Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 127751
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar competente para continuar interviniendo al Juzgado de Familia n°4 del Departamento Judicial de San Isidro en lo que respecta a las pretensiones alimentaria y de daños en el derecho de familia y al Juzgado Civil y Comercial n°4 del Departamento Judicial de San Martín en lo que hace a la pretensión por disolución de la sociedad de hecho y 2) en la instancia y con la colaboración de la parte, practíquense las adecuaciones del trámite que sean necesarias.
C. 127.751 "P. S. E. C/ R. C. F. S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO)"
I.1. La señora S. E. P. promovió el 22 de octubre de 2023 ante el Juzgado Civil y Comercial n°4 del Departamento Judicial de General San Martín las presentes actuaciones a fin de requerir medidas cautelares respecto del señor C. F. R. Manifestó que fueron pareja y que en el año 2014 se separaron, pero que fruto de esa unión nacieron sus tres hijos: Z. -quien falleció-, P. -ya mayor de edad- y C. -nacido el 21 de febrero de 2013-. Sumado a ello, relató que requería las medidas cautelares de embargo y de inhibición general de bienes a fin de poder promover una acción de disolución de la sociedad de hecho, otra acción de daños y perjuicios por violencia física, psicológica y económica y, finalmente, reclamar por el incumplimiento de los acuerdos arribados en los autos relacionados "P., S. E. contra R., C. F. Alimentos" que tramitaron ante el Juzgado de Familia n°4 del Departamento Judicial de San Isidro (v. "Demanda-se presenta" de 4-X-2023 y sus PDF adjs.).
I.2. El juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial n°4 de San Martín se declaró incompetente para intervenir en los presentes. Para así decidir, entendió que en procesos como el presente debía intervenir el juez con competencia en la causa principal. Citó el art. 6 inc.4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y teniendo en consideración que ante el Juzgado de Familia n°4 del Departamento Judicial de San Isidro tramitaban los autos principales, le remitió las presentes actuaciones (v. "Competencia-se resuelve" de 22-XII-2023 y "Pase a" de 8-II-2024).
I.3. Recibidos los actuados por el Juzgado de Familia n°4 de San Isidro, rechazó la competencia atribuida. Ello, en el entendimiento de que en la causa relacionada que tramitaba ante sus estrados no se había expedido respecto de la división de la sociedad de hecho, sino que los acuerdos que se habían homologado versaban sobre alimentos y atribución de la vivienda. Sumado a ello, que la división de la sociedad de hecho y los daños por la violencia ejercida por el denunciado no eran temas que vayan a tramitar en el fuero de familia, toda vez que no se encontraban enumerados en el art. 827 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Sin más, devolvió las actuaciones al juez de San Martín (v. "Competencia-se resuelve" de 22-II-2024 y "Pase a" de 22-II-2024).
Arribados los autos al Juzgado Civil y Comercial n°4 de San Martin, atento a que su juez sostuvo sus argumentos y encontrándose debidamente trabado el conflicto negativo de competencia, elevó las actuaciones a este Tribunal (v. "Elevación a Suprema Corte-se ordena" de 29-II-2024 y "Pase a" de 29-II-2024).
Tal el conflicto que corresponde dirimir (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
II.1 Es preciso recordar que este Tribunal tiene establecido que la competencia se determina, en principio, por la naturaleza jurídica de los reclamos que el actor propone a decisión judicial, es decir, por la índole de la acción ejercida (causas C. 117.189, "Ingepro SRL", resol. de 29-V-2013; C. 117.403, "Asociación", resol. de 11-IX-2013; C. 120.624, "Fernández", resol. de 4-V-2016 y C. 125.977, "Kafer", resol. de 29-XII-2022).
En el caso de autos, conforme surge de la demanda incoada y tal como se señalara, su objeto es la traba de las medidas cautelares de embargo y de inhibición general de bienes a fin de poder promover acciones de disolución de la sociedad de hecho, de daños y perjuicios por violencia física, psicológica y económica y, finalmente, reclamar por el incumplimiento de los acuerdos arribados en los autos relacionados "P., S. E. contra R., C. F. Alimentos" que tramitan ante el Juzgado de Familia n°4 del Departamento Judicial de San Isidro (v. "Demanda-se presenta" de 4-X-2023 y sus PDF adjs.).
En este sentido, respecto de la competencia en este tipo de cuestiones, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires regula en su art. 6 inc. 4 que: "A falta de otras disposiciones, será juez competente: En las medidas preliminares y precautorias, el que deba conocer en el proceso principal".
II.2. Ahora bien, surge de la presentación de inicio que el medio cautelar solicitado tiene como fin el aseguramiento del resultado respecto de pretensiones de fondo de diferente naturaleza, por lo que corresponde hacer los distingos pertinentes.
De este modo, lo que se refiere al pago por el incumplimiento de los acuerdos arribados en materia de alimentos en el marco de la causa relacionada que tramita ante el Juzgado de Familia n°4 del Departamento Judicial de San Isidro así como también lo relativo a la acción de daños y perjuicios por los hechos de violencia sufridos, corresponde que sea ventilado ante dicho organismo el que, por su especialidad, resulta idóneo para el tratamiento de problemáticas de tal naturaleza, a lo que se le suma el conocimiento previo de la conflictiva familiar (conf. arts. 706, Cód. Civ. y Com.; 6 inc. 4, 827 incs. "m", "u", y "x", 830 y concs., CPCC.).
Respecto a esto último, resulta menester recordar que, tratándose de daños derivados de las relaciones de familia, la especialidad se alza como un factor de atribución de competencia determinante, pues a través de dicho principio, se conjugan y entrelazan los restantes principios en torno a los procesos de familia que conforman el núcleo duro establecido dentro del Código Civil y Comercial que consolida una obligada mirada constitucional-convencional que debe imperar en la tramitación de este tipo de procesos (arts. 705, 706, 707, 709, 710 y concs., Cód. Civ. y Com.), cuestión que se omitiría si se considerara que tales cuestiones deben transitar en el fuero civil y comercial.
Además, cabe precisar que, en consonancia con esta tesitura, el art. 827 inc. "x" del Código Procesal Civil y Comercial establece que será competencia exclusiva del fuero de familia "Cualquier otra cuestión principal, conexa o accesoria referida al Derecho de Familia y del Niño con excepción de las relativas al Derecho Sucesorio". La amplitud de este inciso, en una interpretación armónica junto a los principios generales contenidos en el derecho sustancial, habilita la atribución de competencia en materia de daños derivados de las relaciones de familia a los juzgados con competencia en dicha especialidad.
II.3. Distinto es el caso de la pretensión relativa a la disolución de la sociedad de hecho. Si bien las uniones convivenciales han tenido reconocimiento expreso en la ley de fondo, en especial, en materia de familia como una nueva forma de organización de las relaciones familiares, habilitando -inclusive- el reclamo de cuestiones patrimoniales que puedan darse ante el quebrantamiento de la pareja (doctr. art. 528, Cód. Civ. y Com.), lo cierto es que en el caso de autos no puede pasarse por alto que se ha denunciado como fecha aproximada de separación y quiebre de la unión convivencial el año 2014, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial.
En este sentido, a la luz del art. 7 de dicho cuerpo normativo, destacada doctrina tiene dicho que "... las normas sobre uniones convivenciales rigen para las uniones vigentes al 1° de agosto de 2015. O sea, si se extinguieron con anterioridad, la aplicación del CCyC sería una aplicación retroactiva no autorizada" (Kemelmajer de Carlucci, Aída, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Segunda Parte. Análisis de doctrina y jurisprudencia", 2016, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, págs. 138/139).
Así, en la acción de fondo que eventualmente se incoe a fin de promover la disolución de la sociedad de hecho -conforme lo manifestado por la actora- será competente el fuero civil y comercial (conf. doctr. Ac. 98.768, "Portillo", resol. de 11-IV-2007; C. 108.716, "Robles", resol. de 14-X-2009; C. 108.957, "Pérez Quiroz", resol. de 10-II-2010). Y allí habrán de ser requeridas las medidas asegurativas que correspondan.
III. En este contexto, ante la necesidad de dirimir rápidamente el conflicto de competencia suscitado (art. 706 y concs., Cód. Civ. y Com.) y habiéndose señalado el camino que deberán transitar las pretensiones patrimoniales que eventualmente se planteen como consecuencia de la ruptura de la unión convivencial, se indica que es el Juzgado de Familia n°4 de San Isidro quien deberá atender los pedidos cautelares respecto de la pretensión alimentaria oportunamente introducida así como los que hacen a la pretensión derivada de daños en el derecho de familia mientras que el Juzgado Civil y Comercial n°4 de San Martín será competente en el trámite cautelar conexo con la pretensión de disolución de la sociedad de hecho (conf. arts. 827 inc. "m", "u", "x", 830 y concordantes, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar competente para continuar interviniendo al Juzgado de Familia n°4 del Departamento Judicial de San Isidro en lo que respecta a las pretensiones alimentaria y de daños en el derecho de familia y al Juzgado Civil y Comercial n°4 del Departamento Judicial de San Martín en lo que hace a la pretensión por disolución de la sociedad de hecho y 2) en la instancia y con la colaboración de la parte, practíquense las adecuaciones del trámite que sean necesarias.
Regístrese, hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía que corresponda al juzgado civil que elevó el conflicto, con comunicación de lo aquí dispuesto al juzgado de familia.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/07/2024 13:32:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:48:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:42:01 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2024 09:01:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2024 13:22:15 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/09/2024 17:30:50 hs. bajo el número RR-597-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia