Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de San Nicolás · Causa ZC-6191-2026
Lo que resolvió el tribunal
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1Rechazar el recurso deducido por los Dres. Pablo José Pintos y Julieta Pintos, así como su subsidiario planteo de inconstitucionalidad, por los fundamentos dados en el voto que sustenta la presente; -
2Hacer lugar al recurso articulado por la parte demandada en los términos y por los fundamentos dados en el voto que abre el Acuerdo y, por ende, modificar los honorarios regulados en Primera Instancia al Dr. Pablo José Pintos, T° I, F° 183 CAZC, CUIT n° 27267206274, en su carácter de Letrado patrocinante de la parte actora, y fijarlos en la cantidad de Veinte (20) Jus (artículos 20 bis Ley n° 13.928 -incorporado por Ley n° 15.016-; 15, 16, 54 y 57 Ley n° 14.967)), con más el adicional de Ley y el porcentaje del IVA, en caso de corresponder; -
3Imponer las costas de esta instancia, por su orden (artículos 68 y 69 del CPCC; 25 Ley n° 13.928).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, conforme lo establece el Anexo Único, apartado II, artículo 5 y ss., del Acuerdo n° 3975/20, se reúne en Acuerdo Ordinario , con la integración de los Señores Jueces Marcelo José Schreginger y Damián Nicolás Cebey, para dictar sentencia interlocutoria en la fecha en que se suscribe el presente bajo la actual modalidad digital, en los autos " MELA ALICIA C/ INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL - IOMA - S/ AMPARO ", en trámite bajo el n° ZC-6191-2026 , con arreglo al siguiente orden de votación: Cebey y Schreginger.
I. En la sentencia dictada en fecha 27/08/2026, se regularon los honorarios al Dr. Pablo José Pintos, T° I F° 183 CAZC, CUIT n° 27267206274, en su carácter de Letrado patrocinante de la parte actora, por sus trabajos desarrollados en Primera Instancia, en la cantidad de Cincuenta (50) Jus (artículo 49 Ley n° 14.967). A su vez, se regularon los emolumentos de los Dres. Luciana Belén Guignard y Pablo Nabais Robalo (parte demandada), también por su labor efectuada en la Instancia de grado, en la cantidad de Veinticinco (25) Jus (artículo 49 Ley n° 14.967), para cada uno de ellos.
II. Mediante su presentación de fecha 02/09/2026, Fiscalía de Estado deduce recurso de apelación contra los honorarios regulados al mencionado Letrado patrocinante de la parte actora, por considerarlos elevados. Sostiene que se comete un error en el encuadre normativo escogido para fijar tales emolumentos apelados, en tanto -afirma- no corresponde aplicar el artículo 49 de la Ley n° 14.967, sino el artículo 20 bis de la Ley n° 13.928, incorporado por Ley n° 15.016, como ley especial y posterior.
III. Por medio del escrito presentado en forma conjunta por los Dres. Pablo José Pintos y Julieta Pintos (02/09/2026), el primero cede a favor de la segunda la totalidad del crédito por honorarios profesionales que le fueran regulados, sujeto a su firmeza y exigibilidad, la que es aceptada por la Letrada cesionaria. Circunstancia que fue tenida presente por el Tribunal de origen (07/09/2026).
IV. A su turno, los mencionados Dres. Pablo José Pintos y Julieta Pintos, en su presentación de fecha 04/09/2026, apelan los honorarios regulados al primero, por considerarlos reducidos, requiriendo que los mismos «.se confirmen y/o eleven... » (Sic).
Previo señalar que la regulación apelada no refleja la entidad y complejidad de la tarea cumplida, la que enumeran, estiman que la misma no se ajusta a las pautas del artículo 16 de la Ley n° 14.967, que impone ponderar la naturaleza y complejidad del asunto, la calidad, eficacia y extensión de la labor, el resultado obtenido y la responsabilidad comprometida; así como tampoco a las establecidas en el artículo 49 de ese ordenamiento, que fija un piso de cincuenta (50) Jus para los procesos de amparo, por lo que consideran insuficiente la regulación.
Agregan que el tope previsto en el artículo 20 bis de la Ley n° 13.928 no puede aplicarse de modo mecánico ni prescindir de la labor real, pues ello -indican- conduciría a una retribución irrisoria y confiscatoria que afecta el derecho de propiedad, y entienden que debe compatibilizarse con las pautas de los artículos 15 y 16 y con el piso del artículo 49 de la Ley n° 14.967.
Postulan la improcedencia de asimilar el presente caso al precedente que indican, dado que, afirman, en autos la actividad profesional fue sensiblemente mayor y cualitativamente más compleja.
En subsidio, plantean la inconstitucionalidad del artículo 20 bis de la Ley n° 13.928 para el caso concreto. Aducen que el tope previsto en tal dispositivo resulta confiscatorio y lesiona el derecho de propiedad y a la retribución justa (artículos 14, 14 bis y 17 CN), así como que deviene irrazonable y contrario a la igualdad, al dar idéntico tratamiento a amparos sencillos y a procesos complejos. A su vez, agregan que afecta el acceso a la justicia y la defensa en juicio, al desalentar el patrocinio de las personas vulnerables en una vía destinada a la tutela de la salud y la vida, y que «.Tratándose de costas y honorarios a cargo de la obra social vencida, no puede oponerse un argumento de costos o de eventual desequilibrio del sistema para reducir la retribución profesional.».
Solicitan se regulen los honorarios conforme a las pautas de la Ley n° 14.967, en una suma no inferior a los cincuenta (50) Jus.
V. Corrido el traslado del referido planteo de inconstitucionalidad (30/09/2026), éste fue contestado por la Representante Fiscal en fecha 06/10/2026, postulando su rechazo. En esa oportunidad, resiste el planteo de inconstitucionalidad efectuado, alegando que los Letrados recurrentes no demuestran que el artículo 20 bis de la Ley n° 13.928 repugne de manera manifiesta una cláusula constitucional, pues se limitan a expresar una disconformidad subjetiva y a invocar preceptos constitucionales de forma vaga y genérica, sin efectuar la crítica que exige la doctrina de la SCBA para la tacha de inconstitucionalidad. Añade que el planteo deviene infundado, más aún cuando la norma atacada es de carácter general para todos los supuestos en que se litigue bajo el marco de una acción de amparo, y considera que el planteo resulta improponible desde toda óptica, siendo el dispositivo impugnado conteste con la totalidad de los preceptos constitucionales «...garantizando equilibrio real, efectivo y razonable de las erogaciones de las costas del proceso (de conformidad con el art. 15 de la Constitución Provincial)...» .
VI. Encontrándose la causa en estado de resolver, firme el auto que así lo dispuso, la Cámara estableció la siguiente cuestión a decidir: -
¿ Se ajusta a derecho la regulación de honorarios apelada ?
A la cuestión, el Juez Cebey dijo: -
I.1. Dado los reseñados planteos recursivos esgrmidos, se aprecia que el debate se centra en si se aplica la Ley n° 14.967 o la Ley n° 15.016, por lo que corresponde determinar cuál de ambas normas debe aplicarse para justipreciar la labor abogadil de autos.
Es justo analizar la situación presentada ante la sucesión de sendas leyes que han entrado en vigencia en la materia.
Es dable comenzar el examen teniendo en cuenta el artículo 7 del CCCN en cuanto dispone: -
"Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo" .
También cabe evocar la posición de SCBA (con la salvedad que trató un tema de intereses) en la causa C. 120.103, "D., E. M. contra L., P. S.. Incidente de aumento de cuota alimentaria" , sentencia del 29/08/2017, en la que el Dr. Pettigiani sostuvo: -
«Ya con motivo de pronunciarse respecto de la vigencia de la ley 23.928, este Máximo Tribunal provincial declaró oportunamente la aplicación de tal cuerpo legal aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (conf. Ac. 37.456, sent. de 22-10-1991; entre otras), y en el mismo sentido, a los hechos in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción (con cita del art. 3, Cód. Civ.; conf. Ac. 39.909, sent. de 27-8-1991; Ac. 45.304, sent. de 10-3-1992; Ac. 49.095, sent. de 12-4-1994; Ac. 63.091, sent. de 2-8-2000; entre otras), aclarando que lo que no podía juzgarse de acuerdo con la nueva ley eran las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, que quedaban sujetas a la ley anterior, pues jugaba la noción de consumo jurídico (conf. Ac. 60.659, sent. de 10-3-1998; Ac. 63.120, sent. de 31-3-1998; Ac. 69.238, sent. de 15-12-1999; Ac. 75.611, sent. de 28-11-2001; Ac. 76.800, sent. de 19-2-2002; C. 87.841, sent. de 12-12-2007; entre otras).
Asimismo, más cercano en el tiempo, ante la sanción de la ley provincial 14.399 (que modificó el art. 48 de la ley 11.653 durante la vigencia del Código Civil derogado), esta Suprema Corte sostuvo idéntico criterio jurisprudencial. Manifestó que el nuevo plexo legal (en materia de intereses legales) era de aplicación inmediata a partir de la fecha de su entrada en vigencia respecto de aquellos créditos cuyo reconocimiento resultaba aun materia de controversia (con cita de L. 35.909, L. 35.251 y L. 35.908, sents. de 4-11-1986, entre otras). Ello así pues la aplicación inmediata de la ley a las relaciones y situaciones anteriores a su creación no significaba su aplicación retroactiva, en tanto sólo alcanzaba a los efectos que -por producirse después de la entrada en vigencia del nuevo texto- no se encontraban al amparo de la garantía de la propiedad, ni al resguardo de un cambio de legislación, que es lo que ocurría ante la subsistencia de la mora en el pago de los créditos (conf. L. 110.487, sent. de 13-11-2013; C. 101.610, sent. de 30-9-2009; entre otras). De esta forma, frente a la persistencia de la mora a la fecha de entrada en vigor de nuevas disposiciones que regulaban en torno a los intereses legales, resultaban éstas aplicables a los períodos posteriores a su entrada en vigor, por captar las consecuencias no agotadas de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (en sentido análogo, L. 108.023, sent. de 10-12-2014 y sus citas).».
También el Dr. Soria dijo: -
"i] El art. 7 del nuevo Código Civil y Comercial (que, en lo sustancial, reitera el texto del art. 3 del anterior Código Civil, según decreto ley 17.711/68) sienta dos directivas básicas: en primer término, la inmediata eficacia de ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; en segundo, la irretroactividad de la ley, salvo disposición en contrario del legislador y en tanto no se afecten derechos amparados por garantías constitucionales.
La aplicación inmediata de las normas se distingue entonces de la retroactividad. Aquélla no promueve la retroacción legal para evitar que los vínculos jurídicos ya consumidos sean alcanzados por la nueva regla de derecho" .
Sosteniendo la doctrina legal del Alto Tribunal en cuanto a la aplicación de la ley a la que antes se ha hecho referencia, conjugado ello con el repaso de estas actuaciones, juntamente con las constancias que exhibe este proceso, surge que los trabajos profesionales se desarrollaron bajo la vigencia de la Ley n° 15.016 (la que fue sancionada el 14/12/2017 y publicada en el Boletín Oficial el 25/01/2018), mientras que la presente acción se inició el día 11/05/2026.
I.2. Siendo ello así, corresponde desestimar el recurso de apelación articulado por los Dres. Pablo José Pintos y Julieta Pintos, en el que postulan la aplicación -al supuesto de autos- del artículo 49 de la Ley n° 14.967.
II.1. En función de ello, procede expedirse en cuanto al subsidiario planteo de inconstitucionalidad del artículo 20 bis de la Ley n° 13.928 formulado por los mencionados Profesionales, comenzando por señalar que postularé su rechazo.
II.2. En primer lugar comparto lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata [resolución del 25/09/2018, autos "Malerba, Stella Maris c/ Secretaría de Derechos Humanos s/ amparo por mora" , expediente n° 23.124], asimilable sin duda alguna a los procesos de amparo (Ley n° 13.928) en cuanto se dijo: -
«2.a. Es pertinente mencionar, en oposición a lo afirmado por el juez, que la Ley N° 15.016 vino a legislar, ante la falta de una previsión especial en la legislación general, los honorarios que corresponden regular en los procesos de amparo por mora. Bajo esa premisa, no es posible afirmar congruentemente que el nuevo régimen venga a reducir inconstitucionalmente los estipendios en la materia. Ello así, pues el legislador, evaluando las circunstancias existentes, consideró -dentro del ámbito de su competencia- que correspondía dar a estos tipos de procesos un tratamiento singular.
De esta manera, la Ley N° 15.016 vino a desplazar la interpretación judicial que se hacía en los casos, como el presente, en los cuales se aplicaban los artículos 44 -acciones contencioso administrativas no susceptibles de apreciación pecuniaria, con un mínimo de 30 jus- y 49 -que prevé un mínimo de 50 jus para los casos de amparo, habeas corpus o habeas- de la Ley N° 14.967. Insistimos que ello ocurrió ante la falta de una regla particular.
Así la equiparación entre los procesos ha quedado desalojada por una ley especial y posterior; y que dicha actuación no vino a reducir los honorarios en la materia -tal como afirma la parte y el fallo de instancia- sino a señalar una pauta originaria sin antecedentes, quedando a partir de allí desvirtuados los reproches en torno a la reducción y su vinculación con los derechos esgrimidos. Es decir, no se redujo escala alguna, sino que se legisló sobre un tópico que había quedado huérfano de regulación».
II.3. El texto de la Ley, en la actualidad, y en el tema en estudio, es claro; y el intento argumental de los recurrentes no alcanza a esbozar las razones por las cuales la norma sería inconstitucional.
Cabe hacer notar que no es extraño a las leyes de honorarios el establecimiento de topes regulatorios, tal el caso del artículo 21 tanto en el derogado decreto ley n° 8904/77, como en la Ley n° 14.967.
Por otra parte, pese a los esfuerzos de los Letrados recurrentes, no se advierte que -en el caso- la aplicación de la Ley n° 15.016 produzca una vulneración a los principios de razonabilidad y proporcionalidad ni que ocasione confiscatoriedad alguna (contrario sensu , derecho de propiedad), más aún cuando lo que se trata es de fijar la retribución por el trabajo cuantificado conforme un régimen específico vigente al momento de su consumación, y ponderado de acuerdo con las distintas etapas desarrolladas por el Profesional actuante, en un proceso que, por naturaleza, en principio es insusceptible de apreciación pecuniaria.
Tampoco lesiona el derecho a recibir una retribución justa.
"Determinar la retribución justa para cada tipo de trabajo, sobre todo en el orden privado, es una tarea ardua..." ( "Constitución de la Nación Argentina, Comentada y concordada" , María Angélica Gelli, T° I, página 198, Editorial La Ley, Edición, 2008), por lo que debemos atenernos a lo que estipula la señalada norma aplicable al caso.
Con base en lo anterior, y como se adelantó, no corresponde hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad intentado.
III. Por los fundamentos dados, procede hacer lugar al recurso de apelación articulado por el Fisco accionado, en tanto corresponde justipreciar la actuación profesional en función de lo previsto en el artículo 20 bis de la Ley n° 13.928 -texto según artículo 3 de la Ley n° 15.016-, que modifica de forma indirecta los honorarios en los procesos de amparo.
Conforme lo señalado, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, el resultado obtenido [en el que se hizo lugar a la acción de amparo, conforme sentencia dictada en fecha 27/08/2026], y atendiendo al mérito, la calidad y la eficacia de los trabajos desarrollados por el Dr. Pintos durante esa etapa del pleito [a saber: a) demanda de amparo (11/05/2026) con pedido de medida cautelar otorgada favorablemente el 12/05/2026; b) contesta traslado y denuncia imcumplimiento de medida cautelar (28/05/2026); c) comparencia a audiencia (03/06/2026); d) contesta traslado (26/06/2026); e) escritos de fechas 02/08/2026 y 03/08/2026], esta Alzada considera que corresponde modificarlos toda vez que -como se dijo- no se ajustan a la normativa aplicable y tampoco compensan de modo adecuado la tarea cumplida (artículos 20 bis Ley n° 13.928 -incorporado por Ley n° 15.016-; 15, 16, 54 y 57 Ley n° 14.967).
IV. En cuanto a las costas, y sin perjuicio del modo en que postulo se resuelva, propongo que -en tanto el debate se ha generado respecto de la sucesión de normas sobre honorarios atinente a determinado tipo de proceso, y su constitucionalidad- las impongamos por su orden (artículos 68 y 69 CPCC; 25 Ley n° 13.928).
ASÍ VOTO.
A la cuestión, el Juez Schreginger expresó : -
Compartiendo lo expuesto por el Juez Cebey, VOTO en idéntico sentido.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Cámara RESUELVE : -
1. Rechazar el recurso deducido por los Dres. Pablo José Pintos y Julieta Pintos, así como su subsidiario planteo de inconstitucionalidad, por los fundamentos dados en el voto que sustenta la presente; -
2. Hacer lugar al recurso articulado por la parte demandada en los términos y por los fundamentos dados en el voto que abre el Acuerdo y, por ende, modificar los honorarios regulados en Primera Instancia al Dr. Pablo José Pintos, T° I, F° 183 CAZC, CUIT n° 27267206274, en su carácter de Letrado patrocinante de la parte actora, y fijarlos en la cantidad de Veinte (20) Jus (artículos 20 bis Ley n° 13.928 -incorporado por Ley n° 15.016-; 15, 16, 54 y 57 Ley n° 14.967)), con más el adicional de Ley y el porcentaje del IVA, en caso de corresponder; -
3. Imponer las costas de esta instancia, por su orden (artículos 68 y 69 del CPCC; 25 Ley n° 13.928).
Regístrese, notifíquese, comuníquese y oportunamente devuélvase.
Damián Nicolás Cebey Marcelo José Schreginger
Suscripto por los Señores Jueces, y registrado por el Actuario firmante en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA n° 3975/20).
Firmas
Funcionario firmante: CEBEY Damian Nicolas - JUEZ
Funcionario firmante: SCHREGINGER Marcelo Jose - JUEZ
Funcionario firmante: PERMAN Guillermo Adrian - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 948-2026
Fin de la sentencia