Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 137424
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para intervenir al Juzgado de Familia n°9 del Departamento Judicial de La Matanza en las presentes actuaciones y en sus conexas, a saber: "C., R. contra A., R. Medidas precautorias" y sus conexas, a saber: C. 137.424-AGR1 "A., R. contra C., R. Reintegro de hijo", C.137.424-AGR2 "C., R. contra A., R. Cuidado personal de hijo" y C.137.424-AGR3 "C., R. contra A., R. Materia a categorizar".
C. 137.424 "C. R. C/ A. R. S/ MEDIDAS PRECAUTORIAS (ART. 232 DEL CPCC)"
I. Se elevan a consideración de esta las presentes actuaciones caratuladas: "C., R. contra A., R.. Medidas precautorias" y sus conexas, a saber: C. 137.424-AGR1 "A., R. contra C., R. Reintegro de hijo", C.137.424-AGR2 "C., R. contra A., R.. Cuidado personal de hijo" y C.137.424-AGR3 "C., R. contra A., R. Materia a categorizar", a fin de resolver la cuestión negativa de competencia suscitada entre el Juzgado de Familia n°9 del Departamento Judicial de La Matanza y el Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
II. El señor R. C. promovió, el 28 de febrero de 2025, ante el Juzgado de Familia n°9 del Departamento Judicial de La Matanza, las presentes actuaciones contra la señora R. A. y solicitó de forma cautelar el cuidado personal unilateral de los hijos que tienen en común, los niños P. A. C. A. -nacida el 28 de febrero de 2016- y A. R. C. A. -nacido el 27 de julio del año 2018-. Manifestó que la progenitora le había entregado los niños ya que ella no podía cuidarlos (v. "Demanda-se presenta" de 28-II-2025 y sus PDF adjs.).
A continuación, se dio intervención al equipo técnico del organismo que entrevistó a P. y a A. Así, la perito psicóloga informó que los niños se encontraban viviendo junto a su progenitor en la localidad de Lomas de Zamora y que habían comenzado la escuela allí. Sumado a ello, sugirió que los niños retomen el contacto con su progenitora y sus hermanos y, que comiencen tratamiento psicoterapéutico (v. "Informe psicólogo" de 27-III-2025).
II.2. Seguidamente, a raíz de la solicitud de la Asesoría de Incapaces, la magistrada se declaró incompetente para continuar interviniendo en autos, debido a que el centro de vida de los niños se había visto modificado a tenor de lo dispuesto por el art. 716 del Código Civil y Comercial. Así, con apoyo en la noción de "centro de vida", en los principios de tutela judicial efectiva y de inmediación y con cita en el art. 3 de la ley 26.061, se desprendió de la causa -y sus conexas- y la remitió al Departamento Judicial de Lomas de Zamora (v. "Asesor-presenta dictamen" de 15-IV-2025 y "Competencia-se resuelve" de 21-VI-2025).
II.3. El Juzgado de Familia n°1 de Lomas de Zamora, que resultó designado (v. "Receptoría-oficio de respuesta" de 8-V-2025 y "Pase a" de 9-V-2025), no aceptó la competencia endilgada. Argumentó para ello que el organismo de La Matanza intervenía en la conflictiva familiar desde el año 2019 sumado a que no se podía afirmar que el centro de vida de P. y de A. se había visto modificado toda vez que la progenitora se había opuesto a él, había iniciado un reintegro de hijo ante el Juzgado de Familia n°9 de La Matanza donde dicha solicitud se encontraba pendiente de ser resuelta. Así, en tanto la magistrada de origen se encontraba en mejores condiciones resolver, citó los arts. 716 del Código Civil y Comercial, 3 de la ley 26.061 y antecedentes de este Tribunal, para finalmente devolver las actuaciones (v. "Competencia se resuelve" de 28-V-2025 y "Pase a" de 28-V-2025).
Una vez arribados los autos, la titular del Juzgado de Familia n°9 de La Matanza mantuvo sus argumentos y atento al conflicto negativo de competencia elevó las actuaciones a este Tribunal (v. "Competencia-se resuelve" de 9-V-2025 y "Pase a" de 9-V-2025).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
III.1. Esta Corte ha sostenido, reiteradamente, que el Código Civil y Comercial de la Nación, en el Título VIII comprensivo de los procesos de familia, delinea reglas directrices en cuanto a la competencia en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese orden, regula el art. 716 del citado régimen normativo que, en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. La noción de centro de vida asigna las causas de esta índole al magistrado que luce mejor posicionado para conocer y resolver en la forma más urgente la problemática de los niños en salvaguarda de sus derechos fundamentales (arg. arts. 3, 9 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Constitución nacional; arts. 2, 3 y concs., ley 26.061; art. 3, Dec. 415/2006; arts. 1, 11, 15, 36.2 y concs., Constitución provincial; arts. 4, 5, 6, 7, y concs., ley 13.298). Y es la misma pauta con que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene la regla atributiva de competencia en relación a la persona (causas C. 119.984, "C. V., Y. L.", resol. de 15-VII-2015; C. 120.271, "C., M. D.", resol. de 7-X-2015; C. 121.725, "B., D. A.", resol. de 5-VII-2017; C. 121.882, "C., D.", resol. de 20-IX-2017; C. 122.366, "C., C. K.", resol. de 18-IV-2018; C. 123.102, "P., N. S.", resol. de 13-III-2019, e. o.) y se ha expedido en el precedente "C., R. F.", resolución del 30 de agosto de 2016.
Asimismo, corresponde señalar que este Tribunal se ha referido al concepto de "centro de vida" como "el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia" añadiéndose que esta directiva prevalece "…no solamente en las cuestiones de fondo sino también en materia de competencia" (C. 122.214, "F., M. B.", resol. de 21-II-2018; C. 123.131, "V., C. L.", resol. de 10-IV-2019; C. 123.267, "A., S. M.", resol. de 12-VI-2019, e. o.).
Además, la Corte Suprema nacional ha establecido que en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes se destaca la necesidad de examinar prudencialmente los elementos configurativos de cada supuesto, en la convicción de que así lo exige el mejor interés que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (Fallos: 338:1149; 340:415; 342:1031; entre otros). Aclarando que, si los magistrados en disputa están en situación legal análoga para asumir el juzgamiento de la causa, la elección debe hacerse valorando cuál de ellos cuenta con mejores elementos para alcanzar la tutela integral de los derechos del niño (Fallos: 327:3987; 339:1571; 344:325; entre otros).
III.2. En el supuesto que se considera, las constancias de autos ilustran que los niños residían hasta el año 2025 en la localidad de Villa Celina, La Matanza y que actualmente residen junto a su progenitor en la localidad de Lomas de Zamora. Sin embargo, la progenitora se ha opuesto a dicho traslado y ha iniciado la solicitud de reintegro de sus hijos que a la fecha se encuentra pendiente de ser resuelta (v. C.137.424, trámite: "Informe psicólogo" de 27-III-2025; C.137.424-AGR1, trámite "Denuncia policial-acta realizada" de 5-III-2025 y su PDF adj.). Sobre este escenario fáctico, no podría afirmarse que el centro de vida de P. y A. se haya consolidado en el lugar de su nueva residencia (conf. art. 3 inc. "f", ley 26.061; 716 Cod. Civ. y Com.).
Sumado a ello, el Juzgado de La Matanza se encontraba interviniendo en la conflictiva familiar desde, al menos, el año 2022. En particular, en lo que respecta al cuidado personal, se ha concluido la etapa previa (v. C.137.424-AGR2, trámite "Conclusión de etapa a petición-se resuelve" de 26-II-2025), mientras que en la causa C.137.424-AGR3, desde el año 2023 se encuentra interviniendo el equipo técnico del organismo entrevistando a los progenitores y a los niños con el objetivo de abordar la problemática familiar (v. C.137.424-AGR3, "Informe psicólogo" de 15-IV-2024, "Informe psicólogo" de 28-VI-2024, y "Informe psicólogo" de 27-XII-2024).
Ahora bien, como derivación de las consideraciones anteriores, corresponde afirmar que la inhibición de la magistrada que previno no se ajustó a derecho toda vez que fue prematura, sumado que la jueza conoce y tramita la conflictiva familiar al menos desde el año 2022. En este lapso no solo no han existido obstáculos procesales, sino que inclusive el equipo técnico ha entrevistado -en distintas oportunidades- a los niños y sus progenitores. Por ello, hace al interés superior de P. y de A. declarar competente para continuar interviniendo en estas actuaciones al Juzgado de Familia n°9 del Departamento Judicial de La Matanza. Ello, toda vez que es el órgano que se encuentra en mejores condiciones para atender las peticiones que la situación imponga, resguardando -así- los principios de tutela judicial efectiva y prevención (art. 706, Cód. Civ. y Com.; arg. art. 830, CPCC).
Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que la distancia existente entre el domicilio donde residen los niños y La Matanza -donde tiene su sede el Juzgado de inicio- es de 20 km., no resultando significativa para que amerite la declaración de incompetencia y encontrándose así garantizados los principios de tutela judicial efectiva e inmediación establecidos por el art. 706 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Con apoyo en lo expuesto, corresponde definir que, en el caso, debe intervenir la jueza que previno (conf. arts. 706, Cód. Civ. y Com; 830, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para intervenir al Juzgado de Familia n°9 del Departamento Judicial de La Matanza en las presentes actuaciones y en sus conexas, a saber: "C., R. contra A., R. Medidas precautorias" y sus conexas, a saber: C. 137.424-AGR1 "A., R. contra C., R. Reintegro de hijo", C.137.424-AGR2 "C., R. contra A., R. Cuidado personal de hijo" y C.137.424-AGR3 "C., R. contra A., R. Materia a categorizar".
Regístrese, hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/07/2025 18:58:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/07/2025 11:56:24 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/07/2025 13:29:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2025 15:23:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2025 09:46:24 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/09/2025 13:51:03 hs. bajo el número RR-555-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia