Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78495
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.78.495 “MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL C/ RINCON DEL PINAR SRL S/MEDIDAS PRECAUTORIAS (ART. 232 DEL CPCC) -CUESTION DE COMPETENCIA ART.7 LEY 12.008-“
I. La Municipalidad de Villa Gesell, a través de su apoderada, promueve una medida cautelar autónoma contra la firma Rincón del Pinar SRL, con el objeto de que se otorgue protección a las personas que residen en el establecimiento para adultos mayores de la demandada.
Relata que luego de que la Secretaría de Salud de la comuna recibiera información respecto de ciertas deficiencias en la prestación del servicio en el lugar, funcionarios y profesionales del municipio realizaron una inspección in situ y pudieron constatar los hechos denunciados.
A la par, explica que, si bien la Municipalidad ha arbitrado todos los medios a su alcance para paliar la situación descripta y la ha puesto en conocimiento de la Provincia de Buenos Aires, por ser la autoridad de control de estos hogares residenciales, el grave riesgo que corren quienes se encuentran allí internados amerita la concesión de una tutela de urgencia como la solicitada.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Paz Letrado de Villa Gesell, cuya titular se inhibió de conocer en el asunto tras considerar que la normativa que regía la situación planteada como eventuales responsabilidades de la autoridad actora se encontraban “ligadas al ejercicio de potestades urbanísticas y preventivas de la seguridad pública” y, por tanto, correspondía darles intervención a los órganos del fuero especializado en derecho público (v. resol. de 11-XI-2022).
De esta manera, las actuaciones recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores, cuyo magistrado también se rehusó a entender en la controversia. Primero, destacó que no se trataba de una acción de amparo, por lo que no debió procederse a su sorteo conforme el sistema de adjudicación establecido a ese efecto. Seguido a esto, atento el objeto de la litis y el carácter privado del sujeto contra quien se interponía la demanda, sostuvo que el caso escapaba de la esfera de su conocimiento (v. resol. de 23-XI-2022).
Al decidir de ese modo, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III.1. Esta Corte reiteradamente ha resuelto que, en virtud del carácter accesorio de las diligencias preliminares o precautorias anticipadas, la competencia para decretarlas corresponde al juez que vaya a conocer en el posterior proceso principal (arts. 6 inc. 4, CPCC y 77 inc. 1, CCA; doctr. causas B. 52.950, "Torres", resol. de 20-II-1990; B. 54.029, "Latrecchiana", resol. de 29-X-1991; B. 61.685, "Santana", resol. de 5-VII-2000; B. 63.514, "Brandoni", resol. de 27-XII-2001; B. 64.730, "Cooperativa de Trabajo Taller Naval Ltda.", resol. de 30-X-2002; B. 68.339, "Colombo", resol. de 7-IX-2005; B. 69.868, "COA Construcciones y Servicios Públicos SA", resol. de 18-II-2009; B. 71.007, "Presa Tapari", resol. de 22-IX-2010; B. 71.482, "Radisol SA", resol. de 31-VIII-2011; B. 71.903, "Aranda", resol. de 30-V-2012; B. 72.574, "Bingo Adrogué SA", resol. de 4-XII-2013; B. 73.097, "Moleiro", resol. de 10-IX-2014; B. 73.540, "Tiro Federal Argentino", resol. de 29-IV-2015; B. 74.233, "Playa de Camiones Quequén SA", resol. de 22-VI-2016; B. 75.457, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 19-XII-2018; B. 76.165, "García", resol. de 13-XI-2019; B. 76.764, "Fiscalía de Estado", resol. de 19-III-2021 y B. 77.029, "Vives", resol. de 12-VII-2021).
III.2. Sobre esa base, debe ponderarse que la actora persigue obtener una medida de protección de los adultos mayores que se encuentran en la residencia “Rincón del Pinar”, ante las deficientes condiciones en las que se estaría prestando el servicio. Sin embargo, se observa que la Municipalidad no precisa cuál será su pretensión principal del juicio posterior que ha de iniciarse una vez otorgada la tutela requerida (conf. art. 207, CPCC).
Ahora bien, pese a la imprecisión del planteo articulado, en esta etapa liminar es posible concluir que se trata prima facie de un supuesto aprehendido por los arts. 166 in fine de la Constitución de la Provincia y 1 de la ley 12.008, en cuanto definen a la materia contencioso administrativa como los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas.
III.3. Al respecto, debe recordarse que mediante la ley 14.263 se declaró el estado de emergencia sanitaria de los establecimientos geriátricos –de gestión pública y privada- en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, se establecieron una serie de deberes de los titulares responsables de las residencias (art. 6) y se determinó el sistema de distribución de competencias entre la autoridad de aplicación de la ley y las municipalidades (art. 11).
Por su parte, en el decreto reglamentario 1190/12 se dispuso que el Ministerio de Salud provincial actuará como autoridad de aplicación de la normativa y, en lo que aquí concierne, se precisó que: “los Establecimientos Geriátricos deberán observar condiciones adecuadas de alojamiento, alimentación, higiene, recreación y atención médica para el bienestar y comodidad de los residentes. No podrán prestar servicios sin la previa habilitación e inscripción en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Geriátricos de la Provincia de Buenos Aires. No se permitirá el ingreso ni la permanencia en los Establecimientos Geriátricos de adultos mayores cuyo estado de salud requiera de atención en hospitales. Los Establecimientos Geriátricos deberán establecer condiciones igualitarias en la calidad de las prestaciones que brinden, independientemente de las condiciones económicas, sociales o religiosas de quienes concurran o se encuentren internados” (art. 4) y que “sin perjuicio del derecho que poseen los residentes de formular reclamos ante el titular del Establecimiento Geriátrico en el que residan, los mismos podrán realizar quejas y denuncias, aún en forma telefónica, ante la Dirección de Fiscalización Sanitaria. Dichos reclamos deberán ser evacuados dentro de las veinticuatro (24) horas, mediante la realización de inspecciones o los actos que el citado órgano estime corresponder según la gravedad del hecho” (art. 5).
En este contexto, deviene necesario destacar que la actora en su escrito inicial aduce que la tutela se peticiona para resguardar el estado de salud de las personas internadas en la residencia “hasta que la autoridad de control de este tipo de establecimientos, Ministerio de Salud de la Provincia, intervenga de manera efectiva”. Para más, en la presentación electrónica de fecha 14 de noviembre del corriente año arguye que el municipio ha adoptado las medidas que se encontraban a su alcance para paliar la situación denunciada, pero que “existen medidas que exceden el ámbito de competencia, como es la designación de defensores oficiales, y la realización de informes ambientales, y el libramiento de oficios para intimar la intervención del Ministerio de Salud”.
III.4. Así pues, es dable presumir, al solo efecto de dirimir la presente incidencia, que una eventual demanda se englobaría –al margen de su procedencia- en las definiciones descriptas supra punto III.2, en tanto podría comprometer la responsabilidad de la Provincia como órgano de contralor de este tipo de establecimientos, lo que recaería dentro de la órbita de conocimiento del fuero especializado en derecho público (conf. arts. 1 y 2, CCA).
A lo que cabe agregar que, tratándose la regla de competencia por accesoriedad de un dispositivo eminentemente práctico, en caso de duda o de requerimientos que exhiban cierto grado de autonomía, debe estarse al carácter improrrogable y de orden público de la competencia contencioso administrativa (conf. art. 6, CCA; doctr. causas B. 77.822, "ALEARA", resol. de 16-V-2022 y B. 77.587, “Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires”, resol. de 30-VI-2022).
IV. Bajo tales premisas, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores el órgano que continúe entendiendo en el litigio.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Paz Letrado de Villa Gesell.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/12/2022 17:34:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2022 21:46:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2022 11:26:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2022 07:23:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2022 08:56:46 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/12/2022 09:25:16 hs. bajo el número RR-1244-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia