Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 128344
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaIntimar al recurrente para que en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial a tal fin-, acredite ante esta sede el depósito a la orden de la Cámara que dictó la resolución cuestionada, de la suma de dos millones quinientos cincuenta y siete mil cien pesos ($2.557.100), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (art. 280, cuarto párrafo, CPCC y Ac. 4145/2024). A tal fin, ofíciese a la Cámara de origen remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial al efecto aquí indicado y la notificación al impugnante de la referida diligencia.
C. 128.344 "S. D. A. C/ P. T. T. S/ MEDIDAS PRECAUTORIAS (ART. 232 DEL CPCC)"
I. La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín confirmó el rechazo de la medida cautelar solicitada por el progenitor -reintegro al lugar de residencia y centro de vida de los niños L. y L. S. P.-, con fundamento en los informes técnicos brindados por el equipo profesional del juzgado que dieron cuenta de que la señora T. P. habría experimentado sucesivos y variados episodios de violencia durante su convivencia con el actor, situaciones adversas claramente inconvenientes para todo el grupo familiar, especialmente para los hijos de la pareja y que resultaba necesario que los niños puedan desenvolverse en un contexto de seguridad y tranquilidad y que el hecho de que, al momento de la evaluación, residan con su madre en Córdoba resultaba la alternativa más saludable respecto de la integridad de todo el grupo familiar, especialmente del resguardo emocional de L. y L., concluyendo que los encuentros paterno filial podrían efectuarse sin problemas en dicha provincia a la cual el actor manifestó que viajaba periódicamente por cuestiones laborales. El Tribunal de Alzada concluyó que el "centro de vida" de los niños mutó en favor de su "interés superior" (v. sents. de 29-XII-2023 y 11-IV-2024).
Frente a ello, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 26-IV-2024) y la Cámara concedió tal vía impugnativa (v. resol. de 16-V-2024).
II. En relación a la carga prevista en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto a los planteos formulados con respecto a tal exigencia -peticionando su inaplicabilidad o inconstitucionalidad-, cabe observar que este Tribunal tiene dicho, reiteradamente, que la misma no conculca derechos o garantías constitucionales pues, de acuerdo con el art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución de la Provincia, la Corte conoce de este recurso con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas Ac. 98.938, "Morena", resol. de 8-VII-2008; Ac. 105.470, "Banco Patagonia Sudameris", resol. de 10-XII-2008; C. 119.022, "U., N. A.", resol. de 6-IV-2016; C. 120.941, "Mihanovich", resol. de 26-X-2016; C. 121.498, "Dos As Servicios Agropecuarios S.A.", resol. de 28-VI-2017; C. 123.625, "De los Santos", resol. de 11-III-2020 y C. 125.861, "Enrique M. Baya Casal S.A.", resol. de 29-IX-2023).
Asimismo, también se ha resuelto que tal carga económica no vulnera las garantías de defensa en juicio, ni el acceso a la justicia (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1957-II-182; 1957-IV-254; 1958-II-435 y 1959-I-526; Ac. 98.938, C. 120.941, C. 123.625 y C. 125.861, cits.).
En tal sentido se ha juzgado que el mencionado recaudo no impide en modo alguno la libre defensa en juicio, ni crea prerrogativa que pudiera considerarse contraria a la Constitución, pues se impone a todos quienes se encuentran en las mismas condiciones (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1959-III-198; 1960-IV-489; Ac. 98.938; C. 120.941 y C. 123.625, cits.).
Además, el derecho de defensa sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1964-I-389; Ac. 98.938, Ac. 105.470, C. 119.022; C. 120.941, C. 123.625, cits.).
A lo expuesto se agrega que es la propia ley la que permite al impugnante, en el supuesto de verdadera falta de recursos demostrar judicialmente su situación y litigar sin responsabilidad pecuniaria en materia de gastos causídicos, por lo que, en razón de ello, la exigencia del depósito previo no resulta contraria a las normas constitucionales invocadas, desde que no se le ha impedido al litigante ser oído con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial y, de haber utilizado los medios a su alcance, acceder a la instancia extraordinaria obviando la carga procesal cuestionada ("Acuerdos y Sentencias", 1958-II- 435 y 1959-III-200; conf. doctr. causas C. 119.022, "U., N. A.", resol. de 6-IV-2016; C. 120.941 y C. 121.498, cits.), opción que no surge que haya sido ejercida por el recurrente.
Al respecto resulta inatendible la pretensión de eximirse de la referida carga denunciando la imposibilidad de afrontarla, con cita del precedente "Troche Baez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros de esta Corte, referidos al depósito del artículo 56 de la ley de procedimiento laboral, ofreciendo prueba a fin de acreditar dicho extremo (acápite II.C del escrito recursivo), toda vez que tal doctrina no se refiere al depósito cuya exigencia aquí se analiza, ni a la normativa que rige en el fuero (arts. 78 y sigs. y 280, CPCC; doctr. causas C. 119.022, cit.; C. 122.047, "V. L. M. F.", resol. de 18-IV-2018; C. 126.681, "L. Q. M. A.", resol. de 14-XI-2023).
Finalmente, deviene pertinente observar que no se aprecian en autos las circunstancias que se verificaron en otros precedentes de este Tribunal, como los citados en la resolución de la Cámara que concedió el recurso, justificativas de un disímil criterio en relación a la exigencia del depósito previo.
Así, no habiéndose satisfecho la carga pecuniaria en cuestión, ni solicitado el recurrente la tramitación de un beneficio de litigar sin gastos (conf. art. 78 y sigs., CPCC), y en atención a que en casos como el presente el valor del agravio es considerado de monto indeterminado, corresponde intimar a su cumplimiento en el mínimo legalmente previsto, conforme a lo establecido por la ley 14.141 y Ac. 4145/2024 ($2.557.100), vigentes al momento de deducción del recurso que se concedió (conf. doctr. causas C. 122.088, "R., A. E.", resol. de 7-III-2018; C. 122.047 y C. 126.681 cits.), bajo apercibimiento de declarar la deserción del remedio extraordinario otorgado (párrafo cuarto, art. 280 cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Intimar al recurrente para que en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial a tal fin-, acredite ante esta sede el depósito a la orden de la Cámara que dictó la resolución cuestionada, de la suma de dos millones quinientos cincuenta y siete mil cien pesos ($2.557.100), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (art. 280, cuarto párrafo, CPCC y Ac. 4145/2024). A tal fin, ofíciese a la Cámara de origen remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial al efecto aquí indicado y la notificación al impugnante de la referida diligencia.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y ofíciese a la Cámara a los fines aquí dispuestos.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2024 11:22:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/07/2024 11:46:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/07/2024 09:33:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:46:03 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 11:41:14 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/08/2024 13:02:45 hs. bajo el número RR-586-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia