Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122682
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, por mayoría de fundamentos, la queja interpuesta (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812); con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
La Plata, 8 de Mayo de 2019.
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. En las presentes actuaciones Terminales y Servicios S.A. inició demanda de daños y perjuicios contra Nora Marta Toia, titular de un portal de noticias, por considerar que las publicaciones que identificó carecen de sustento y al involucrar a esa firma en delitos, perjudican su imagen, buen nombre, prestigio y reputación comercial e institucional (v. fs. 316/362).
Asimismo pidió el cese definitivo de la difusión de publicaciones injuriantes y agraviantes por parte de la demandada, la eliminación permanente de los artículos constatados mediante certificación notarial del portal de noticias www.diariolaverdad.com.ar y de los perfiles de Facebook del diario y de la accionada, de los comentarios a las mismas y toda otra publicación ofensiva, la rectificación del contenido y control sobre comentarios que se inserten (v. fs. 318).
Solicitó se ordene la eliminación de esas notas de buscadores de internet, y requirió la publicación de la sentencia que se dicte acogiendo las pretensiones en periódicos de amplia circulación nacional y local (v. fs. 318 y vta.).
Añadió, en petición cautelar, el cese inmediato en la difusión de artículos injuriantes en su contra a través del sitio web mencionado y perfiles de Facebook del mismo y de la demandada y la eliminación de las publicaciones constatadas por Notario y sus comentarios y toda otra expresión ofensiva de todo buscador de internet, hasta que se dicte sentencia (v. fs. 318/vta. y 345 vta./355).
La señora jueza a cargo del Juzgado Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 1 de San Nicolás concedió la medida cautelar ordenando a la demandada Toia la eliminación de las noticias publicadas en el diario digital "La Verdad", individualizadas en la certificación notarial acompañada por la actora, previa caución personal (v. fs. 397/399 vta.).
Para efectivizarla dispuso oficiar a los buscadores de internet y a Facebook a fin de que instrumenten los medios necesarios para suprimir el acceso a esa información a través de ellos (v. fs. 397/399 vta. y 404).
Notificada la medida, fue apelada por Google Inc. (v. fs. 418/421 y 454/464 vta.) así como por Facebook (v. fs. 443 y 467/479) y la señora Toia (v. fs. 453/vta. y 540/541 vta.).
El primero planteó la incompetencia de la justicia provincial para entender en un tema que refiere a actividades que se desarrollan vía internet, debiendo intervenir la justicia federal (v. fs. 418 vta./420).
Tal defensa fue desestimada -sin perjuicio de quien lo formulara- con fundamento en que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citados en sustento de su postura se dictaron en el marco de acciones dirigidas contra los propios proveedores del servicio de búsqueda y enlace de contenidos en internet, cuando en el caso la situación es distinta, y la medida cautelar no importó redirigir la acción contra quienes fueron oficiados para efectivizarla en el marco del principio de cooperación procesal (v. fs. 465/466 vta.).
Esa decisión fue apelada por el apoderado del buscador Google Inc. (v. fs. 589/vta. y 605/609 vta.).
A su turno la Cámara de Apelación departamental, en lo que aquí interesa, confirmó el rechazo de la excepción de incompetencia, solución que entendió aplicable al recurso respecto de la medida precautoria.
Para así resolver destacó la condición de Google Inc. de sujeto extraño a la relación procesal, oficiado sobre la base del principio de colaboración para que diera cumplimiento a una orden en el marco de una cautelar dictada en un proceso que tiene otras partes como protagonistas; tercero que -enfatizó- no desplaza por sí la competencia ni puede recurrir las medidas que se dicten por carecer de legitimación para ello (v. fs. 738 vta./747).
Asimismo, confirmó la cautelar luego del tratamiento del recurso interpuesto por la demandada Toia y analizando la concurrencia de los requisitos para su procedencia (v. fs. 740/743).
Contra ese pronunciamiento Google Inc. articuló remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se agravió de lo resuelto sobre la cautelar y del rechazo del planteo de incompetencia (v. fs. 773/815 vta.).
La vía fue denegada por el Tribunal de Alzada quien más allá de señalar que las resoluciones que conceden o deniegan cautelares no son definitivas en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, concluyó en que el impugnante carece de interés para recurrir la decisión atacada y las precedentes en tanto, por haber sido oficiado al solo efecto de dar cumplimiento a la medida, no es parte legitimada para actuar en esta litis (v. fs. 816 y vta.).
Frente a ello la empresa articuló una queja ante este Tribunal (art. 292, CPCC; v. fs. 1272/1318). Allí expuso que lo impuesto a su respecto excede la cooperación procesal puesto que le causa un agravio directo y afecta la libertad de expresión (v. fs. 1316).
II. Sin perjuicio de señalar que no se ha dado estricto cumplimiento a la previsión del art. 3° inc. 4 y párr. segundo de la Ac. 3.886/2018, corresponde destacar que de la reseña efectuada se desprende que en el caso, el impugnante, oficiado en estos actuados a fin de suprimir el acceso a determinada información a través suyo, carece de interés para recurrir ante esta sede la decisión del Tribunal de Alzada sobre la suerte de la medida cautelar y la competencia del órgano para entender en la causa.
Ello, habida cuenta de que no se observa explicitado en su postulación revisora un agravio concreto y actual que resulte válidamente atendible en esta instancia (doctr. causa C. 121.634, "Arias", resol. de 16-VIII-2017).
En efecto, en atención a los términos del fallo reseñados ut supra , la alegada violación a la libertad de expresión, al derecho de acceso a la información y de la prohibición de censura, frente a su propia afirmación de revestir el carácter de intermediario de internet ajeno a los contenidos (v. fs. 1316 vta./1317), resulta insuficiente para sustentar un gravamen actual respecto de la decisión confirmatoria de la cautelar que impone quitar determinada información de la web.
Cabe aquí recordar que lo que legitima la impugnación es el mentado interés de quien la interpone, es decir, el gravamen sufrido como consecuencia de una decisión que al eludir la concreta voluntad de la ley ha desconocido un bien actual tutelado por aquella (doctr. causas Ac. 89.718, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 4-II-2004; Ac. 94.924, "D. G.", resol. de 18-V-2005; Ac. 97.226, "Gallardo", resol. de 8-XI-2006; C. 107.995, "López", resol. de 26-X-2010).
Así, el ejercicio de un camino recursivo, como toda acción en justicia, no se reconoce sino a quienes justifiquen una afectación que legitime el acceso a la vía judicial de carácter extraordinario, ya que a falta de aquélla, no hay petición audible ante dicha instancia (doctr. causas C. 120.527, "Márquez", resol. de 30-III-2016 y C. 107.995, cit.).
En consecuencia, no reuniendo el remedio extraordinario articulado los requisitos esenciales, se impone el rechazo de la queja intentada (arts. 292, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
El señor Juez doctor Negri dijo:
En relación a la queja traída, no obstante señalar que no se ha dado estricto cumplimiento a la previsión del art. 3° inc. 4 y párr. segundo de la Ac. 3.886/2018 y aún cuando pudiera entenderse que Google Inc. tiene interés para recurrir por la vía extraordinaria el pronunciamiento de la Cámara que, tras considerarlo como un tercero sin legitimación frente a la vía recursiva, desestimó sus impugnaciones confirmando la cautelar decretada cuyo cumplimiento se le impuso (conf. doctr. causas Ac. 89.280, "Diaconchuk", resol. de 21-XI-2003; Ac. 92.463, "Scherpa de la Banca", resol. de 10-XI-2004; Ac. 95.804, "Aquino", resol. de 8-VII-2008 y Ac. 91.916, "Silva", resol. de 20-V-2009), el pronunciamiento aquí impugnado no reviste para el recurrente la condición de definitivo a los fines de lo dispuesto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Al respecto, cabe recordar que es doctrina de este Tribunal que las resoluciones relativas a medidas cautelares no revisten -en principio- carácter de definitivas en el concepto del art. 278 citado (doctr. causas C. 121.061, "Di Scala", resol. de 21-XII-2016; C. 121.247, "Asoc. Civil Prot. Ambiental del Río Paraná", resol. de 28-XII-2016; C. 120.948, "Salcedo y otros", resol. de 12-IV-2017 y C. 122.673, "C. G.", resol. de 28-XI-2018).
Así, en el sub judice , en atención a los términos del fallo en el marco procesal referenciado, y siendo que el propio recurrente afirma revestir el carácter de intermediario de internet ajeno a los contenidos (v. fs. 1316 vta./1317), no obstante la invocación de transgresión de garantías constitucionales que se alega, no se observan configuradas razones suficientes que permitan, por vía de excepción, apartarse de tal criterio (conf. doctr. art. 278 cit.).
Por tal fundamento corresponde el rechazo de la queja incoada (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1.790).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y de Lázzari , por iguales fundamentos adhirieron al voto del señor juez doctor Soria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar, por mayoría de fundamentos, la queja interpuesta (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812); con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia