Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 65.478
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora y revocar la sentencia apelada de 382/389vta., admitiendo parcialmente la demanda incoada, y distribuyendo en partes iguales entre la actora y el demandado la responsabilidad por la causación del siniestro vial.
2Hacer lugar a la reparación del daño material por incapacidad psicofísica sufrido por la accionante, y conforme la referida distribución de responsabilidades, condenar al accionado a abonarle la suma de $587.658 (Pesos quinientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y ocho).
3Hacer lugar a la reparación de los gastos médicos, de farmacia, tratamiento psicológico y rehabilitación incurridos por la actora, y acorde la distribución igualitaria de responsabilidades efectuada, condenar al demandado a abonarle en tales conceptos la suma de $32.635 (Pesos treinta y dos mil seiscientos treinta y cinco).
4Admitir parcialmente la reparación de los perjuicios invocados por la actora como gastos futuros, condenando por tal causa al demandado a abonarle, acorde su responsabilidad por el evento dañoso, la suma de $18.200 (Pesos dieciocho mil doscientos).
5Hacer lugar a la reparación del daño extrapatrimonial padecido por la demandante, condenando al accionado a resarcirla, acorde su 50% de responsabilidad, mediante la suma de $700.000 (Pesos setecientos mil).
6Rechazar la exclusión de cobertura planteada por la citada en garantía La Perseverancia Seguros S.A., extendiéndole la responsabilidad por los …
Causa nº: 2-65478-2019 "MENDEZ SARA MABEL C/ GALLASTEGUI WALTER OMAR Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los diez días del mes de septiembre de Dos Mil Veinte, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), encontrándose excusado el Dr. Jorge Mario Galdós, con la presencia virtual del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados “Méndez, Sara Mabel c/ Gallastegui Walter Omar y otro/a s/ Daños y Perjuicios” (causa n° 65.478), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª- ¿Es procedente el recurso de apelación planteado contra la sentencia definitiva de fs. 382/389vta.?
2ª - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes dijo:
I. 1. La sentencia definitiva de fs. 382/389vta. rechazó la demanda interpuesta por Sara Mabel Méndez, contra Walter Omar Gallastegui y La Perseverancia Seguros S.A. como citada en garantía, a fin de que se reparen los daños y perjuicios que habría sufrido producto del accidente de tránsito acaecido el 20 de febrero de 2015 en la ciudad de Olavarría, a raíz del cual, según alegó la actora, habría sufrido politraumatismos, fractura de pelvis y desplazamiento de cadera, entre otros perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales descriptos en su demanda de fs. 5/8 vta. y ampliación de fs. 108/126 vta. Conforme se destacó en el decisorio recurrido, a fs. 165/174 La Perseverancia Seguros S.A. planteó la exclusión de cobertura por falta de licencia de conducir del demandado asegurado (cf. Cláusula CG RC 2.1 apartado 9 de la póliza acompañada a fs. 156/160), y, subsidiariamente, invocó el límite de cobertura pactado y contestó demanda negando los hechos y los rubros indemnizatorios reclamados. Por su parte, añadió la sentencia, el accionado (que se encuentra detenido en penal de Villa Devoto donde fue oportunamente notificado; ver fs. 197), no se presentó al proceso, declarándose su rebeldía a fs. 201.
Considerando la investigación penal seguida en contra del demandado por el accidente de tránsito de marras (I.P.P. 01-02-000773-15/00 que tengo a la vista, no concluida a la fecha de aquel decisorio), comienza por destacar la sentencia la aplicabilidad inmediata del art. 1775 inc. c del CCCN (dado su carácter procesal), en cuanto dispone que la acción penal no suspende la acción civil por reparación de daños cuando ésta se funda, como en el caso, en un factor objetivo de atribución.
Aclarado ello, y en lo que toca a la mecánica del accidente, valora el decisorio que conforme la pericia accidentológica y el plano obrante a fs. 49/51 de la I.P.P. (copia a fs. 379/381 de autos), el accidente de tránsito se produjo el día 20 de Febrero de 2015, aproximadamente a las 18.30 hs. sobre la Avenida Sarmiento de la ciudad de Olavarría, a unos 35 metros de su intersección con calle Independencia, sin factores climáticos que obstaculizaran el tránsito peatonal o vehicular. Agregó que es de conocimiento de quienes residen en la ciudad, que ambas arterias presentan habitualmente un intenso tránsito vehicular en horas del día, y que la avenida posee doble sentido de circulación, con dos carriles por mano, y cuenta con un separador central de mampostería (tal como se observa en la pericia accidentológica mencionada). Recuerda, entre otras cuestiones, que en los casos de accidentes de tránsito debe valorarse el cuadro total de conducta de todos los protagonistas; que quien tiene a su cargo la conducción de un vehículo asume sobre sí la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos más o menos imprevistos; y que el art. 1113, 2º párrafo, del Código Civil invierte la carga de la prueba en beneficio del aquí actor; sin perjuicio de que tanto a peatones como a conductores se les debe exigir prudencia y diligencia. Agrega que es doctrina de la Suprema Corte Provincial que quien tiene a su cargo la conducción de un vehículo, asume la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos más o menos imprevistos, siendo la aparición de un peatón distraído o desaprensivo un hecho que se presenta al menos ocasionalmente, debiendo estar el conductor lo suficientemente alerta como para sortear esa emergencia, salvo casos excepcionales.
Por otra parte, citando un precedente de este Tribunal (Causa nº:
594074, "Godofredo Leonardo Gregorio…”, del 26/05/2015), destaca que esa doctrina parece haber sido atenuada en un fallo dictado por la mayoría del Superior Tribunal Provincial, en el que se entendió que en el supuesto accidentes con peatones, no sólo es posible postular la configuración de la eximente cuando el peatón aparece en la línea de marcha del vehículo sin ser avistado, en forma súbita e imprevista, pues ello importaría cargar en forma casi exclusiva sobre los conductores de vehículos la responsabilidad de prever un amplio margen de conductas peatonales peligrosas, inesperadas o desaprensivas (en referencia a la causa de la S.C.B.A., C 102966, “Navarro Nélida Haydeé…”, del 9-6-10).
En ese marco dogmático, trae a colación el acta policial de fs. 1 de la causa penal, y el croquis de fs. 2 (ver fs. 376/377vta.), conforme el cual la colisión se produjo cerca del separador central de la avenida, por fuera de la senda peatonal. Agrega que la pericia accidentológica penal refirió que la motocicleta Mondial 200 cc conducida por el demandado, circulaba por el carril izquierdo (considerando la huella de arrastre impresa en el pavimento), de sudeste a noroeste; y que si bien no pudo determinarse el lugar preciso del impacto, se dictaminó que fue anterior a la caída de la motocicleta y se produjo entre el frente del vehículo y la transeúnte, cuando ésta intentaba cruzar la calzada. Añade que acorde la pericia penal no existen indicios de maniobras evasivas, y la velocidad de la moto rondaba los 48,8 km/h. Destaca que el plano acompañado con la pericia penal ubicó el comienzo de los restregones dejados en el asfalto por la moto, a unos 35 metros de la intersección con calle Independencia, cercanos al separador central de la avenida y alejados del cordón de la vereda.
Valora de modo determinante que acorde la pericia accidentológica, la embestida se produjo cuando la actora intentaba el cruce de la avenida por un lugar no permitido, es decir, por fuera de la senda peatonal (en rigor, por fuera de la continuación imaginaria de la acera pues, cf. la pericia penal, las arterias no tenían senda peatonal demarcada; ver fs. 379 vta.). Ello sin perjuicio, agrega, de que no haya podido determinarse con exactitud el lugar por el cual el peatón efectuó el cruce, ni el sentido de circulación que llevaba. Descarta así la versión de la actora de que fue embestida cuando se encontraba cerrando con llave su vehículo luego de haberlo estacionado, por considerar ello imposible acorde el ancho de la avenida (7,50 m por mano de circulación), el lugar por donde circulaba la moto (carril izquierdo, cf. lo reconocido incluso por el demandado en su absolución; ver CD de fs. 361), y la zona, próxima al separador central de la avenida, donde se produjo el impacto. Por ello, concluye que la actora llevó a cabo una conducta al menos negligente y ciertamente imprudente, como lo es acometer el cruce de una avenida por fuera de la senda peatonal, ocasionando la ruptura del nexo causal entre el hecho y el daño (art. 1113 C.C.). A continuación, desestima la relevancia de que el demandado careciera de licencia de conducir (como lo reconoció al absolver posiciones), argumentando que esa falta administrativa debe evaluarse conjugándola con la conducta de la propia víctima. Finalmente, añade que la moto circulaba a velocidad permitida acorde la pericia accidentológica penal, y que no obran elementos que evidencien una falta de control del conductor sobre el rodado que conducía. Rechaza así, íntegramente, la demanda incoada.
2. A fs. 396, la accionante interpone recurso de apelación. En su expresión de agravios de fecha 12/05/20, recuerda que acreditada la intervención activa de una cosa riesgosa, el demandado debe probar la causal liberatoria, total o parcial, de su responsabilidad. Sin embargo, destaca, el Sr. Gallastegui nunca ejerció su derecho de defensa, mientras que la citada en garantía se limitó a contestar demanda, sin desplegar una actividad judicial activa en pos de su defensa. Argumenta que la ausencia de prueba o la ignorancia de la causa del daño conlleva a la admisión total de la pretensión resarcitoria, y esgrime que la apreciación de la prueba sobre la culpa de la víctima, por cuanto desvirtúa la presunción legal del artículo 1113 C.C., debe ser estricta.
Añade que la pericia penal no pudo establecer con precisión la ubicación de la Sra. Méndez antes del impacto, y que dado que la pericia empleó términos potenciales, no es cierto que en ella se dé por sentado que el impacto se produjo cuando la actora intentaba el cruce de la avenida por un lugar no permitido. Tampoco afirmó la pericia, sostiene, que el accidente se haya producido a 30 metros de la calle Independencia, ni que el punto de impacto sea anterior al comienzo de la huella de arrastre.
Respecto de la cita en la sentencia apelada de la causa “Navarro” de la Suprema Corte (S.C.B.A., C 102966, “Navarro Nélida Haydeé..” del 9-6-10) y la causa “Godofredo” de esta Sala (causa nº 59.407, "Godofredo Leonardo Gregorio…”, del 26/05/2015), que entendieron configurada una excepción a la doctrina del “peatón distraído”, sostiene que más allá del lugar por el cual la actora huya cruzado la avenida (lo cual, a su entender, no fue probado) debe valorarse la conducta antirreglamentaria del conductor de la moto, conforme la cual la Sra. Méndez no es responsable del siniestro o al menos no en un cien por ciento.
Argumenta que acorde la Suprema Corte, al tiempo de computarse una eventual exclusión de la responsabilidad del dueño o guardián, debe valorarse el cuadro total de la conducta de todos los protagonistas, para determinar si la conducta de la víctima es excluyente de responsabilidad y en qué medida. Destaca que ello mismo fue puesto de relieve en la sentencia apelada, la que incurre así en contradicción al omitir que el demandado no tenía –nunca tuvo, acorde su absolución de posiciones- carnet habilitante, y circulaba por el carril izquierdo a una velocidad no menor a 48,8 km/h (lo que implica que la velocidad pudo ser superior a 60 km/h). Recuerda que acorde el art. 39 del Código de Tránsito los conductores deben circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. Entiende que el hecho de que el demandado no haya efectuado maniobras evasivas o de frenado, indica que no se encontraba en pleno dominio de su rodado, incumpliendo así la manda del art. 39 de la Ley 24.449, considerando además que las condiciones climáticas eran buenas. Recuerda el concepto de velocidad precautoria del art. 50 de la citada ley, y arguye que ella no fue respetada por el accionado considerando que no disminuyó su velocidad al ver a la Sra. Méndez, y que circulaba por un carril prohibido.
Agrega, a todo evento, que la presencia de la víctima no pudo ser un hecho imprevisible e inevitable, pues aún cuando se tuviera por cierto que la actora cruzó por un lugar indebido, al circular el demandado por el carril izquierdo, la actora se hallaba dentro de su campo visual. Concluye así, con cita del precedente “Loscar” de la Suprema Corte (C. 121.306, "Loscar, Oscar Alfredo…”, del 29/05/19), que no ha quedado probado que el accionar de la Sra. Méndez fue la causa exclusiva del siniestro, ni tampoco que haya sido absolutamente ajeno, imprevisible e inevitable para el conductor de la motocicleta.
En otro orden de consideraciones, se agravia de que la Jueza a quo no se haya expedido respecto de la exclusión de cobertura, planteada por la compañía aseguradora en razón de la falta de licencia de conducir del asegurado. Al respecto, pone de relieve que en su absolución de posiciones el Sr. Gallastegui afirmó que al momento de contratar el seguro, la compañía aseguradora omitió pedirle la licencia. Por ello es que, ante la ausencia de oportuna exigencia del carnet, y la percepción por la aseguradora de tres primas (cf. constancia documental y respuesta a posición tercera del accionado), argumenta que su pretensión de eximirse de responsabilidad implica invocar su propia torpeza, acorde las consideraciones ya efectuadas al contestar el traslado conferido en primera instancia (a las que se remite).
Finalmente, cita jurisprudencia conforme la cual la Alzada puede expedirse respecto del eventual vencimiento del plazo establecido en el artículo 56 de la ley 17418, aún cuando en la instancia de origen se haya omitido tal análisis.
Corrido traslado de la expresión de agravios, contestó la citada en garantía (esc. electrónico del 01/06/2020), tras lo cual, llamados los autos para sentencia, firme esa providencia, y practicado con fecha el sorteo de ley, se encuentran estos obrados en condiciones de ser resueltos.
II. A fin de abordar los agravios traídos a esta Alzada, y en atención al reiterado hincapié que la apelante efectúa en la falta de contestación de demanda y oportuna rebeldía declarada respecto del accionado (fs. 201), el que recién compareció al proceso con la absolución de posiciones videograbada a fs. 361, efectuaré algunas referencias entorno a la relevancia procesal de esa actitud.
Conforme el art. 60 del Código procesal, mediando rebeldía de una de las partes, la sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el art. 354 inc. 1 y, en caso de duda, dicho status constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración. En ese marco, conforme inveterada doctrina de la Suprema Corte “la falta de contestación de la demanda y la consecuente declaración de contumacia no bastan por sí solas para admitir el progreso de la acción, configurando solamente una presunción que debe hallarse corroborada por la prueba producida en la causa (conf. doct. causas B. 48.678, sent. de 22-V-1984, "Acuerdos y Sentencias", 1984-I-120; L. 39.606, sent. de 10-V-1988, "Acuerdos y Sentencias", 1988-II-123; L. 48.824, sent. de 17-III-1992; C. 90.315, sent. de 6-VI-2007: C. 105.187, sent. de 15-VIII-2012).En efecto, a tenor de lo dispuesto por el (conf. doct. C. 101.536, sent. de 9-VI-2010; mi voto en C. 105.187, cit.). (…) Según se aprecia, la falta de contestación de la demanda -mediando o no declaración de rebeldía- "podrá" ser estimada como un reconocimiento de la verdad de los hechos lícitos y pertinentes expuestos en la demanda (conf. doct. art. 354 inc. 1, C.P.C.C.). De ello se infiere que el juez no se encuentra obligado a aceptar o considerar automáticamente esa verdad. La presunción por rebeldía declarada posee un carácter netamente residual, tornándose operativa sólo en caso de duda del judicante (conf. art. 60, Cód. cit.).” (cf. SCBA, C 117091, “Jasale, José Gustavo…” del 30/10/2013; el resaltado es propio; en igual sentido; SCBA C100570, “Mohando Soto…”, del 29/04/2009; C 95527, “Liga Toldense de Fútbol…”, del 31/10/2007; AC 83124, “Gómez, Walter José…”, del 05/03/2003; Ac 66972, “Briend de Christiansen…”, del 16/02/2000, entre otras).
III. 1. Aclarado lo que antecede, recuerdo que el hecho dañoso objeto de marras, acaeció el 20 de febrero de 2015, encontrándose vigente el derogado Código Civil, por lo que ese cuerpo de normas es que el resulta aplicable a la determinación de la eventual responsabilidad del demandado y su compañía aseguradora (art. 7 CCCN).
Sabido es que conforme inveterada jurisprudencia, receptada por el actual Código Civil y Comercial en su art. 1.769, la responsabilidad por los perjuicios derivados de accidentes de tránsito se encuadra en la responsabilidad objetiva por el “riesgo o vicio de la cosa” prevista en el artículo 1113 C.C., 2° párrafo. Ese precepto determina que “En los supuestos de daños causados con las cosas (….); si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá –el dueño o guardián- total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.” (el destacado me pertenece).
Al respecto, el Máximo Tribunal local ha dicho que “quien acciona en función del art. 1113, 2º apartado, 2º párrafo del C.C., debe probar: a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa; d) el carácter de dueño o guardián de los demandados” (S.C.B.A., Ac. 85775, “Calderucho, Roberto....”, del 24/03/04; Ac. 93337, “Suñe de Ares, Ángela...”, del 06/09/06; Ac. C101790, “Alegre, Lucía...”, del 29/04/09, entre otros).
En esta instancia, el debate se centra en la concurrencia del segundo de los apuntados recaudos; esto es la relación causal, pues acorde el decisorio apelado, tal relación se habría visto íntegramente interrumpida producto del hecho de la víctima, que al momento de ser impactada por la motocicleta del accionado, carecía de la prioridad de paso que confiere al peatón el art. 41 inc. e de la Ley 24.449 (cf. adhesión art. 1 Ley prov. 13.927), pues se encontraba atravesando la acera en forma irregular; es decir, por fuera de la senda peatonal o –cuando ésta no se encuentra demarcada- la prolongación longitudinal de la acera (cf. arts. 38 inc. 3 y 5 inc. t Ley 24.449).
Ahora bien, en materia de “culpa” de la víctima el Máximo Tribunal local, con criterio que ha sido recogido por el actual 1.729 CCCN, ha dicho que “La norma del 2do. ap., 2do. párr., del art. 1113 del Código Civil al hablar de la "culpa" de la víctima, o en su caso del tercero, se está refiriendo -en rigor- a la conducta de ésta como factor interruptivo de la relación de causalidad.” (SCBA; AC 84113, “Ferreira Marquez, Santiago…”, del 01/10/2003; Ac 65396, “Manes, Roberto Pedro y otro…”, del 05/04/2000). Ello pues “basta con que el intérprete juzgue que ese comportamiento tuvo eficacia para cortar el nexo causal. Si además, esa conducta significó o tradujo irresponsabilidad, negligencia, culpa, la asunción de un riesgo innecesario o no, son elementos inútiles para juzgar los supuestos de liberación de la responsabilidad contemplada por el art. citado.” (SCBA causas C101930, “Ipata, Maximiliano Julián…”, del 09/06/2010; C 97830.
“Ferri, Elsa Albina…”, del 11/02/2009; C 89083, “Ayala, Fernando…”, del 12/11/2008; C 97577, “García, Luis…”, del 28/05/2008, Ac 89874, “Barramuño, Carlos Iván…”, del 07/02/2007; Ac 90443, “Adano, Enrique Germán…”, del 13/04/2005; Ac 86433, “Franco, Carlos Humberto…”, del 01/09/2004; AC 84442, “Scazzino, Eduardo Daniel…”, del 18/06/2003; Ac 75139, ”Gorordo, Eliseo Arnaldo…”, del 20/09/2000; esta Sala, causa nº 62.015, “Dos Santos…”, del 17/10/2017; en igual sentido, causa n° 62.332, “Muñoz”, del 22/02/18). Concordantemente, se ha dicho con claridad que “el criterio para interpretar la concurrencia y la acreditación de las eximentes, debe ser restrictivo, por lo que la prueba liberatoria, tiene que ser fehaciente e indubitable, certera y sin margen apreciable de dudas o estados de incertidumbre, ya que la norma con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deben cesar sólo en casos excepcionales (Mosset Iturraspe, Jorge, Las eximentes en los accidentes de automotores, en "Responsabilidad Civil en materia de accidentes de automotores", Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1.985, pág. 175).
Con la teoría del riesgo, el Juez al resolver, no debe tomar el expediente buscando culpas para condenar, sino que partiendo de la base de qué daño debe ser reparado, tiene que asumir con toda conciencia, que sólo rechazará total o parcialmente la demanda, si encuentra causas ajenas al demandado” (Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza, autos Nº 251.349/51.912, del 18/04/16; el resaltado es propio; en un mismo sentido, ver Zavala de González, La responsabilidad civil en el nuevo código, Ed. Alveroni Tomo II, págs. 671 a 673; Pizarro-Vallespinos, Tratado de la responsabilidad civil, Ed. Rubinzal Culzoni, tomo II, pág. 284).
2. Sobre esa base conceptual inicial, corresponde valorar si es procedente, y en qué medida, la crítica de la actora apelante a la sentencia de primera instancia, que, como dije, tuvo por íntegramente interrumpido el nexo causal por el hecho de la víctima.
La resolución penal de archivo del 07/06/19 (fs. 65 y vta. de la IPP 01-02-000773-15/00 que tengo a la vista), emitida a los pocos días de dictarse el decisorio recurrido en autos, tuvo en cuenta que “acorde la pericia accidentológica planimétrica de fs. 49/51, no tuvieron participación determinante los factores ambientales y mecánicos, siendo evidente que se debió a una falla en el factor humano en cuanto a: que el conductor de la motocicleta Mondial 200 cc se encontraba circulando por el carril izquierdo de la Av. Sarmiento, donde se prevé según normativa vigente que salvo maniobra de sobre paso, se debe utilizar el carril derecho y en cuanto al peatón víctima del siniestro investigado, donde no se puede establecer el sitio instante del impacto, se infiere que por la distancia encontrada desde la huella de arrastre realizada por la motocicleta producto de la caída y la comprendida como senda peatonal, indicarían que dicho peatón no se encontraría realizando el cruce de la calzada por la zona establecida legalmente, y advertido que fuere por el suscripto que no se ha podido clarificar con la certeza propia que exige lo dispuesto en el art. 308 del CPP que no haya sido la imprudencia de la víctima lo determinante de la colisión pues fue la misma quien se expuso a una situación de riesgo-, y no probado, sin lugar a dudas, que haya sido el accionar del imputado el que puso la condición del resultado, en virtud del beneficio de la duda, es que conforme lo dispuesto por el art. 268 del CPPBA, resuelvo, proceder al ARCHIVO de lo actuado. Por otro lado, atento la diferente intensidad probatoria requerida en el fuero penal respecto del civil (y los diversos factores de atribución de responsabilidad en uno y otro campo), esta resolución no perjudica el derecho de quien se considere damnificado, para reclamar ante el fuero competente la indemnización de los daños y perjuicios que entienda haber sufrido.” (la negrita me pertenece).
No puedo omitir en esta instancia que el croquis (copia a fs. 377) y la pericia planimétrica (copia a fs. 381) realizados en aquella sede, no resultan coincidentes en punto a la altura de la Avda. Sarmiento en que ocurrió el siniestro. Ello pues el primero lo ubica entre las calles Chacabuco e Independencia (acorde lo relatado luego en la demanda; ver fs. 6), y la segunda, entre las calles Independencia y San Lorenzo. No obstante, estimo que en las circunstancias del caso esa discordancia no tiene relevancia práctica real, pues tanto el croquis (que tendré por cierto en tal aspecto por resultar, como dije, acorde con lo relatado por la accionante) como la pericia planimétrica, resultan coincidentes en los aspectos atinentes de la mecánica del siniestro que resultan relevantes en autos (art. 384 CPCC).
Aclarado ello, advierto que pese al esfuerzo argumental de la apelante, está suficientemente acreditado que la mecánica del hecho no fue tal como ella la relató en su demanda. Es que, acorde el dictamen y pericia planimétrica practicados en sede penal (ver copias a fs. 379/381), y la ampliación del dictamen realizada en esta sede (ver fs. 290 y vta.), quedó suficientemente probado que la mencionada no fue embestida “al descender y proceder a cerrar con llave mi vehículo” (sic demanda a fs. 6), sino mientras se encontraba atravesando la acera (cualquiera fuera su dirección de circulación, lo que no pudo determinarse). Ello en razón de que, paralelamente, quedó indudablemente acreditado por las huellas de frenado de la motocicleta y la ubicación de la mancha hemática (cf. croquis a fs. 377 y vta.; dictamen pericial a fs. 380 vta., y pericia planimétrica a fs. 381), que el accionado venía circulando (irregularmente también, como veremos) por el carril izquierdo.
Pero además, quedó suficientemente acreditado a mi juicio -pese al esfuerzo argumental de la apelante, que se sustenta, exclusivamente, en el término condicional empleado en la experticia-, que la víctima se encontraba atravesando la calzada por un sector por el que no debía; es decir - considerando que la arteria no contaba con senda peatonal demarcada; cf. dictamen pericial a fs. 379vta.-, por fuera de la prolongación longitudinal de la acera (cf. arts. 38 inc. 3 y 5 inc. t Ley 24.449). Lo dicho es conteste con lo concluido en la resolución penal de archivo antes transcripta, pues en referencia al informe pericial allí efectuado, se aclara que si bien no se pudo determinar con exactitud el punto de contacto, “se estima que la ubicación es anterior a la caída de la motocicleta considerando las lesiones sobre la cadera de la víctima y los daños de la motocicleta” (ver fs. 380). Ergo, si la motocicleta, una vez caída, “deja a su paso huella de arrastre de aproximadamente 26,80 metros hasta su posición de reposo final” (ver fs. 380), y esa posición de reposo final se encontraba -conforme la pericia planimétrica allí practicada, obrante en copia a fs. 381- a más de 32 metros de la siguiente calle, puede concluirse que el siniestro ocurrió, aproximadamente, a mitad de cuadra (arts. 384, 163 inc. 5 y 474 CPCC).
El hecho de que la actora estuviera, como se vio, cruzando la calle en infracción, fue suficiente para la sentencia recurrida para tener por absolutamente interrumpido el nexo causal, considerando así que fue ella quien puso la causa exclusiva de su propio daño.
3. Sin embargo, debe recordarse que tanto la Corte Federal como el Máximo Tribunal local, tienen sentado en materia de responsabilidad por riesgo creado, que para tener por absolutamente interrumpido el nexo causal, la “culpa” de la víctima debe aparecer como la única causa del daño, y revestir las características de la imprevisibilidad e irresistibilidad propias del caso fortuito o la fuerza mayor. La Corte Suprema ha ratificado recientemente tal inveterado criterio en materia de riesgo creado, al destacar - con consideraciones plenamente aplicables al presente, más allá de la diferente hipótesis fáctica-, que “aún cuando pudiera aceptarse que el comportamiento de la víctima fue imprudente, era menester precisar en qué medida las circunstancias que determinaron el accidente hubieran podido ser evitadas si se hubiese observado el comportamiento apropiado, pues la responsabilidad solo puede surgir de la adecuada valoración del reproche de las conductas en orden a la previsibilidad de sus consecuencias (Fallos: 314:661 y 321:709). (…) la cámara puso énfasis sólo en la conducta del menor que trepó por un lugar no autorizado a la plataforma de hormigón que servía de base a las instalaciones de una línea aérea de media tensión y excluyó la responsabilidad de quien tenía a su cargo la adopción de las medidas necesarias de seguridad para evitar accidentes en el lugar. De esta manera el a quo prescindió -sin dar razón plausible para ello- del criterio regulador previsto en la última parte del art. 1113 del anterior Código Civil, en cuanto autorizaba a graduar el factor de imputación en función de la posible incidencia de la conducta de la víctima en conjunción con el riesgo creado (…) (Fallos: 314: 661) . Que, finalmente, la arbitrariedad de la sentencia impugnada en dispensar totalmente de responsabilidad a la empresa demandada, se ve agravada porque el hecho de la víctima con aptitud para cortar el nexo de causalidad entre la actividad y el perjuicio a que alude la norma citada, debe aparecer como la única causa del daño.” (CSJN, “J. D. E. y otros c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios"…, del 19/06/19)
Igual estrictez mantiene el Máximo Tribunal local en la apreciación del hecho de la víctima como absolutamente interruptivo del nexo causal. En efecto, ha ratificado recientemente “que cuando se pretende que es el hecho de la víctima el que tiene aptitud para quebrar (íntegramente) la relación causal, éste debe aparecer como la causa única del daño y revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o la fuerza mayor” (SCBA, C. 121.306, "Loscar, Oscar Alfredo…”, del 29/05/19; lo aclarado entre paréntesis es propio).
Como derivación concreta y específica de las antedichas pautas, se ha desarrollado en relación con la hipótesis dañosa de autos la llamada “doctrina del peatón distraído” que referencia la sentencia recurrida. En virtud de ella se entiende, como regla, que “quien tiene a su cargo la conducción de un vehículo asume sobre sí la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos que, en el curso ordinario del tránsito, puedan presentarse de manera más o menos imprevista, de modo que la aparición de la figura del peatón distraído o del ciclista desaprensivo resultan hechos que acaecen, si no normalmente, al menos ocasionalmente y el conductor debe estar lo suficientemente alerta como para sortear esas emergencias, salvo, por supuesto, casos excepcionales (cfr. Ac. 34.081, sent. de 23-7-1985; Ac. 69.130, sent. de 17-5-2000; Ac. 81.445, sent. de 17-12-2003; C. 99.209, sent. de 25-2-2009 y C. 105.385, sent. de 2-7- 2010).” (SCBA, C. 120.778, "B., N. P. contra Galeano Smith, Ascencio”, del 12/07/17; en igual sentido, C 118220, “Salas, Jorge Omar…”, del 08/04/2015; el resaltado es propio).
4. Pues bien, advierto que al sentenciar del modo ya referido, y considerar que la víctima fue la que aportó la única causa del evento dañoso, la decisión apelada se ha apartado de las bases dogmáticas y pautas interpretativas consolidadas en materia de aplicación del art. 1113 C.C. y sus eximentes. Ello pues, no ha ponderado las infracciones que a su vez cometió el accionado, y que refuerzan la presunción de responsabilidad que sobre él pesa, conforme el art. 1113 CC. No analizó, en suma, el “cuadro total de la conducta de todos los protagonistas”, tal como lo exige la Suprema Corte al tiempo de ponderar una eventual exclusión, total o parcial, de la responsabilidad del dueño o guardián (causas C 99805, “Páez, Néstor Argentino y otros…”, del 11/05/2011; AC 82266, “Acuña, Pablo y otra…”, del 06/11/2002; Ac 36391, “Segovia, Perfecto…”, del 23/09/1986, entre otras, citadas por esta Sala en la causa nº 59.228, “Zamudio, Hugo Eduardo…·, del 5/5/15).
En concreto, no se han valorado las dos infracciones que también se acreditaron respecto del accionado y que también tuvieron, a mi juicio, relevancia causal en la mecánica del hecho.
En primer término, omitió ponderar que, como lo adelanté, acorde el croquis, el informe pericial realizado en sede penal, y la pericia planimétrica allí practicada (ver fs. 379 a 381), así como el propio reconocimiento del demandado al absolver posiciones (cf. videoconferencia gravada en CD de fs. 361; respuesta afirmativa a la posición 3ª), el demandado se encontraba circulando por el carril izquierdo de la calzada, cuando debía hacerlo por el derecho (cf. lo prevé el art. 39 inc. b in fine de la Ley 24.449). Es decir, al igual que la actora, circulaba por un sector que le estaba vedado. Al respecto, la Suprema Corte consideró relevante que “(…) el demandado circulaba por un lugar que le estaba vedado, y la señalización al respecto era clara (prohibición de circular vehículos de gran porte por Jorge Newbery). Ello equivale no solo a la infracción, sino también a poner una condición necesaria para la ocurrencia del hecho, y esa circunstancia no pudo ser desconsiderada. La violación de la normativa de tránsito, sobre todo cuando se está a cargo de un vehículo de tamaño porte, es también una transgresión al deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, lo que autoriza a exigir un más severo análisis a la hora de verificar si hubo de parte del agente debida diligencia en el actuar al igual que hace más cabal la valoración de las consecuencias de su conducta (art. 902, Cód. Civ. entonces vigente).” (SCBA, C. 121.306, "Loscar, Oscar Alfredo…”, del 29/05/19).
Pero además, de las constancias obrantes en autos, surge que el accionado incumplió también su “deber de circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.” (art. 39 Ley 24.449). Ello pues no surge de autos que la víctima haya aparecido de modo súbito en la calzada, y, sin embargo, quedó acreditado que el accionado no realizó ningún tipo de maniobra de esquive o frenado (cf. pericia penal a fs. 380), lo que denota, como dije, que conducía en forma desatenta y descuidada, sin tener en cuenta los riesgos propios de la circulación (cf. SCBA, C 99209, “Pagola Lucero, Mario Fabián y otra…”, del 25/02/2009).
Lo dicho sin olvidar, además, que conforme su confesional (respuesta a posición cuarta), el mencionado nunca tuvo licencia de conducir, lo que opera como una fuerte presunción contraria a su aptitud o idoneidad para el manejo (pues nunca se constató por autoridad competente el cumplimiento de los recaudos del art. 14 de la Ley 24.449), y a la existencia, de su parte, de un comportamiento acorde con la precaución y prudencia que exige la conducción vehicular (arts. 384 CPCC).
Con lo dicho, se advierte además que la sentencia apelada no se ajusta a la flexibilización de la doctrina del peatón distraído, a la que se aludiera en el antecedente de esta Sala allí citado (causa nº 59.407, “Godofredo Leonardo Gregorio…”, del 26/05/15, con mi voto). Es cierto que el Máximo Tribunal provincial ha explicado que “la teoría del peatón distraído no exime a éste de responsabilidad a punto tal de no exigirle la mínima prudencia o bien permitirle una manifiesta distracción, correspondiendo evaluar en cada caso las circunstancias.” (SCBA, C 99209, “Pagola Lucero, Mario Fabián y otra…”, del 25/02/2009). Asimismo, como lo destaqué en el aludido antecedente “Godofredo”, “no es posible postular que sólo cuando el peatón aparece en la línea de marcha del vehículo "sin ser avistado", en forma súbita e imprevista, se configuraría la eximente considerada en la citada doctrina. Ello así por cuanto sostener lo contrario, importaría cargar en forma casi exclusiva sobre los conductores de vehículos la responsabilidad de prever un amplio margen de conductas peatonales -peligrosas, inesperadas o desaprensivas-, y evitar a la vez toda consecuencia dañosa, liberando paralelamente a los peatones de toda responsabilidad, sin reparar en su conducta personal al interactuar con el tránsito vehicular.” (causa C. 102.966, "Navarro, Nélida Haydée contra Álvarez, Rodrigo y otros. Daños y perjuicios", del 9/06/10).
Ahora bien, en modo alguno ello implica que en todos los casos en que se advierta un proceder imprudente, negligente o desaprensivo de la víctima, relevante causalmente, deba trasladarse a ella toda la responsabilidad por la causación del evento dañoso, sin ponderar el correlativo proceder del otro protagonista del siniestro, principal obligado a desplegar la conducta prudente y diligente que requiere el manejo de una cosa riesgosa. Ello pues, como se dijo, el art. 1113 C.C. –al igual que el actual 1729 CCCN- permite graduar la configuración de la eximente, y la consecuente responsabilidad del accionado. Tanto es así que en un caso semejante al de autos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, precisando los términos de la teoría del peatón distraído, entendió que “tanto la maniobra antirreglamentaria realizada por el embistente como la conducta culposa de la víctima, que realizó el cruce de la calzada fuera de la senda de seguridad y cuando no se encontraba habilitado el paso de los peatones, fueron factores eficientes en la producción del hecho dañoso, sin que concurran motivos para discriminar el grado de influencia causal de una u otra culpa. Por ello se distribuye entre ambas partes en igual porcentaje” (CSJN, “S.M.C. c/ Provincia de Buenos Aires y otros”, del 13 diciembre 1998, L.L. 1999-D, 534).
En suma, otorgando un recto alcance a la doctrina del peatón distraído, a la luz de los parámetros derivados del art. 1113 C.C. 2º párr. y su eximente de la “culpa “ de la víctima, corresponde concluir que en el caso, asiste parcial razón a la actora apelante, debiendo considerarse sólo parcialmente interrumpido el nexo causal entre la cosa riesgosa conducida por el demandado y el daño sufrido por la parte actora. Ello pues si bien el hecho de la víctima no se erige en autos como la única causa del daño, sí puede calificarse como una concausa en tanto de haber la mencionada cruzado la calzada por el sector legalmente permitido, habría tenido más chances de ser vista por el conductor embistente, dado que, como regla, todo conductor que se acerca a una encrucijada, se apresta a elevar su grado de atención (arts. 901 CC; 1727 CCCN y 384 CPCC).
5. Resta determinar, de qué modo corresponde distribuir la responsabilidad por la causación del siniestro. Considerando en abstracto, conforme el curso ordinario de las cosas (arts. 901 C.C. y 1727 CCCN), la idoneidad causal de las análogas infracciones de tránsito cometidas por las partes (circular por un sector no admitido legalmente), encuentro que conducir por el carril izquierdo de una calzada no incrementa, de por sí y como regla, las posibilidades de atropellar un peatón (sí de generar otro tipo de siniestros); mientras que el peatón que cruza la calle a la altura media de la acera, sí incrementa sus posibilidades de ser atropellado (por lo destacado en el párrafo anterior). Lo dicho sugeriría, ab initio, que la idoneidad causal del proceder de la víctima ha sido mayor. Sin embargo, otras circunstancias me convencen de que media paridad en tal sentido. Es que aún cuando la víctima se encontrara cruzando la calzada antirreglamentariamente, la ausencia de toda maniobra de frenado o esquive, en condiciones de visibilidad normal, demuestra, como ya se dijo, el manifiesto y grave incumplimiento adicional por parte del conductor de la motocicleta de su deber de circular con la debida atención a las vicisitudes del tránsito, a lo que se añade, como también se destacó, la presunción contraria a su aptitud conductual emanada de no haber adquirido nunca una licencia de conducir.
En suma, propongo hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora y revocar la sentencia apelada, haciendo parcialmente lugar a la demanda incoada, conforme una distribución en partes iguales de la responsabilidad por la causación del siniestro vial (arts. 1, 2, 3, 5, 7, 1725, 1727, 1734, 1735, 1736 y ccs. CCCN; arts. 1113, 2º párr. y 901 C.C.; arts. 14, 38, incs. 3 y 5 y 39 de la Ley 24.449 -aplicable cf. adhesión art. 1 Ley provincial 13.927-; arts. 260, 354 inc. 1, 163 inc. 5, 375, 384, 474 y ccds. CPCC).
IV. Rubros indemnizatorios Corresponde ahora determinar la procedencia, extensión y cuantía de los rubros indemnizatorios reclamados en la demanda (fs. 7vta./8) y su ampliación (fs. 111/119), aclarando que en lo concerniente a la cuantía, me atendré a los preceptos del actual Código Civil y Comercial, por interesar tal cuestión, como lo tiene reiteradamente dicho esta Sala, a consecuencias no agotadas de la relación jurídica obligacional (art. 7 CCCN; esta Sala, causas n° 59625, “Braszka, Carlos Jorge y otros....”, del 20/10/15; n° 60094, "Brut, Damián Mario...”, del 15/12/15; nº 61309, “González, Carlos Adrián...”, del 14/02/17, entre otras tantas).
1. Daño patrimonial por incapacidad psicofísica a. En su ampliación de demanda la Sra. Méndez reclamó por el rubro la suma de $417.567, o la que en mas o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos (ver fs. 114/116vta.).
Arribó a dicho monto al adicionar: 1) la suma de $347.973 por las lesiones incapacitantes sufridas (conforme la aplicación de la fórmula Vuotto, calculada acorde los ingresos estimados como maestra particular al momento del accidente ´-$6.600-, y una incapacidad estimada del 60%); y 2) la de $69.564,64, proveniente del incremento en un 20% del resultado anterior, en concepto de daño a su vida de relación producto de la imposibilidad de realizar con normalidad actividades culturales, deportivas y sociales. Anticipo que no se advierten, ni se refieren, implicancias patrimoniales específicas en los perjuicios que la accionante invocó por este último concepto, de allí que no procede su cómputo como daño patrimonial por incapacidad psicofísica, sin perjuicio de valorarse oportunamente el daño espiritual sufrido en tal caracter. Ahora bien, en su demanda la accionante incorporó también, en capítulo aparte, tres rubros indemnizatorios más relacionados con el presente; a saber: 1) El lucro cesante por el tiempo -20 meses- en que no pudo desempeñar su actividad laboral ordinaria de docente particular (ver fs. 111vta./112); 2) la pérdida de chance, por el incremento de los ingresos que podría haber resultado del ejercicio de la actividad de gestora del automotor, conforme el certificado que había adquirido un mes antes del siniestro. Ello pues tal ejercicio no pudo concretarse merced a las lesiones incapacitantes que resultaron del siniestro, y que le impiden estar de pie varias horas para efectuar los trámites de rigor; y 3) el daño psicológico que se habría derivado del siniestro (fs. 117 vta./118 vta.).
Entiendo que conviene abordar esas peticiones en el marco del presente rubro, puesto que constituyen desmembraciones del daño patrimonial por incapacidad psicofísica, y su abordaje individual podría conducir a superposición indemnizatoria. Por lo demás, en lo que particularmente respecta al alegado daño psicológico, y en concordancia con lo argüido por la compañía aseguradora (fs. 172), esta Sala tiene dicho que “puede influir tanto en la esfera del daño material como en la órbita del daño moral por lo que no cabe su determinación autónoma” (esta Sala, causa Nº 52421, “Vegetti, Gustavo y otra…”, del 05/11/08; en igual sentido, causas nº 52757, “N., M. A.…” del 13/08/09; nº 54255, “Carrizo, Fermín Osvaldo…”, del 26/08/10; nº 57474 "Bonachi, Elsa Norma…”, del 23/04/14 y n° 58.009, “Ward, Romina Vanesa…”, del 09/10/14; nº 61.309, “González, Carlos Adrián c/ Damanis…” del 14/02/17; nº 64.800, “Correa, Guillermo Hernán…”, del 16/04/20, entre otras).
Para contemplar lo pretendido por la accionante en concepto de “lucro cesante”, que corresponde al perjuicio patrimonial sufrido durante el período de incapacidad total provisoria por el que atravesó luego del siniestro, fragmentaré el cálculo de los daños padecidos por incapacidad psicofísica en dos períodos. El primero, corresponderá a ese período inicial de curación e incapacidad total provisoria, durante el cual la actora se vio absolutamente imposibilitada de realizar toda actividad económicamente valiosa; y el segundo, al período de incapacidad sobreviniente parcial y definitiva, en el que comprenderé los ingresos afectados desde la fecha en que pudo reiniciar sus actividades habituales en adelante.
Lo propio haré con la pérdida de chance de la Sra. Méndez de incrementar sus ingresos mensuales a tenor de la actividad de gestora (la que ponderaré al determinar los ingresos a considerar para calcular la presente reparación); así como con el daño material por incapacidad psicológica, el que, como se verá, incorporaré al porcentaje de incapacidad total a considerar por el presente rubro.
b. Formuladas las anteriores aclaraciones, señalo que la incapacidad parcial definitiva invocada en la demanda, ha quedado suficientemente acreditada (aunque en menor proporción a la pretendida) con la pericia médica presentada con fecha 03/04/19. Dicha experticia, de la que no encuentro motivos para apartarme, determinó, conforme el Baremo General para el Fuero Civil “Altube-Rinaldi” (2ª ed. Año 2015), y el sistema de capacidad restante, una incapacidad física total del 40,78% resultante de: 1) 30% por reemplazo total –artroplastía- de cadera izquierda (con prótesis estable y buena evolución); 2) 7% por limitación funcional de cadera izquierda; y 3) 3,78% por cicatriz de 140 mm x 15 mm en muslo izquierdo.
A la aludida incapacidad física añadiré, como adelanté, la incapacidad psíquica definitiva del 20%, determinada en la pericia psicológica presentada por escrito electrónico del 9/4/19 de acuerdo con el baremo de la Ley 24.557. Expresó la experta que “la patología hallada (…) se denomina Trastorno por estrés post traumático” (309.81). Manual de clasificación psiquiatrita DSM IV (Diagnostic and Stadistical Manual of Mental Disorders), no relacionándose la sintomatología hallada en la nombrada con episodios anteriores al accidente sufrido ni a rasgos de personalidad previos que hubieran hecho que desencadene en el presente cuadro diagnostico”. Sin perjuicio de destacar que la pericia no abunda todo lo deseable en punto a los elementos, metodología (en particular los test gráficos y proyectivos que dice haber administrado) o principios científicos (art. 474 CPCC) que condujeron a arribar a esa conclusión diagnóstica -la que se ratifica en la respuesta a las impugnaciones presentada el 1/5/19-, no encuentro razones manifiestas y fundadas para apartarme (esta Sala, causas n° 48.257, “Arla…”, del 06/10/05; n° 43.736, “Brenta…”, del 17/10/02; n° 47.521, “Laguna La Tosca…”, del 22/03/05; n° 55.314, “Orradre…”, del 20/10/11; n° 58.124, “De Arzave…”, del 21/04/14; nº 61.309, “González, Carlos Adrián c/ Damanis…”, del 14/02/17; arts. 384 y 474 CPCC).
En punto a la posible disminución del porcentaje de incapacidad psíquica (que he contemplado en otras oportunidades; vgr. mi voto en la causa “González c/ Damanis” recién citada), que podría verificarse producto del tratamiento psicológico que también –como oportunamente se verá- ha requerido la accionante, destaco que contando la mencionada a la fecha con 69 años de edad, y considerando que la reparación por el presente rubro es calculada por este Tribunal hasta los 70 años, no existe tiempo posterior al tratamiento terapéutico indicado por la experta que vaya a computarse para el cálculo de la reparación por este rubro. De modo que se torna irrelevante estimar el grado en que la incapacidad psíquica actual podría disminuir. c. Respecto de los ingresos, a diferencia del criterio de la accionante, no consideraré los ingresos percibidos al momento del hecho (valores históricos), sino que estimaré el ingreso que obtendría la víctima a la fecha de esta sentencia, a modo de lo que viene efectuando esta Sala desde la causa n° 62348 (“Genobés Rubén Omar....”, del 20/02/18). Ello pues ese criterio es el legalmente previsto para la cuantificación de una deuda de valor (art. 772 CCCN) y porque, como lo ha señalado recientemente esta Sala, “ha arrojado razonables y equitativos resultados” (cf. esta Sala, causa nº 64.547, “De Souza, Lucas Ariel…”, del 11/02/20; con referencia a las causas n° 62485 “Zampatti” y n° 62567 “Gorozo”, en sentencia única del 22/5/2018; n° 62.749 “Moran Vanessa ...” del 07/08/18; n° 63.107, “Velo Nancy...” del 08/11/18; n° 63364 “Díaz Hugo Daniel...”, del 04/12/18; n° 63.882, “Aramburu…”, del 17/10/19; nº 64.962, “Paris Sergio Abel…”, del 12/05/20, entre otras). Por lo demás, acorde la jurisprudencia de nuestro Superior Tribunal, el daño debe justipreciarse según la realidad económica existente al momento en que se pronuncia el fallo (doctr. SCBA causas C. 58.663, "Díaz", sent. de 13-II-1996; C. 60.168, "Venialgo", sent. de 28-X-1997 y C. 59.337, "Quiroga", sent. de 17-II- 1998, citados en C. 120.536, "Vera, Juan Carlos…", del 18/04/18).
La accionante refirió en su demanda que era maestra particular, siendo sus ingresos de $6.600 mensuales (superiores, en un 28,5% al SMVM de $4.716 que regía por entonces, cf. Res. 3/2014 del CNEPySMVM). Teniendo por acreditada esa actividad (cf. certificado de fs. 27 vta., y declaraciones testimoniales de los Sres. Gabino Pastor Machado y Alfredo Gabriel Pibuel, obrantes en CD de fs. 359; arts. 384, 60, 354 inc. 1 y 456 CPCC), considero prudente y razonable, en razón de que no se han acreditado los ingresos concretos por ella percibidos, determinarlos en el equivalente a un 15% más que el SMVM actual ($16.875, cf. Res. 6/2019 del CEPySMVM); ésto es, en la suma de $19.406,25.
En lo que concierne a la actividad de gestora que la accionante tenía proyectado comenzar a realizar, entiendo que tal proyecto ha quedado suficientemente acreditado con el certificado de aprobación del “Curso de Mandatario del Automotor y Créditos Prendarios” (obrante a fs. 25, aprobado el 15/11/14), la declaración testimonial del Sr. Machado – CD de fs. 359-, así como el informe de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (fs. 369/373) que refiere que la actora se había inscripto en el Registro de Mandatarios de ese organismo, poco antes del siniestro, con fecha 13/02/15. El carácter incierto del mayor o menor éxito que hubiese tenido la actora en el ejercicio de esa actividad que nunca llegó a concretar, importa una dificultad adicional a la estimación de la chance de ingresos futuros que en tal concepto ha visto frustrados. No obstante, la chance de ese perjuicio patrimonial futuro ha quedado suficientemente acreditada a mi entender (arts. 60, 354, 375, 384, 456 y ccds. CPCC), y estimo razonable considerar, acorde la edad de la víctima, el carácter accesorio de la actividad que proyectaba, el tiempo que le demandaría promocionarse en ella, lo pretendido en la demanda (fs. 113 vta.), y la ausencia de un parámetro objetivo cierto al efecto, que en su concepto la actora tenía una chance (promedio para todos los períodos) de incrementar sus ingresos como maestra particular en un 20% mensual ($3.881,25). Arribo así a un ingreso total estimado para el cálculo del presente rubro equivalente a la suma mensual de $23.287,5.
Asimismo, para calcular el ingreso anual perdido, consideraré 12 períodos mensuales, pues conforme la índole de la actividad denunciada (incluso la de gestoría del automotor a la que planeaba dedicarse también la accionante), la Sra. Méndez no trabajaba en relación de dependencia, no correspondiendo entonces adicionar el Sueldo Anual Complementario.
d. En punto a la edad tope a considerar para determinar los períodos indemnizatorios (que interesa al segundo período de cálculo), destaco que a partir de la sentencia recientemente dictada en la causa “Castro”, esta Sala ha elevado a 70 años la edad productiva tope a considerar, “teniendo en cuenta la expectativa de vida conforme las tablas de mortalidad para la Provincia de Buenos Aires -www.indec.gob.ar- y la realidad actual del mercado de trabajo”. (esta Sala, causa nº 64.824, “Castro, Máximo Ricardo…”, del 17/03/20). e. Ahora sí, con todas las precisiones hasta aquí efectuadas, me adentraré en los pertinentes cálculos. Respecto del primer período, el de incapacidad total provisoria, estimo que se extendió por un lapso de 18 meses desde el accidente (es decir, hasta el 20 de agosto de 2016) pues conforme la pericia médica –que remite a la historia clínica de fs. 28 a 107-, la accionada recién fue intervenida quirúrgicamente con fecha 13/03/16, llevándole un lapso de tres meses más luego del postquirúrgico realizar su actividad diaria por sí misma (ver pág. 6 de la pericia médica). Calcularé el perjuicio material sufrido en tal período como una deuda ordinaria en mora, considerando que se trata de un perjuicio íntegramente actual (por contraposición a futuro, en los términos del art. 1739 C.C.), y que, por lo demás, la fórmulas matemáticas de cálculo de renta constante no perpetua que se emplean de ordinario, no permiten el cálculo por fracciones inferiores a un año. Conforme las antedichas bases, el perjuicio material por ese año y medio de incapacidad total, resulta de multiplicar los ingresos mensuales ya estimados a valores actuales ($23.287,5) por 18 meses, arribando así a una suma de $419.175.
f. Para el segundo período, el de incapacidad parcial definitiva, aplicaré la siguiente fórmula de cálculo de renta constante no perpetua: n n i i i A C ) 1 ( 1 ) 1 ( Donde: "C" es el capital a determinar, “A" la ganancia afectada para cada período anual, "i" la tasa descuento anual, y "n" el número de períodos restantes hasta el límite de la edad productiva de la víctima.
La aludida fórmula aplicada acorde la edad de la actora al momento de culminar la etapa anterior (65 años; fs. 3), el ingreso total estimado a valores actuales en la suma de $23.287,5, una incapacidad física total del 60,78% y una tasa de descuento del 4% anual, arroja la suma de $756.140. Considero que el aludido resultado, que no corresponde adoptar automáticamente (esta Sala, causas nº 61.309, “González Carlos Adrián c/ Damanis..” del 14/02/17; nº 61.209, “Otalora Fernández…”, del 21/02/17; causa cit. “Montes…”, nº 64.824, “Castro, Máximo Ricardo…”, del 17/03/20; Paris Sergio Abel…”, del 12/05/2, entre otras), es ajustado a las circunstancias particulares del caso, ponderadas según los datos de la realidad económica actual, los antecedentes de este Tribunal, y el parámetro orientativo general proveniente de los montos indemnizatorios mínimos previstos para las incapacidades laborales en la Res. nº 387/16 de la Sec. de Seg. Social (actualizados por índice RIPTE cf. lo admitió la Suprema Corte en la causa L118.532, “Godon, Pablo David …”, del 05/04/17).
g. En consecuencia, propongo cuantificar el perjuicio patrimonial sufrido por la actora producto del daño a su capacidad psicofísica (durante el período de incapacidad total provisoria y de incapacidad parcial definitiva) en la suma total de $1.175.315 ($419.175+$756.140), comprensiva de los perjuicios por ella invocados en calidad de “lucro cesante”, “pérdida de chance”, “incapacidad sobreviniente” y “daño psicológico”; monto por el que deberá responder el demandado en la medida de su responsabilidad por el siniestro, o sea por el 50% ($587.658) (arts. 1, 3, 5, 7, 772, 1716, 1727, 1740, 1746 y cctes. CCyC; arts. 1068, 1069, 1083, 1086 y concs. Cód. Civil; arts. 60, 163 inc. 5, 165, 260, 354, 375, 384, 474 y cctes. del CPCC).
2. Gastos médicos, de farmacia, tratamiento psicológico y rehabilitación Por otra parte, la accionante reclama como daño emergente, la suma total de $107.864,08, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse, en concepto de: 1) gastos médicos varios, gastos en cuidadora y gastos de farmacia por un total de $17.084,08; 2) gastos por sesiones de kinesiología y rehabilitación en pileta por la suma total de $85.680; 3) gastos por tratamiento psicológico de $2.500 y 4) gastos por rotura del espejo de su vehículo por $2.600 (ver fs. 111 y vta.).
Respecto de los primeros, la accionante enumera gastos en estudios, alquiler de cama ortopédica y de silla de ruedas, servicios de traslado y contratación de cuidadora, y gastos en farmacia, los que pueden tenerse por suficientemente acreditados con las facturas y comprobantes de pago de fs. 19/20 y 23yvta., el reconocimiento efectuado por la cuidadora María Cecilia Brun (acompañado electrónicamente con fecha 14/04/19), los comprobantes de fs. 20vta. y 22, la respuesta a los puntos “g”, “h” e “i” de la pericia médica (ver pág. 30 del dictamen), y la presunción consagrada en el artículo 1746 CCCN.
Por su parte, corresponde tener por acreditados los gastos por sesiones de kinesiología y rehabilitación en pileta, con el presupuesto de fs. 24 y el informe de fs. 338 que da cuenta de la actora realizó, desde marzo a julio de 2015, noventa y ocho sesiones de FKT y noventa y ocho sesiones de rehabilitación en pileta, con un costo por sesión de $142 la primera y de $215 la segunda. Acorde el aludido informe, que da cuenta, además, de que los costos no fueron cubiertos por ninguna obra social, la accionante incurrió en un gasto de $34.986; suma por la cual habrá de prosperar la reparación por este concepto.
En lo que concierne a los gastos por tratamiento psicológico, en la respuesta al oficio acompañada electrónicamente con escrito del 14/04/19, la Psicóloga María Ibáñez informó que la accionante fue su paciente, y le abonó un total de $13.200 en concepto de sesiones semanales, desde julio de 2016 a julio de 2017. Por tal suma habrá de admitirse el presente gasto, considerando que, como surge del aludido informe, el mismo no fue cubierto por ninguna obra social.
Finalmente, considero que no puede admitirse el gasto por rotura del espejo izquierdo de su vehículo, pues no se advierte nexo causal adecuado entre tal daño y el siniestro de autos.
En suma, propongo admitir el daño emergente derivado de todos los gastos enumerados en el presente rubro, a excepción del invocado por rotura del vehículo, y cuantificarlo en la suma total de $65.270; por la que deberá responder el demandado sólo en la medida de su responsabilidad por el siniestro, o sea por el 50% ($32.635) (arts. 1068, 1069, 1083, 1086 y ccds. C.C.; art. 1746 CCCN; arts. 165, 375 y 384 CPCC).
3. Gastos futuros Por otra parte, a fs. 112 y vta., la accionante reclamó en concepto de gastos futuros, la suma de $18.000, o la que en más o en menos resulte de la prueba a producirse. Arriba a tal monto adicionando la suma de $6.000 en concepto de tratamiento psicológico y la de $12.000 por gastos en pileta durante cinco años; reclamando además, sin estimación, la suma que resulte de la prueba a rendirse en concepto de cambio de prótesis.
En lo concerniente a gastos por tratamiento psicológico futuro, estimo que su necesidad se encuentra acreditada con la pericia psicológica presentada electrónicamente con fecha 09/04/19. Allí se expresó que “puede estimarse una incapacidad Psíquica de un 20 % parcial y permanente, de acuerdo Baremo 24557, a partir de lo que se sugiere con carácter de urgencia, tratamiento Psicológico. La duración del tratamiento dependerá de la evolución del paciente. En cuanto al costo de este podría calcularse en base al mínimo ético profesional que en la actualidad es de 405 pesos, pero hay que tener en cuenta que la actora tiene plena libertad de elegir al profesional que desee con lo que los honorarios pueden variar; calculado en base al mínimo ético profesional de 405 pesos y con una frecuencia semanal serian al año 19440 pesos aproximadamente y vuelvo a destacar que los mismos variaran de acuerdo con el profesional elegido. También destaco que los honorarios en la actualidad se hallan muy por encima del mínimo y que fue calculado con una frecuencia mínima de una vez a la semana.”
Con base en lo expresado por la experta, estimo que corresponde hacer lugar a los gastos requeridos para realizar tratamiento psicológico durante un año; a razón de 52 sesiones semanales. En lo tocante a los gastos, los que justipreciaré a valores actuales, considero razonable partir del mínimo ético vigente a la fecha para los Psicólogos de $560 por sesión (cf. Res. 1226/08 del Consejo Superior del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, que establece un honorario mínimo ético de 5 UP -Unidades Psicológicas-, fijadas a la fecha en $112). No obstante, entiendo prudente elevar ese valor mínimo a la suma de $700 (un 25% más), considerando que no constituye un monto sugerido para la consulta profesional, sino un valor “mínimo”; lo que condice con lo expuesto por la perito en punto a que en la actualidad los honorarios que efectivamente se perciben se encuentran “muy por encima” de él. Sobre esas bases, corresponde ordenar por el presente rubro una reparación equivalente a $36.400 (arts. 772CCCN, arts. 375, 384, 474 y 165 CPCC).
En lo tocante a los gastos futuros reclamados para la concurrencia a una pileta durante cinco años, se advierte que ni su necesidad ni su conveniencia han sido acreditados en autos –sin perjuicio del período inicial de rehabilitación, lo que se reparara en el acápite precedente-, por lo que no concurren los presupuestos jurídicos necesarios para su acogimiento (ver inf. pericial, pág 31 punto k, art. 375 CPCC).
Lo propio cabe decir del gasto futuro por cambio de prótesis, el que no ha sido acreditado en autos como un gasto cierto, sino como uno probable. Al respecto, ha dicho la Suprema Corte que “el daño emergente futuro no es el que eventual o hipotéticamente pudiera ocurrir (…), sino el que ha de acontecer necesariamente.” (SCBA, C 104616, “Pronar S.A.M.A.I. y C….”, del 27/06/2012). Pues bien, en autos, el perito médico, al punto “e” por el que se le requirió se expida sobre “si la prótesis es permanente y/o en su caso si la misma deberá ser reemplazada…”, respondió “la prótesis es permanente; puede llegar a tener que ser reemplazada en algún momento…”. (pág. 29 del dictamen)
Pero además, no puedo omitir que la accionante no ha reclamado en autos una reparación por la intervención quirúrgica y prótesis ya colocada, de lo que se infiere que tales gastos han sido cubiertos por su obra social. Lo dicho permite presumir válidamente que de ser menester su recambio, o aún una colocación de prótesis en su cadera derecha, tales gastos serán cubiertos por su obra social. Por lo dicho, considero que el daño emergente futuro denunciado por este concepto, no puede ser favorablemente acogido (arts. 384 y 474 CPCC).
En suma, propongo admitir como único gasto futuro acreditado en autos, el correspondiente a tratamiento psicológico por un año, el que propongo cuantificar en la suma de $36.400; suma por la que responderá el demandado en la medida de su responsabilidad por el siniestro, o sea, por el 50% ($18.200) (arts. 1068, 1083 y ccds C.C.; art. 772 CCCN, arts. 375, 384, 474 y 165 CPCC)
4. Daño moral En lo que concierne al daño extrapatrimonial, la accionante reclamó una reparación de $200.000, o la que en más o en menos resulte de la prueba de autos (fs. 116vta./117vta.). En sustento de tal pedimento, destacó el shock emocional provocado por el accidente, los diferentes tratamientos a los que fue sometida, así como la interrupción de su rutina de trabajo y de vida. Relató que “el accidente frustró todos sus proyectos causando una gran desilusión” ; puso de relieve haber estado internada más de un mes, luego postrada en cama ortopédica por más de 75 días, y haber tenido que usar silla de ruedas y ser asistida por terceros para el aseo, comida y vestido. Narró que esos padecimientos se vieron agravados por el hecho de que poco tiempo antes había terminado un tratamiento oncológico por cáncer de mama, y por vivir sola al encontrarse separada de su esposo. Destacó que acorde la incapacidad permanente sufrida, “ya no volverá a ser la misma”.
Para cuantificar el presente rubro, recuerdo que la Suprema Corte provincial tiene dicho que el daño moral es “todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra y como tal debe ser indemnizado” (S.C.B.A., causas L58812, 25/3/97, “Obregón”, D.J.B.A. 152, 274- 284; L65757, 23/2/2000, “Villagrán”, D.J.B.A. 158, 85; L68063, 21/6/2000 “Montovio”). Más específicamente, ha señalado que “el daño moral constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, es su alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona sobre el cual los demás no pueden avanzar; de manera que todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra configura un daño moral” (S.C.B.A. Ac. L55728, 19/9/95, “Toledo”, A.y S. 1995 III, 635; Ac.53110, 20/9/94, “Colman”, D.J.B.A. 147-299, J.A. 1995-III-183, A.y S. 1994-III-737; B 67408, 31/10/2016, “M.,J. F...”; esta Sala, causas n° 45.193, sent. del 25-2-03, "Santillán"; n°47.417, del 28/10/04, “Escobar”; n° 54.862, del 23/10/11, “Miranda”; n° 59249, del 30/04/15, “Coz”; n° 60053, del 23/02/16, “Muñoz”, nº 61.570, “González, Maximiliano Gastón...”, del 09/03/17; “Paris Sergio Abel…”, del 12/05/20, entre otras tantas).
Por su parte, el art. 1741 C.C.C.N. determina que el monto de la indemnización por las consecuencias no patrimoniales “debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”, recogiendo así la conceptualización del daño moral como el “precio del consuelo”, receptada por la Corte Suprema Nacional en los autos “Baeza” (C.S.J.N., 12/4/2011, “Baeza, Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/Daños y Perjuicios”, con nota del Dr. Jorge Mario Galdós en R.C.y S. 2011-XII, 259) e invocada por esta Sala en numerosos pronunciamientos (vgr. causas n° 52818, “Etcheverry”, del 11/08/11; n° 54327, “Ricco” y n° 54328, “Lancioni”, sent. única del 01/03/12; n° 57.090, “Pérez...”, del 27/03/13; n° 58.109, “Montesano…”, del 20/2/14; n° 59.068, “Roldán…”, del 18/2/15; n° 60135, “Genta”, del 29/12/15, entre otras tantas).
En el caso, estimo que el padecimiento espiritual invocado por la actora, además de resultar un daño in re ipsa, es acorde con la semiología, lesiones y grado de incapacidad dictaminado en la pericia médica (ver págs. 13, 14, 25 y 26), y, particularmente, es acorde a lo referido en la pericia psicológica del 09/04/19. En efecto, allí se detectó en la actora “un gran monto de angustia, impotencia e ira a partir de las complicaciones vividas”; “falta de confianza en sí mismo, inestabilidad emotiva, por momentos depresión, por otra impulsividad, dificultad para reparar, dificultad para obtener satisfacción del medio que lo rodea, sensación de futuro desolador, bajo umbral de frustración. La Señora Méndez, ha sufrido una disrupción en su vida en su cotidianeidad, ya que luego del accidente no ha podido volver a ser la misma, ya sea desde su cuerpo, por las lesiones estéticas como desde la funcionalidad del mismo dado que se encuentra limitada a realizar tareas desde lo más simple como quehaceres domésticos o de la vida diaria, como la práctica de deportes, de baile y que se le hace insoportable vivir a partir del accidente, que le provoca vergüenza verse así con la cantidad de kilos que ha aumentado y la mirada de los demás frente a la dificultad en su marcha motora (…..) además de indicadores de Fobia ( F41.1 DSMIV) por temor a que le vuelva a suceder lo mismo.” (cf. pericia psicológica del 09/04/19).
En ese marco estimo que la suma de $1.400.000 compensa suficientemente la alteración del bienestar psicofísico de la actora ocasionado por la vivencia misma del siniestro; la intervención quirúrgica a la que fue sometida, el extenso período de rehabilitación que debió atravesar durante el cual se vio absolutamente imposibilitada de realizar sus actividades diarias por sí misma (cf. historia clínica de fs. 28 a 107 y pericia médica pág. 6). Asimismo, es adecuado para reparar el fuerte deterioro de su estado anímico (con diagnóstico de estrés post traumático; cf. pericia psicológica del 09/04/19), las considerables limitaciones que se han producido en su vida laboral, de relación y recreativa (particularmente nutrida en el caso de la accionante; cf. pericias citadas y declaración testimonial del Sr. Gabino Pastor Machado en CD de fs. 359); todo ello por encontrarse definitiva y considerablemente lesionado su aparato locomotor (arts. 384, 474 y 456 CPCC).
En consecuencia, conforme lo dicho, propongo hacer lugar a la reparación del daño moral y cuantificarlo en la suma de $1.400.000, por la que deberá responder el demandado en la medida de su responsabilidad por el siniestro, o sea, por el 50% ($700.000) (arts. 1, 2, 3, 5, 7, 772, 1738, 1740, 1741 y concs. CCCN; arts. 163 inc. 5, 165, 260, 375, 384, 456 y 474 C.P.C.C.).
V. Extensión de la responsabilidad a la compañía aseguradora 1. Al contestar demanda, la citada en garantía La Perseverancia Seguros S.A., planteó la exclusión de cobertura por falta de licencia habilitante (fs. 165/166vta.), con sustento en lo pactado en la cláusula CG RC 2.1 apartado 4 de la póliza, en cuanto prevé que el asegurador no indemnizará “mientras sea conducido –el vehículo- por personas que no estén habilitadas para el manejo de esa categoría de vehículo por autoridad competente” (ver fs. 160; lo aclarado entre guiones es propio).
Corrido traslado de ese planteo, la parte actora argumentó (fs. 183/188) que ello constituye una infracción administrativa, y que, en todo caso, es responsabilidad de La Perseverancia Seguros S.A., al no haber requerido carnet de conducir al demandado. Sobre esa base, invocó el principio de confianza legítima emanado del art. 1067 CCCN, en virtud del cual el asegurado tenía confianza de que circulaba con un contrato de seguro vigente, y destacó que la aseguradora recibió el pago de tres cuotas, lo que, a todo evento, importaría para ella haber suscripto un contrato a sabiendas de que no iba a cumplir, incurriendo así en un enriquecimiento sin causa. A ello agregó el principio de buena fe en la relación entre la compañía y sus asegurados; la calidad profesional del productor de seguro y la obligación de diligencia debida; así como la función social que tienen las compañías aseguradoras y la imposibilidad de invocar la propia torpeza.
Anticipo mi criterio en punto a que asiste razón a la parte actora. Ello así por varios motivos. En primer término, debo poner de relieve el carácter ambiguo e impreciso de la cláusula contractual en cuestión, pues no prevé lisa y llanamente que la ausencia de licencia de conducir habilitante por parte del asegurado o conductor importa la exclusión de cobertura, sino que emplea el vocablo “persona”, lo que podría sugerir que alude a los supuestos en que el vehículo ha sido conducido por terceros, distintos del asegurado. Además, refiere a la “categoría de vehículo”, lo que exige efectuar una interpretación extensiva –por más evidente que pueda parecer- para incluir la hipótesis de ausencia de licencia, o licencia vencida. Lo dicho, ya coloca un manto de duda en punto a la legitimidad de la invocación de tal cláusula en el caso concreto. Pero además, las razones adicionales que seguidamente desarrollo, me convencen de que tal cláusula debe en las circunstancias del caso ser declarada nula, en los términos del art. 37 último párrafo de la Ley 24.240, debido a la transgresión del deber de buena fe y de información en la etapa previa a la conclusión del contrato.
En su confesional (videoconferencia gravada en CD de fs. 361), el demandado asegurado respondió que “no” a la primera posición, relativa a si la compañía le había solicitado la licencia de conducir al momento de contratar. Incluso, como ya se ha dicho, como respuesta a la posición cuarta, afirmó que nunca tuvo carnet de conducir. Esas manifestaciones resultan verosímiles considerando la carta documento de fs. 155 -remitida a tres meses de la contratación-, por la que la citada en garantía requirió al demandado, entre otras cuestiones, que le remitiera el original y copia del su licencia vigente. Pues bien, la certeza razonable de que al momento de contratar el seguro el accionado no tenía licencia habilitante, permite inferir el incumplimiento por parte de la compañía aseguradora de su deber de información (arts. 384 y 163 inc. 5 CPCC). Ello pues va de suyo que de haber advertido o informado al demandado respecto de la existencia de la ahora invocada causal de exclusión (redactada, como se vio, de modo ciertamente tangencial), éste no habría contratado el seguro, o, al menos no lo habría hecho sin antes tramitar su respectiva licencia. Por regla, ninguna persona en su sano juicio contrata y paga por un seguro, a sabiendas de que no lo protegerá (art. 384 CPCC; art. 1727 CCCN).
2. Es cierto que no resulta de ninguna norma la obligación de la aseguradora de requerir o verificar la existencia de carnet habilitante al momento de contratar. Sin embargo, es posible pensar que la ausencia de una exigencia normativa expresa al efecto, resulta de la aparente innecesaridad de exigir a las compañías una práctica que, en abstracto (ya se verá que en los hechos termina no siendo así), importa a sus propios intereses, pues ninguna aseguradora querría asegurar a un sujeto sin conocer si está -al menos formalmente- capacitado para conducir.
Pero aún admitiendo la ausencia de una previsión expresa al efecto, e incluso que a la compañía pueda no interesarle la verificación en cuestión, lo relevante es que frente a una póliza que contiene una cláusula de exclusión por falta de licencia de conducir, la ausencia de verificación de su existencia y vigencia por la aseguradora antes de contratar –o de información al consumidor al respecto-, luce cuanto menos contraria a su deber de información y a la obligación contractual de buena fe (arts. 37 LDC y 9 CCCN). Ello pues tal omisión hace aparecer como innecesario o irrelevante un recaudo que a la postre es invocado por la aseguradora para sustraerse de su obligación principal, vulnerando con ello la legítima confianza antes generada en el consumidor (tal como surge de la absolución de posiciones del accionado; el que en su respuesta a la posición 12 relativa a si confió en que tenía cobertura de seguro, respondió “obviamente”; art. 1067 CCCN). Incluso, la omisión de la compañía aseguradora o su productor de efectuar tal verificación, es potencialmente hábil para generar o reafirmar la errónea convicción del consumidor de que la existencia de un carnet de conducir vigente, es irrelevante para la operatividad del seguro.
Podrá argüirse que bastaba para el demandado asegurado con detenerse a leer el texto de la póliza, mas ello no es así en razón de la destacada falta de claridad de la cláusula en cuestión, y de que, en las particulares circunstancias del caso (diferentes de las que ha tenido que considerar este Tribunal en otros supuestos, vgr. causa nº 65.579, “Moscardi, Horacio David......”, del 25/08/2020), relativo a la contratación de un seguro obligatorio automotor y a la específica cláusula de eximición invocada por la compañía, debe primar el deber de proteger al consumidor en cuanto sujeto débil de la relación negocial, exigiendo a la aseguradora el cumplimiento de un deber mínimo de información al consumidor.
De otro modo, lo que se promueve es un comportamiento desaprensivo –o hasta intencionado- por parte de las compañías aseguradoras, para quienes resulta más conveniente omitir esa información o advertencia al asegurado y “garantizarse el cliente”, a sabiendas de que en caso de un siniestro, contarán en su favor con una cláusula de exclusión. De hecho, tal categoría de asegurados que abona una prima careciendo ab initio, conforme la póliza, de toda cobertura, es la mejor categoría de asegurados que puede tener una compañía. Ésta percibe mensualmente la prima, con un riesgo de siniestro equivalente a cero. Se advierte, en suma, un pago sin contraprestación posible alguna; un abuso por parte de la compañía aseguradora que se beneficia con el desconocimiento o inadvertencia del asegurado de que la ausencia de carnet de conducir –o, lo que es lo mismo, la existencia de uno vencido- impide, acorde la póliza, toda cobertura.
Haciendo pie en el deber de información y buena fe al que hice referencia, y frente a una cláusula redactada en los mismos términos que la de autos, se ha sostenido que “no cabe una mera aplicación de la cláusula de la póliza contratada que excluye la cobertura, cuando el vehículo es conducido por una persona que no está habilitada para el manejo de esa categoría de vehículo por autoridad competente. En efecto, si el automotor no era guiado por un tercero respecto de la cosa asegurada, sino por el titular del seguro contratado, que tenía licencia de conductor de automóviles, el principio de la buena fe, impuso que la aseguradora explicara a quien deseaba contratar el seguro, que no bastaba con que tuviera una mera licencia, sino que constituía un presupuesto de la efectividad del seguro, que el asegurado debía tener la que lo autorizaba para conducir especialmente el vehículo de la categoría, que quería asegurar (arts. 34, y 38, Código de Tránsito), pues de lo contrario no podía hacerlo, con la consecuencia, que si lo llevaba a cabo, la aseguradora quedaba exonerada de toda responsabilidad (art. 1198, C. Civil; arg. art..1º "b"; 3, 4, 38, ley 24.240).” (Cámara Civil 2ª de La Plata, Sala 1, causa nºn103326 del 22/02/2005).
De modo que no dudo de que la compañía de seguros (o su productor), en el marco de un contrato que contiene una cláusula de exclusión como la de autos, debe verificar o cuanto menos explicar al momento inicial de la contratación la necesidad de contar con licencia de conducir vigente a los fines de la efectividad de la cobertura, como parte de su deber de información y de la obligación de colaboración y buena fe que se deben las partes de un contrato (arts. 37 LDC, arts. 9, 1067 y 1727 CCCN) .
3. Hasta aquí he analizado la cuestión desde el punto de vista del consumidor asegurado. Pero además, corrobora el criterio que vengo sosteniendo, una mirada desde la perspectiva de la función social que, sabido es, también cumple el seguro automotor obligatorio, “cuyo eje debe ser situado más que en la indemnidad patrimonial del asegurado –como en el tradicional seguro voluntario de responsabilidad civil- en la indemnidad de quien ha sufrido injustamente las consecuencias del evento dañoso (art. 19 CN, art. 68 ley nacional 24449, y art. 1 ley provincial 13927). En palabras de Piedecasas, “debe recordarse en todo momento que estamos en el ámbito del SOA –Seguro Obligatorio Automotor-, donde campea la función social del seguro, la protección de las víctimas, la obligación legal autónoma, el orden público y una clara necesidad de orientar la interpretación de este segmento asegurativo hacia la reparación de los daños a la salud y a la vida de las víctimas, lo que orienta y predispone lógica y constitucionalmente las interpretaciones hacia la protección de esos valores fundamentales de las personas y de la sociedad” (Miguel A. Piedecasas, ob. cit., pág. 99; lo aclarado entre guiones es propio).” (esta Sala, causa nº 58212, “Dobordieu, María de las Mercedes…”, del 11/09/14).
En ese marco, no es posible que las compañías aseguradoras, que aprovechan el beneficio económico de esa función social, omitan adoptar los más mínimos recaudos necesarios para promover su eficiencia, como razonable derivación de un cumplimiento diligente, a la altura de esa función. La verificación de la licencia habilitante y la abstención de asegurar a quien no cuenta con licencia de conducir o la tiene vencida (cuando esté prevista esa causal de exclusión), sirve además al fin socialmente valioso de compeler a los conductores a solucionar tal circunstancia, aunque más no sea para la salvaguarda de su propio patrimonio. De ese modo, se constituye en una forma indirecta de promover la eficacia de la función resarcitoria del derecho de daños; particularmente, del seguro automotor obligatorio, al inducir a los conductores a tramitar y mantener vigente su licencia, aunque sea al solo fin de salvaguardar su patrimonio personal.
Y, entiéndase bien, no se trata de hacer pesar sobre la compañía aseguradora o su productor el incumplimiento por el asegurado del deber de tramitar la licencia, sino requerir de ellos, como derivado de su deber de información e imperativo de buena fe y colaboración para con su cocontratante - y paralelamente, de solidaridad social para con las eventuales víctimas-, el cumplimiento de una gestión mínima, de fácil realización, que además resulta razonable y ajustada al servicio que se presta. Tampoco, aclaro, se pretende que las compañías aseguradoras lleven una suerte de registro o contralor de la fecha de vencimiento de la licencia de conducir de todos sus asegurados durante toda la vida del contrato, sino tan solo, que cuando entre las cláusulas de sus pólizas tengan prevista una causal de exclusión como la de marras, cumplan con ese deber de información, alerta, y verificación inicial.
4. Conforme lo hasta aquí dicho, y habiéndose probado el incumplimiento por la citada en garantía del ya aludido deber de información para con el asegurado y el incumplimiento de su obligación de buena fe en la instancia previa a la celebración del contrato, propongo declarar nula en los términos del art. 37 último párrafo de la Ley 24.240, la cláusula de exclusión de cobertura invocada por La Perseverancia Seguros a fs. 165/166 vta., extendiéndose a la mencionada, en la medida del seguro y con las aclaraciones que efectúo en el apartado siguiente, la responsabilidad del asegurado por los daños y perjuicios objeto de autos (art. 19 CN; art. 37 y ccds. LDC; arts. 1, 2, 3, 9, 1067 y 1727 CCC; arts. 384 y 163 inc. 5 CPCC)
VI. Límite de cobertura En subsidio de la exclusión de cobertura, la compañía aseguradora invocó un límite de cobertura de $500.000 (fs. 166 vta.), conforme la póliza acompañada a fs. 156/160 vta.; en cuanto prevé como límites por “lesiones o muerte a terceros no transportados: $2.000.000 por acontecimiento, no correspondiendo indemnización mayor de $500.000 por persona afectada” (fs. 156). Por su parte, la accionante planteó la inoponibilidad del aludido límite pactado con el asegurado en razón del carácter independiente de su relación obligacional, y del principio de reparación integral. Subsidiariamente, argumentó que debe considerarse el límite de $2.000.000, pues, según interpretó, el de $500.000 sólo resulta aplicable en los supuestos de víctimas plurales. En primer término, a la luz del artículo 118 LS, cabe descartar la inoponibilidad que plantea la accionante respecto del límite de cobertura emergente de la póliza. También corresponde descartar la interpretación forzada que efectúa en punto al límite aplicable, pues la póliza es clara en establecer un doble parámetro, uno por persona y otro por acontecimiento, interesando éste último –a contrario de lo pretendido por la parte actora- cuando hay víctimas plurales. De modo que, conforme la póliza, el límite de cobertura pactado es el de $500.000 que refiere la citada en garantía.
No obstante, el aludido límite debe ser elevado al mínimo legal de $1.000.000, vigente en la actualidad para el seguro obligatorio de responsabilidad civil conforme la Resolución 1162/18 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (cláusula 2, inc. 1° del Anexo I). Ello así pues, conforme lo ha señalado esta Sala, “…la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho (cobertura básica obligatoria), no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora” (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y cc., Constitución Nacional; arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1037, 1068, 1069, 1071, 1077, 1079, 1109, 1137, 1167, 1197, 1198 y cc., Código Civil; art. 68 y cc., Ley 24449; arts. 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y cc., Ley 20091; arts. 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y cc., Ley 17418; arts. 3, 37 y cc., Ley 24240; arts. 217, 218 y cc., Código de Comercio; arts. 47, 92 y cc., Ley 11430 de la Provincia de Buenos Aires) (SCJBA, Ac. 119088, 21/02/2018, “Martínez, Emir vs. Boito, Alfredo Alberto s. Daños y perjuicios”, voto del Dr. Pettigiani, que hizo mayoría, al que adhirieron los Dres. Soria, Genoud y Kogan)” (esta Sala, causas nº 63.079 “Cruz…”, 63.080 “Alfano…” y 63.081 “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA…”, sent. única de fecha 27/3/19; en igual sentido, causa nº 63.356, “Amundarain Gaspar…”, del 14/05/19).
En consecuencia, considerando que he estimado los montos indemnizatorios a valores actuales, en concordancia con la doctrina legal de la SCBA fijada en la causa citada “Martínez”, propongo declarar abusiva la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro de fs. 156/160vta. y disponer la aplicabilidad del límite mínimo establecido por la Resolución 1162/18 de la Superintendencia de Seguros de la Nación para el seguro obligatorio de responsabilidad civil (cfr. cláusula 2, inc. 1° del Anexo I), equivalente a $1.000.000 para el supuesto de muerte o incapacidad total y permanente.
Finalmente, cabe aclarar que conforme lo tiene dicho este Tribunal, el aludido límite no abarca los mayores costos por intereses, costos y costas judiciales y extrajudiciales del proceso, los que deberán ser abonados por la compañía en forma complementaria y proporcional a la porción del capital de condena cubierta (arts. 61, 62, 109, 110, 111, 118 y ccdtes. Ley 17.418; Anexo I, cláusula 2 de la Resolución 1162/2018 de la Superintendencia de Seguros de la Nación; esta Sala, sent. única del 27/03/19 dictada en las causas nº 63079, "Cruz María Elizabeth…”; nº 63080, “Alfano Lucia Cecilia…”, y nº 63081, “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A….”; y sent. única del 8/07/20 dictada en las causas nº 64720, "Gamberini Gabriela Mabel…” y nº 64721, "Nardín Raúl Efraín…”; dictadas conforme SCBA, C 96946, “Labaronnie, Osvaldo Pedro…” del 04/11/2009; C119088 “Martínez, Emir…”, Ac. del 21/02/2018; y CSJN, 623/2013, “Buján, Juan Pablo c. UGOFE LSM…”, del 2015/11/18; Stiglitz, Rubén S. y Compiani, María Fabiana, Las costas y los intereses en el contrato de seguro contra la responsabilidad civil y un excelente pronunciamiento de la Corte de la Nación; DJ 09/03/2016, 21- RCyS 2016-VII- 177).
VII. En lo que atañe a los intereses, propongo determinar que los correspondientes a la reparación por incapacidad psicofísica, y daño moral que se han estimado a valores actuales, se devengarán desde la fecha del hecho dañoso (20/02/15) y hasta el presente decisorio, a una tasa pura del 6% anual; y de aquí en adelante y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva digital, en cuanto tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (arts. 278, 279 CPCC; arts. 768 y 1748 CCCN; SCBA, causas C. 120.536, “Vera”, del 18/04/18 y C 121.134, “Nidera”, del 03/05/18; en sentido concordante, esta Sala, esta Sala causa nº 64.067, “Ferreira…”, del 27/8/19; nº 62.504, “Degano…”, del 25/9/18, nº 64.824, “Castro..”, del 17/03/20, entre otras).
Por su parte, a la reparación a abonarse en concepto de gastos médicos, de farmacia, tratamiento psicológico y rehabilitación, fijada a valores históricos, deberán adicionarse los intereses devengados desde que se realizó cada gasto, a la tasa pasiva más alta (tasa pasiva digital) que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días (cf. SCBA causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi", sents. del 21/10/2009, y C. 119.176, "Cabrera", del 15/06/2016).
Finalmente, a la indemnización a percibir por la accionante en concepto de gastos futuros, por tratarse de perjuicios que aún no han tenido lugar, deberán adicionarse los intereses devengados a la misma tasa que la fijada para el rubro anterior, pero computándose una vez finalizado el plazo de diez días de quedar firme la presente sentencia (art. 1748 CCCN).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, corresponde: 1) Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora y revocar la sentencia apelada de 382/389vta., admitiendo parcialmente la demanda incoada, y distribuyendo en partes iguales entre la actora y el demandado la responsabilidad por la causación del siniestro vial. 2) Hacer lugar a la reparación del daño material por incapacidad psicofísica sufrido por la accionante, y conforme la referida distribución de responsabilidades, condenar al accionado a abonarle la suma de $587.658 (Pesos quinientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y ocho). 3) Hacer lugar a la reparación de los gastos médicos, de farmacia, tratamiento psicológico y rehabilitación incurridos por la actora, y acorde la distribución igualitaria de responsabilidades efectuada, condenar al demandado a abonarle en tales conceptos la suma de $32.635 (Pesos treinta y dos mil seiscientos treinta y cinco). 4) Admitir parcialmente la reparación de los perjuicios invocados por la actora como gastos futuros, condenando por tal causa al demandado a abonarle, acorde su responsabilidad por el evento dañoso, la suma de $18.200 (Pesos dieciocho mil doscientos). 5) Hacer lugar a la reparación del daño extrapatrimonial padecido por la demandante, condenando al accionado a resarcirla, acorde su 50% de responsabilidad, mediante la suma de $700.000 (Pesos setecientos mil). 6) Rechazar la exclusión de cobertura planteada por la citada en garantía La Perseverancia Seguros S.A., extendiéndole la responsabilidad por los antedichos montos de condena, elevando el límite de cobertura pactado al de $1.000.000, el cual no abarca los mayores costos por intereses, costos y costas judiciales y extrajudiciales del proceso, los que deberán ser abonados por la compañía en forma complementaria y proporcional a la porción del capital de condena cubierta. 7) Determinar que los intereses se devengarán de acuerdo con las pautas referidas en el Considerando VII. 8) Imponer las costas de ambas instancias al accionado y su compañía aseguradora, en su calidad de perdidosos (art. 68 CPCC). 9) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en la instancia de origen, y diferir la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad (arts. 31 y 51 Ley 14.927).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido, por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, septiembre de 2020.
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora y revocar la sentencia apelada de 382/389vta., admitiendo parcialmente la demanda incoada, y distribuyendo en partes iguales entre la actora y el demandado la responsabilidad por la causación del siniestro vial. 2) Hacer lugar a la reparación del daño material por incapacidad psicofísica sufrido por la accionante, y conforme la referida distribución de responsabilidades, condenar al accionado a abonarle la suma de $587.658 (Pesos quinientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y ocho). 3) Hacer lugar a la reparación de los gastos médicos, de farmacia, tratamiento psicológico y rehabilitación incurridos por la actora, y acorde la distribución igualitaria de responsabilidades efectuada, condenar al demandado a abonarle en tales conceptos la suma de $32.635 (Pesos treinta y dos mil seiscientos treinta y cinco). 4) Admitir parcialmente la reparación de los perjuicios invocados por la actora como gastos futuros, condenando por tal causa al demandado a abonarle, acorde su responsabilidad por el evento dañoso, la suma de $18.200 (Pesos dieciocho mil doscientos). 5) Hacer lugar a la reparación del daño extrapatrimonial padecido por la demandante, condenando al accionado a resarcirla, acorde su 50% de responsabilidad, mediante la suma de $700.000 (Pesos setecientos mil). 6) Rechazar la exclusión de cobertura planteada por la citada en garantía La Perseverancia Seguros S.A., extendiéndole la responsabilidad por los antedichos montos de condena, elevando el límite de cobertura pactado al de $1.000.000, el cual no abarca los mayores costos por intereses, costos y costas judiciales y extrajudiciales del proceso, los que deberán ser abonados por la compañía en forma complementaria y proporcional a la porción del capital de condena cubierta. 7) Determinar que los intereses se devengarán de acuerdo con las pautas referidas en el Considerando VII. 8) Imponer las costas de ambas instancias al accionado y su compañía aseguradora, en su calidad de perdidosos (art. 68 CPCC). 9) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en la instancia de origen, y diferir la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad (arts. 31 y 51 Ley 14.927).
Regístrese, notifíquese por Secretaría y devuélvase al Juzgado de origen.
Fin de la sentencia