Abriendo la norma
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-105232303-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 7 de Septiembre de 2023 En el día de la fecha se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación), Juan Carlos Vicchi (Vocal Titular de la 9° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expediente 46.363-I caratulado “DE MELO, JOSÉ LUIS GUILLERMO s/ Apelación”:
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 26/45 se interpuso recurso de apelación contra la Res. 24/2016 que determinó de oficio con carácter parcial el impuesto a las ganancias (IG) por el período fiscal 2013, intimó su pago con más intereses resarcitorios, y aplicó una multa equivalente al 50% del importe omitido (cfme. art 45, ley 11.683).
La actora relató que se desempeña dentro del ámbito de la Administración Pública Provincial como Contador Fiscal del Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Misiones, encontrándose los emolumentos que percibe por tal labor exentos en el IG. Además, informó que se desempeñó como docente de la Universidad Nacional de Misiones -UNAM- en la Facultad de Ciencias Económicas, encontrándose estas rentas gravadas por el impuesto e inscripto en el Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyente, Monotributo Categoría "E", locador de servicios, actividad que se encuentra autorizado a prestar por Resolución Nº 133/99 TC del 15/04/1999 (Expte. 1407/99 TC).
Planteó la nulidad del acto administrativo apelado por violar los incs. b), c), d), e) y f) del art. 7° de la ley 19.549, ya que -a su juicio- dicho acto parte de presupuestos de hecho inexistentes y falsos, al no evaluar los antecedentes en su cuenta tributaria, creada por la propia AFIP, vulnerando con ello también el art. 14 de la dicha ley. Asimismo, consideró que el acto es nulo por entender, que dada su calidad de sujeto en relación de dependencia, este procedimiento de determinación debió haber sido sustanciado con la participación del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones, su empleador, a los fines de que responda por el cumplimiento o no de sus deberes u obligaciones como agente de retención de cuarta categoría. También consideró que el ajuste y su imputación se basó en la aplicación “a ciegas” de la ley 20.628, sin ponderar la CN, ni la Provincial, ni la legislación provincial, menos aún las estructuras orgánica y funcional de las instituciones provinciales, ni las acordadas vigentes y adhesiones a las mismas. Tampoco se tuvo en cuenta la jurisprudencia imperante en la materia, así como las potestades provinciales. Señaló que presentó su ddjj en el IG del período 2013, como "Ingresos y Gastos de la cuarta categoría, Fuente Argentina", en la que declaró como ingresos gravados los provenientes de su labor como docente, en la suma de $81.391,13. Asimismo, indicó que en el Item R4 Justificación Patrimonial, en la Columna II, renglón e) Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados, declaró el importe de $433.304,02, correspondiente a los ingresos brutos obtenidos de la relación de dependencia con el Tribunal de Cuentas, exentos, más los ingresos de la actividad que realiza bajo el régimen del Monotributo.
Destacó que los fiscalizadores determinaron la obligatoriedad de presentar las DDJJ correspondiente a las rentas obtenidas en el ejercicio 2013 como empleado en relación de dependencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones y de la Universidad Nacional de Misiones, la que ya había presentado. Resaltó que la AFIP-DGI insiste en sostener que nunca existió norma legal alguna que considere exentos los sueldos de los demás miembros -distintos a vocales de los Tribunales de Cuentas- y que las presentaciones efectuadas los días 20/04 y 07/08 de 2015 sólo reflejan la normativa que el contribuyente entiende aplicable.
En este sentido, hizo hincapié en que el Tribunal de Cuentas no forma parte del Poder Ejecutivo, sino que es un órgano extra poder, independiente y autónomo, de control externo de la Provincia con facultades jurisdiccionales administrativas plenas y definitivas (cfme. art 3, Ley Orgánica).
Asimismo, puntualizó que dicho Tribunal está integrado por magistrados (presidente y vocales), funcionarios (secretarios, contadores fiscales mayores, contadores fiscales, directores, jefes generales de despachos, tesorero, secretario técnico de auditoria, bibliotecario y oficial notificador) y empleados (resto del personal).
Puntualizó que la ley 1 N° 45 (ex Decreto-Ley 2012/1983) estableció para el personal de planta permanente del Tribunal de Cuentas de la Pcia., el régimen de remuneraciones vigente para el Personal del Poder Judicial y equiparó la remuneración del contador fiscal, por todo concepto, a la del fiscal de primera instancia del Poder Judicial. Además, recalcó que la Constitución Provincial, recepta el principio de intangibilidad de los haberes reconocida por la CN a los jueces de la CSJN y tribunales inferiores y que con la sanción de la Ley I N° 45 (ex Decreto-Ley 2012/1983), se pretendió otorgar tal protección e independencia a los magistrados y funcionarios del Tribunal de Cuentas de la provincia, en resguardo del equilibrio tripartito de los poderes del Estado, encontrándose por ello exentos del IG, debiendo realizarse en la liquidación de los haberes de estos funcionarios todos los ajustes y compensaciones necesarias para que perciban igual suma por la retribución de sus funciones.
Remarcó que la Acordada N° 20/1996 dictada por la CSJN declaró inaplicable el art 1° de la ley 24.631, en cuanto derogó las exenciones contempladas en el art. 20, incs. p) y r) de la ley 20.628 para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, y que, en igual sentido, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, se expidió en la Acordada N° 51/1996, y, posteriormente, mediante las Acordadas N°s 38/08 y 42/08 extendió dicha exención al personal enunciado en el art. 4° de la ley orgánica del Poder Judicial (ley IV N°15, antes Dto-Ley 1550/1982), y a todos los funcionarios de similar rango y categoría que los enumerados en dicho art. 4°. Como corolario, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Misiones, adhirió a lo dispuesto en dichas acordadas emitidas por la CSJN y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, adhesión que -según manifestó-, nunca fue cuestionada por la AFIP-DGI.
En consonancia con ello, manifestó que al estar equiparadas por todo concepto las remuneraciones del Contador Fiscal del Tribunal de Cuentas con las del Fiscal de Primera Instancia del Poder Judicial, no corresponde que se efectúe sobre las mismas ninguna detracción y/o retención y/o disminución en sus retribuciones.
En igual sentido, expresó que la inaplicabilidad de la eliminación de la exención del IG conforme el art. 1°, inc. a) de la ley 24.631 que derogó el inc. p) del art 20 de ley 20.268, no sólo alcanza a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, sino a todos aquellos que integran un órgano con competencia jurisdiccional independiente, en el que se pretenda el resguardo del sistema republicano de gobierno. Resaltó que la AFIP-DGI, nunca reclamó o habilitó como agente de retención de cuarta categoría al Tribunal de Cuentas, a los efectos de que retenga los importes respectivos, a cuenta y orden de sus dependientes por las rentas que obtengan bajo su relación de dependencia; que el organismo empleador siempre entendió que su personal se encontraba exento del pago del IG de la 4ta categoría, y que desde que ingresó a laborar en dicho Tribunal en el año 1996, éste jamás le retuvo monto alguno en concepto de IG por entender que se encontraba exento.
En relación con ello, manifestó que con la respuesta dada por la DGI a la consulta emitida por el Director de la Administración del Tribunal de Cuentas vinculada al IG y los alcances de la aplicación de la exención prevista por el art. 20 inc. p) de la ley 23.260, en relación a los sueldos de los dependientes del Tribunal, reconoció la vigencia legal, la aplicabilidad y constitucionalidad de la ley provincial 2012/1983, que equipara al personal de planta permanente de dicho Tribunal al régimen de remuneraciones vigente para el personal del Poder Judicial, reconociéndole la inclusión de ellos, dentro del régimen previsto de las exenciones al IG.
Mencionó que en el año 2000, el fisco cursó un requerimiento al Tribunal de Cuentas de la Provincia, en el que le solicitó que aporte la planilla de sueldos y jornales, listado de conceptos por agente del personal en relación de dependencia del organismo desde 01/06/1996 hasta el 31/12/1999, y que una vez evacuado, no se requirió ningún otro tipo de información, ni se intimó a modificar la conducta del empleador, asumiendo con ello la vigencia de la exención impositiva.
Afirmó que en su carácter de dependiente, no se encuentra obligado a autoretenerse el IG de 4ta categoría, por lo que no corresponde exigirle al empleado, sometido al principio de subordinación jerárquica, el supuesto cumplimiento de los deberes de su empleador y que la AFIP-DGI, debería haber citado obligatoriamente al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones, a los fines que exponga las razones y las normas legales que dan sustento al temperamento asumido para considerar exentos los emolumentos de sus dependientes.
Finalmente, citó jurisprudencia en apoyo a su postura, ofreció prueba y solicitó se declare la nulidad absoluta e insanable del acto recurrido y del procedimiento del cual deriva, con expresa imposición de costas al fisco.
II. Que a fs. 51/64vta. el fisco contestó el traslado del recurso que se le corrió, acompañó los antecedentes administrativos de la causa (aa) y por los argumentos que expuso, solicitó que se rechace la nulidad articulada y se confirme la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
III. Que a fs. 71 se abrió la causa a prueba, haciendose lugar a la prueba informativa ofrecida. A fs. 89 se elevaron los autos a conocimiento de la Sala "C". A fs. 99 se pusieron los autos para alegar, haciendo uso de su derecho sólo el fisco a fs. 106/108vta. Finalmente, a fs. 110 se pusieron los autos para dictar sentencia.
IV. Que del informe final de inspección obrante a fs. 82/86 de las actuaciones administrativas (aa) que corren por cuerda (v. Cpo. IG, Nro. 1), como de la resolución apelada, surge que la actividad principal declarada por la recurrente es la de "Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART)" y como "Actividades Monotributistas: Prest. de servicio o locación” y cierra sus ejercicios el 31/12 de cada año. Además, el contribuyente se desempeña como empleado en relación de dependencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones, categoría Contador Fiscal y como docente en la Universidad Nacional de Misiones – UnaM. Asimismo, se encuentra inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyente, revistiendo la categoría "F" (Locaciones de servicio)". Con motivo de la presentación del recurrente de la ddjj del IG correspondiente al período fiscal 2013 donde expuso las remuneraciones percibidas en ambas instituciones como "Ganancias y/o ingresos exentos o no”, se le requirió que aporte copia de la documentación respaldatoria de ingresos correspondientes al año 2013, y como respuesta a dicho requerimiento, el contribuyente señaló, en cuanto a la fuente de ingresos, que la AFIP posee en su base de datos la información para evacuar dicho requerimiento, no adjuntando documentación alguna.
Ante la falta de aporte de los recibos de haberes pertinentes, según información obtenida de la base de datos E-Fisco, los ingresos de José Luis Guillermo De Melo en el período fiscal 2013 ascendieron a la suma de $ 332.762,27; remuneraciones que la fiscalización actuante consideró alcanzadas por la ley del gravamen conforme lo dispuesto por el inc. b) del art. 79 que establece que constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes “…Del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia…”. También tuvo en cuenta que la RG 2437/08 (AFIP) estableció un "Régimen de retención sobre rentas de trabajadores en relación de dependencia y otros. Régimen simplificado para informar ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas entre otros” y destacó que en su art. 2º se indica que deben actuar como agentes retención “...a) Los sujetos que paguen por cuenta propia las ganancias mencionadas en el Artículo 1º…”
Resaltó que no se practicaron retenciones sobre remuneraciones abonadas al contribuyente y que según el art. 12 de la citada norma el contribuyente debía presentar ddjj informativa cuando resulte saldo a pagar –como es el caso-, supuestos en los cuales el contribuyente debe cumplir con las obligaciones de determinación anual e ingreso del gravamen en las condiciones, plazos y formas establecidas en la RG Nº 975, sus modificatorias y complementarias.
Luego de citada la normativa involucrada, concluyó que nunca existió norma legal alguna que considere exentos los sueldos de los demás miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones -distintos de los vocales-, desempeñándose el Sr. De Melo en relación de dependencia prestando servicios en el “... Tramo Funcionarios de la Ley-Categoría Contador Fiscal…”(v. fs. 12, Cpo. IG).
Finalmente, la fiscalización confeccionó la ddjj rectificativa N° 1 del IG - periodo fiscal 2013 - incorporando como ingresos gravados los percibidos por el contribuyente como empleado en relación de dependencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones categoría Contador Fiscal y como docente en la Universidad Nacional de Misiones – UnaM.
V. Que corresponde anticipar que los jueces no estamos obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos brindados por las partes sino solo aquellos que resultan necesarios para emitir un pronunciamiento válido (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros).
VI. Que primeramente debo expedirme con relación al agravio de nulidad articulado por la actora por considerar que: a) el acto apelado parte de presupuestos de hecho inexistentes y falsos y b) que no se dio intervención al Tribunal de cuentas de la Provincia de Misiones a los fines de que responda por el cumplimiento o no de sus deberes u obligaciones como agente de retención de la cuarta categoría. En este sentido, cabe tener presente lo dicho por nuestro Alto Tribunal, en cuanto a que para la procedencia de una nulidad, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley, y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (Fallos 318:1798, 324:151, entre otros).
a) Con relación al primer agravio planteado, debe destacarse que la causa del acto administrativo comprende los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso llevan a su dictado, es decir, que este elemento se presenta como la constatación o apreciación de un hecho, mientras que la motivación se refiere a la exposición de las razones que llevaron al órgano a emitirlo, y en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican su dictado. Su exigencia está fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, toda vez que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que lo justifiquen.
Del análisis de la resolución apelada, como de las actuaciones seguidas por el ente recaudador, surge que contiene los elementos jurídicos formales y sustanciales (cfme. art. 7°, ley 19.549), y se cumplió formalmente el procedimiento establecido para su emisión, posibilitándose al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar una defensa adecuada, no vislumbrándose que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que funda la resolución apelada -como simplemente invoca la actora-, ni que haya existido agravio alguno a su derecho de defensa, resultando que el planteo de la actora sólo se basó en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra la decisión relativa al fondo del asunto, pero que no afecta la validez del acto, por lo que corresponde rechazar el agravio articulado en este sentido.
Con relación a las costas, si bien el agravio fue tratado previamente, lo cierto es que no fue articulado por la recurrente como excepción en los términos del art. 171 de la ley 11.683, sino como una defensa más contra los actos apelados y con la finalidad de obtener su revocación, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, no corresponde imposición de costas alguna a su respecto. b) Respecto del segundo agravio articulado por la actora y que a su juicio ocasionaría la nulidad de la resolución apelada, debe destacarse que se encuentra fuera de discusión que el actor obtuvo renta de la cuarta categoría del IG por su actividad como Contador Fiscal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones y que dicho organismo provincial –en su carácter de empleador y agente de retención- no efectuó retención alguna durante el período fiscal 2013.
En efecto, es importante destacar que en el caso particular de autos, la falta de retención no se originó en una mera omisión del empleador en practicarla, sino en una conducta aparentemente deliberada del Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Misiones con fundamento en las leyes provinciales 1550 (Acordadas Nros. 38 y 42) e I Nro. 45 Equiparación de Categorías (antes ley 2012), según se observa en la contestación del 24/04/1986 de la entonces DGI a la consulta efectuada por dicho Tribunal con fecha 19/03/1986 (fs.153 aa) y en la contestación al requerimiento Nro. 4359 de AFIP del 25/09/2000 donde se elevaron en su oportunidad planillas de haberes solicitadas desde el 01/06/1996 al 31/12/1999, ambos inclusive (cfme. fs. 144, Cpo. IG, Nro. 1, aa).
Al respecto, corresponde recordar que es doctrina judicial de este Tribunal y de la Alzada, ante supuestos similares al de autos, que cuando el empleador es un organismo que forma parte de uno de los poderes públicos –en este caso provincial-, su comportamiento no resulta equiparable, sin más, al de un empleador privado (cfme. TFN, Sala A, "Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba c/DGI", sent. del 27/06/2011, confirmada por la Sala V de la CACAF el 18/09/2012; TFN, Sala D, "Daniele, Clara Julia c/DGI", sent. del 04/12/2012, confirmada por la Sala IV de la CACAF el 21/11/2013; TFN, Sala A, “Medina, Víctor Hugo c/DGI”, sent. del 25/10/2018, confirmada por la Sala III el 20/12/2020, entre tantos otros), debiéndose ponderar dicha distinción.
Aun cuando pudiese aceptarse como válido el argumento esgrimido por el fisco, en el sentido que el actor en ningún momento dejó de ser el sujeto responsable del tributo, lo cierto es que, dada la particular e inequívoca tesitura adoptada por el organismo estatal empleador, así como la relación de empleo público y jerarquía que atraviesa la relación entre ellos, el procedimiento de la determinación del IG del actor, en lo que respecta a sus ingresos de cuarta categoría, debió haber sido sustanciado con intervención de dicho organismo público, más aún siendo que en el caso dictó una norma de alcance general para excluir los mentados rubros de la retención del impuesto a las ganancias (en igual sentido, CACAF, "Garrido” y "Daniele” ya citados).
En efecto, no cabe exigirle al empleado, sujeto al principio de la subordinación jerárquica, el cumplimiento de los deberes u obligaciones de las que ha sido expresamente exceptuado por el organismo empleador que, como se dijo, forma parte del poder público y, respecto del funcionario o empleado, también actúa en representación del Estado del que forma parte (v. fallos "Garrido" y "Daniele" ya citados y TFN, Sala D, “Beato, Alba Raquel c/DGI”, sent. del 16/06/2011, confirmada por la Sala V de la CACAF el 18/09/2012, pronunciamiento que quedó firme como consecuencia de la aplicación del art. 280 del CPCCN por parte de la CSJN, con fecha 24/10/2014).
En consecuencia, entiendo que no corresponde examinar la “extensión” de los efectos de las Acordadas 20/1996 (CSJN) y la 51 (STJPM) del 22/05/1996 y acordadas similares (v. fs. 2/5vta. y 6, Cpo. Tribunal de Cuentas de Mnes, aa), a los funcionarios del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones y que ese organismo receptó en su Res. 273/1996, sin su debida intervención, ya que fue el propio organismo empleador –y agente de retención- el que expresamente interpretó aplicable a sus integrantes dichas disposiciones, en franca oposición al criterio adoptado por el fisco nacional en estas actuaciones (el destacado es propio).
Por ello, no corresponde acoger favorablemente los argumentos del ente fiscal en la presente causa seguida únicamente contra un funcionario del Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Misiones, por las razones antes expuestas. Sin embargo, entiendo que tampoco debe declararse la nulidad del procedimiento seguido por el fisco, pues éste pudo haber considerado cumplida la intervención del organismo empleador con la presentación de fs. 144 del Cuerpo Nro. 1 del IG de las actuaciones administrativas, lo que a criterio del suscripto resulta insuficiente.
VII. Que en atención a la forma en la que se resuelve, deviene inoficioso el tratamiento de las restantes cuestiones planteadas.
El Dr. Vicchi y la Dra. Marmillon dijeron:
Que adhieren al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.08.23 15:01:16 -03:00 Date: 2023.08.25 12:09:36 -03:00 Juan Carlos Vicchi Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.07 13:01:52 -03:00 Claudio Esteban Luis Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.07 13:01:53 -03:00
Fin de la sentencia