Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122682
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta a fs. 1372 y 2) denegar el recurso federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
"TERMINALES Y SERVICIOS S.A. C/ TOIA NORMA MARTA S/ MEDIDAS CAUTELARES"
La Plata, 18 de Septiembre de 2019.
I. Agréguese la presentación de fs. 1373/1387 y téngase por cumplida en término la intimación de fs. 1372.
II. El apoderado de la firma Google Inc. deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que -por mayoría de fundamentos- desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley por no reunir la citada vía deducida los requisitos esenciales (art. 292, CPCC). Allí se señaló la falta de interés de la citada entidad para recurrir sobre la suerte de la medida cautelar dictada en autos y la competencia del órgano para entender en ellos (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; v. fs. 1338/1357 vta. y 1329/1332, respectivamente).
En el caso, y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente confirmó el fallo del juez de grado que -a su turno, y en el marco de una medida cautelar incoada por la firma Terminales y Servicios SA contra Nora Marta Toia- por una lado, rechazó la excepción de incompetencia planteada por Google, al considerarlo sujeto extraño a la relación procesal y, por el otro, hizo lugar a la cautelar solicitada al encontrar reunidos los requisitos necesarios para su progreso (v. fs. 397/399 vta., 404, 465/466 vta. y 738/747).
III. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso, libertad de expresión y de acceso a la información (arts. 14, 18 y 32, Const. Nac.; 13, CADH; IV, DADDH; 19, PIDCP; 19, DUDDH; v. fs. 1339 vta., 1341/1342 vta., 1351 y vta., 1353 y vta. y 1354 vta./1357).
III.1. Sostiene que esta Corte, al igual que los magistrados anteriores en grado, ponderó -dogmáticamente, según su entender- que la firma que representa carece de interés para recurrir. Ello vulnera las garantías de defensa y el debido proceso de su mandante, en tanto veda el derecho a expresar agravios sustanciales contra la medida cautelar que -asevera- lo afecta en forma directa, en tanto le impone una obligación de censura de contenido de interés público que interfiere con su rol de buscador de internet (v. fs. 1341/1342, 1351 y vta.).
Agrega, que la mentada obligación impuesta a su representada excede con creces el principio de cooperación procesal invocado por las distintas instancias al fallar. Y entiende que dicho principio, está destinado a las partes de todo el proceso y no a los terceros (v. fs. 1351 vta.).
En ese sendero, reitera los argumentos vertidos en la vía de hecho local referidos a que la búsqueda de información en internet goza de la especial protección constitucional a la libre expresión y al acceso a la información, reconocida por la ley 26.032. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima aplicables al caso (Fallos: 337:1174 y 340:1236, entre otros; v. fs. 1353/1356).
III.2. Cuestiona, también, el voto que integró la minoría. Arguye que, contrariamente a lo expuesto, la cautelar dictada es sentencia definitiva a los efectos de la procedencia del recurso extraordinario dado que, por un lado, le causa a su parte y a todos los usuarios de internet un perjuicio de magnitud e imposible reparación ulterior y, por el otro, al ser considerado tercero en el pleito no puede luego debatir en un juicio ordinario posterior (v. fs. 1352/1353).
III.3. Finalmente, denuncia que la sentencia en crisis constituye un pronunciamiento infundado, en tanto omitió rebatir mediante una crítica prolija todos y cada uno de los argumentos vertidos en la queja y no contempla la gravedad institucional que el caso posee al afectar lo resuelto no sólo a los prestadores de servicios de internet sino también a todos sus usuarios (v. fs. 1356/1357).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 1358), el mismo fue contestado por el apoderado de Facebook Argentina SRL y por el apoderado de la actora (v. fs. 1359/1371 vta. y 1373/1387).
V.1. Respecto de la vía federal intentada, corresponde señalar que las cuestiones de hecho y prueba y las vinculadas con la interpretación del derecho común y procesal local (en el presente, la falta de interés de Google Inc. para recurrir la medida cautelar decretada y la competencia del órgano interviniente, así como la aplicación de la figura prevista en el art. 31 bis de la ley 5.827) no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el caso en el que los argumentos del recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente como tal para habilitar la vía federal (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405; entre otros).
V.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación suficiente y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para abrir la competencia invocada.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie, toda vez que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para desestimar la vía de hecho intentada, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de defensa en juicio, debido proceso, libertad de expresión y de acceso a la información; arts. 14, 18 y 32, Const. Nac.; 13, CADH; IV, DADDH; 19, PIDCP; 19, DUDDH; v. fs. 1339 vta., 1341/1342 vta., 1351 y vta., 1353 y vta. y 1354 vta./1357), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el medio de impugnación formulado, puesto que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.575, "Álvarez", resol. de 19-XII-2018; C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; entre otros).
V.4. Resta agregar, que tampoco se advierte la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se repara configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. fs. 1342 y 1356 vta./1357).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta a fs. 1372 y 2) denegar el recurso federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia