Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 128588
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca parcialmente el apelado decisorio de fecha 18 de marzo de 2021 -en lo que fuera materia de recurso y agravios- y se imponen las costas de la presente acción en el orden causado (arg. art. 68 segunda parte del CPCC). Las costas de Alzada se imponen también por su orden, al haberse podido creer la actora con derecho a accionar de ese modo (arg. art. precitado). Atento lo meritado en el punto 6 que antecede, la importancia del asunto, mérito y eficacia de las tareas desarrolladas, se fijan los honorarios de las doctoras María Clara Jayat Varela (T.34, F.85, CALP) y María Lucía Olivero (T.59, F.77, CALP) -ambas letradas patrocinantes de la parte actora- en 13 JUS para cada una de ellas, confirmándose así en esta parcela el resolutorio de fecha 18/03/2021. Asimismo, por la labor realizada ante esta Alzada, se establecen los estipendios de las doctoras María Clara Jayat Varela y María Lucía Olivero -por las labores efectuadas el 28/10/2020 y 13/04/2021- en 3,25 JUS para cada una -a la fecha del presente-, y los estipendios de la doctora Mariela Analía Ramos (T.47, F.83, CALP) -letrada patrocinante de la parte demandada, por sus tareas del 10/10/2020 y 08/04/2021- en 6,50 JUS -a la fecha del presente- (arts. 1, 2, 9 I 1 c., 10, 15, 16, 31 y conc. ley 14.967 -LHP-), con más el aporte legal ley 10.268.
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 128588; JUZGADO DE FAMILIA Nº 6 - LA PLATA
L. A. L. C/ R. H. F. S/ MEDIDAS PRECAUTORIAS (ART. 232 DEL CPCC) (DIGITAL)
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 4 de Mayo de 2021.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar los recursos de apelación interpuestos por la parte accionada el 23/03/2021 -18:24:44 y 18:28:03 horas-, contra el decisorio de fecha 18 de marzo de 2021, en cuanto al declarar concluido el proceso, impone las costas al demandado y regula honorarios. Concedidos los mismos a través del proveído del 26/03/2021, el primero de los recursos se fundó el día 08/04/2021, el que fuera ordenado sustanciar el mismo día con la parte actora y mereciera la réplica de esta última del 13/04/2021. A su vez, las letradas patrocinantes de la accionante apelaron -por bajos- sus honorarios (ver escrito del 18/03/2021; sistema Augusta).
2. Se agravia la parte demandada respecto de la resolución recurrida en cuanto impone las costas a su cargo de la presente causa; asimismo, apela -por altos- los honorarios regulados a la asistencia letrada de la parte actora (ver sendos escritos electrónicos del 23/03/2021 -18:24:44 y 18:28:03 horas-, sist. Augusta).
En prieta síntesis, entiende que no debe aplicarse a este caso el principio objetivo de la derrota en sentido estricto; considera arbitraria la medida decretada en estos obrados; sostiene -con cita de informe obrante en el expediente "R. H. F. c/ L. A. L. s/ Comunicación con los hijos" (número 33209/2020)- que no ha dado motivos para la iniciación y trámite de la presente causa, alegando haberse visto vulnerado su legítimo derecho de defensa. Reproduce jurisprudencia en apoyo de su postura. Solicita se revoque la sentencia apelada y se impongan las costas en el orden causado (ver escrito del 08/04/2021; sist. Augusta).
3. Liminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la deserción (insuficiencia) del recurso opuesto por la parte actora en el punto III de su presentación electrónica de fecha 13/04/2021, contra el ataque articulado por la parte demandada apelante.
Al respecto, ha de decirse que el escrito de expresión de agravios (de fecha 08/04/2021) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (arts. 18 Constitución Nacional -CN-; 260 Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
4. A. Como principio general, la norma del art. 68 del ordenamiento procesal dispone que la parte vencida en el pleito habrá de afrontar el pago de los gastos de la contraparte. El fundamento de la imposición de costas reside en hacer efectiva la responsabilidad de quien, litigando sin derecho, ha ocasionado a su adversario, injustificadas erogaciones destinadas al reconocimiento o defensa de sus intereses.
La preceptiva indicada consagra el principio objetivo de imposición, basado en el mero hecho del vencimiento, que sólo debe ceder si el sentenciante halla mérito suficiente para establecer la excepción, y funda adecuadamente sus razones en el pronunciamiento respectivo, bajo pena de nulidad (art. citado, segunda regla; esta Sala, causa 93.111 sent. del 25/4/2000, RSD 86/2000; causa 127132, sent. del 12/03/2020, RSI 57/2020).
En consecuencia, la ley no requiere que el litigante sea culpable, sino que atiende solamente a la posición asumida en el proceso (esta Sala, causa B-59463, RSD 107/86; causa 89.675, RSD 113/2000; causa 127132 citada).
Ahora bien, en los casos en que se involucran cuestiones de familia como pueden ser los contemplados en la ley 12.569 -Ley Provincial de Protección contra la Violencia Familiar-, si bien no corresponde imponer las costas con fundamento en el principio clásico de la derrota, sí puede que se atribuya o no a una de las partes el carácter de vencido y deba cargar con las mismas (arg. art. 68 primer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-), o que se ordene distribuirlas por su orden (arg. art. citado, segunda parte y conc. del CPCC) si es que el Juez no halla mérito para disponer que sea una de las partes la que deba cargar exclusivamente con las mismas (esta Sala, causa 124453, RSI 500/2019 sent. del 5/12/2019; causa 127132 cit.).
B. En el presente caso, el proceso se abrió ante la denuncia de la señora A. L. L. (ver escrito electrónico del 11/09/2020); el juez de grado enmarcó la cuestión en los artículos 2, 7 inc. f de la ley 12.569 -entre otra normativa-, y dictó como medida tuitiva (por el plazo de 90 días corridos) contra el demandado H. F. R., la suspensión del régimen de comunicación paterno-filial, respecto de su hijo G. R. L., pero intimó a las partes a que, dentro del plazo de vigencia de las medidas dispuestas, acrediten el inicio y/o continuidad (en el marco del expediente caratulado " R. H. F. c/ L. A. L. S/ COMUNICACION CON LOS HIJOS", nro. 33.209/2020, en trámite por ante el mismo Juzgado de Familia n°6 departamental) de las acciones de fondo que estimen pertinentes, por vía autónoma; ello, con la finalidad de generar el marco adecuado para la protección de los diversos derechos en juego (arg. art. 7 bis inc. d de la ley 12.569) -ver resolución del 30/09/2020-.
Sabido es que los requisitos de las medidas cautelares dentro de este especial juicio (encuadrado en la ley 12.569) deben ser valorados con mayor flexibilidad y menor rigor técnico que en otros ámbitos. Por lo tanto, la admisión de esas medidas no importa, por sí, considerar vencida a la contraparte a los efectos de meritar la imposición de las costas, ya que lo que se pretende prima facie (en principio, a primera vista), es aventar la posibilidad de todo peligro hipotético dentro del seno del ámbito familiar.
Luego, con fecha 02/10/2020, se presentó el accionado apelando la medida, disponiéndose mediante proveído del 06/10/2020 la formación de legajo de apelación, habiéndose declarado abstracto el recurso impetrado contra la resolución del 30/09/2020 en virtud del transcurso del plazo de vigencia de la misma (ver resolución de esta Sala de fecha 18/02/2021).
Nótese que la actora requirió la ampliación de la medida (ver escrito del 22/12/2020, sist. Augusta), resultando desestimada (ver resolución del 04/01/2021 -que no fuera recurrida por la accionante-, sist. Augusta).
Por último, el señor Juez de grado, en lo que aquí interesa y conforme el alcance del embate, resolvió dar por concluidos los presentes obrados, en virtud de la inexistencia actual de los presupuestos que hacen a la viabilidad de este proceso (art. 12 ley 12.569) -circunstancia que arriba firme a esta Alzada-, e imponer las costas al demandado (art. 68, CPCC), temática esta última que es materia de agravios.
5. La sola admisión de las medidas con carácter cautelar, cuando finalmente se recomienda encausar las pretensiones de otros modos -sea un proceso judicial o algún tipo de tratamiento- no puede hacer cargar las costas del juicio sobre el accionado, si no se acredita luego, la necesidad de haber invocado el procedimiento de la ley 12.569 ya que las cuestiones no podían ser resueltas por otras vías judiciales adecuadas, lo que no ha ocurrido en la especie (cfme. esta Sala, causa 118911, RSI 148/2015 sent. int. del 30/6/2015; causa 123007, RSI 395/2017, sent. int. del 28/12/2017; causa 127132 cit.).
De consuno con lo anterior, teniendo especialmente en cuenta: a) el carácter de cautelar -dictada sin sustanciación previa- de la medida dispuesta originariamente con fecha 30/09/2020; b) la intimación a ambas partes allí ordenada para que acrediten el inicio y/o continuidad de las acciones de fondo que estimen pertinentes, por vía autónoma; c) la desestimación de la ampliación de la medida tuitiva mediante resolutorio del 04/01/2021 que no ha merecido ataque alguno por parte de la actora; d) la firmeza con la que arriba el decreto de conclusión de las actuaciones de fecha 18/03/2021; es que corresponde revocar parcialmente dicho decisorio -en lo que fuera materia de recurso y agravios- e imponer las costas de la presente acción en el orden causado (arg. art. 68 segunda parte del CPCC). Las costas de Alzada se imponen también por su orden, al haberse podido creer la actora con derecho a accionar de ese modo (arg. art. precitado).
6. Toda vez que en la presente resolución se han impuesto las costas en el orden causado, cabe desestimar por improcedente el recurso -por altos- interpuesto con fecha 23/03/2021 por la parte demandada en torno a los honorarios regulados en favor de las letradas patrocinantes de la parte actora con fecha 18/03/2021, por carecer de legitimación -en esta instancia procesal y conforme lo aquí decidido- para apelar como lo ha hecho, como así también, no siendo beneficiado por los trabajos de dichas profesionales, no se encuentra obligado a su pago (art. 58, ley 14.967 de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de la Provincia de Buenos Aires -LHP-). Consecuentemente y respecto de los honorarios regulados en la instancia anterior, queda pendiente de resolución el recurso interpuesto -sólo por bajos- según escrito de fecha 18/03/2021 (ver sist. Augusta), debiendo estarse a lo que a continuación se dispone.
POR ELLO, se revoca parcialmente el apelado decisorio de fecha 18 de marzo de 2021 -en lo que fuera materia de recurso y agravios- y se imponen las costas de la presente acción en el orden causado (arg. art. 68 segunda parte del CPCC). Las costas de Alzada se imponen también por su orden, al haberse podido creer la actora con derecho a accionar de ese modo (arg. art. precitado). Atento lo meritado en el punto 6 que antecede, la importancia del asunto, mérito y eficacia de las tareas desarrolladas, se fijan los honorarios de las doctoras María Clara Jayat Varela (T.34, F.85, CALP) y María Lucía Olivero (T.59, F.77, CALP) -ambas letradas patrocinantes de la parte actora- en 13 JUS para cada una de ellas, confirmándose así en esta parcela el resolutorio de fecha 18/03/2021. Asimismo, por la labor realizada ante esta Alzada, se establecen los estipendios de las doctoras María Clara Jayat Varela y María Lucía Olivero -por las labores efectuadas el 28/10/2020 y 13/04/2021- en 3,25 JUS para cada una -a la fecha del presente-, y los estipendios de la doctora Mariela Analía Ramos (T.47, F.83, CALP) -letrada patrocinante de la parte demandada, por sus tareas del 10/10/2020 y 08/04/2021- en 6,50 JUS -a la fecha del presente- (arts. 1, 2, 9 I 1 c., 10, 15, 16, 31 y conc. ley 14.967 -LHP-), con más el aporte legal ley 10.268. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 1 del Ac. 3991 del 21/10/20 SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia