Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 32.563-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución N° 691/2012 (AD PASO) y en consecuencia el Cargo N° 2143/2007, dictada en las actuaciones administrativas N° 12039-1383-2005/1, en cuanto exige a las coactoras, el pago de los tributos en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA que ascienden a la suma de pesos sesenta y un mil ciento cincuenta y seis pesos con dieciocho centavos ($ 64.315.50), con más los intereses del art. 794 del CA, debiendo la Aduana hacer lugar al beneficio de excusión invocado por la coactora Meller SA conf. considerando VI.2. Con costas.
2Revocar las percepciones de IVA adicional y Ganancias en relación a las coactoras. Con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-33223252-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 31 de Marzo de 2025 HECTOR DIMAS ALCARAZ Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía de la 14a. Nominación), a fin de resolver en los autos caratulados “MELLER S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ APELACIÓN” Expte. 32.563-A y su acumulado “HECTOR DIMAS ALCARAZ y otro c/ Dirección General de Aduanas s/ APELACIÓN” Expte. 32.564-A.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: MELLER S.A. interpone recurso de apelación contra la resolución 691/12 (AD PASO), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12039-1383-2005/1, por medio de la cual se confirma el cargo 2143/07, efectuado respecto de la destinación suspensiva de tránsito de importación identificada como MANI 02042MANI049851F, TRAS 02042TRAS036709B. Explica que el 02.08.02 el medio transportador marca Scania R113H 46 DSC, dominio BER226, con semirremolque AZJ750, perteneciente a la empresa RIGATOSSO HNOS S.A., fue objeto de robo, habiendo aparecido con posterioridad sin la carga que transportaba. Agrega que la mercadería era transportada bajo el régimen MIC/DTA, amparado por el CRT. BR.1106.02864, MIC BR.1106.04341 y que resultó irremediablemente perdida para su importador en los términos de los arts. 308 y 315 del CA, por lo que habiendo seguido todos los pasos establecidos no corresponde la aplicación del cargo. Procede luego a expresar los fundamentos de la apelación, alegando situación de mayor y manifestando que producido el siniestro que provoca la pérdida de la mercadería por el hecho ilícito de un tercero, ajeno a la voluntad del transportador y del agente de transporte aduanero, si estos han cumplido con la carga que les impone el art. 308 del CA, corresponde incluir la situación en los casos de exención al pago de los tributos. Indica que se trata de una perdida irremediable, ya que no le resulta posible saber acerca de su existencia. Cita el precedente “Tevelam SRL” de la Corte Suprema. Refiere que no siempre la mercadería robada puede ser utilizada por un tercero, ya que no existe ningún respaldo factico para ello, salvo que la mercadería haya podido ser ubicada. Manifiesta que no hay responsabilidad de su parte, de acuerdo a lo establecido por el art. 902 del CA y el art. 14 del Anexo Cuestiones Aduaneras del ATIT. Luego señala que el cargo en cuestión se trata de un tributo arbitrario, que no respeta los principios elementales de legalidad y razonabilidad. Niega tener que responder por el hecho ocurrido, en tanto que la aduana debió dirigir la acción contra los malhechores. Se agravia de que el cargo se encuentra mal liquidado, ya que la mercadería es de origen brasilero, por lo que debió liquidarse como mercadería intrazona. Plantea el beneficio de excusión establecido por el art. 312 del CA. Por último, ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 64/77 Hector Dimas Alcaraz y RIGATOSSO HNOS S.A. interponen recurso de apelación contra la resolución 691/12 (AD PASO), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12039-1383-2005/1, por medio de la cual se confirma el cargo 2143/07, efectuado respecto de la destinación suspensiva de tránsito de importación identificada como MANI 02042MANI049851F, TRAS 02042TRAS036709B. Luego, replican en idénticos términos los fundamentos de la apelación interpuesta por MELLER S.A., detallados supra en I. Por último, ofrecen prueba, hacen reserva de caso federal y solicitan se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (fs. 95/102). Realiza la negativa de rigor y relata brevemente los hechos. En lo que hace al fondo de la cuestión, señala que no existen dudas con relación al acaecimiento del robo de la mercadería, ni de la denuncia policial formulada. Agrega que la determinación tributaria tiene su fundamento en el art. 312 del CA, operando la presunción legal prevista. Cita los arts. 308, 311, 312 y 315 del CA, y señala que la formulación de la denuncia ante la autoridad policial no resulta suficiente para eximir del pago de los tributos que gravan la importación para consumo de las mercaderías sustraídas, toda vez que la manda legal exige que la misma no pueda ser utilizada por un tercero. Explica que el código aduanero da prioridad a la renta fiscal, a la vez que previene y desalienta la posibilidad de eventuales maniobras como forma habitual para liberarse ilegalmente de mercaderías extranjeras ingresadas en tránsito de importación, por lo que si las co-actoras pretendían no verse afectadas por las consecuencias de la responsabilidad del régimen debían cumplir con su deber de previsión, para así evitar el riesgo que hoy deben asumir. Refiere que los hechos invocados no pueden ser calificados como de fuerza mayor, ya que no puede considerarse al robo como un riesgo no asumido en el transporte internacional, el que, si bien puede considerarse un acontecimiento irresistible, no puede calificarse de imprevisible. Cita jurisprudencia que hace a su derecho. Luego se expresa sobre el beneficio de excusión solicitado por la importadora, indicando que tal beneficio deberá alegarse u oponerse como defensa recién ante la pretensión ejecutoria del servicio aduanero, no siendo esta la etapa procesal correspondiente. Por último, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
IV. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 84 se resuelve acumular el expediente 32.564-A al que lleva el número 32.563-A. A fs. 104 se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba. A fs. 109 se tienen por desistida la prueba y se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 110 se llaman los autos a sentencia.
V. Procedimiento ante la Dirección General de Aduana: Las actuaciones administrativas SIGEA 12039-1383-2005/1 se inician con el acta de denuncia 448/02, por robo de mercadería de origen extranjero en tránsito. A fs. 6 obra nota emitida por la empresa RIGATOSSO HNOS S.A. por la cual se comunica a DGA el robo ocurrido. A fs. 7/10 luce el acta de denuncia policial. A fs. 17 se resuelve instruir sumario contencioso. A fs. 29 se resuelve archivar provisoriamente las actuaciones. A fs. 31 luce planilla de aforo. A fs. 32/34 obran las cédulas de notificación del cargo 2143/07, notificado el 23.08.07 (fs. 35/36). A fs. 37/38 Hector Dimas Alcaraz y RIGATOSSO HNOS S.A. impugnan el cargo y a fs. 70/72 hace lo propio MELLER S.A. A fs. 84 se tiene por deducido el procedimiento de impugnación. A fs. 113 se clausura el periodo probatorio y se ponen los autos para alegar. Por último, a fs. 132/143, obra la resolución 691/12 (AD PASO), apelada en autos y que confirma el cargo 2143/07.
Adjunto luce el alcance 12039-1383-2005/2, compuesto por una carpeta con prueba documental acompañada por MELLER S.A.
VI. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -691/12-, en cuanto dispone rechazar las impugnaciones incoadas por MELLER S.A., Hector Dimas Alcaraz y RIGATOSSO HNOS S.A., y confirmar el cargo 2143/07, se ajusta a derecho.
VI.1. En primer lugar, debo señalar que las co-actoras realizan una incorrecta caracterización y presentación de los hechos controvertidos. No resulta conforme a las constancias de las actuaciones administrativas ni de autos que se haya producido un robo. Lo único que se encuentra demostrado es que, con fecha 02.08.02 se realizó una denuncia en sede policial de un robo que habría ocurrido el mismo día, 02.08.02, cuyos extremos fácticos carecen de otra demostración más que tal declaración unilateral contenida en dicha denuncia (ver fs. 7/10 de las act. adm.). Corresponde también poner de manifiesto que las constancias obrantes en las actuaciones administrativas y lo actuado ante este Tribunal nada aportan ni agregan al respecto. En consecuencia, lo único que puede afirmarse con certeza, en el plano de los hechos acaecidos en relación a estos autos, es que: a) existe una denuncia unilateral de robo de un camión marca Scania R113H 46 DSC, dominio BER226, con semirremolque AZJ750, efectuada ante autoridad policial, y que dicho siniestro habría ocurrido el 29.08.02; b) la mercadería transportada en ese camión se encuentra, por ende, desaparecida –no robada- sin que haya podido ser recuperada por sus responsables.
En segundo lugar -sentada la base fáctica de la causa-, resulta menester reafirmar un principio básico relativo al ejercicio de la función jurisdiccional: ella consiste en aplicar el derecho tal como este se encuentra legislado, con prescindencia del juicio particular de los magistrados sobre la justicia o injusticia de las soluciones objetivas contenidas en los textos legales -aplicables a los casos que les toca juzgar-.
En esta línea, se observa que los hechos expuestos supra tornan diferente este caso respecto a la base fáctica tenida en cuenta por la Corte en el citado precedente “Tevelam” -ver considerandos 3º y 11º a partir de la línea 11-; señalando asimismo que el examen jurídico del plexo normativo del CA -aplicable en autos- que realiza el Alto Tribunal en dicho precedente –exclusivamente sus considerandos 4º a 9º- resulta sustancialmente correcto.
La previsión del art. 315 del CA –conforme la explicación sistemática de los considerandos 4º a 9º del precedente “Tevelam” de la Corte Suprema- establece expresamente que la mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando resulte utilizable por un tercero (tal como se verificó en este caso, al no recuperarse la mercadería supuestamente robada), operando a los efectos tributarios la presunción legal iuris et de iure de que la mercadería fue importada para consumo, esto es sin dispensa a los responsables tributarios del pago de los derechos de importación.
Las normas del CA bajo examen son previsiones de naturaleza impositiva sustancial que, lejos de aparecer en desarmonía con el ordenamiento jurídico nacional -o arrojar consecuencias reñidas con los valores que tutela- guardan analogía con innumerables institutos del derecho tributario federal. Tales institutos regulan supuestos de responsabilidad impositiva ex lege, similares a los de las normas del CA aplicables en autos. Basta referir a: a) las previsiones de los arts. 780 y 781 del CA que establecen respectivamente los supuestos de responsabilidad tributaria aduanera del agente de transporte aduanero con el transportista, y del sujeto que por actividad o profesión tiene relación con el servicio aduanero con sus dependientes que realizaren un hecho gravado en ejercicio de sus funciones; b) el instituto de las salidas no documentadas del art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias (“LIG”) donde un contribuyente debe pagar el tributo de la ley aplicando la alícuota marginal máxima de la escala -35 %- sobre un ingreso gravado (que así queda alcanzado) obtenido por otro contribuyente (el “beneficiario desconocido u oculto”); c) el Sexto Método de precios de transferencia -art. 15 de la LIG- donde el exportador o importador argentino pueden ver aumentado su ingreso gravado proveniente de una transacción controlada por el incumplimiento de otro sujeto –el intermediario internacional, no necesariamente vinculado- de determinados requisitos de sustancia empresarial; d) las presunciones de ganancias netas de fuente argentina contenidas en los arts. 9 a 13 de la LIG, establecidas con independencia de su carácter de ganancias de fuente argentina conforme el art. 5 de la misma LIG; e) las retenciones con carácter de pago único y definitivo -sin computar los gastos y deducciones legales- del impuesto a las ganancias a los beneficiarios del exterior, reguladas por los arts. 91, 92 y 93 –salvo incisos f) y g)- de la LIG, incluidas las presunciones de ganancia neta del último artículo referido, que no admiten prueba en contrario; f) en la ley 11.683 (t.o. 1998) que establece en su Capítulo II “Sujetos de los deberes impositivos” a los responsables por cumplimiento de deuda tributaria ajena (arts. 6 y 7), “los responsables en forma personal y solidaria con los deudores” (art. 8) y los “responsables por los subordinados” (art. 9); g) las numerosas normas de responsabilidad objetiva –no tributaria- por hechos de terceros que prevé el Código Civil, etc.
En línea con los institutos señalados los arts. 310, 311, 314 y 315 del CA establecen la obligación de pago de los derechos de importación para los supuestos de importación a consumo bajo las presunciones iuris et de iure que regulan, no existiendo razón legal atendible para apartarse de las previsiones normativas del CA, fundamentos que se colocan al margen de los claros textos normativos. Que, a fortiori, cabe indicar que: a) no resulta correcto afirmar que en supuestos como el previsto en el art. 315 del CA se responsabiliza tributariamente al transportista o su agente por hechos involuntarios: quienes desarrollan o se vinculan a la realización de una actividad empresarial -regulada por ordenamientos como el CA- voluntariamente emprenden una actividad sometida a determinadas contingencias legales o tributarias como las aquí suscitadas, conociéndolas de antemano; vale recordar que rige en nuestro país, desde hace más de 100 años, el principio del antiguo art. 20 del Código Civil de Vélez Sarsfield que establece que “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley” (ley 340 BO: 01.01.1871), disposición mantenida en el vigente art. 8 del nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994; BO: 01.10.14, vigencia 01.08.15); b) tampoco sirve de fundamento para dispensar pretorianamente el pago de los derechos de importación, una supuesta incoherencia entre lo previsto por el art. 783 y cc. del CA y su art. 315 para el caso de que la mercadería fuera finalmente encontrada en poder de terceros (los supuestos malhechores) que deberían pagar nuevamente los derechos ya satisfechos por los sujetos del art. 315 del CA: el ordenamiento legal prevé para estos últimos la acción de regreso contra tales terceros (arts. 827, 840 y cc. del Código Civil y Comercial vigente, que mantuvo los mismos dispositivos legales existentes desde 1.871); c) finalmente, respecto a las consideraciones sobre los valores de justicia y equidad que se verían afectados por el art. 315 del CA –que, en mi opinión, no se advierten lesionados en este caso- cabe recordar lo sostenido sabiamente por Blackstone: “la ley sin equidad, aunque dura y odiosa, es mucho más deseable para el bien común que la equidad sin ley, que hace de cada juez un legislador e introduce la más infinita confusión” (Law, without equity, though hard and disagreeable, is much more desirable for the public good, than equity without law: which would make every judge a legislator, and introduce most infinite confusion –William Blackstone: 1 Commentaries on the Laws of England 62, 4th ed., 1770).
VI.2. Por otro lado, resta aclarar respecto de lo manifestado por MELLER S.A., que por ser quien tenía derecho a disponer de la mercadería una vez finalizado el tránsito, rige sobre ella el beneficio de excusión respecto de los deudores principales, en el caso Hector Dimas Alcaraz y RIGATOSSO HNOS S.A., atento a que según lo estipulado por el art. 312 del CA su responsabilidad es subsidiaria.
VI.3. Finalmente, se señala que en virtud del criterio del Máximo Tribunal en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343- A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas” no corresponde incluir en los cálculos efectuados por el servicio aduanero las percepciones de IVA adicional y de impuesto a las ganancias, dado que, según dicho precedente, al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las mencionadas percepciones.
En efecto, surge del mencionado precedente “CLADD” que, a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, se extingue la facultad de la DGA para exigir el pago de las percepciones. Ello en razón de cesar la función que ellas cumplen en el sistema tributario, pues en ese momento -fecha de vencimiento de las declaraciones juradas del impuesto- nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen definitivo, es decir, la obligación resultante del período fiscal. En consecuencia, los anticipos –percepciones- solo pueden exigirse cuando no se ingresaron a la fecha de su vencimiento y hasta la fecha de vencimiento para presentar la declaración jurada del impuesto respectivo, nunca con posterioridad.
En función de lo expuesto, corresponde reliquidar el cargo formulado a fs. 31/32 de las act. adm., excluyendo del cálculo a las referidas percepciones ($34.149,81 en concepto de IVA adicional y $18.782,42 en concepto de impuesto a las ganancias), por lo que su importe queda fijado en la suma de $64.315,50.
En virtud de lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución 691/12 (AD PASO), y por ende el cargo 2143/07, que se fija en la suma de $64.315,50 conforme lo establecido en el punto VI.3.-, más los intereses correspondientes (art. 794 CA).
2. Imponer las costas a las co-actoras (art. 1163 del CA).
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato efectuado en los considerandos I a V del voto del Dr. Soria.
II. Que, si bien adhiero en lo sustancial a la conclusión de confirmar la Resolución apelada, considero menester resaltar un argumento relevante producido en la causa, como asimismo, detallar discrepancias en relación a ciertas cuestiones en análisis.
III. Que de las constancias incorporadas a fs. 7/10 (denuncia de robo) surge que el día 2/8/2002, en la Autopista del Sol- Panamericana, en cercanías del Show Center, se habría –potencial- producido el robo del camión que transportaba la mercadería objeto de autos, privando al chofer ilegítimamente de su libertad bajo amenaza de armas de fuego, siendo liberado en la Gaona y Vergara, Provincia de Buenos Aires.
Que el chofer del camión realizó la denuncia, la cual luce constancia a fs. 7/10 de los antecedentes, en la Comisaria de Carapachay Vicente López, Prov. de Buenos Aires el mismo día en que se habría cometido el ilícito.
Que el ATA, recién dió aviso de lo ocurrido a la DGA, mediante nota fechada 6/8/2002 (fs. 6 ant. adm), es decir, que recién pone en conocimiento al servicio aduanero de la falta de arribo del tránsito aduanero CUATRO (4) días corridos posteriores a la presunta comisión del hecho ilícito (conforme surge de la constancia de fs. 7/10 de los antecedentes administrativos).
Que en atención a que el ATA no cumplió con su deber de poner en conocimiento de manera “inmediata” a la DGA del robo, es que podemos afirmar que el ATA no ha dado cumplimiento a los extremos exigidos en el art. 308 del CA. Téngase presente que la demora en la comunicación al servicio aduanero, atenta contra su rápida intervención en su carácter de autoridad de prevención en la persecución de los delitos aduaneros, conforme el art. 1118 del CA. Que en virtud del análisis de las circunstancia de hecho, por si mismas, excluyen la aplicación del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Tevelam SRL (TF 22.427-A) c/ DGA”, de fecha 11 de diciembre de 2012, toda vez que no encuentran los elementos fácticos referido del precedente judicial, por lo que corresponde confirmar la resolución apelada, con costas.
IV. Que, en relación a las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, que se encuentran liquidadas en el Cargo N° 2142/2007, es que debe señalarse la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. N° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. Que, en el presente caso, la importación a consumo irregular de la mercadería (hecho imponible) se realizó con fecha 2/8/2002, así el servicio aduanero formuló Cargo N° 2143/2017 a fs. 32 con fecha 16/8/2007 razón por la cual corresponde tener a las intimaciónes de pago como llevadas a cabo fuera del período fiscal en que se produjo el hecho imponible, por lo que corresponde aplicar el mencionado precedente en este caso, con costas que se imponen por su orden por ser el fallo de fecha posterior al dictado de la resolución aquí apelada.
V. Que respecto del agravio de las co-actoras referido a que al formularse el cargo, la aduana no consideró el origen intra-mercosur de la mercadería cuestionada y le exigió el pago de los tributos a la importación a consumo por el régimen general, siendo que a dicha operación le sería aplicable el régimen preferencial establecido por el Mercosur, corresponde señalar que en virtud de que el certificado de origen es el documento necesario para acreditar el origen zonal de la mercadería del que deriva el beneficio del tratamiento arancelario preferencial invocado, y atento a que en la causa luce a fs. 79ref. un documento fotocopiado, carente de elementos formales por lo que no se le puede atribuir la validez pretendida a dicho documento para que ampare la mercadería en trato, corresponde rechazar el planteo efectuado por las co-actoras al respecto.
Además de ello, debe tenerse presente que el beneficio arancelario previsto en el Régimen de Origen del MERCOSUR, solo es aplicable cuando el proceso de importación se realiza de manera “regular” y conforme a las normas aduaneras vigentes. Si la mercadería ingresa de manera irregular, ilícitamente, mediante contrabando, la preferencia arancelaria queda automáticamente excluida.
Que por ello voto por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 691/2012 (AD PASO) y en consecuencia el Cargo N° 2143/2007, dictada en las actuaciones administrativas N° 12039-1383-2005/1, en cuanto exige a las coactoras, el pago de los tributos en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA que ascienden a la suma de pesos sesenta y un mil ciento cincuenta y seis pesos con dieciocho centavos ($ 64.315.50), con más los intereses del art. 794 del CA, debiendo la Aduana hacer lugar al beneficio de excusión invocado por la coactora Meller SA conf. considerando VI.2. Con costas.
2. Revocar las percepciones de IVA adicional y Ganancias en relación a las coactoras. Con costas por su orden. La Dra. Claudia Beatriz Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 691/2012 (AD PASO) y en consecuencia el Cargo N° 2143/2007, dictada en las actuaciones administrativas N° 12039-1383-2005/1, en cuanto exige a las coactoras, el pago de los tributos en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA que ascienden a la suma de pesos sesenta y un mil ciento cincuenta y seis pesos con dieciocho centavos ($ 64.315.50), con más los intereses del art. 794 del CA, debiendo la Aduana hacer lugar al beneficio de excusión invocado por la coactora Meller SA conf. considerando VI.2. Con costas.
2. Revocar las percepciones de IVA adicional y Ganancias en relación a las coactoras. Con costas por su orden. Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Sarquis por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.03.31 12:44:28 -03:00 Date: 2025.03.31 13:10:55 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.31 13:34:23 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.31 13:34:24 -03:00
Fin de la sentencia