Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80067 bis
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que resulta competente para seguir interviniendo en el caso el Tribunal de Trabajo N°4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, ante el cual se radicará el expediente principal y su correspondiente incidente (art. 7 inc. 1, CCA).
B.80.067 bis "FEDERACION NACIONAL DE CONDUCTORES DE TAXIS C/ CABIFY S.A. Y OTROS S/ MEDIDAS PRECAUTORIAS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. La Federación Nacional de Conductores de Taxis solicita el dictado de una medida cautelar autónoma mediante la cual se ordene a las empresas Uber Technologies Inc., Uber B.V., Uber Argentina, Didi SA y Cabify SA el cese inmediato de toda actividad vinculada al servicio de transporte de personas dentro del ámbito territorial del Partido de General Pueyrredon.
Fundamentan su pedido en que la intermediación lucrativa que realizan entre sus usuarios y los conductores particulares, efectuada a través de aplicaciones para smartphone, resultaría ilícita por "encubrir" contratos onerosos de transporte que se llevan adelante sin que los automóviles empleados cuenten con la habilitación municipal exigida mediante la ordenanza 23.928/19.
Al respecto, aducen que la proliferación de esta modalidad de servicios atenta no solo contra su fuente de trabajo -sería, según alegan, un modo de competencia desleal-, sino contra la seguridad de los propios pasajeros que hacen uso de esas aplicaciones, puesto que no se requiere a los choferes asociados que sean titulares de una licencia de conducir profesional ni la contratación de los seguros correspondientes (v. escrito de demanda de 7-IV-2025, presentado en el expediente principal al cual se encuentra vinculado este incidente).
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°9 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Sin embargo, su titular se declaró incompetente para intervenir en el asunto. Para así resolver, ponderó que, de acuerdo a lo que surge de la demanda, el reclamo se efectuaba al amparo de la ley 23.551 (Ley de Asociaciones Sindicales), siendo el ejercicio de una competencia comercial desleal por parte de las compañías demandadas el principal argumento esgrimido por la actora.
En virtud de ello, y habida cuenta de lo dispuesto expresamente en el art. 63 inc. 1 ap. "a" de la citada ley, sostuvo que el conocimiento del litigio correspondía al fuero laboral local, razón por la cual dispuso su remisión a la Receptoría General de Expedientes departamental para que allí fuera sorteado nuevamente (v. resol. de 30-IV-2025, dictada en el expediente principal).
Radicado el expediente ante el Tribunal de Trabajo N°4 de aquel departamento judicial, sus integrantes rechazaron la competencia que se les atribuyera en la inteligencia de que en el pleito, en lo primordial, lo que se cuestionaba era la falta de ejercicio del poder de policía comunal respecto de la actividad de transporte de personas.
Asimismo, arguyeron que en el sub lite no se discutía ninguna materia asociada a la competencia propia del fuero laboral en los términos de la ley 23.551 -tales como podrían ser el impedimento del ejercicio de derechos gremiales o de derechos en cabeza de sus afiliados-, la cual solo habría sido citado al momento de solicitar la eximición del pago de la tasa de justicia (v. punto VII del escrito de demanda).
De este modo, luego de tener en especial consideración que el asunto debatido involucraba indefectiblemente a uno de los sujetos mencionados en el art. 166 de la Constitución provincial -la Municipalidad de General Pueyrredon-, reenviaron la causa a la receptoría departamental para que fuera asignada a alguno de los órganos jurisdiccionales correspondientes al fuero contencioso administrativo (v. resol. de 15-V-2025).
Habiendo salido sorteado el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, su magistrado negó la competencia que se le estaba endilgando, aduciendo que el conflicto traído a juicio se había suscitado entre una organización sindical y una serie de sujetos privados, a los que se pretendía atribuir responsabilidad por infringir la normativa local que regula la actividad que desarrollan.
En tal sentido, puso de resalto que la competencia del fuero especializado en derecho público no se encontraba justificada dado que los demandantes no impugnaban la ordenanza comunal en cuestión ni algún acto administrativo derivado de su aplicación, sino que lo que buscaban era hacer que esta se cumpliera en su integridad.
Ante este escenario, planteó la contienda negativa y elevó los obrados a esta Suprema Corte de Justicia, para que la dirima con arreglo a la atribución que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. de 22-V-2025).
III. Primeramente, cabe recordar que este cuerpo ya ha tenido ocasión de expedirse en punto al órgano judicial competente para conocer y decidir en las controversias regidas por la ley 23.551 (Ley de Asociaciones Sindicales), estableciéndose que corresponde que las mismas, por su naturaleza, sean ventiladas ante los tribunales del fuero laboral (doctr. causas L. 117.296, "Luque", resol. de 20-III-2013; B. 73.305, "Nieto", resol. de 22-IV-2015; B. 74.473, "Gómez", resol. de 7-XII-2016; B. 79.388, "Sindicato de Trabajadores Municipales de General Pueyrredon", resol. de 14-VI-2024; B. 79.659, "Reynoso", resol. de 13-XI-2024 y B. 79.843, "Loyola", resol. de 31-III-2025).
Ello así, en la medida en que se trata de controversias regidas primariamente por el derecho laboral, alcanzadas por las previsiones del art. 4 inc. 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo (doctr. causa B. 72.575 "López", resol. de 6-XI-2013 y sus citas).
IV. Bajo tales premisas, es dable afirmar que el caso de autos, en el que la asociación sindical demandante requiere el dictado de una medida cautelar ante lo que consideran un comportamiento ilícito y desleal por parte de las sociedades demandadas -todas ellas competidoras en el mismo rubro de servicios en el que se desenvuelven los afiliados que representa la actora-, habilitan la intervención y conocimiento del fuero laboral (conf. art. 63 inc. 1 ap. "a", ley 23.551).
A mayor abundamiento, y reforzando la decisión anticipada en el párrafo precedente, es menester apuntar que en la contienda, tal como está planteada por la parte impulsora, no se acciona contra ningún sujeto de los mencionados en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa (arts. 166. Const. prov. y 1 inc. 1, CCA; doctr. causa B. 72.886 "Etcheverry", resol. de 4-XII-2013).
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Tribunal de Trabajo N°4 del Departamento Judicial de Mar del Plata el órgano que continúe conociendo en el asunto (conf. arts. 4 inc. 1, CCA y 63 inc. 1 ap. "a", ley 23.551).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que resulta competente para seguir interviniendo en el caso el Tribunal de Trabajo N°4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, ante el cual se radicará el expediente principal y su correspondiente incidente (art. 7 inc. 1, CCA).
Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°9 y al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1, ambos pertenecientes a aquel departamento judicial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2025 15:52:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/09/2025 17:04:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/09/2025 13:19:04 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 09:32:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 10:44:02 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/09/2025 10:51:09 hs. bajo el número RR-600-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia