Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126338
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 126.338 "B. J. M. C/ C. S. M. L. S/ MEDIDAS PRECAUTORIAS (ART. 232 DEL CPCC)"
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó las decisiones de fecha 1 y 26 de abril de 2022 que habían sido apeladas por la demandada. Así, resolvió por un lado, rechazar el planteo de incompetencia formulado por la señora C. S. con sustento en que el centro de vida de los niños M. y M. B. al tiempo del traslado inconsulto por la progenitora a la provincia de Córdoba era la localidad de Florida, partido de Vicente López, destacando que no había autorización previa para el cambio de residencia de los niños. Concluyó así que los autos deberán continuar tramitando por ante el Juzgado de Familia n°2 de San Isidro, órgano que se encuentra interviniendo en la conflictiva familiar.
Por otro lado, confirmó la decisión que, a fin de dar estricto cumplimiento con la manda judicial de fecha 5 de abril de 2022 (que se destaca que no fue apelada) -acatamiento de la medida cautelar de no innovar con respecto al domicilio de los menores hasta tanto se resuelva la conflictiva familiar, conforme lo decretado en el marco del expediente conexo n° 22.482, y regreso a la jurisdicción del Departamento Judicial de San Isidro junto con sus hijos-, intimó nuevamente a la progenitora a que se presente en la sede del juzgado ante funcionario de esa dependencia e informe el domicilio donde va a residir junto con sus hijos, todo ello bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de dictar nuevas medidas que por derecho correspondan y le impuso una multa por los incumplimientos. En este aspecto, el Tribunal de Alzada expuso que, sin perjuicio de lo dispuesto, teniendo en cuenta que a dicho momento los niños se encontrarían escolarizados en la Provincia de Córdoba, como así también el avance del período escolar y que la vigencia de toda decisión referida a menores se encuentra supeditada a su interés superior (art. 3 CIDN), consideraba adecuado que se evalúe por parte del Equipo Técnico del Juzgado que las entrevistas pendientes se realicen por vía telemática, debiendo emitir asimismo dictamen fundado respecto a la conveniencia o no de un cambio de centro de vida como el pretendido por la accionada, conforme a todas las circunstancias de la conflictiva familiar; en especial en qué modo podría repercutir en los menores su vuelta a San Isidro (v. resols. de 1-IV-2022 y 26-IV-2022 y sent. de 9-VIII-2022).
Contra dicho pronunciamiento se alzó la progenitora mediante recurso extraordinario que tituló como de inaplicabilidad de ley, mencionando luego en su objeto deducir recurso extraordinario "de nulidad por arbitrariedad" e inaplicabilidad de ley -ello con cita de los arts. 161 inc. 3 apdo. "a" de la Const. prov. y 278 del ordenamiento procesal- (v. presentación de 8-IX-2022). La Cámara denegó la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley con sustento en la falta de definitividad de la decisión recurrida (v. resol. de 12-X-2022) y ello motivó la queja traída a consideración de este Superior Tribunal (art. 292, CPCC; v. presentación de 27-II-2023).
II. Al respecto cabe señalar, en primer lugar, en cuanto al contenido de la decisión impugnada, que este Tribunal ha sostenido -reiteradamente- que las resoluciones dictadas en materia de competencia no revisten carácter definitivo en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial, denieguen la competencia federal o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que relaciona a las partes y al hacerlo incidan sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (conf. doctr. C. 113.592, "Barrera de Zagar", resol. de 11-V-2011; C. 116.988, "B., P. E.", resol. de 26-XII-2012; C. 120.705, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 10-VIII-2016; C. 122.328, "Cantalippi", resol. de 18-IV-2018).
Así, en el caso, con respecto al planteo de tal índole resuelto en el fallo objeto de embate, es de observar que el pronunciamiento que, en los términos señalados en el punto I de la presente, confirmó el rechazo del planteo de incompetencia formulado por la progenitora, continuando, en consecuencia, la intervención del Juzgado de Familia n°2 de San Isidro, sin definir la suerte del derecho de fondo, no encuadra en ninguno de los supuestos excepcionales mencionados precedentemente en los que esta Corte ha permitido la apertura del carril extraordinario en cuestiones de tal naturaleza (art. 278, CPCC; conf. doctr. causas C. 118.417, "V., S. D.", resol. de 23-X-2013; C. 119.886, "S., O. M.", resol. de 26-VIII-2015; C. 122.328, cit.; C. 124.740 "G., P. G. C.", resol. de 29-VI-2021).
Por otra parte, en relación a lo demás resuelto en el fallo impugnado por la vía extraordinaria denegada, es de observar que este Tribunal ha sostenido, en numerosas ocasiones, que los recursos extraordinarios sólo proceden contra las sentencias definitivas, correspondiendo relacionar tal concepto con la aptitud de cancelar vías hábiles para lograr la reparación del derecho lesionado y la imposibilidad de renovar la cuestión en otra oportunidad procesal u otro juicio (conf. doctr. causas C. 119.292, "C., E.", resol. de 3-IX-2014; C. 120.997, "G., P. G.", resol del 8-III-2017).
Asimismo, también se ha dicho reiteradamente que, en principio, las decisiones relativas a medidas cautelares no revisten carácter de definitivas en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (arg. arts. 202, 203 y concs., CPCC; conf. causas C. 121.247, "Asoc. Civil Prot. Ambiental del Río Paraná", resol. de 28-XII-2016; C. 120.948, "Salcedo", resol. de 12-IV-2017; C. 122.673, "C. G.", resol. de 28-XI-2018; C. 122.704, "F. M. S. C.", resol. de 13-III-2019; C. 123.641, "Terzolo", resol. de 4-III-2020 y C. 124.077, "Arcagni", resol. de 23-IX-2021).
Así, en el caso, en que se recurre la resolución de la Cámara que, en los términos que expresamente indicó, confirmó la decisión que reiteró la orden de cumplimiento de una medida cautelar dictada en los autos relacionados e impuso multa por la falta de acatamiento a las mandas judiciales, no se aprecian expuestos en la queja en consideración motivos de excepción que justifiquen -en el contexto reseñado- el apartamiento del mencionado criterio general (conf. doctr. causas C. 122.254, "L. R. A.", resol. de 7-III-2018; C. 123.647, "M. E. B.", resol. de 27-XI-2019; C. 123.988, "B. P. N.", resol. de 2-IX-2020; C. 125.152, "D. M. D. L. A.", resol. de 29-X-2021; C. 125.617, "M. T. A.", resol. de 10-VIII-2022 y C. 126.110, "C., A. K.", resol. de 29-XII-2022).
A mayor abundamiento, comprendiendo las especiales circunstancias acontecidas en la causa y la grave conflictividad que se ventila, no puede pasarse por alto que la Cámara dispuso que se realice una evaluación por parte del Equipo Técnico del Juzgado y un dictamen fundado respecto a la conveniencia o no de un cambio de centro de vida y en especial en qué modo podría repercutir en los niños su vuelta a San Isidro a fin de evitar daños y vulneraciones en sus derechos fundamentales (art. 3, CIDN).
A ello se aduna que, de las constancias disponibles en la Mesa de Entradas Virtual de esta Corte surge que tales averiguaciones se han llevado a cabo mediante el informe obrante en fecha 8 de noviembre de 2022 y que se ha dictado resolución en la instancia de grado en fecha 28 de diciembre de ese mismo año, encontrándose en trámite la apelación deducida por la progenitora contra la misma (v. presentación de 29-XII-2022).
En atención a lo expuesto, cabe concluir en la falta de definitividad también de este aspecto de la decisión que se pretende recurrir mediante la vía extraordinaria denegada (art. 278 cit. y doctr. causas citadas).
III. Finalmente, cabe agregar que tampoco se advierte, en principio, en el marco procesal reseñado -y en relación a la resolución en crisis que motivó la queja-, la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que del embate subyacen denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho común y procesal que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal carácter (doctr. causas C. 119.442, "Figliuolo", resol. de 26-VIII-2015; C. 119.450, "Acosta", resol. de 25-XI-2015; C. 126.110 cit.).
En tales condiciones se impone el rechazo de la queja intentada (arts. 278 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/03/2023 14:30:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/03/2023 12:22:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2023 10:41:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2023 13:39:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2023 13:28:21 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 31/03/2023 14:35:05 hs. bajo el número RR-133-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia