Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128051
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se confirma el fallo impugnado en cuanto declaró no aplicables las prescripciones del decreto 329/20 al contrato de trabajo de autos, que fue disuelto por voluntad del empleador, durante el período de prueba previsto en el art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a las dificultades interpretativas generadas por la normativa de emergencia y dada la naturaleza de la cuestión tratada (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.051, "Escobar, Christian Jonathan contra A Mutz y Cía. S.A. Medidas Precautorias", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, desestimó la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento electrónico de fecha 17-VII-2020).
Se interpuso, por el accionante, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-VIII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa destacar, el tribunal de origen rechazó la acción promovida por Christian Jonathan Escobar, en cuanto reclamaba -previa declaración de nulidad de la cesantía- la reinstalación en su puesto de trabajo, con base en el decreto 329/20 que estableció la prohibición de los despidos sin causa y por falta o disminución de trabajo, o fuerza mayor (v. pronunciamiento electrónico de fecha 17-VII-2020).
Para así decidir, juzgó que el actor desempeñó tareas para la demandada A Mutz y Cía. S.A. desde el día 5 de marzo de 2020 hasta el 24 de abril del mismo año, en el que la empresa dispuso la extinción de la relación laboral, dando por finalizado el período de prueba, con apoyo en lo preceptuado por el art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
En lo sustancial, sostuvo que la forma de disolución del vínculo durante el período de prueba difiere del despido incausado prohibido por el art. 2 del decreto de necesidad y urgencia 329/20, en tanto el art. 92 bis citado exime al empleador de expresar una causa que está implícita en la naturaleza misma del período de prueba.
En tal sentido, destacó -por un lado- que la inestabilidad transitoria durante dicho período era conocida por ambas partes y -por otro- que la demandada había justificado la extinción de la relación laboral con el actor por no haber cumplido con las expectativas esperadas por la empresa durante el tiempo trabajado.
Finalmente, manifestó que durante el período de prueba la garantía de estabilidad no ha sido adquirida. Bajo esos lindes, concluyó que el referido decreto 329/20 no resultaba aplicable a las desvinculaciones que ocurrieron dentro del lapso que marca el citado art. 92 bis de la ley citada (texto según ley 25.877).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación del art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; del decreto 329/20 y de los principios de equidad, pro homine e in dubio pro operario (v. presentación electrónica de fecha 4-VIII-2020).
II.1. Objeta la decisión del tribunal de condenar a su parte a pagar las costas del juicio. Señala que el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires si bien establece el principio general de la derrota, también faculta al juez a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido cuando encontrare mérito para ello, lo cual -aduce- ocurre en el caso por tratarse de un desocupado que se encontraba convencido de sus derechos.
Afirma que, de este modo, implicaría que los trabajadores, aun estando seguros de que les asiste derecho a reclamar, se abstuviesen de ello por temor a las consecuencias económicas.
II.2. Cuestiona la decisión de grado porque dispuso marginar la aplicación del decreto 329/20 al caso de autos.
II.2.a. Afirma que el fallo recurrido resulta arbitrario. Entiende que el decreto 329/20 es aplicable a las relaciones laborales que se encuentran en período de prueba, ya que, aunque dicha norma no lo establezca expresamente, tampoco lo niega, por lo que, en ese marco, debe favorecerse la continuidad del empleo (conf. art. 10, LCT) y en caso de duda sobre la aplicación de una norma legal, debe decidirse siempre en el sentido más favorable al trabajador (conf. art. 9, LCT).
Indica que la lectura de los considerandos de dicho dispositivo y la grave situación originada por la pandemia dan cuenta de que su dictado obedeció a la necesidad de proteger los puestos de trabajo, con el expreso propósito de prohibir decisiones extintivas injustificadas.
II.2.b. Señala que si bien el art. 92 bis fue producto de una ley sancionada por el Congreso nacional, la misma es de menor jerarquía que los derechos que protege el decreto 329/20 ya que, de los fundamentos del mismo, surgen los derechos humanos protegidos, los cuales forman parte actual del orden público nacional.
En tal sentido, refiere que no es posible sostener que esta última resulta ser una norma de inferior jerarquía que instaura un régimen transitorio de estabilidad y que no puede doblegar un derecho derivado de una ley anterior y especial (art. 92 bis, LCT), desde que el orden público de protección opera por prelación normativa y no por jerarquía.
II.2.c. Argumenta que el art. 7 inc. "d" del Protocolo de San Salvador consagra la posibilidad de un régimen de estabilidad y la readmisión del trabajador despedido como uno de los mecanismos de garantizar el derecho al trabajo.
III. El recurso no prospera.
Por cuestiones metodológicas habré de alterar el orden en que los agravios fueron planteados por el impugnante, empezando por abordar aquel dirigido a controvertir la decisión del tribunal de grado de rechazar la demanda por considerar que el período de prueba no se encuentra incluido dentro de la prohibición impuesta por el decreto de necesidad y urgencia 329/20.
III.1. Aclarado lo que antecede, en primer lugar, considero necesario señalar que las cuestiones aquí debatidas guardan sustancial analogía con las que se verificaron en el precedente identificado como L. 127.028, "Siris", sentencia de 19-IX-2022, por lo que, a los fines de fundar la respuesta adversa a la procedencia del recurso, reproduciré, en cuanto resulte pertinente, los argumentos esgrimidos por la doctora Kogan al emitir su voto en primer término, al cual adherí con los precisos alcances señalados por el doctor Soria en su sufragio.
III.2.a. Dijo allí mi distinguida colega que, en el marco del declarado estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social (conf. ley 27.541), de la ampliación de la emergencia pública sanitaria en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 (conf. dec. 260/20 y modif.) y del aislamiento social, preventivo y obligatorio (conf. dec. 297/20 y modif.), se dictó el decreto de necesidad y urgencia 329/20 (B.O. de 31-III-2020), que dispuso severas restricciones a la posibilidad de alterar las relaciones laborales, al prohibir, por el término de sesenta días desde su publicación, "los despidos sin causa y los fundados en la falta o disminución de trabajo, o bien, por circunstancias de fuerza mayor" (art. 2), así como también las suspensiones basadas en las causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo (art. 3), disponiendo la nulidad absoluta de los que se produjeran en esos términos (art. 4).
Tal como se señaló, dicha norma fue dictada en el contexto de una grave crisis sanitaria, con sustento en la necesidad de garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, implementando, así, mecanismos destinados a resguardar la seguridad de los ingresos de los trabajadores, evitar el desempleo y preservar la paz social ante su posible afectación como consecuencia del dificultoso escenario económico generado a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio de la población que estableció el decreto 297/20.
Posteriormente, ante la persistencia de la situación de emergencia, se dictaron sucesivas normas que prorrogaron la vigencia de la disposición sobre cuya aplicabilidad aquí se debate (decs. 487/20, B.O. de 19-V-2020; 624/20, B.O. de 29-VII-2020; 761/20, B.O. de 24-IX-2020; 891/20, B.O. de 16-XI-2020; 39/21, B.O. de 23-I-2021; 266/21, B.O. de 22-IV-2021; 345/21, B.O. de 28-V-2021 y 413/21, B.O. de 28-VI-2021), aun cuando se efectuaron algunas exclusiones puntuales. Todas ellas fueron validadas por vía parlamentaria, a través de las resoluciones 36/20 (B.O. de 21-VII-2020); 59/20 (B.O. de 22-VII-2020) y 75/21 (B.O. de 14-XII-2021).
III.2.b. En lo concerniente al ámbito temporal de aplicación del dispositivo, no es materia de discusión que la extinción de la relación laboral aquí denunciada cae bajo la vigencia de las previsiones del régimen normativo detallado.
III.2.c. En rigor, la controversia se centra, a tenor de lo reseñado, en lo que atañe a su ámbito material de aplicación y, en particular, en punto al contrato que se encontraba dentro del período de prueba.
III.2.c.i. En relación con esto último, corresponde recordar aquí, conforme se indicó en la citada causa L. 127.028, que la ley 24.465 incorporó el art. 92 bis a la Ley de Contrato de Trabajo, destinado a la regulación del período de prueba, cuya redacción sufrió distintas modificaciones, siendo la última y vigente, la del texto plasmado según la ley 25.877.
La disposición citada establece que "El contrato de trabajo por tiempo indeterminado excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros TRES (3) meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establecido en los artículos 231 y 232".
Según se desprende del mentado precepto, el vínculo en esta fase inicial puede disolverse, por decisión unilateral de cualquiera de las partes, mediando el respectivo preaviso.
Ello, en tanto la figura se encuentra en definitiva destinada, en perspectiva del empleador, a la evaluación de las capacidades, destrezas y aptitudes del trabajador para el desarrollo de las tareas requeridas.
Por lo tanto, y más allá de lo que pueda discurrirse en torno a su esencia jurídica, la institución traduce la intención del legislador de supeditar la consolidación definitiva de la relación laboral al cumplimiento de un plazo, admitiendo antes de ello su ruptura unilateral por parte del empleador sin necesidad de "expresión de causa".
Obsérvese que aquí se utiliza un giro diferente al que se emplea cuando el vínculo ya se encuentra afianzado, en cuyo caso el empleador -en las hipótesis ordinarias- debe indicar si la extinción del contrato obedece -o no- a una "justa causa" en los términos del art. 242 de la ley citada.
III.2.c.ii. Sentado lo que antecede, en el precedente de referencia se indicó que si bien en los considerandos del decreto 329/20 se hace hincapié en el mantenimiento de los puestos de trabajo y en la necesidad de evitar "medidas unilaterales" de la empleadora, en su articulado las restricciones se circunscriben -en lo que aquí importa- a impedir que, por cierto tiempo, el empleador finiquite el contrato de trabajo a través de "despidos sin justa causa" y por las "causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor", siguiendo así la terminología utilizada por los arts. 245, 247 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo.
Nada se dijo expresamente, en cambio, en punto a la subsistencia de otros preceptos legales que, como es sabido, también admiten la extinción del contrato de trabajo, incluso por disposición unilateral del empleador.
Lo expuesto me lleva a concluir, como lo hice al acompañar el voto de la doctora Kogan en la causa L. 127.028, que la reglamentación no pretendió -en rigor- inhibir todas las hipótesis de rupturas unilaterales de los contratos de trabajo, sino suspender dicha facultad en supuestos específicos -reitero: despidos sin justa causa o por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor- en los cuales era dable suponer que el vínculo hubiera proseguido sin contratiempos de no haber acontecido la crisis sanitaria.
En ese contexto, se aprecia que la finalización del vínculo durante el período de prueba constituye un supuesto de "ruptura unilateral" no comprendida en las previsiones del art. 2 del decreto 329/20.
III.3. Atento lo expuesto precedentemente, cabe descartar el principal embate que porta el recurso, basado en la ausencia de distinciones de la normativa de emergencia, y que impondría, en esa mirada, reputar incluido al caso del período de prueba en las restricciones temporales a los despidos fijadas por el art. 2 del decreto 329/20.
Relacionado con ello, resulta pertinente aclarar -a tenor de lo expuesto por el recurrente- que no albergo dudas acerca de que la proposición normativa no se proyecta respecto de los contratos regidos por el citado art. 92 bis, circunstancia que exime la aplicación del principio contenido en la cláusula 39 inc. 3 última parte de la Constitución provincial, así como de acudir a las prescripciones del art. 9 de la referida Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto atañen al principio tuitivo del in dubio pro operario en la interpretación (causas L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020 y L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; e.o.).
III.4. Sellada la suerte adversa del fundamental cuestionamiento que porta el medio de impugnación, sin soslayar lo dicho en el punto por este Tribunal en la causa L. 122.152, "Romero" (sent. de 9-III-2021), remitiéndome a los fundamentos que expuse en mi voto, ocupa decir que las expresiones del interesado que giran en torno a lo regulado en el art. 7 inc. "d" del Protocolo de San Salvador, en cuanto señala que la estabilidad propia es "una posibilidad constitucional", en modo alguno constituyen una línea de razonamiento con idoneidad para gravitar en la solución del caso, a la postre, enmarcada en la particular previsión del art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo en su relación con el decreto que se pretendió aplicar.
III.5. Por ello, propongo al acuerdo confirmar la sentencia en crisis en cuanto especificó que el decreto 329/20 no es aplicable a los contratos de trabajo sobre los que gira el presente debate.
III.6. En lo tocante al agravio destinado a obtener la modificación de la imposición de las costas realizada por el tribunal de grado, cabe señalar que el planteo no cuenta con mayor desarrollo y, como tal, no cumple mínimamente con los recaudos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial para transitar la instancia de casación.
Téngase en cuenta, a mayor abundamiento, que reiteradamente esta Corte ha declarado que la imposición de costas constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 102.094, "Córdoba", sent. de 24-VII-2011; L. 106.545, "Falcón", sent. de 24-IV-2013; L. 113.488, "González", sent. de 23-XII-2013 y L. 111.997, "Uribe", sent. de 9-IV-2014; e.o.), supuesto que no se presenta en el caso, desde que ni siquiera se ha denunciado la existencia del aludido vicio en esta parcela de la pieza recursiva.
IV. En razón de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y confirmar el fallo de grado en cuanto declaró no aplicables las prescripciones del decreto 329/20 al contrato de trabajo de autos, que fue disuelto por voluntad del empleador, durante el período de prueba previsto en el art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Atento las dificultades interpretativas generadas por la normativa de emergencia y dada la naturaleza de la cuestión tratada, las costas de esta instancia extraordinaria se imponen en el orden causado (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la solución a la que arriba el colega ponente, por ser concordante con la que expuse al votar en primer término en la causa L. 127.028, "Siris" (sent. de 19-IX-2022), citada en la propuesta inaugural, a cuyos argumentos -en lo que resulte pertinente- me remito, en honor a la brevedad.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Aclarando que no he intervenido en ocasión de que esta Corte dictase sentencia en la causa L. 122.152, "Romero" (sent. de 9-III-2021), y con ello, exceptuando la remisión que se efectúa a dicho precedente, habré de adherir al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Genoud.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto que inicia el acuerdo con el alcance dado por la doctora Kogan al emitir su pronunciamiento.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se confirma el fallo impugnado en cuanto declaró no aplicables las prescripciones del decreto 329/20 al contrato de trabajo de autos, que fue disuelto por voluntad del empleador, durante el período de prueba previsto en el art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a las dificultades interpretativas generadas por la normativa de emergencia y dada la naturaleza de la cuestión tratada (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:40:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 10:11:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 13:49:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2022 11:51:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2022 12:55:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/12/2022 13:40:52 hs. bajo el número RS-126-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia