Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124499
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1790); con costas.
C. 124.499 "G. M. L. C/ G. M. L. S/ MEDIDAS PRECAUTORIAS"
I. El Juzgado de Familia n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata reguló los honorarios profesionales de la contadora Maria del Mar Merli, en su carácter de perito veedora controladora y coadministradora designada en autos por las tareas cumplidas que individualizó, en la suma de $ 45.000, con cita de los arts. 171, 175, 207, 208 y 211 de la ley 10.620 y modificatorias. En tal pronunciamiento la magistrada aclaró que la regulación se efectuó sobre la suma de $ 413.032,83, conforme a lo resuelto anteriormente por la Cámara (v. fallo de fecha 4-VII-2019; fs. 1098/1099) que fijó la base regulatoria a considerar para establecer los estipendios de la referida profesional en dicho importe, teniendo en cuenta el 100% de la evolución del patrimonio neto de la sociedad Topanga S.A. (v. auto regulatorio de fecha 13-XII-2019).
Tal decisión fue apelada por la actora, el demandado y también por la veedora mencionada -esta última cuestionando el porcentaje aplicado para establecer sus estipendios- (v. apelación de 19-XII-2019).
A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelación del fuero departamental dejó sin efecto los honorarios fijados en la instancia de origen para la perito contadora Merli, cimentando su decisión en la desproporcionalidad que genera la aplicación de la ley 10.620 con relación a otros profesionales intervinientes en la misma causa. Consideró así errada la aplicación de la normativa que contempla el arancel para los profesionales de ciencias económicas, particularmente las leyes 10.620, 13.750 y sus modificatorias, y dispuso que debían fijarse los emolumentos de la perito veedora bajo las pautas de la ley arancelaria vigente al momento de su desempeño en autos -dec. ley 8.904- y, de considerarlo procedente, por el art. 1255 del Código Civil y Comercial (v. sent. de 22-IX-2020).
Contra dicho pronunciamiento la mencionada profesional dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. presentación de 9-X-2020), cuya denegatoria -invocando la irrecurribilidad que rige en materia de honorarios- motivó la presente queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. resol. de 10-XI-2020 y presentación electrónica de 17-IX-2020).
Por otra parte, devueltos los autos a la instancia de origen, la magistrada procedió a regular los honorarios en cuestión, los que fijó en la suma de $ 16.500 (v. resol. de 4-XII-2020). Luego, atento a la solicitud efectuada en el marco de la queja deducida ante esta instancia (art. 292, cit.), se procedió a la remisión de los autos a esta Corte (v. proveído 21-IV-2021).
II. Pasando a analizar la queja incoada cabe señalar -más allá de otras observaciones que también podrían realizarse en cuanto a la fundamentación de las vías extraordinarias interpuestas- que, aún cuando se considerara que en atención a los planteos traídos -vinculados a la aplicación de la ley 10.620 y el art. 1255 del Código Civil y Comercial- el supuesto de autos pudiera configurar en tal aspecto una excepción al principio de irrecurribilidad de las decisiones sobre honorarios (conf. doctr. causas C. 106.433, "Torres", resol. de 22-X-2014; C. 119.033, "Montecchiari", resol. de 29-X-2014; C. 120.830, "Marina S.C.A.", resol. de 15-XI-2016 y C. 122.862, "Dominguez", resol. de 13-III-2019; C. 123.475, "Teknofood S.A.", resol. de 13-XI-2019), lo cierto es que analizando la concurrencia de los restantes recaudos de admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley intentado, el mismo resulta de todos modos inadmisible, en tanto el valor del agravio no alcanza el mínimo legal para acceder a la revisión por tal vía (art. 278, CPCC, texto según ley 14.141 y Acordada 3.972/2020).
En efecto, dicho valor está representado para la recurrente por la diferencia entre la regulación pretendida y la que resultaría de aplicar las pautas indicadas por la Cámara en la decisión que se impugna (conf. doctr. causas C. 122.170, "Alsina", resol. de 7-III-2018; C. 123.377, "De Souza", resol. de 16-X-2019; C. 124.056, "Zabala", resol. de 29-VII-2020 y C. 124.163, "Morbiducci,", resol. de 4-XI-2020). Y en el caso, de acuerdo a la base regulatoria que quedara firme en autos -conforme a la cual se determinaran sus estipendios en primera instancia, que fueran apelados en cuanto al porcentaje aplicado para su fijación-, aún cuando exista cierto grado de indeterminación, es de toda evidencia que tal suma no podrá alcanzar el mínimo establecido en el ordenamiento procesal para habilitar la revisión por esta vía extraordinaria (conf. art. 278 cit.; doctr. causas C. 118.375, "Czesun", resol. de 9-IV-2014 y C. 123.458, "Trebolares S.A.", resol. de 26-II-2020).
Asimismo, deviene pertinente recordar, en relación a la invocación de violación de doctrina legal de esta Corte para exceptuarse del requisito de admisibilidad bajo estudio (v. punto 3. "a" del escrito recursivo), que dicho planteo resulta inidóneo para obviar la limitación del ya citado art. 278, desde que tal supuesto excepcional, previsto en el art. 55 de la ley 11.653, se refiere al procedimiento laboral, no existiendo norma similar en el ámbito civil y comercial (doctr. causas C. 108.979, "Cacheda", resol. de 11-V-2011; C. 120.593, "Bocanera", resol. de 1-VI-2016; C. 122.454, "Gimenez", resol. de 16-V-2018; C. 123.804, "Lalanne", resol. de 29-VII-2020 y C. 123.084, "Administración Gral. de Ing. Públicos (DGI) ", resol. de 31-III-2021).
Finalmente, en cuanto a la alegación de la existencia de una cuestión federal (v. punto 3 cit. y punto 8 del recurso), si bien se denuncia arbitrariedad y la vulneración de garantías constitucionales, lo cierto es que -en el marco referenciado- no se advierten expuestos argumentos suficientes que permitan avizorar - prima facie - la existencia de una relación directa e inmediata de las normas federales denunciadas con las cuestiones concretas debatidas y resueltas en el presente caso (conf. doctr. art. 15, ley 48; conf. doctr causas C. 120.460,"Thomas", resol. de 22-XII-2015; C. 120.520, "Usuarios y Consumidores Unidos y otros", resol. de 11-II-2016; C. 120.510, "SADAIC", resol. de 4-V-2016; C. 121.392, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 29-VIII-2017; C. 122.530, "Loro", resol. de 29-VIII-2018).
De lo expuesto se concluye la inadmisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley intentado (art. 278 cit.).
Por otra parte, en cuanto a la denegatoria del recurso de nulidad que también se menciona deducido cabe señalar que, sin perjuicio de las observaciones que podrían realizarse en cuanto a la técnica recursiva utilizada, lo cierto es que no obstante anunciarse su interposición (v. punto 1 "Objeto"), luego no se advierte en la pieza procesal en análisis que se haya formulado desarrollo argumental alguno con sustento en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial o en su contenido normativo, limitándose a mencionar que se plantea la nulidad de la sentencia que deja sin efecto la normativa aplicada para regular sus honorarios, cuestionando en su articulación recursiva el acierto del fallo recurrido. Ello determina sin más la inadmisibilidad del carril impugnativo mencionado (arts. 168 y 171, Const. prov., 296, CPCC; doctr. causas C. 121.776, "Zardain", resol. de 20-IX-2017; C. 123.765, "Curutchet y Martinez,", resol. de 5-VI-2020; C. 123.439, "Luelles", resol. de 24-VIII-2020 y C. 124.324, "Alconada Magliano", resol. de 29-VI-2021).
En consecuencia, las vías extraordinarias articuladas resultan inadmisibles y se impone el rechazo de la queja deducida (arts. 278, 292 y 296, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1790); con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/09/2021 16:26:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/09/2021 08:41:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2021 16:04:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2021 11:26:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/11/2021 10:17:45 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/11/2021 10:12:36 hs. bajo el número RR-791-2021 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia