Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 141417
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la apelada resolución del 01/09/2025, en todo lo que ha sido materia de agravio; con costas de Alzada al recurrente cautelado vencido.
LEO
DALL AGLIO ILEANA C/ DE LA FUENTE ELGAR FEDERICO S/ MEDIDAS PRECAUTORIAS (ART. 232 DEL CPCC)
Causa: 141417
La Plata, 28 de Octubre de 2025.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Mediante la resolución del 01/09/2025, el Juez suplente de la instancia previa desestimó el levantamiento del embargo decretado sobre la cuenta comitente abierta en el sitio web “INVERTIR ON LINE S.A.U.”, que había sido solicitado por el cautelado E. F. De la F.
Primeramente, el recurrente cuestionó el punto 3 del decisorio objeto de embate, por haberse allí valorado erróneamente -según su parecer- que en la sentencia de divorcio dictada el 16/04/2025 por el mismo Juzgado, se había diferido la fijación de la fecha de cese de la comunidad de ganancias.
A tal fin, afirmó que el 20/05/2025 se había aclarado dicho pronunciamiento de mérito, habiéndose declarado extinta la comunidad con efecto retroactivo al día de la separación denunciada por las partes (11/06/2023).
En segundo término, criticó la omisión de ponderación del informe del 10/07/2025, en torno a la falta ingreso de fondos en su cuenta comitente durante al menos 18 meses posteriores a la fecha de separación de hecho.
En ese sentido, adujo que los movimientos efectuados en la citada cuenta eran atribuibles a bienes que no integran la sociedad conyugal.
En tercer lugar, se agravió de que el juzgador hubiera ignorado su ofrecimiento como garantía de la parte indivisa del inmueble que le correspondía de la sucesión de su madre que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N°11 Departamental, que ya se encontraba embargada por orden de aquél.
También, se quejó porque el magistrado no había tenido en cuenta la suficiencia de los bienes propios correspondientes al acervo sucesorio de su progenitora que habían sido embargados; a más de los gananciales igualmente cautelados.
Finalmente, argumentó que el embargo de la cuenta comitente atentaba contra su derecho a trabajar, dado que la utilizaba para generar ingresos; por lo que la medida dispuesta resultaba excesiva y desproporcionada.
Con relación al cuestionamiento realizado por la apelada en torno a la fundamentación del agraviado, sus alcances y requisitos, cuadra destacar que de la lectura del memorial traído en sufragio de la pretensión revisora, se percibe en qué consiste la protesta frente a lo decidido en la instancia de origen; y más allá de los consabidos criterios amplios y flexibles que se imponen en la materia, no puede seriamente sostenerse que los agravios no satisfacen el mínimo de técnica exigido por las normas procesales.
En consecuencia, corresponde desestimar el liminar pedido de deserción recursiva que propone la actora, sin perjuicio de la suerte que en definitiva pueda merecer el alzamiento (art. 260 del CPCC y su doctrina).
Inicialmente, se advierte la inexistencia de precisión acerca de la extensión del dominio por parte de terceros de los fondos depositados en la cuenta comitente de titularidad del cautelado, como de las consecuentes inversiones efectuadas en favor de ellos; a más de la ausencia de elementos objetivos de juicio que acrediten tales circunstancias (arts. 375 y 384 CPCC).
En esa línea, ha de repararse en que los comprobantes de depósitos efectuados por terceros no fueron adjuntos a la causa, ni declararon los testigos ofrecidos por el incidentista (ver escrito del 04/04/2025); en tanto que fue consentido el pase de los autos para resolver del 06/05/2025 como la reanudación decidida con fecha 10/07/2025 (art. 155 CPCC).
No obstante ello, el apelante carece de legitimación para peticionar en nombre de los denunciados terceros, a quienes les reconoce la propiedad de los bienes afectados, y que no se han presentado en la causa a hacer valer sus supuestos derechos, tal como fuera apuntado por el juez de la anterior instancia (conf. esta Sala, causas 106037 RSI-292-5 S 22/12/2005; 132378-1 RS 249/2022 S 27/09/2022).
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta por su específica gravitación en la materia convocante, que el art. 722 del Código Civil y Comercial prevé: “Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia, a pedido de parte, el juez debe disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial…”.
De ahí que las medidas de seguridad dictadas con tal fundamento, al tener su origen en la ley de fondo, y no en la procesal (conf. CC0201 LP 129351 RSI-201-2021 S 20/05/2021; CC0201 LP 132378-1 RS 249/2022 S 27/09/2022), se rigen prioritariamente por la normativa de fondo (Código Civil y Comercial).
En este sentido, cabe subrayar que las relaciones conyugales (aun en su aspecto patrimonial) resultan propias del derecho de familia, y por lo tanto presentan notas bien diferentes a las de aquéllas que se establecen entre los demás acreedores y deudores, regidas por el derecho privado patrimonial, y en las cuales son aplicables los códigos procesales en lo concerniente a las medidas precautorias.
En suma, las relaciones entre cónyuges no están sujetas a la ley procesal, salvo en los aspectos que no involucren cuestiones resueltas por el derecho sustantivo (conf. juris. cit.).
Por ende, para el otorgamiento de las medidas de aseguramiento en el ámbito del derecho familiar, y en particular en los procesos de divorcio y de liquidación de la comunidad de ganancias; ha de relativizarse la rigurosidad de la ponderación y justificación de los recaudos de procedencia de las medidas cautelares prescriptos en las leyes de procedimiento (verosimilitud del derecho y peligro en la demora).
Ello así, toda vez que el título que tienen los cónyuges para solicitarlas, proviene directa y exclusivamente de la normativa de fondo, que les acuerda la máxima verosimilitud del derecho para su traba, ante la existencia de la comunidad de bienes (conf. prec. ref.).
En efecto, en materia de familia la verosimilitud del derecho puede presumirse con menor rigurosidad por la situación o emplazamiento familiar. Lo mismo que el peligro en la demora, máxime frente a situaciones donde se busca la protección de derechos fundamentales, o se está ante situaciones de vulnerabilidad o grandes asimetrías.
En cuanto a la contracautela, requisito necesario a tenor del art. 199 del Código procesal, no se exige.
Por último, las medidas cautelares previstas en el aludido Código ritual están sujetas al plazo de caducidad que emerge del art. 207, lo cual no se aplica a las dispuestas por la ley de fondo en el ámbito del Derecho de Familia, donde cobran relevancia -además de la tutela judicial efectiva- el interés superior del niño, el no formalismo excesivo y la protección de la persona por sobre el patrimonio.
Sobre esa base, y omitiéndose entrar -deliberadamente, dado el marco cautelar- en el análisis relativo a la presunción o no de ganancialidad de los bienes, resulta razonable el embargo dispuesto sobre el 50% de los fondos existentes y futuros en la cuenta comitente del demandado E. F. De la F, en aras de evitarse que la administración o disposición de los bienes por éste pudiera poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales de su excónyuge, y sin perjuicio de que no se hubiera determinado ninguna contracautela, aspecto éste que arriba firme a esta Alzada (art. 34 inc. 4 CPCC); sobremanera dada la asimetría que existiría entre las partes en torno a la educación o capacitación financiera (arts. 722 Cód. Civ. Com; 384 CPCC).
En ese orden de ideas, el presente caso debe juzgarse con perspectiva de género, dadas sus circunstancias particulares, esto es a través del empleo de una mirada contextualizada de los hechos, y de acuerdo con el deber de actuar con la debida diligencia, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos de la mujer, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, por aplicación del mandato constitucional y convencional nivelador (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. Nac; 2 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; 2, 3, 6 inc. "a" y 7 incs. “a”, "b", “e” y "f" y cctes. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer; 1, 2, 3, 4 y cctes. ley 26.485; conf. SCBA LP C 124589 S 21/03/2022, SCBA LP RC 126376 I 24/04/2024).
Desde otroángulo, tampoco se aprecia la invocada afectación al derecho de trabajar del agraviado, puesto que -conforme lo remarcado por el sentenciante- no ha sido alegada, ni obviamente corroborada, su inscripción obligatoria como agente productor ante la Comisión Nacional de Valores, ni la suscripción de un contrato con un agente de negociación, de liquidación y compensación o asesor global de inversión igualmente registrado; a la par de valorarse especialmente la prohibición de dicho agente productor de recibir fondos y/o valores negociables de clientes o en nombre de clientes (ergo operar por intermedio de una cuenta comitente personal del agente), cuyo incumplimiento no puede ser cohonestado por los órganos judiciales (arts. 2, 19 incs. “d” y “g”, 47, 49, 52 y cctes. ley 26.831; 1, 2, 4 inc. “b”, 7 y cctes. Título VII, Capítulo V N.T. 2013 -texto según Resolución General 731/2018 CNV-).
Finalmente, siendo suficientes y conducentes las razones expuestas para dirimir el planteo revisor, deviene innecesario extenderse en otras consideraciones sin real gravitación en la materia decisoria, desde que el Tribunal no está obligado a examinar todos los temas sometidos a su conocimiento si, dada la solución que se propone, ello no se torna necesario (conf. SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; CC0201 LP 132378 - 1 RS 249/2022 S 27/09/2022).
En esa línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que en el estudio y análisis de los agravios, los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino tan sólo los que consideren suficientes y decisivos para decidir el caso (conf. CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
En consecuencia, corresponde desestimar la totalidad de los agravios vertidos, confirmándose así la apelada resolución del 01/09/2025, en todo lo que ha sido materia de agravio (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. Nac; 2 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; 2, 3, 6 inc. "a" y 7 incs. “a”, "b", “e” y "f" y cctes. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer; 1, 2, 3, 4 y cctes. ley 26.485; 722 Cód. Civ. Com; 2, 19 incs. “d” y “g”, 47, 49, 52 y cctes. ley 26.831; 1, 2, 4 inc. “b”, 7 y cctes. Título VII, Capítulo V N.T. 2013 -texto según Resolución General 731/2018 CNV-; 203, 260, 266, 270, 375, 384 y cctes. CPCC).
Respecto de las costas de Alzada, deben imponerse al recurrente cautelado E. F. De la F, dado que reviste la objetiva condición de vencido (arts. 68 y 69 del CPCC).
POR ELLO, y fundamentos expuestos, se confirma la apelada resolución del 01/09/2025, en todo lo que ha sido materia de agravio; con costas de Alzada al recurrente cautelado vencido. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia