueza de familia, conforme lo dispone el art. 38 de la ley 5827 -Orgánica del Poder Judicial-, resulta competente para entender en autos, en carácter de alzada, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, ante la cual se radicarán electrónicamente sin más trámite estas actuaciones para el tratamiento del recurso interpuesto el 25 de octubre (arts. 161 inc. 2º, Const. prov.; 7 inc. 1º, ley 12.008 –texto según ley 13.101-; 827 inc. “q”, CPPC; 38, ley 5827)
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 25 de octubre del corriente (arts. 161 inc. 2º, Const. prov.; 7 inc. 1º, ley 12.008 –texto según ley 13.101-; 827 inc. “q”, CPCC; 38, ley 5.827).
Asimismo, se hará saber lo que aquí se resuelve a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata.
Regístrese, ofíciese y radíquese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/11/2020 12:29:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2020 12:31:28 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/11/2020 12:32:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/11/2020 12:41:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/11/2020 12:46:43 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia