Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder los recursos extraordinario federal deducidos a fs. 624/645 vta. y 658/678 por el Sr. Defensor Oficial ante este Alto Cuerpo, en representación de los condenados ANTONIO BERNABÉ MENA y NICOLÁS ROJAS, con costas por su orden.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:007 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 28 de septiembre de 2016 AUTOS: "MENA ANTONIO BERNABÉ Y ROJAS NICOLÁS S/ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL CON TENENCIA DE ARMA DE FUEGO", Expte. Nº 4680 (M-873/14/T.S.J.).-
Río Gallegos, 28 de septiembre de 2016.-
Los presentes autos caratulados "MENA ANTONIO BERNABÉ Y ROJAS NICOLÁS S/ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL CON TENENCIA DE ARMA DE FUEGO", Expte. Nº 4680 (M-873/14/T.S.J.), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.-) Llega la presente causa a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia para analizar la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 624/645 vta. por el Sr. Defensor Oficial ante este Alto Cuerpo, Dr. Domingo Norberto Fernández, en representación del condenado ANTONIO BERNABÉ MENA quien a fs. 621 presentó un recurso in pauperis, y a fs. 658/678 por el mismo letrado en representación del condenado NICOLÁS ROJAS -quien a fs. 655 al ser notificado 'apeló' in pauperis-, ambos contra el pronunciamiento dictado por este Alto Cuerpo a fs. 612/618 que resuelve “...1º) RECHAZAR por improcedente el recurso de casación interpuesto a fs. 579/586 vta., por el defensor oficial, en representación de los condenados ANTONIO BERNABÉ MENA y NICOLÁS ROJAS; 2º) CONFIRMAR la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 567/575...”.- II.-) La parte recurrente -previo referir los antecedentes de la causa (fs. 626/631 y 661/666)- inicia la crítica a la resolución denegatoria que pronunciara este Alto Cuerpo con fundamento en la presunta violación a la defensa en juicio, el debido proceso (art. 18 de la C.N.), así como arbitrariedad (fs. 632 y 665 vta.).-
Afirman los recurrentes que se agravian por "...arbitrariedad y falta de motivación de la sentencia. Ambos agravios se patentizan, en primer término, al considerar los sentenciantes que la conducta de mi defendido encuadra objetivamente y subjetivamente en la figura del delito de robo agravado por uso de arma, advirtiendo esta defensa que teniendo en cuenta el plexo probatorio aportado en autos dicha figura no quedó configurada, ya que la recuperación del botín en un breve intervalo de tiempo y como consecuencia de la diligente actividad policial impidieron que se consumara el delito, es decir que el mencionado hecho quedó configurado, a entender de esta defensa técnica en grado de tentativa; agregando al respecto que los mismos se alejaron del lugar sin haberse llegado a concretar ni siquiera una persecución policial, debido a que en un breve lapso de tiempo ambos fueron aprehendidos, por lo que dicho tiempo no es razonable para considerar que tuvieron libre disposición de los elementos apropiados toda vez que de la prueba recolectada, no hacen más que ilustrar que el delito no fue consumado... esta defensa considera que no se ha logrado probar fehacientemente la consumación del robo, contrariando el principio constitucional 'in dubio pro reo' la incertidumbre creada debe favorecer al imputado, como respuesta al estado de inocencia. Así, y a pesar de haber sido debidamente argumentado el agravio en el recurso de casación, ninguna respuesta se ha dado a todos los concretos extremos que se puntualizaron relativos al plexo probatorio..."(fs. 635 y 669).- Agregó "...se agravia esta defensa en virtud de haberse establecido en la sentencia una calificación que agrava la imposición de la pena de mi pupilo..." (fs. 638 y 671).-
Asimismo, se agravió por la pena impuesta a sus defendidos ANTONIO BERNABÉ MENA y NICOLÁS ROJAS "...la que se considera desmesurada, ya que el Excmo. Tribunal Superior no ha tomado en cuenta las circunstancias atenuantes en beneficio de mi pupilo, no pudiendo justificarse de este modo un apartamiento tal del mínimo legal como se ha dado en la sentencia impugnada, habiéndose dispuesto una pena por demás elevada..." (fs. 639 y 672).-
Manifestó "...la resolución en crisis ha fallado contra la concesión del recurso casatorio a partir de un esquema argumental que, como se puede apreciar no ha consultado el núcleo del planteo efectuado por la defensa, centrado en la determinación del alcance y observancia de la Garantía Constitucional de debido proceso legal y defensa en juicio consagrada en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional...".-
Finalizó "...el rechazo al acceso a la instancia casatoria importa una restricción indebida a esa vía recursiva impidiendo que se pueda asegurar la vigencia de las mandas constitucionales alegadas, lo que determina la viabilidad y procedencia del presente recurso que se interpone..." (fs. 643 y 675 vta.).-
El recurrente finaliza su presentación sosteniendo la existencia de cuestión federal (fs. 645 y 677).-
III.-) A fs. 651 y 681 se ordena traslado de los recursos extraordinarios interpuestos al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo que a fs. 653/654 y 682/683 dictaminó que "...el recurrente al describir las razones que justifican el remedio intentado, articula una hipótesis que, en abstracto, podría ser encasillada como tipo jurisprudencial de valoración absurda y arbitrariedad. En ese entendimiento, considero V.E. que el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamentos suficientes para la invocación de indudable carácter excepcional, como lo es la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica... los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco, que el fallo en cuestión se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras...
La expresión de los fundamentos del Recurso Extraordinario debe ser completa, integral y abarcadora de todo lo ocurrido en la causa... Este recaudo no cumplido en el presente y exigido por el art. 15 de la ley Nº 48, constituye lo que en doctrina se denomina fundamentación autónoma del Recurso Extraordinario... Esta exigencia consiste en que el escrito mediante el cual se articula el remedio federal demuestre la presencia de una cuestión federal, cuya solución no ha logrado satisfacer las expectativas de los recurrentes. Por ende, no basta refutar una a una las cuestiones ni la decisión que los recurrentes estimen correcta, deben rebatirse los fundamentos de la sentencia cuestionada con agravios razonados y sin omitirse ningún fundamento de carácter decisivo...”, siendo de opinión que se declare inadmisible el recurso impetrado.- IV.-) En principio, corresponde realizar a este Tribunal Superior de Justicia, un análisis mínimo y provisional del recurso extraordinario deducido a la luz de la acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada el 21/3/2007, tendiente a definir si la cuestión federal invocada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pues es deber de los órganos judiciales competentes resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional de competencia para la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 323:3081).- En dicha tarea, se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del primero de los artículos del reglamento, no así de los restantes. En efecto, las presentaciones no superan las 40 páginas de 26 renglones y han sido escritas con letra claramente legible (art. 1), y cuenta con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2.-
Que, no obstante, los escritos recursivos no logran poner de manifiesto la observancia de los requerimientos del artículo 3º, de dicha acordada, conforme se detallará a continuación.-
En efecto, los recurrentes se limitan a realizar un sucinto relato de los hechos de la causa, e invoca como "cuestión federal" la vulneración del derecho de defensa, art. 18 de la CN, fundado en la vulneración de normas procesales. En este sentido, es dable recordar que "la cuestión federal" tiene una definición propia. No sin ánimo docente, diremos que las cuestiones federales presentan dos grandes campos: a) las llamadas cuestiones constitucionales "simples" (vinculadas con la interpretación directa de normas o actos de naturaleza federal que ponen en crisis a disposiciones de la Constitución Nacional (art. 14, inc. 3º ley 48), y b) las cuestiones constitucionales "complejas" (referidas a los denominados "conflictos de constitucionalidad", es decir, al enfrenamiento entre normas o actos de carácter infraconstitucional con la Constitución Federal (art. 14, incs. 1º y 2º ley 48). Como fácil puede advertirse el planteo del recurrente no encuadra en esta regla.- A mayor abundamiento, este Alto Cuerpo advierte que la instancia federal impetrada por el Defensor Oficial deviene improcedente, toda vez que los argumentos expuestos en representación de los condenados ANTONIO BERNABÉ MENA y NICOLÁS ROJAS son una mera repetición de los desarrollados en la etapa casatoria, reeditando los mismos para intentar habilitar la instancia extraordinaria.-
Este defecto se encuentra agravado por la circunstancia de interponer el remedio federal sin efectuar una crítica concreta y razonada de los fundamentos que dan basamento a la decisión obrante a fs. 612/618, o bien desentendiéndose de los argumentos expuestos por este Tribunal Superior para rechazar los agravios que motivaron la instancia casatoria.-
Al respecto, adviértase que los motivos mencionados en el recurso extraordinario federal de fs. 624/645 vta. y 658/678 están referidos netamente a la aplicación de derecho común, la transcripción de lo resuelto en la sentencia de la Excma. Cámara Criminal, lo resuelto en el decisorio de este Alto Cuerpo y a transcribir jurisprudencia, pues los impugnantes se agravian por el rechazo del recurso de casación deducido. Fácil resulta advertir que tales causales devienen improcedentes para un remedio federal –por tratarse de netas cuestiones de derecho común-, constituyendo motivo suficiente para declarar inadmisible las presentaciones en estudio.- V.-) Sobre la inadmisibilidad del remedio federal cuando los recurrentes no plantean una cuestión federal en forma razonada y clara, se han expedido numerosos Tribunales Superiores de Provincia: "...La cuestión federal debe introducirse en oportunidad de trabarse la litis y, excepcionalmente, en la primera oportunidad procesal posible, debiendo formularse de manera inequívoca y explícita, ya que el carácter genérico de la misma no es suficiente para habilitar el recurso extraordinario, como tampoco lo es la única expresión del apelante de que reserva el caso federal..." (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, "G.T., C. c/ L.B., R.", 14/II/2000, LLC 2000, pág. 923); "...Es insuficiente a los efectos de la procedencia del recurso extraordinario federal la sola expresión del apelante ‘Reserva Caso Federal’, pues si bien no se requieren términos sacramentales es necesario que exista un correcto planteamiento mediante la invocación expresa y categórica del derecho federal del que pretende valerse, demostrando su conexión con la materia del pleito..." (Superior Tribunal de Justicia de Misiones, "C., L. c/ Cooperativa Agrícola Monte Carlo Ltda.", 16/X/2001, LLLitoral 2001).- Incluso, el Máximo Tribunal de la Nación ha revalidado la exigencia del tópico "...En principio, el requisito de la introducción oportuna de la cuestión federal a los fines del recurso extraordinario, sólo rige respecto de las cuestiones federales previstas en el art. 14 de la ley 48, que deben ser resueltas de modo previo por los jueces de la causa a fin de dar lugar a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, último intérprete de las mismas...(dictamen del procurador general que la Corte hace suyo)" (C.S.J.N., "González, Eduardo c/ Trenes de Buenos Aires S.A.", 07/XII/2004, DJ 18/V/2005, pág. 176; Fallos 327:5528).- VI.-) En numerosos precedentes este Tribunal ha expresado que adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de vedar la habilitación del recurso extraordinario a cuestiones que se muestran típicamente vinculadas al derecho común, las que por vía de principio se encuentran marginadas de la instancia extraordinaria (T.S.J.
Santa Cruz, Tº I, Sentencias, Rº 9, Folio 15/18; Fallos 310:927; 310:2114; 311:1171, entre otros).-
Las razones que sustentan el criterio apuntado para vedar la viabilidad del recurso extraordinario son: a) Esa especie de disposiciones normativas, interpretación del derecho común, son de hermenéutica privativa de los jueces de la respectiva instancia; b) Ese tipo de disposiciones no afecta el orden de prelación normativo consagrado en el artículo 31 de la Carta Magna, principio de supremacía constitucional (Lino Enrique Palacio, "El recurso extraordinario federal", pág. 161, Abeledo Perrot, 1997). A ello debemos adunar un tercer motivo: que el recurso extraordinario federal está destinado a preservar el principio que inviste a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, pero no como intérprete final del derecho común.- Reiterada también es la doctrina de la Corte Suprema de Justicia Nacional en el sentido que las cuestiones de derecho común, aún regidas por leyes de naturaleza federal, son propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria (Fallos 281:67; 284:483; 289:355; T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Interlocutorio, Rº 23, Fº 36/40; Tº I, Otros Recursos, Rº 8, Fº 12/14; Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45, entre otros), pues “...La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria...” (Fallos 312: 2110), salvo que el tribunal superior de la causa prescinda de dar un tratamiento adecuado a la controversia, supuesto excepcional no verificado en autos.- VII.-) Al rechazar por improcedente la instancia casatoria el recurrente acusa al Tribunal de haber violado las reglas del debido proceso legal.-
Tal agravio resulta infundado, pues abonando la doctrina fijada por la C.S.J.N. en los autos "Casal, Matías E. Y otro" (fallo del 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), este Alto Cuerpo hubo de cumplir con la finalidad y el espíritu del citado precedente, efectuando una revisión integral del hecho imputado y la prueba de cargo que condujo a la condena de ANTONIO BERNABÉ MENA y NICOLÁS ROJAS.-
En el resolutorio de fs. 612/618, este Tribunal se abocó al "contralor de logicidad" del fallo de la Excma. Cámara Criminal, verificando la razonabilidad de la materialidad histórica imputada a ANTONIO BERNABÉ MENA y NICOLÁS ROJAS y que la interpretación y valoración de los elementos probatorios fuera realizada en forma adecuada y pormenorizada, agotando esta instancia casatoria su capacidad revisora, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional en la materia, orientando en tal sentido la interpretación de las normas procesales locales.- VIII.-) En los considerandos de la resolución obrante a fs. 612/618, se señaló que la valoración de la prueba por el tribunal de juicio estaba vinculada con criterio lógico al hecho de robo imputado, "...se ha logrado acreditar con certeza, que el 16/06/13 siendo aproximadamente las 19:00 hs., Mena y Rojas ingresaron al local comercial "Autoservicio San Cayetano" sito en el Barrio San Benito, calles 13 y 6, y mediante la utilización de armas largas, luego de amedrentar a los dueños de local, se apoderaron de dinero en efectivo, y de un bolso de color azul conteniendo en su interior una caja metálica con dinero en efectivo y dos cheques; luego se dieron a la fuga en un vehículo particular marca "Chevrolet Corsa" de color rojo... los encartados desde el momento que salieron del local con los efectos sustraídos, tuvieron un tiempo prudencial para disponer de los mismos es decir que ejercieron un ilegitimo señorío sobre las cosas, tan es así que posteriormente cuando son interceptados y perseguidos por personal policial; dentro de ese poder de señorío, arrojaron a la vía pública parte del dinero sustraído. La disponibilidad de los efectos, ha sido abordada en la sentencia...".- Teniendo en cuenta el hecho enrostrado a los condenados, se hizo una revisión integral del fallo de la Excma. Cámara, llegando a la conclusión que "...los delincuentes han tenido por un lapso considerable, la posibilidad de disponer de los efectos sustraídos, el injusto reprochado ha sido perfectamente consumado, correspondiendo descartar los planteos defensivos que sostienen que los hechos han quedado en grado de tentativa...".-
IX.-) Como se dijera a fs. 617/vta., no deviene arbitrario que la Excma. Cámara imponga a ANTONIO BERNABÉ MENA y NICOLÁS ROJAS la pena de doce (12) años de prisión, pues los fundamentos del fallo que lucen a fs. 579/586 vta., hacen mérito de circunstancias atenuantes y agravantes, conforme ordenan los arts. 40 y 41 del código de fondo, resultando suficientes para determinar el quantum punitivo. Además, este Tribunal Superior se ha expedido en numerosas oportunidades que la cuestión "...no es materia de tratamiento casatorio, salvo excepción de arbitrariedad..." (T.S.J. Santa Cruz, Tº III –Sentencia- Rº 69, Fº 442/446; Tº IV –Sentencia- Rº 07, Fº 081/090; entre otros).- En este orden de ideas, téngase en cuenta que las condenas impuestas a ANTONIO BERNABÉ MENA y NICOLÁS ROJAS se encuentran adecuadamente fundadas en tanto la Excma. Cámara ha explicitado las razones de hecho y de derecho que llevaron a disponer la sanción en el caso concreto.-
En tal sentido la Excma. Cámara ha merituado a los fines de establecer la pena justa a imponer a los condenados "...la naturaleza de la acción y los medios empleados para cometer el hecho la extensión del daño provocado y el real peligro causado. Valorando especialmente que el accionar de los incusos lo fue en desmedro de los bienes y la integridad física de las víctimas lo que demuestra un grado de reprochabilidad importante que no puede obviarse. En consecuencia son agravantes la temeridad en la ejecución del hecho, la cual ha quedado evidenciada en el juicio, no se limitaron a intimidar a los dueños del negocio con las armas que portaban, sino que agredieron brutalmente a Sra. Pradas, sin necesidad ya que la víctima no se resistió al robo. Y sin motivo alguno, también cuando ya se habían apoderado del dinero, antes de retirarse del lugar le propinan un golpe al Sr. Salinas causándole lesiones leves, demostrando un desprecio superlativo por la integridad física de otro ser humano. Si bien Rojas no registra antecedentes penales en estricto sensu, según las víctimas fue el más agresivo en el accionar, a pesar de conocer a las víctimas antes del hecho por haber concurrido como cliente al negocio asaltado... En el caso del acusado Mena, el mismo ha demostrado indiferencia total a las normas jurídicas, ya que a pesar de háber estado sometido a a tratamiento penitenciario, conforme surge de las constancias de autos, no ha internalizado conductas de respeto al sistema jurídico, reincidiendo en conductas delictivas... Asimismo se valora que por la edad de los acusados, personas adultas, la sociedad y el sistema jurídico espera un comportamiento de respeto por las normas jurídicas en atención a su mayor posibilidad de auto determinarse...".- De lo expuesto, se acredita de manera satisfactoria la fundamentación que realizara la Excma. Cámara en lo relativo al quantum de la pena y que fuera reconocida por este Tribunal Superior de Justicia; por lo que debe descartarse la arbitrariedad alegada en tal sentido.-
X.-) Por otra parte, los escritos de la defensa de ANTONIO BERNABÉ MENA y NICOLÁS ROJAS impetrando el remedio federal padecen de inconsistencia material, pues si bien los recurrentes alegan que el decisorio vulnera las garantías de defensa en juicio y del debido proceso legal, no alcanzan a establecer ni discernir en qué medida se encontraron impedidas las partes de deducir defensas, producir la prueba ofrecida y alegar sobre ella, basamento fundamental del derecho de defensa; mientras que el debido proceso –formal o adjetivo y material o sustantivo- no aparece vulnerado ni conmovido por la interpretación que de las normas de derecho común realizan este Alto Cuerpo y el Tribunal Oral en sus respectivos fallos.- Que, Rafael Bielsa decía: "...la violación de la defensa en juicio se verifica cuando se le impide a la parte el ejercicio de los recursos legales, o cuando no se lo oye, es decir cuando no se observan los requisitos esenciales del proceso..." (autor citado, "La protección constitucional y el recurso extraordinario", pág. 99, Depalma, 1958), no incurriendo este Alto Cuerpo ni la instancia de grado en tales desaciertos, pues en la sustanciación del proceso se ha velado por escuchar a todas las partes –en un pie de absoluta igualdad- y permitido el ejercicio de sus recursos legales.- En efecto, la mera invocación de una supuesta violación de las normas constitucionales que reconocen la garantía del derecho a la defensa en juicio y el cumplimiento del debido proceso legal, no habilita la instancia extraordinaria federal que los recurrentes pretenden habilitar.-
XI.-) El pronunciamiento dictado por este Alto Cuerpo a fs. 612/618 no deviene "arbitrario" por la circunstancia de no compartir los peticionantes los argumentos del Tribunal para confirmar el fallo condenatorio dictado por la Cámara Criminal, reiterándose que los recurrentes no demuestran causal fundada alguna para así descalificar el fallo.-
En tal sentido, si bien incumbe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación juzgar sobre la presencia del vicio de arbitrariedad que pudiera afectar a una sentencia, ello no exime a los órganos judiciales llamados a conocer en la concesión del recurso extraordinario, a expedirse si la apelación federal, circunstanciadamente valorada, cuenta respecto a cada uno de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar sustento, a la luz de la conocida doctrina de la Corte, a la invocación de un caso inequívoco de carácter excepcional, como es la arbitrariedad (Fallos 323:1248; este T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 7, Fº 15/17, Secr. Civil, y Tº I, Otros Recursos, Rº 10, Fº Nº 12/24, Secr. Penal, entre otros).- En la estructura del pronunciamiento atacado no se advierten fisuras en orden al absurdo o la arbitrariedad que plantea el recurrente, ni se incurre en violaciones de normas constitucionales. Analizado lo actuado desde este cuadrante, la sentencia atacada no evidencia un error grave y ostensible en el concepto, juicio o raciocinio cuando debió interpretar o valorar la ley, conforme a las reglas de la sana crítica o -en su caso- evaluar la posible violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, resultando correcta la solución del caso por constituir derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias comprobadas de la causa apreciadas objetivamente (Fallos 236:27) y en respeto de los principios de igualdad de las partes, bilateralidad del proceso y necesidad de estar precedida la sentencia de una acusación válida, ejercicio de defensa y producción de prueba.- XII.-) A mayor abundamiento, compartiendo este Tribunal Superior de Justicia lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal, la discrepancia de los recurrentes con el criterio y valoración de las normas de naturaleza no federal, o la sola refutación de los argumentos del fallo sin demostrar la violación de las normas constitucionales, no habilita por si sólo la "excepcionalidad" del recurso extraordinario, aplicada al caso de arbitrariedad, más aún cuando el recurso en tratamiento carece de la fundamentación autónoma exigida para declarar su procedencia.-
Precisamente -por competer a una jurisdicción excepcional- el control de constitucionalidad no puede ser ejercido cuando el asunto –aún de extrema gravedad- no compromete la supremacía federal garantizada por el art. 31 de la Constitución Nacional, pues -de no ser así- la Corte Suprema actuaría con un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales alterando el sistema federal de gobierno (Fallos 1:28; 5:59; 13:115; 15:174; 72:73; 91:228; 100:203; 210:543; 214:257; 219:109; 223:486; 234:163; 236:286; 241:351; 251:7; 257:37; 281:267 y 286:148 entre otros). Sobre tal pilar y conforme se expusiera, "...el recurso extraordinario presupone la decisión exclusiva sobre puntos de derecho federal..." (Fallos 196:184), ya que si así no fuera, la Corte Suprema actuaría como un Tribunal ordinario de última instancia (Fallos 114:148; 185:358; 189:188; 190:220 y 193:11, entre otros).- En este sentido, cabe destacar el ayuno de precisa fundamentación de los recursos sub examine, pues carece de la debida conexión entre la materia del pleito y el derecho federal que estiman desconocido, siendo aplicable la opinión doctrinaria que reza: "...No basta hacer referencias genéricas; se requiere citas concretas, que fijen con precisión el derecho federal cuestionado y desconocido...” (Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tº I, pág. 803), no verificándose en autos que al reclamante se le hubiere cercenado derecho alguno garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional.- XIII.-) Luego de efectuar este Alto Cuerpo un detenido y severo análisis de los agravios contenidos en los escritos de interposición del remedio federal impetrado, surge de manera clara y manifiesta su falta de idoneidad para dar fundamento a la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad, pues la mera invocación de aquella no basta para superar el óbice sustancial que supone la inexistencia de cuestión federal (art. 14 de la Ley 48), que justifique el impacto a la seguridad jurídica que lleva consigo la revisión por la Corte Suprema de fallos de tribunales ordinarios que se fundamentan en derecho común.- Además, surge evidente la insuficiencia recursiva pues no logra perforar la barrera establecida en el art. 15 de la Ley Nº 48, que exige la fundamentación suficiente del recurso y la relación directa e inmediata a cuestiones de validez del orden jurídico federal, ámbito normal del recurso extraordinario que debe ser excepcional, mostrando una sentencia "arbitraria", "insostenible", "irregular" o carente de fundamentos suficientes para sustentarla o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces que lo suscriben (Genaro Carrió y Alejandro Carrió, "El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria", Abeledo Perrot, 1983, Tº I, pág. 25; T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45; entre varios).- Por lo expuesto, no encontrándose configurados los extremos que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de planteos ajenos a los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y no cumplir con lo establecido con la Acordada de la CSJN 04/2007, corresponde rechazar los recursos articulados, con costas por su orden, en razón de la naturaleza y finalidad institucional del mismo.-
Por todo ello, oídos que fuera el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, por aplicación de las normas legales, doctrina y jurisprudencia antes citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. NO CONCEDER los recursos extraordinario federal deducidos a fs. 624/645 vta. y 658/678 por el Sr. Defensor Oficial ante este Alto Cuerpo, en representación de los condenados ANTONIO BERNABÉ MENA y NICOLÁS ROJAS, con costas por su orden.-
2. Regístrese, Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los presentes autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse vacante el cargo restante (art. 27 de la Ley Nº Uno – T.O. Ley 2404).-
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dra. Paula E. Ludueña- Vocal. Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz -Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2004O.161 TOMO:IV– OTROS RECURSOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:007 FOLIO Nº: 031/037 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia