Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 61524
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Decretar la deserción del recurso de apelación deducido por la parte demandada a fs.277;
2Confirmar la sentencia apelada de fs.263/269, en lo que ha sido materia de agravio;
3Imponer las costas de alzada al apelante que ha sido vencido en la etapa recursiva (art.68 del Cód. Proc.);
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77).
Con fecha 7 de marzo de 2017, la Cámara Civil y Comercial (Sala II) de Azul en la causa n°61524 “MEDINA PEDRO ALBERTO C/ TESTA LUIS ANGEL S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”, confirmó la sentencia que, en forma oficiosa, dispuso descontar de la indemnización otorgada al arrendatario por no haber podido levantar la cosecha ante la acción antijurídica del arrendador, el valor de los arrendamientos que el primero no había pagado, utilizando la figura de la compensación del lucro con el daño y entendiendo que en el caso no hubo afectación del principio de congruencia.
Causa nº: 2-61524-2016 "MEDINA PEDRO ALBERTO C/ TESTA LUIS ANGEL S/DAÑOS Y PERJ.
INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 18 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 07 días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi, encontrándose en uso de licencia al momento del sorteo el Dr. Jorge Mario Galdós (arts. 47 y 48 Ley 5827 – resolución SCBA n°11005 del 01-11-16), para dictar sentencia en los autos caratulados: “MEDINA PEDRO ALBERTO C/ TESTA LUIS ANGEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (Causa N° 61.524), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. PERALTA REYES- Dra. LONGOBARDI.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Corresponde decretar la deserción del recurso de apelación deducido por la parte demandada a fs.277?
2da. ¿Es justa la sentencia apelada de fs.263/269?
3era. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. PERALTA REYES, dijo:
Contra la sentencia dictada a fs.263/269, interpuso recurso de apelación el demandado Luis Angel Testa (fs.277), el que fue concedido libremente mediante auto de fs.280.
Elevados los autos a la Alzada se dicta la providencia de fs.295, por la que se manda expresar agravios de conformidad a lo dispuesto por el art.254 del Cód.de Proc.
El informe de Secretaría que obra a fs.305, da cuenta del vencimiento del término legal en el cual el apelante de fs.277 debía dar cumplimiento a dicha carga procesal, sin haberlo hecho.
Sentado lo expuesto, no habiendo el apelante presentado el escrito de expresión de agravios dentro del término legal que para ello tenía (conf. informe de fs.305), corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido por la demandada (art. 261 del C.P.C.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. PERALTA REYES, dijo:
I. En la sentencia dictada en la anterior instancia se hizo lugar a la demanda por incumplimiento contractual e indemnización de daños y perjuicios promovida por Pedro Alberto Medina contra Luis Angel Testa, condenándose a este último a abonarle al primero la suma de $ 226.674, con más los respectivos intereses a partir del día 8 de mayo de 2012, a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a plazo fijo digital a treinta días (fs.263/269). Dada la deserción del recurso deducido por la parte demandada, que se decretó en la cuestión anterior, sólo resta por tratar el recurso de apelación interpuesto por el actor (fs.270), el cual ha sido fundado mediante la expresión de agravios de fs.300/303vta.. En los puntos siguientes haré referencia a las motivaciones medulares del decisorio apelado, las que relacionaré con las peticiones contenidas en la demanda, a los fines de dar adecuada respuesta a la cuestión litigiosa traída a esta alzada.
1. Para sentar la aludida conclusión se sostuvo en la sentencia que, con la prueba testimonial aportada, el actor ha probado ciertos aspectos que hacen a su versión de los hechos, concretamente, que en calidad de arrendatario recibió una fracción de tierra del demandado Luis Angel Testa (arrendador), a los fines de realizar el sembradío de papa (3 ha) y soja (8 ha) (fs.267vta., primer párrafo). Así puede observarse que, en su escrito de demanda, el actor afirmó que el demandado le cedió en arrendamiento tres hectáreas para la siembra de papa, fijándose el valor de este arriendo en la suma de $ 1.712 por hectárea, lo que hacía un total de $ 5.136; mientras que las restantes 8 hectáreas fueron sembradas con soja, contra el pago del 30% del bruto de cosecha de este cereal (fs.45, párrafos primero y segundo). Continuó afirmando el actor en su demanda que la relación fue normal hasta el día 27 de abril de 2012, puesto que para la explotación de papa fue Gabriel Andolfati a colocar un equipo de riego (alquilado por el actor a la Sra. Olga Beatriz Garberi de Di Luca), mientras que el demandado vio cómo se sembró la papa y la soja, dado que vive en el predio y tiene animales porcinos, equinos y lanares (fs.45, párrafos tercero y quinto).
2. Exponiendo el conflicto que dio inicio al presente juicio, sostuvo el actor en su demanda que el demandado le cerró la tranquera del establecimiento con candado, cuando sólo se habían cosechado 1,5 hectáreas de papa y estaba pendiente de retirar el resto del sembrado, habiendo quedado dentro del lugar todos los elementos de trabajo llevados por el accionante (herramienta, bomba para riego, casilla de trabajo). Dijo el actor que con la colocación del candado el demandado le causó un grave perjuicio, porque interrumpió la cosecha de papa y soja (fs.45/45vta.). Más adelante expresó el accionante que el resto del sembrado de papa y soja que quedó en el campo, fue comido por los cerdos, equinos y lanares que soltó el demandado y su empleado (fs.47/47vta.).
En la sentencia apelada se tuvo por corroborado el accionar ilícito de quien debe procurar el acceso al uso y goce del predio (arrendador), al haberse cerrado el mismo con candado para impedir el ingreso. También se tuvo por corroborado que el demandado dejó librado al accionar de los animales los plantíos y sembradíos de papa y soja. Se dijo que el daño se produjo por la imposibilidad de levantar una hectárea y media de una papa cuyo rinde podría catalogarse de normal, con el consecuente daño de no poder venderla al precio del momento (abril/mayo/junio de 2012). Respecto de la soja se sostuvo que la imposibilidad de levantarla se produjo en la totalidad de las 8 ha., comprometidas a tal fin. Se consideró que el demandado con su accionar ha incumplido el contrato de arrendamiento accidental, al haber colocado un candado que impidió el acceso al predio, con la consecuente imposibilidad de acceder a recoger los frutos sembrados, y con el agravante de haber permitido el ingreso de animales que arruinaron los cultivos (fs.267vta./268).
3. Al precisarse los perjuicios causados por el accionar del demandado, se formularon en la demanda las siguientes consideraciones: 1) Se dijo que la papa con riego tiene una producción promedio de 2.100 bolsas por hectárea, o sea que por una hectárea y media se produjo un perjuicio de 3.150 bolsas, estimándose un valor por bolsa de entre $ 70 y $ 120 (fs.47/47vta., punto 1). 2) En lo que respecta a las 8 hectáreas de soja de primera que fueron comidas por los animales del accionado, se estimó un perjuicio por no poder levantar la cosecha de 24.000 kg., a razón de 3.000 kg. por hectárea. Se precisó que a dicho kilaje hay que descontarle el 30% pactado en concepto de alquiler, o sea el equivalente a 8.100 kg., quedando un perjuicio por 18.900 kg. de soja.
Se señaló que en ese momento el precio de la tonelada de soja ascendía a $ 1.950, importe que hay que multiplicar por 18,9 toneladas (fs.47vta., punto 2). 3) Dado que según el actor quedó retenida en el campo la casilla de trabajo que se denomina rancho, se dijo que ello le impidió ir a trabajar a otra parte, o bien tener que alquilar otra casilla para realizar otra tarea, estimándose el valor de este alquiler en la suma de $ 15.000 (fs.47vta., punto 3). 4) El cuarto rubro que no se cuantificó versó sobre la imposibilidad de retirar la bomba de riesgo instalada en el lugar, puesto que la misma habría sido alquilada por el actor a la Sra. Olga Beatríz Garberi de Di Luca e instalada por el pocero Gabriel Andolfatti.
Se sostuvo que el perjuicio se genera porque finaliza el contrato de alquiler y tiene que devolver el equipo (fs.47vta./48, punto 4). En la sentencia apelada se realizó un análisis de los rubros indemnizatorios pretendidos por el actor (fs.268/268vta.), comenzándose con el daño derivado de la imposibilidad de cosechar la papa de una hectárea y media, que fue estimado en la demanda en 3.150 bolsas, a un valor por bolsa que oscilaba entre $ 70 y $ 120, tal como quedó reseñado en el párrafo anterior. Luego de valorar la prueba testimonial y pericial rendida en el proceso, señaló el juzgador que debe receptarse el valor límite peticionado por el actor de 3.150 bolsas (fs.268, punto F.1, cuarto párrafo).
Y tras formular diversas consideraciones en torno al valor de la bolsa de papa, estableció el mismo en la suma de $ 75, considerando la fluctuación de mercado que puede haber para este tipo de bienes, sobre todo dependiendo en los lugares que se venda, del volumen de venta, la estación del año y la oferta/demanda (fs.268, punto F.1, párrafos quinto y sexto). Sobre la base de estas consideraciones, concluyó el juzgador en que el resultado final del daño asciende a la suma de $ 236.250, al cual debe descontarse el precio del arrendamiento que asciende a u$s 2.100, a la cotización oficial del día de la sentencia, a liquidarse en la etapa procesal oportuna, si bien se tomó como referencia un dólar oficial presuntivo equivalente a $ 15, que no sería vinculante al momento del pago (fs.268vta., primer párrafo; aclaro que se destaca en negrita este aspecto de la sentencia, pues en esta cuestión se centra la expresión de agravios de la parte actora).
Seguidamente, se procedió a cuantificar el daño por las 8 hectáreas de soja que no pudieron ser cosechadas, debiendo recordarse que el reclamo del actor fue a razón de 3.000 kg. por hectárea, lo que hacía un total de 24.000 kg., descontándose el 30% correspondiente al valor del arrendamiento, por lo que el perjuicio quedaba reducido a 18.900 kg., a razón de $ 1.950 la tonelada de soja (véase la reseña efectuada supra). En la sentencia apelada se redujeron estos valores teniendo en cuenta la prueba producida en autos, y se concluyó en que el rinde promedio de una soja de primera es de 2.700 kg. por hectárea, lo que se multiplicó por 8 ha. y por un precio de $ 1.450 la tonelada de soja. Se arribó, de este modo, a un valor de $ 31.320, por lo que descontándose un 30% del valor pactado del arriendo, se estableció el monto del daño en la suma de $ 21.924 (fs.268vta., punto F.2).
En la parte final de la sentencia se desestimó la pretendida reparación por la retención de la casilla (rancho), por no haberse producido prueba alguna (fs.268vta., punto F.3).
II. Tal como ya lo anticipé, el decisorio de la anterior instancia ha quedado impugnado –únicamente- por vía del recurso de apelación deducido por la parte actora (fs.270), quien expresó sus agravios a fs.300/303vta. En efecto, al tratarse la primera cuestión de esta sentencia se tuvo por desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (arts.260 y 261 del Cód. Proc.).
Y el único agravio dirigido por el actor contra la sentencia de la anterior instancia, está centrado en la denunciada violación del principio procesal de congruencia. Según el planteo del apelante, del monto indemnizatorio derivado de la imposibilidad de cosechar la papa de una hectárea y media, se descontó en forma improcedente el importe del alquiler de esa parte del predio, ya que ello no fue pedido en la demanda, ni tampoco fue introducido por el demandado por vía de reconvención (fs.302vta.). Así adujo el recurrente, más adelante: “En consecuencia, lo que falle el a quo está fuera de lo planteado en la demanda y la contestación de demanda, es más el accionado no reconvino, lo que cierra cualquier decisión fuera del marco que le puso a la litis el reclamo del actor y la defensa del accionado por ello, corresponde revocar la sentencia de primera instancia, que resuelve descontar del daño reclamado los alquileres, no reclamados, por el alquiler de la tierra del sembrado de papa” (fs.303, segundo párrafo). En virtud de ello, se solicitó la revocación de la sentencia y el mantenimiento del importe de los daños determinados, sin descontar el precio del arrendamiento, dado que el accionado no lo ha solicitado (fs.303vta.).
Habiéndose llamado autos para sentencia (fs.306)
y practicado el sorteo de rigor (fs.307), ha quedado el expediente en condiciones de ser examinado a los fines del dictado de este pronunciamiento.
III. Conforme quedó indicado en los apartados anteriores, la cuestión traída a esta alzada se limita al único agravio articulado por el actor, quien sostiene que de la indemnización por imposibilidad de cosechar la papa de una hectárea y media (que se cuantificó en la sentencia en la suma de $ 236.250), no debe descontarse el precio del arrendamiento del campo, porque ello no fue pedido en la demanda, ni planteado por el accionado por vía de reconvención. Aduce, en suma, que en el pronunciamiento de grado se ha transgredido el principio de congruencia (arts.34 inciso 4 y 163 inciso 6 del Cód. Proc.).
1. Debe puntualizarse, en primer término, que los hechos que dieron lugar al presente juicio se cumplieron durante la vigencia del derogado Código Civil, siento ésta, en consecuencia, la norma aplicable (art.7 del Código Civil y Comercial de la Nación). De todas maneras, el código actualmente vigente no contiene una regulación sustancialmente distinta a la de su antecesor, de allí que en el sub caso no se plantee una cuestión de derecho transitorio; más aún, las prescripciones del Código Civil y Comercial sirven de valiosa guía interpretativa, y ese será el sentido de las citas que se volcarán en el decurso del presente voto.
2. Si se recala en los escritos liminares del proceso se advierte que las partes discrepan sobre el valor del arrendamiento. En su demanda, el actor manifestó: “Se había pactado verbalmente por ser una pequeña extensión la suma de un mil setecientos doce pesos ($ 1.712), la hectárea, lo que hacía un total de arriendo por las 3 ha. de papa de pesos cinco mil ciento treinta y seis ($ 5.136)” (fs.45, primer párrafo). La versión del demandado fue sustancialmente distinta, habiendo expresado con relación a la siembra de papa: “La fecha de inicio pactada fue el 10 octubre 2011, y la fecha de entrega del predio y/o campo, el 30/04/2012. El precio que fijamos en forma conjunta con Medina era de u$s 900 (el dólar americano estaba en ese momento a $ 4,20 por cada un dólar) la hectárea (lo que arroja el precio total de u$s 2.700, dólares americanos dos mil setecientos), pagaderos la mitad del precio en el mes de febrero de 2012 y el resto en fines de abril 2012 al término de la cosecha” (fs.82, primer párrafo).
Pues bien, la temática relativa al precio del arriendo fue zanjada en la sentencia apelada, donde se señaló lo siguiente: “Respecto de la obligación de pagar el precio por el uso y goce, siendo una prestación a cargo del actor, el demandado no ha arrimado ningún elemento convictivo que haga a la postura esbozada en su responde. Pero el actor tampoco ha probado que el precio pactado se alejara sustancialmente del predio de mercado. Conforme a la pericia presentada a fs.245, fijo el precio de alquiler de las hectáreas para papa en la suma de u$s 700” (fs.267vta., anteúltimo párrafo). Fue así que al descontarse el precio del arrendamiento del monto de este rubro indemnizatorio, dicho descuento se estableció en u$s 2.100, precisamente, por ser tres hectáreas las afectadas a la siembra de papa (fs.268vta., primer párrafo). Sólo resta aclarar que este monto en moneda extranjera fue convertido a pesos en función de la cotización del día de la sentencia, a los solos fines de establecer el monto de condena. De allí que a la indemnización de $ 236.250 se le descontó la suma de $ 31.500, tal como lo advirtió el apelante a fs.302vta., si bien en el decisorio no se explicitó la cuantificación del descuento en pesos.
3. Clarificado, entonces, el monto del descuento correspondiente al importe del arrendamiento, se impone adentrarse en lo relativo al pago del mismo, esto es, definir si el canon fue o no pagado por el actor en su calidad de arrendatario. Esta cuestión resulta decisiva, pues si el valor del arrendamiento no fue pagado por el actor, es de toda justicia que el mismo sea descontado de la indemnización que debe percibir, pues, en caso contrario, se estaría consagrando un enriquecimiento sin causa de quien fue damnificado por el incumplimiento contractual. Me explicaré en los desarrollos siguientes.
Aquí es menester recalar en los escritos constitutivos de la litis, para desentrañar la forma en que las partes dejaron planteadas sus respectivas posiciones, a la vez que será necesario examinar las facultades con que cuenta el juez en orden a la determinación del resarcimiento. A la luz de estos elementos, podrá apreciarse si en el caso se ha transgredido el principio de congruencia, tal como lo plantea el apelante en su escrito recursivo.
En su escrito de contestación de demanda, el arrendador Luis Angel Testa afirmó, en forma categórica, que el arrendatario accionante no le pagó el canon locativo, formulando expresa reserva de reclamarle dicha acreencia (fs.82vta., quinto párrafo, fs.83 in fine). Por su parte, en su demanda, el arrendatario Pedro Alberto Medina nada dijo al respecto, manteniendo un llamativo silencio sobre este aspecto de la litis que resultaba gravitante (fs.44vta./45). Más, a mi juicio, el esclarecimiento de este punto surge de un instrumento adjuntado a la demanda por el propio actor y, como tal, integrante de esta pieza inicial del proceso (arts.330, 332 y ccs. del Cód. Proc.). En efecto, resulta trascendente la carta documento que Medina le remitió a Testa con fecha 22 de mayo de 2012 (fs.9/10), donde luego de negar el valor del arriendo reclamado por éste último y reafirmar el monto contractual que a su juicio era el correcto ($ 1.712 por ha), dejó perfectamente en claro –de un modo tácito- que el arrendamiento no fue pagado (arts.913, 914, 918 y ccs. del Cód. Civil). Así expresó Medina: “Su mala fe la demandaré judicialmente y para abonar la suma de $ 1.712 por ha., debe presentar su inscripción impositiva, caso contrario se retendrán las alícuotas pertinentes”. Y más adelante, en este mismo envío postal, se observa otro párrafo por demás esclarecedor, que sirve para sellar la suerte adversa del recurso de apelación intentado: “La cosecha de papa fue finalizada por su accionar temerario y malicioso al largar cerdos, ovejas y equinos en el sembrado de papa y soja, lo que ha generado el perjuicio oportunamente reclamado. En mérito a ello retendré el valor del alquiler para compensar oportunamente con los daños ocasionados” (ver instrumento de fs.10).
4. Se desprende de todo lo expuesto, que en la referida carta documento el actor dejó en claro que retenía el valor del alquiler para compensarlo oportunamente con los daños ocasionados. Más, colocándose en contradicción con sus propios actos deliberados, plenamente válidos y jurídicamente relevantes (art.1198, primer párrafo, del Cód. Civil), el actor ha cuestionado –en esta instancia recursiva- que el juzgador procediera a realizar la compensación que él mismo dejó planteada en su envío postal de fecha 22 de mayo de 2012. Como puede advertirse, este planteo del accionante debe ser desestimado.
Por lo demás, la compensación efectuada por el a quo se encuentra ajustada a derecho, quedando encuadrada en lo que la doctrina denomina compensación del lucro con el daño. Señala al respecto Zavala de González: “Acorde con el principio de reparación integral, corresponde resarcir todo y no más que el daño causado adecuadamente por el hecho imputable al obligado. Por tanto, en la determinación del perjuicio resarcible deben excluirse los beneficios que también guardan esa relación causal adecuada con el suceso fuente. Este otro principio, nominado como compensación del lucro con el daño, evita el enriquecimiento injustificado de la víctima y el exceso en el peso de la indemnización a cargo del responsable” (Resarcimiento de daños, Presupuestos y funciones del derecho de daños, tomo 4, pág.459). En un mismo sentido expresan Pizarro y Vallespinos, “que la reparación no puede ir más allá del daño causado al damnificado. Desde una perspectiva estrictamente resarcitoria el perjuicio no puede constituirse en una fuente de lucro indebido para el perjudicado y en factor correlativo de expoliación para el dañador. Esta premisa básica, que debe ser valorada con la relatividad que imponen estas aseveraciones, nos conduce casi naturalmente al tema que nos ocupa. Ocurre a veces que un ilícito (extracontractual o contractual) provoca no solamente un perjuicio en el patrimonio del damnificado, sino también, al mismo tiempo, un beneficio o ventaja que derivan directamente de aquél. En tal caso procede la compensación del lucro con el daño (compensatio lucro cum damno), expresión que debe ser entendida en sentido impropio y figurado y no con rigor técnico, pues no se trata estrictamente de una compensación con el alcance técnico que surge del art.818 y siguientes, toda vez que no advertimos aquí la presencia de créditos y deudas recíprocos, entre ambos protagonistas. Lo que aquí sucede es algo distinto: el término ‘compensación’ está tomado en sentido vulgar, pues de lo que en verdad se trata es de confrontar y computar, a la hora de la determinación del daño, todas las consecuencias, favorables y desfavorables, que derivan del hecho generador, lo cual impone una valoración amplia de ambos aspectos, a la que está obligado el juez a la hora de resolver” (Instituciones de derecho privado, Obligaciones, tomo 3, págs.177 y 178; lo destacado en negrita me pertenece).
Transportando los conceptos antedichos al caso de autos, es evidente que si el contrato de arrendamiento accidental se hubiera cumplido normalmente, el arrendatario (aquí accionante) debería haber pagado el respectivo canon por el uso del predio. Pues bien, el incumplimiento contractual en que incurrió el arrendador (aquí demandado), le generó al arrendatario los daños y perjuicios analizados en la sentencia apelada, pero, al mismo tiempo, le trajo aparejada la ventaja de que, en ese marco conflictivo, no pagó los correspondientes arrendamientos, tal como ha quedado acreditado en autos (arts.330, 332, 354, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.). O sea que se dan en la especie todos los recaudos exigidos para la aplicación de la compensatio lucro cum damno, puesto que el beneficio que tuvo el arrendatario provino del mismo hecho generador del daño, siendo el incumplimiento contractual la causa adecuada de esa ventaja (Pizarro-Vallespinos, ob. cit. págs.178 y 179). Dentro del esquema que vengo desarrollando se inscribe la respuesta que corresponde darle al agravio esbozado por el apelante. En efecto, como señalé precedentemente, la aplicación de la compensatio lucro cum damno se hace efectiva en el proceso de determinación del daño por parte del magistrado, donde se deben valorar todas las consecuencias, favorables y desfavorables, que derivan del suceso dañoso (arts.519, 520, 1067, 1068, 1069, 1083 y ccs. del Código Civil; arts.165, 375, 384, 474 y ccs. del Cód. Proc.). Y en esta faena del juez es menester ponderar todos los elementos aportados a la causa, con arreglo a las pretensiones de las partes, y con aplicación de las normas vigentes y de los principios y valores jurídicos, de forma coherente con todo el ordenamiento (arts. 1, 2, 1716, 1728, 1737, 1738, 1739, 1740, 1742, 1794 del Código Civil y Comercial, utilizable como pauta hermenéutica, destacándose que en el último de los artículos citado se incorpora en forma expresa la figura del enriquecimiento sin causa; arts.34 inciso 4, 163 inciso 6 y ccs. del Cód. Proc.).
De allí que, con máxima claridad, ha sostenido Zavala de González en concreta referencia a la materia que nos ocupa: “El principio iura novit curia se aplica también en la fijación del alcance del daño, pues deben ser excluidos, inclusive oficiosamente, los posibles beneficios que la víctima ha obtenido a raíz del mismo hecho (por ejemplo, los gastos ahorrados en la actividad por cuya interrupción se demanda por lucro cesante). Ello es así porque la apreciación en concreto del daño exige atender y comparar las consecuencias perjudiciales y las beneficiosas derivadas del mismo hecho, es decir, deducir estas ventajas para obtener, a título residual, el daño resarcible (si es que queda alguno). Dado que el magistrado debe determinar si se configuran o no los presupuestos sustanciales de la acción, aquella evaluación compensatoria se impone de oficio, aun cuando no la haya pedido el responsable” (Resarcimiento de daños, El proceso de daños, tomo 3, pág.287).
IV. Las consideraciones hasta aquí expuestas me llevan a propiciar la confirmación de la sentencia apelada de fs.263/269, en lo que ha sido materia de agravio; debiendo imponerse las costas de alzada al apelante que ha sido vencido en la etapa recursiva (art.68 del Cód. Proc.). Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos. A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Dr. PERALTA REYES, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1) Decretar la deserción del recurso de apelación deducido por la parte demandada a fs.277; 2) Confirmar la sentencia apelada de fs.263/269, en lo que ha sido materia de agravio; 3) Imponer las costas de alzada al apelante que ha sido vencido en la etapa recursiva (art.68 del Cód. Proc.); 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 7 Marzo de 2017. -
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Decretar la deserción del recurso de apelación deducido por la parte demandada a fs.277; 2) Confirmar la sentencia apelada de fs.263/269, en lo que ha sido materia de agravio; 3) Imponer las costas de alzada al apelante que ha sido vencido en la etapa recursiva (art.68 del Cód. Proc.); 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase. Firmado: Dr. Víctor Mario Peralta Reyes – Presidente – Cám. Civ. y Com. Sala II – Dra. María Inés Longobardi - Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II. Ante mí: Claudio Marcelo Camino – Secretario – Cám. Civ. y Com. Sala II.
Fin de la sentencia