Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 27879
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja promovida. Sin imposición de costas de Alzada, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).-
QF2-27879-17
R.I 47/17
///rón, 13 de Julio de 2017
AUTOS Y VISTOS: el recurso de queja intentado a fs. 38/43vta.
Y CONSIDERANDO: Que uno de los presupuestos legitimantes para recurrir es el hecho de que la decisión cause agravio a quien lo hace; agravio que, entre otros caracteres, debe ser personal del recurrente (esta Sala en causa nro. 5610, R.S. 195/10; 29199, R.S. 303/11; 12282 R.S. 113/16; entre otras).-
Que, en tal contexto, cabe tener presente que lo que se está dirimiendo en autos (en esencia) es la legalidad, o no, de una medida de abrigo adoptada por el Servicio Zonal respecto de los niños T. y A. S..-
Luego, en dichas actuaciones, las partes intervinientes son los niños (con sus representantes legales, el Asesor de Incapaces e incluso el Abogado del Niño), los progenitores (art. 638 CCyCN) y el organismo administrativo actuante; no entrando en dicha categorización otros parientes de los menores, que ni son sus representantes legales ni estaban a cargo de su cuidado personal.-
En tal sentido, cabe señalar que -al margen de que los recursos hayan sido articulados por derecho propio- quienes se encuentran legalmente habilitados para peticionar en representación -y resguardo- de los intereses de los niños son sus representantes legales (aquí, su madre), el Asesor de Incapaces y el Abogado del Niño; siendo que, con tal actuación, su asistencia, representación y defensa en juicio se encuentra suficientemente resguardada.-
En correlato con ello, cabe señalar que -a juicio del tribunal- la directriz del art. 708 del CCyCN puede (y debe) ser leída con efectos expansivos y contextualizados con los otros principios de estos procesos (especialmente la celeridad), en el sentido de limitar la actuación en los trámites a quienes legalmente están habilitados para hacerlo, como forma de permitir una tramitación mas rápida y eficiente, evitando complicaciones procedimentales que -en definitiva- terminen obstaculizando la tramitación en desmedro de los propios niños.-
Que, en tal contexto y en el caso concreto, se constata que los derechos de los niños (T. y A. S.) están suficientemente resguardados en autos, con las antedichas intervenciones.-
Incluso ni siquiera se advierte que la progenitora de ellos se encuentre en estado de indefensión, dado que cuenta con su propia -y eficiente- asistencia letrada.-
Amén de lo cual existe un Abogado del Niño actuante y un Asesor de Incapaces.-
Con lo cual, y por tales razones, no procede la apertura, para intervenir en estos procesos, a otros parientes de los niños que concurren a peticionar por su propio derecho.-
Y que tampoco está prevista, ni se compadecería con su esencia, la actuación de familiares en una situación cercana a la coadyuvancia (arts. 90 y subsiguiente CPCC) en razón de los principios propios de este tipo de procesos y, especialmente, lo ya dicho en cuanto a las limitaciones de la intervención de otras personas.-
En el punto, el art. 35bis de la ley 13.298, si bien menciona a la consideración de otros parientes como alternativas viables, no les reconoce el carácter de parte.-
Corroborando esta exégesis, si bien no es una situación idéntica pero si con suficientes puntos de analogía (pues, en definitiva, se está definiendo acerca de la situación de vida de los niños) vemos que el art. 608, último párrafo, del CCyCN habla de la posibilidad (no obligatoriedad) de escuchar a otros parientes (sin transformarlos en parte de estos procedimientos); esto no significa -desde ya- que el presente se trate de un proceso en los términos de dicho artículo pero sí que el mismo puede tomarse como pauta en orden a dirimir hasta qué punto cabe la apertura en tal sentido.-
Lo antedicho, no implica -desde ya- desconocer las (atendibles y humanas) razones de la tía de los niños en velar por su mejor interés y ponerse a disposición del órgano jurisdiccional para que, si se lo estima menester, se la evalúe dentro del contexto global de alternativas para decidir acerca del futuro de los niños; empero tal circunstancia no amerita, a juicio del tribunal, abrir el proceso como para permitir su actuación por derecho propio.-
Que, en lo que hace a su referencia al art. 556 del CCyCN, siendo que lo que está en discusión aquí es el control de legalidad de la medida de abrigo y no una cuestión vinculada con el régimen de comunicación, ello sin perder de vista lo resuelto por el Tribunal en el día de la fecha acerca de la situación de los niños, por lo que el artículo en cuestión no deviene aplicable al caso.-
Consecuentemente, y en virtud de tales fundamentos, entiende la Sala que corresponderá rechazar la queja intentada.-
Por ello, el Tribunal RESUELVE: DESESTIMAR la queja promovida. Sin imposición de costas de Alzada, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).-
REGISTRESE Y DEVUELVASE, ENCOMENDANDOSE A LA INSTANCIA DE ORIGEN LA NOTIFICACION DE LA PRESENTE A LA QUEJOSA.-
Sin perjuicio de ello, y advirtiendo que la quejosa ha formulado en autos una denuncia acerca de hechos supuestamente acontecidos en el Hogar Pascual Crudo, que trascenderían la concreta situación relativa a los niños de autos, pero que de ninguna manera pueden ser dejados sin analizar (ver fs. 216vta. punto IV de los autos principales) deberá, en la instancia originaria, actuarse lo conducente respecto de los hechos allí indicados, con las condignas comunicaciones a las autoridades competentes para intervenir en dicha cuestión.-
Y cumplido todo ello, la queja deberá glosarse a los autos principales.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. FELIPE AUGUSTO FERRARI
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
En igual fecha, se remitió. Conste.-
Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia