Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125861
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja traída con relación al recurso extraordinario de nulidad (art. 292, CPCC); con costas;
2Hacer lugar parcialmente a la misma y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 292, CPCC) y 3) intimar al recurrente para que en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial a tal fin-, acredite ante esta sede el depósito a la orden de la Cámara que dictó la resolución cuestionada, de la suma de cuatrocientos diecisiete mil seiscientos pesos ($ 417.600), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (art. 280, cuarto párrafo, CPCC y Ac. 4.053/22). A tal fin, ofíciese a la Cámara de origen remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial al efecto aquí indicado y la notificación a la impugnante de la referida diligencia. Asimismo, se hace saber que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2.579/1993, no es necesario contar con el expediente para realizar el trámite, bastando con la carátula del mismo -dato que surge de la MEV-.
C. 125.861 "ENRIQUE M. BAYA CASAL SA C/ NUEVA TIERRA SH Y OTROS S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO))"
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, en el marco de la presente incidencia sobre medidas cautelares que fuera rechazada y en lo que interesa destacar, dejó sin efecto la regulación apelada con respecto al doctor Matías Tous Bercovich, ordenando que en la instancia de origen se practique una nueva determinación arancelaria a favor de dicho profesional que contemple la conversión de la base regulatoria de u$s 71.413,38, conforme al valor del dólar solidario -como peticionara el referido profesional-, confirmando -dada la forma de apelación-, la regulación respecto del doctor Fernando Lucio Fosco (v. pronunciamientos de 5-V-2022 y 27-X-2021)
Contra dicha decisión, el doctor Fosco -en su condición de apoderado de la legitimada activa- dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 26-V-2022), los que fueron denegados por considerar la Cámara que el pronunciamiento cuestionado no revestía el carácter de sentencia definitiva (v. resolución de 23-VI-2022). Ello motivó la interposición de una queja ante esta Corte (v. presentación electrónica de fecha 4-VII-2022; art. 292, CPCC).
II. Al respecto, debe señalarse que este Tribunal ha sostenido reiteradamente que, en principio, contra las decisiones de los tribunales colegiados en materia de honorarios, tanto en lo que hace a la regulación en sí misma como a las bases o pautas ponderadas para llegar a su determinación, no son admisibles los remedios extraordinarios (art. 57 segundo párrafo, dec. ley 8.904 y ley 14.967; conf. doctr. causas C. 120.643, "Steffen", resol. de 22-VI-2016; C. 120.139, "Sagarduy", resol. de 29-VI-2016; C. 121.778, "Villar", resol. de 13-IX-2017; C. 122.524, "Labernia", resol. de 11-VII-2018; C. 122.862, "Domínguez", resol. de 13-III-2019; C. 123.728, "D'eramo", resol. de 11-V-2020; C. 123.990, "Arrosi", resol. de 29-VI-2020).
En la impugnación intentada mediante la vía extraordinaria de nulidad -por la se denuncian falta de acuerdo y voto individual, omisión de tratamiento de cuestión esencial, violación de congruencia judicial y principio dispositivo, no se observa que se haya demostrado la concurrencia de alguno de los restringidos supuestos en que, por vía de excepción, se ha admitido el apartamiento de dicho criterio (conf. doctr. causas C. 122.524, "Labernia", resol. de 11-VII-2018; C. 122.980, "Carou", resol. de 20-II-2019; C. 123.550, cit.; C. 123.990, "Arrosi", resol. de 29-VI-2020; C. 123.439, "Luelles", resol. de 24-VIII-2020 y C. 124.944, "Buendia", resol. de 9-XI-2021).
A mayor abundamiento, se aduna que esta Corte ha sostenido reiteradamente -en cuanto al requisito del acuerdo y voto individual de los jueces, cuya ausencia se denuncia en el remedio extraordinario denegado- que las decisiones sobre honorarios, por su naturaleza, no requieren tal recaudo (conf. doctr. causas C. 118.967, "Agropecuaria Guiral Argentina S.A.", resol. de 5-XI-2014; C. 120.912, "Anton" y C. 120.876, "Iuliano," ambas resols. de 19-X-2016; C. 123.990, cit.).
En virtud de lo expuesto, el carril en tratamiento resulta inadmisible y se impone la desestimación de la queja traída a su respecto (art. 57 cit., 292 CPCC; v. doctr. causas cits.).
III.1. Pasando ahora a considerar la vía directa articulada con relación a la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley, cabe señalar que mediante dicho carril recursivo el impugnante denuncia la violación de los arts. 765 del Código Civil y Comercial; 35, 36, 37 y concs. de la ley 27.541; 243, 246, 163 inc. 6°, 164, 266, 272 y 273 del Código Procesal Civil y 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional. Cuestiona, en síntesis, la decisión que a los efectos del cálculo y determinación de la base regulatoria, manda convertir los dólares estadounidenses "conforme valores del dólar solidario", entendiendo que ello implica aplicar erróneamente lo que dispone el art. 765 mencionado que refiere a su equivalente en "moneda de curso legal"; invoca en tal sentido confiscatoriedad. Asimismo, esgrime agravios sobre el alcance de la competencia revisora de la Cámara que, a su entender, sólo podía abordar lo atinente a la cuantía de los emolumentos en la medida del agravio del letrado y no otras cuestiones como la base. Considera que se aplicó de modo indebido el art. 57 de la normativa arancelaria y no se aplicaron las previsiones de los arts. 243 y 246 del ordenamiento procesal.
En tales condiciones, no obstante el principio general que rige en la materia mencionado en el acápite II, se aprecia configurado en el caso -en relación a la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley- uno de los restringidos supuestos en que, por excepción, se ha admitido el apartamiento del mencionado criterio (conf. doctr. causas Ac. 94.464, "Amado", resol. de 20-VI-2007; C. 107.749, "Maffia", resol. de 12-XII-2012; C. 122.862, "Dominguez", resol. de 13-III-2019; C. 123.458, "Trebolares S.A.", resol. de 26-II-2020 y C. 125.520, "Carillo", resol. de 19-XII-2022).
III.2. En relación al cumplimiento de los restantes requisitos de admisibilidad del mencionado carril impugnativo, cabe señalar, en cuanto al monto mínimo para acceder a la revisión, que el mismo está representado por la diferencia entre la regulación liquidada al letrado de la contraria tomando como base la suma convertida a pesos con más el componente impositivo que se cuestiona y los fijados en la resolución del 27 de octubre de 2021 que fuera dejada sin efecto (conf. causas Ac. 105.224, "Basurto", resol. de 3-III-2010; C. 117.210, "Amadeo", resol. de 26-XII-2012; C. 122.185, "Giovagnoli", resol. de 7-III-2018). Y en el caso, aún cuando mediara cierto grado de indeterminación, en tanto solamente se han regulado los estipendios del profesional Tous Bercovich sobre la base cuestionada en primera instancia (v. trámite HONORARIOS-SE REGULAN de 19-VIII-2022; $ 1.422.000) faltando regular los correspondientes a la labor ante el Tribunal de Alzada, es de toda evidencia que tal diferencia no alcanzaría a franquear el monto mínimo fijado por la norma ritual para esta vía revisora (art. 278, CPCC y Ac. 4.053/2022, vigente al momento de interposición del carril extraordinario, de $ 2.088.000).
Sin embargo, en cuanto a este recaudo, el recurrente solicita que se aplique la previsión establecida en el art. 31 bis cuarto párrafo de la ley 5.827 ante la necesidad de contar con doctrina legal uniforme sobre una interpretación normativa de derecho sustancial. También invoca que hay cuestiones de linaje federal esgrimidas, que requieren la intervención de este Tribunal (v. escritos electrónicos de 26-V-2022 y 4-VII-2022).
Al respecto deviene pertinente recordar que el mencionado art. 31 bis de la ley 5.827 admite que "con carácter excepcional, la Suprema Corte de Justicia podrá dar trámite a los recursos de inaplicabilidad de ley que no superasen las limitaciones legales fijadas en razón del valor del litigio (…), si según su sana discreción mediare gravedad institucional o un notorio interés público, o bien si considerare indispensable establecer doctrina legal, siempre que se tratare de dirimir cuestiones jurídicas relativas al derecho de fondo aplicable y el recurrente hubiera formulado adecuado planteo en tal sentido".
En el caso traído a consideración, se observa que el impugnante ha formulado el reproche de modo suficiente, configurándose -en atención a los agravios reseñados en el primer párrafo del presente punto- las circunstancias que tornan operativa la norma transcripta y quedando así habilitado este Tribunal para conocer del planteo casatorio, aún cuando no se encuentre reunido el recaudo del valor del agravio exigido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. art. 31 bis cit.; doctr. causas C. 107.702, "Arriaga", resol. de 6-VI-2011; C. 117.998, "G., M. A.", resol. de 4-VI-2014; C. 122.908, "Pucheta", resol. de 8-VI-2021; C. 124.105, "B., N. B.", resol. de 10-VI-2022).
En consecuencia, en atención a lo expuesto, corresponde admitir parcialmente la queja y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado (arts. 278, 279 y 292, CPCC; 31 bis ley 5.827 cit.).
IV. Sentado ello y en relación a la carga prevista en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto a los planteos formulados con respecto a tal exigencia -peticionando su inaplicabilidad o inconstitucionalidad-, cabe observar que este Tribunal tiene dicho, reiteradamente, que la misma no conculca derechos o garantías constitucionales pues, de acuerdo con el art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución de la Provincia, la Corte conoce de este recurso con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas Ac. 98.938, "Morena", resol. de 8-VII-2008; Ac. 105.470, "Banco Patagonia Sudameris", resol. de 10-XII-2008; C. 119.022, "U., N. A.", resol. de 6-IV-2016; C. 120.941, "Mihanovich", resol. de 26-X-2016; C. 121.498, "Dos As Servicios Agropecuarios S.A.", resol. de 28-VI-2017 y C. 123.625, "De los Santos", resol. de 11-III-2020).
Asimismo, también se ha resuelto que tal carga económica no vulnera las garantías de defensa en juicio, ni de la igualdad ante la ley (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1957-II-182; 1957-IV-254; 1958-II-435 y 1959-I-526; Ac. 98.938, Ac. 105.470, C. 119.022; C. 120.941 y C. 123.625, cits.).
En tal sentido se ha juzgado que el mencionado recaudo no impide en modo alguno la libre defensa en juicio, ni crea prerrogativa que pudiera considerarse contraria a la Constitución, pues se impone de igual modo a todos quienes se encuentran en las mismas condiciones (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1959-III-198; 1960-IV-489; Ac. 92.929, resol. de 20-IV-2005; Ac. 98.938; C. 120.941 y C. 123.625, cits.).
Además, el derecho de defensa sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1964-I-389; Ac. 98.938, Ac. 105.470, C. 119.022; C. 120.941 y C. 123.625, cits.).
Por lo demás, y en atención a los términos del planteo sobre la eximición solicitada, deviene pertinente recordar que esta Corte ha sostenido que aún en ciertos casos en que se dispuso que el recaudo establecido en el art. 278 del ordenamiento procesal local debía ceder por haber invocado la apelante agravios de carácter federal que, en principio, guardaban relación directa con la cuestión litigiosa, en los términos a que se refieren en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Strada", "Di Mascio", "Christou" (CSJN, Fallos: 308:490; 311:2478 y 310:324), ello no obstó a que, seguidamente, se exigiera el cumplimiento de la carga prevista en el art. 280 del Código citado (causas Ac. 90.134, "Banco de La Pampa", resol. de 16-VI-2004; C. 98.784, "Seguro de Depósitos SA", resol. de 28-V-2010; C. 119.610, "Montezanti", resol. de 19-X-2016; C. 121.407, "Consorcio de Copropietarios Club Atlético Los Andes", resol. de 13-IX-2017).
Sentado ello, no habiéndose satisfecho la carga pecuniaria en cuestión, corresponde intimar a su cumplimiento en el mínimo previsto en dicha norma, conforme a lo establecido por la ley 14.141 y Ac. 4.053/2022 ($ 417.600), vigentes al momento de interposición del recurso que se concede (conf. doctr. causas C. 124.484, "Gutierrez", resol. de 28-XII-2021; C. 125.520, cit.; C. 125.347, "Caja de Previsión Social para Abogados", resol. de 19-XII-2022 y C. 124.387, "Tombel S.A.", resol. de 11-VII-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar la queja traída con relación al recurso extraordinario de nulidad (art. 292, CPCC); con costas; 2) hacer lugar parcialmente a la misma y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 292, CPCC) y 3) intimar al recurrente para que en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial a tal fin-, acredite ante esta sede el depósito a la orden de la Cámara que dictó la resolución cuestionada, de la suma de cuatrocientos diecisiete mil seiscientos pesos ($ 417.600), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (art. 280, cuarto párrafo, CPCC y Ac. 4.053/22). A tal fin, ofíciese a la Cámara de origen remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial al efecto aquí indicado y la notificación a la impugnante de la referida diligencia. Asimismo, se hace saber que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2.579/1993, no es necesario contar con el expediente para realizar el trámite, bastando con la carátula del mismo -dato que surge de la MEV-.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y ofíciese a los fines dispuestos en el punto 3 de la presente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/09/2023 09:03:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2023 13:37:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 11:18:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/09/2023 15:26:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 16:07:35 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/10/2023 12:14:53 hs. bajo el número RR-625-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia