Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala I · Causa 167956
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de fecha 23/4/19;
II. Hacer lugar, con los alcances expuestos en el día de la fecha, al recurso de fs. 55/59, debiendo receptarse la ampliación de la restricción de acercamiento respecto de la menor, como así también la prohibición de efectuar actos de intimidación o perturbación de actos, por el plazo de 30 días contados desde la fecha del presente. Transcurrido el plazo del art. 267 del CPC, devuélvase.-
RAMIRO ROSALES CUELLO ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ
JOSÉ L. GUTIÉRREZ
-Secretario-
REGISTRO Nº 205.R FOLIO Nº 253
- Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata -
Autos: "T. N. V. C/ F. A. J. S/ MEDIDAS PRECAUTORIAS (ART. 232 DEL CPCC)".
Expte. Nº 167956
Mar del Plata, 28 de Mayo de 2019.
Al escrito electrónico de fecha 27/5/19, conforme los datos suministrados en el mismo, se autoriza para la consulta informática de la presente causa (Usuario: valsofi) en la Mesa de Entradas Virtual de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As. (art. 34 inc. 5 del CPCC).-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. El proveído de fs. 44/47 en cuanto dispone la restricción de acercamiento del demandado a la menor S. F. T. como así también la prohibición de efectuar actos de intimidación o perturbación respecto de ésta última y demás medidas allí dispuestas para el caso de incumplimiento viene a conocimiento de esta alzada en virtud de los recursos de apelación en subsidio interpuestos por la Sra. Asesora de Incapaces en el escrito electrónico de fecha 23/4/19 y la parte actora en el escrito de fs. 55/59.
Los referidos recursos fueron concedidos a fs. 54 vta. y fs. 60 vta. y fundados en el mismo escrito apelatorio.
En el escrito de fecha 23/4/19 la Asesora de Incapaces entiende que no corresponde designar abogado del niño a la menor S. F. T.
Por su parte, a fs. 55/59 la actora se agravia por las siguientes cuestiones: a) el vencimiento del plazo de restricción fijado por el a quo expondría a la niña al contacto con su progenitor y a la reiteración de conductas violentas; b) la ausencia de medidas dispuestas respecto al agresor imponiendo a ambos progenitores por igual la concurrencia a espacio terapéutico; c) se supeditan las medidas complementarias al acaecimiento de nuevos incumplimientos por lo cual se debe exigir al demandado la realización de exámenes psiquiátricos para determinar su estado y la asistencia obligatoria a programas reflexivos y educativos tendientes a modificar las conductas violentas; d) la improcedencia de designar abogado del niño.
Recurso de fecha 23/4/19
II. El recurso merece prosperar.
En efecto, la participación autónoma del niño o adolescente como parte procesal involucra dos aspectos muy importantes: el derecho a la defensa técnica idónea y el derecho a tener un abogado de confianza; cuestiones que tienen sustento en la garantía amparada por los arts. 12 inc. 2 CDN, 27 inc. c ley 26061.
La cuestión a dilucidar implica considerar si se exige una edad mínima para poder efectivizar la designación de abogado a un niño; el CCyC ha adoptado un criterio flexible-mixto muy razonable pues fija, como regla, que si se trata de un adolescente de trece años su capacidad de discernimiento y grado de madurez se presumen. En cambio, si es un niño, le corresponde al magistrado evaluar en cada caso en concreto si cuenta con las condiciones necesarias para poder participar en forma autónoma con asistencia técnica letrada. (doctrina este tribunal, Sala II, causa 166.042, R. 132, F. 237/40, 11/4/19).
De esa manera, la falta de madurez suficiente y la carencia de grado de discernimiento, por la edad de la menor (tres años), para dar directivas a su letrado, sumado a la conflictividad familiar planteada en autos como así también a los hechos que tomaron estado público a través de la difusión de imágenes por intermedio de los medios de comunicación y redes sociales nos llevan a concluir que se debe dejar sin efecto la designación del abogado del niño entendiendo que la Sra. Asesora de Incapaces asumirá la participación activa en defensa de los intereses de la citada menor (art. 103 y cctes. del CCyC; art. 38 Ley 14.442).
En consecuencia, se deja sin efecto la designación del abogado del niño dispuesta en el proveído apelado.
Recurso de fs. 55/59
III. El recurso merece prosperar con los alcances que a continuación se indican.
La finalidad del procedimiento previsto en la ley n° 12.569 es hacer cesar el riesgo que pesa sobre las víctimas evitando el agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato que se cierne sobre ellas, mediante la adopción de medidas urgentes y transitorias que cautelarmente permitan su remoción.
En este sentido, las denuncias por violencia familiar tienen por única finalidad poner un paño frío, en una escalada de violencia, que no se podría lograr de tener que esperar a la finalización de la causa; es por ello que el episodio que las justifica debe estar ocurriendo al momento de la denuncia, o debe existir un riesgo cierto de que se reitere antes de que la justicia pueda tomar intervención por los carriles procesales ordinarios, siendo entonces medidas despachables “in extremis” (cám. Civ. II Sala I L P c. 119325 Reg. 28 res. del 3/3/2016).
De esta manera, frente a una denuncia se adoptan medidas urgentes que –cautelarmente- permitan su remoción, desde una perspectiva interina, circunstancial y variable, propia de esta categoría de protección, sin perjuicio, claro está, de lo que pueda llegar a decidirse una vez conocidos los resultados de medidas de prueba complementarias (este trib. Sala II, c. 164.054 Reg. 430 res. del 5/10/2017).
La duración de las medidas en los procesos de violencia familiar se encuentra vinculada con la finalidad de la ley, razón por la cual deben tener un plazo, sin que puedan extenderse sine díe ya que deben ser controladas y modificadas de acuerdo a las circunstancias (este Trib. Sala II. C. 164054 Reg. 430/2017).
Desde otro punto de vista, el punto de partida debe ser la remanida pero no superada fórmula del “interés superior del menor”; y esta aconseja excluir toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso, máxime cuando en materia de menores lo que prima es la provisoriedad; lo que hoy resulta conveniente mañana puede ya no serlo y a la inversa (SCBA Ac. 63120 sent. del 31/3/98; Sc. 79931 sent. del 22/10/2003).
En el caso de autos, la magistrada dispuso expresamente que la prohibición de acercamiento se extendía hasta el 30/4/19, salvo disposición en contrario por lo que de ninguna manera ello implicaba exponer a la menor a nuevas conductas violentas.
No obstante ello, advertimos que en el devenir posterior del auto apelado la magistrada entendió que el demandado incumplió con las medidas dispuestas en otros autos sobre violencia familiar (ver fs. 117 expte 9508, fecha 9/5/19), -a lo que se suma lo actuado en sede penal y la calificación brindada por el agente fiscal a la conducta del demandado, fs. 126/128 y constancias de fs. 226/232- conducta que torna operativas las medidas complementarias dispuestas en el proveído apelado, que la magistrada deberá evaluar, y justifican la prórroga de la medida de restricción por 30 días contados desde la fecha del presente, debiendo la actora encausar las acciones de fondo pertinentes para los requerimientos restantes (cuidado personal, sistema de comunicación, etc).
Es por las circunstancias apuntadas que entendemos razonable y prudente extender la restricción de acercamiento respecto de la menor, como así también la prohibición de efectuar actos de intimidación o perturbación de actos, por el plazo de 30 días contados desde la fecha del presente, sin perjuicio de las circunstancias que sobrevengan en la dinámica del proceso atento la provisoriedad supra indicada, el mutuo entendimiento al que puedan llegar las partes, las medidas que puedan disponerse en otro fuero y las medidas complementarias dispuestas por el a quo que se han tornado operativas según lo expuesto supra., haciendo saber a la parte actora que debe promover las acciones de fondo pertinentes para un abordaje integral en un proceso de conocimiento, extremo expresamente señalado por el a quo a fs. 45 vta., acápite C), pto a).
Finalmente, en lo que respecta a la designación del abogado del niño, dicho agravio resulta procedente según los argumentos expuestos al tratar el recurso de fecha 23/4/19.
Por ello se receptan los agravios a) y d), tornándose abstractos los agravios b) y c) ante la operatividad de las medidas complementarias dispuestas en el proveído apelado.
Es por todo lo expuesto que se RESUELVE: I.- Hacer lugar al recurso de fecha 23/4/19; II.- Hacer lugar, con los alcances expuestos en el día de la fecha, al recurso de fs. 55/59, debiendo receptarse la ampliación de la restricción de acercamiento respecto de la menor, como así también la prohibición de efectuar actos de intimidación o perturbación de actos, por el plazo de 30 días contados desde la fecha del presente. Transcurrido el plazo del art. 267 del CPC, devuélvase.-
RAMIRO ROSALES CUELLO ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ
JOSÉ L. GUTIÉRREZ
-Secretario-
Fin de la sentencia