Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-15951-DO1E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1D esestimar el recurso de apelación deducido por la parte actora con fecha 19-03-2025 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento en crisis. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento lo reglado en el art. 51 inc. 2° parte del C.P.C.A. -texto según ley 14.437-.
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (conf. art. 31 ley 14.967).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-15951-DO1E "MENDIBURU MIRIAN LORENA c. MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAVALLE s. PRETENSION ANULATORIA - EMPL. PUBLICO" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Mora y Ucín .
I. El magistrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Dolores, con fecha 26-02-2025, dictó sentencia, rechazó la demanda interpuesta por Mirian Lorena Mendiburu contra la Municipalidad de General Lavalle, impuso las costas por su orden y postergó la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación articulado por la parte actora el 19-03-2025 contra la sentencia dictada y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Al fundar el pronunciamiento recurrido, el magistrado de la instancia anterior comenzó por pasar revista a las constancias relevantes contenidas en el expediente administrativo disciplinario adjuntado a la causa.
Así, tuvo por acreditado que Miriam Lorena Mendiburu ingresó a trabajar para la Municipalidad de General Lavalle en el año 2013 y que, posteriormente, fue incorporada a la planta permanente de dicha comuna como Auxiliar de Servicios Generales.
Señaló que a raíz de una constatación notarial de publicaciones efectuadas en la red social Facebook -atribuidas a la agente y que contenían expresiones agraviantes dirigidas al entonces Jefe de Gabinete municipal, Héctor Delfino-, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo, la suspensión preventiva de la actora y la designación de una instructora sumariante.
Indicó que durante la sustanciación de dicho procedimiento, Nicolás Agustín Toucedo Vitale y María Gabriela Puertas prestaron declaración respecto de las publicaciones cuestionadas y, posteriormente, se imputó a la aquí actora por considerarla presuntamente incursa en las faltas previstas en los arts. 103 inc. d), 106 inc. 2 y 107 incs. 3 y 10 de la ley 14.656.
Agregó que la agente solicitó y obtuvo una prórroga para efectuar su descargo y que, en ocasión de presentarlo, pidió disculpas al Jefe de Gabinete, manifestando que no tuvo intención de lastimar a nadie y que exteriorizó, desde el enojo, una situación que venía atravesando en su ámbito laboral.
Finalmente, señaló que, cumplidas las restantes etapas del procedimiento, se dictó el Decreto n° 952/18 mediante el cual se dispuso la cesantía de la agente, acto administrativo finalmente impugnado
Sentado lo anterior, recordó que el ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración se encontraba dirigido a garantizar la observancia de las reglas de conducta exigibles a sus agentes y el adecuado funcionamiento de la organización administrativa, aunque debía desarrollarse con respeto de las garantías sustantivas y adjetivas del empleado. Destacó, en tal sentido, que el procedimiento previo constituía un elemento esencial del acto administrativo y que el debido proceso adjetivo operaba como reglamentación de la garantía constitucional de defensa.
Al ingresar al examen de los cuestionamientos formulados por la accionante, identificó como ejes de su impugnación: la forma en que se iniciaron las actuaciones y la falta de acreditación de la autoría de las publicaciones; la ausencia de correspondencia entre tales expresiones y las infracciones disciplinarias imputadas, así como la invocada protección derivada de la libertad de expresión; la alegada persecución de la agente y la irregular integración de la Junta de Disciplina por la participación de personas que declararon previamente como testigos; la pretendida nulidad de tales declaraciones por no haber sido prestadas bajo juramento; y la utilización de distintas figuras disciplinarias respecto de un mismo hecho para sustentar la cesantía.
En cuanto al inicio del sumario, descartó que la inexistencia de una denuncia previa pudiera determinar su nulidad, pues el ordenamiento jurídico aplicable al caso no exigía que las actuaciones disciplinarias fueran promovidas por la persona afectada y que, frente al conocimiento de un hecho potencialmente perjudicial para la buena administración, las autoridades tenían el deber de investigar lo sucedido, por lo que la forma en que se inició el procedimiento no se encontraba legalmente sancionada con nulidad ni ocasionó la afectación de derechos o garantías de la agente.
Seguidamente, rechazó el cuestionamiento referido a la autoría de las publicaciones efectuadas en Facebook, en atención a que, durante el trámite administrativo, la agente Mendiburu no desconoció su autoría ni ofreció prueba destinada a demostrar la falsedad de la imputación, sino que su descargo importó, en los hechos, un reconocimiento de la conducta que se le reprochaba acompañado de un pedido de disculpas.
Añadió que tampoco durante el proceso judicial la actora aportó elementos de convicción idóneos para desvirtuar aquella conclusión, pues no ofreció realizar una pericia informática sobre su teléfono ni otra prueba que permitiera demostrar que la cuenta no le pertenecía o que las publicaciones no fueron realizadas por ella.
Ponderó, además, la constatación notarial obrante en las actuaciones administrativas y las declaraciones de dos personas vinculadas a la actora en la mencionada red social y concluyó que la actora no abasteció suficientemente la carga de acreditar los hechos en que sustentaba su impugnación.
Respecto del argumento según el cual las publicaciones fueron efectuadas fuera del ámbito laboral y se encontraban amparadas por la libertad de expresión, juzgó que tal derecho no revestía carácter absoluto y que debía ser armonizado con la tutela constitucional de la honra y dignidad de las personas.
Expuso que, si bien no resultaba admisible la censura previa, el ejercicio abusivo de la referida libertad resultaba pasible de generar responsabilidades ulteriores cuando, mediante insultos o imputaciones, se afectaran derechos de terceros.
Desde tal mirador, apreció que bastaba reparar en el contenido de las expresiones publicadas en la mencionada red social por la demandante para avizorar el notorio desborde de los límites del ejercicio de aquel derecho. A tal efecto, reprodujo los términos de la publicación dirigida a su superior jerárquico, a la que por obvias razones de educación me permito remitir, obviando su reproducción aquí.
A partir del tenor de tales manifestaciones y de la difusión pública derivada por el uso de una red social, consideró que las expresiones excedieron manifiestamente los límites de la libertad invocada.
Añadió que resultaba indiferente que la publicación hubiera sido realizada dentro o fuera del horario de trabajo, pues estimó que la afectación producida en la esfera laboral y personal tanto de la agente como del superior jerárquico destinatario de los agravios era directa, máxime frente a la trascendencia pública que esa clase de mensajes adquiría de manera prácticamente inmediata en las redes sociales.
Concluyó, por ello, que aquella circunstancia no impedía la aplicación de las figuras disciplinarias utilizadas por la Administración ni permitía descalificar la sanción impuesta.
En cuanto a la subsunción jurídica de los hechos, sostuvo que las distintas figuras disciplinarias aplicadas en el Decreto N° 952/18 no eran excluyentes entre sí y que, aun cuando lo fueran, correspondía aplicar la de mayor gravedad, sin que ello modificara la situación de la agente.
Recordó, asimismo, que correspondía a la Administración calificar y valorar los hechos constitutivos de las faltas disciplinarias y determinar la sanción pertinente, siempre que tal ejercicio se mantuviera dentro de parámetros de proporcionalidad y razonabilidad, extremos que consideró satisfechos en el caso.
Luego desestimó el planteo de nulidad vinculado con la integración de la Junta de Disciplina, argumentando que el dictamen de dicho órgano no revestía carácter vinculante ni constituía el acto administrativo definitivo susceptible de afectar por sí mismo los derechos de la agente.
Asimismo, tras individualizar a sus integrantes, consideró que no se demostró de qué manera la participación de Toucedo Vitale -quien previamente había prestado declaración testimonial- hubiera influido sobre la decisión del cuerpo con entidad suficiente para determinar la nulidad de su dictamen.
También rechazó la existencia de la persecución o desviación de finalidad denunciada por la accionante, atendiendo a que las constancias y elementos probatorios reunidos respaldaban el juicio formulado por la Administración respecto de la materialidad de los hechos y descartaban la arbitrariedad alegada.
Expresó, asimismo, que la invocación de conflictos anteriores con sus superiores y de modificaciones en el lugar de prestación de servicios no bastaba para acreditar -sin más- que la cesantía hubiera perseguido una finalidad distinta de la exteriorizada, pues ello requería pruebas claras acerca de la existencia de un propósito ilegítimo, cuya carga correspondía a quien lo afirmaba.
En relación con la pretendida nulidad de las declaraciones testimoniales, consideró que la falta de juramento de decir verdad no las invalidaba, toda vez que tal formalidad no se encontraba prevista como requisito por el régimen aplicable al procedimiento disciplinario.
Agregó que la actora contó con la posibilidad de controvertir judicialmente la veracidad de las aludidas declaraciones, no habiendo ofrecido prueba destinada a demostrar su falsedad.
Finalmente, descartó que se hubiera vulnerado la prohibición de sancionar dos veces por un mismo hecho. En punto a este tópico, interpretó que las sanciones anteriores registradas por Mendiburu no fueron nuevamente juzgadas ni integraban materialmente la infracción por la cual se dispuso su cesantía, sino que fueron ponderadas únicamente como antecedentes para graduar la sanción, proceder que estimó autorizado por aplicación del art. 23 de la ley 14.656.
Con sustento en tales consideraciones, concluyó que no se acreditaron los vicios atribuidos al procedimiento disciplinario ni al Decreto N° 952/18, rechazando íntegramente la demanda promovida por Miriam Lorena Mendiburu contra la Municipalidad de General Lavalle, imponiendo las costas en el orden causado de conformidad con el art. 51 del C.P.C.A.
2. En su recurso de apelación la parte actora afirma que el hecho de que las expresiones en virtud de las cuales fue sancionada hayan sido puestas en conocimiento de las autoridades por personas diversas de aquella afectada por tales comentarios demostraría que su parte fue víctima de una "persecución política".
Asevera que no correspondía que la Administración instruyera el procedimiento administrativo sancionatorio sin el aval de la víctima.
Considera que mal pudo la Comuna tomar en consideración para tener por acreditado que las referenciadas expresiones disvaliosas fueron formuladas por su parte, el contenido de su descargo presentado en sede administrativa, toda vez que desconoció en autos tanto la firma de tal escrito defensivo como el hecho de que el perfil de la red social Facebook del cual emanaron los comentarios perjudiciales le perteneciera.
Objeta que la Municipalidad valorara testimonios brindados por agentes municipales.
Estima que los dos testigos propuestos por la demandada no demuestran su autoría en relación a los hechos dañosos examinados en el sumario, pues los testigos María Cristina Guzmán y Nicolás Agustín Toucedo Vitale mintieron no solo en su declaración, sino que, además, se hallaban comprendidos en las generales de la ley, pues afirmaron que conocían a la actora del trabajo y ellos mismos eran empleados de la demandada.
Afirma que lo anterior permite -sin más- restar todo valor probatorio a los referenciados testimonios en relación a la veracidad de los hechos que sustentaron el reproche disciplinario impugnado.
Revela que el testigo Toucedo se hallaría "...claramente interesado en el resultado, ya que participó en la junta disciplinaria votando por la sanción de expulsión [lo que] implica sin dudas que el proceder administrativo se cargó de nulidades irreconciliables dado que llevó a la determinación del resultado sancionatorio y obviamente determino la mayoría en aquella junta..." .
Aduce que la parte demandada no acreditó mediante prueba informativa la autenticidad del perfil de la red social Facebook que se le atribuye.
Sostiene que los testimonios colectados por la Administración no tienen entidad suficiente para acreditar que los declarantes fueran amigos y seguidores de su parte en la red social, dado "...el notorio interés (que tendrían) en el juicio..." .
Proclama que el juez de grado postula que su parte debió acreditar que el mentado perfil de Facebook no le pertenecía, mediante el oficio correspondiente, cuando, habiendo negado tal imputación, la carga de la prueba correspondía a la Municipalidad, esto es que "...el faceboock constatado por el escribano..." le pertenecía.
Se agravia del hecho de que el a quo no tomara en consideración que la demandada no respondió el pliego de posiciones diligenciado mediante oficio de fecha 19-05-2022.
Seguidamente, efectúa un replanteo de prueba ante la Alzada que fue rechazado mediante resolución emanada de este Tribunal con fecha 31-03-2026.
Afirma -sin más- que la presunta víctima de la conducta que se le reprocha no fue quien dio inicio a las actuaciones o interpuso la denuncia en sede administrativa, por lo que tratándose de "...cuestiones de carácter personalísimo, no puede admitirse una ofensa de quien no es particularmente ofendido..." .
Pone de relieve que, "...más allá de la potestad (disciplinaria) marcada por el Sr. Juez, claramente los jueces pueden modificar atenuando tal calificación y valoración de las faltas, porque de lo contrario, se permitiría que por arbitrariedad la administración pública califique agravando un hecho y/o encuadrando una situación fáctica en una falta de mayor gravedad..." (sic).
Critica que el juez de grado rechazara la nulidad planteada por la integración de la Junta de Disciplina, puesto que no resulta cierto que no le causa agravio y que no es vinculante su dictamen, dado que a la hora de resolver si se acusa o no al imputado, la junta tiene autoridad suficiente para avanzar con el proceso administrativo, toda vez que dictamina acerca del encuadre jurídico de la conducta investigada y la sanción.
Afirma que la integración de la junta tornaría en ilegítimo su dictamen pues parte de sus integrantes declararon como testigos de cargo.
Pregona que "...directa relación tienen las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 92 y 94 que no puede constituir elementos de cargo toda vez que no han declarado bajo juramento de ley, es decir no se le hizo saber las penalidades del código penal conforme al art. 249 CP. y menos se observa que se le haya tomado juramento" (sic).
Estima que el sumario administrativo tiene carácter sancionatorio y debe regirse en su parte no regulada por el código procesal penal de la provincia de Bs. As., cuyo art. 240 establece que antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido de las penas del falso testimonio o de otro conexo, por lo que de que debe hacérsele saber el contenido del art. 275 del Código Penal.
Denuncia que la medida disciplinaria atacada fue adoptada en el marco de una situación conflictiva previa con sus superiores y que los cambios en su lugar de trabajo daban cuenta del hostigamiento que padecía.
Colige, a partir de la circunstancia de que la Administración no presentara testigos diversos a los que declararon en el procedimiento administrativo, que el procedimiento instruido en su contra fue "...armado para excluir al agente..." .
Se agravia de la imposición de costas, por cuanto entiende que éstas deben imponerse en el orden causado, debido a que, aún en el caso de rechazarse la acción, cabría considerar que tuvo motivos razonables para demandar.
3. La parte demandada replica el memorial reseñado en el apartado anterior y solicita el rechazo del embate articulado por su contraparte.
II. El recurso no merece prosperar.
1. Recuerdo que la fundamentación de la apelación constituye la herramienta que busca desbaratar la ratio decidendi que sostiene la solución consagrada en el fallo recurrido, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el juez de la instancia, sin hacerse cargo de los fundamentos del pronunciamiento en crisis, toda vez que la postulación recursiva requiere una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto, junto con la demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (cfr. art. 56 inc. 3° del C.P.C.A.; esta Cámara causas C-9110-MP2 "Beiersdorf S.A.", sent. del 27-10-2020; C-12525-MP1E "Cristobo", sent. del 13-07-2023; C-13443-BB1 "Marquez", sent. de 11-04-2024; C-14215-BB1E "Energen S.A.", sent. del 17-12-2024).
De esta forma, en la labor impugnativa, el recurrente debe criticar todas las partes del fallo que le sirven de sustento y, si en dicha tarea, deja incólumes o incuestionadas parcelas que -por sí- tienen entidad para conservarlo, el pronunciamiento debe mantenerse (arg. doct. S.C.B.A. causa Ac. 92.995 "J., D.", sent. de 24-05-2006; esta Alzada en causas C-9376-MP2 "Sirochinsky", sent. del 4-6-2020; C-10020-MP2 "Marchesani", sent. del 17-9-2020; C-12360-BB1E "Cavalier", sent. del 10-08-2023; C-12638-NE1 "Saccomano", sent. del 11-07-2024).
2.1. Llevando al caso los parámetros más arriba delineados, considero que las manifestaciones de la recurrente dirigidas a desvirtuar aquella parcela del fallo que tuvo por acreditada su autoría en relación a las publicaciones realizadas en la red social Facebook que originaron el reproche disciplinario impugnado, resultan insuficientes para resistir el criterio adoptado.
Repárese, en tal sentido, que el magistrado no tuvo por demostrada aquella circunstancia exclusivamente a partir de las declaraciones testimoniales producidas durante el procedimiento disciplinario ni de la constatación notarial incorporada a tales actuaciones, sino que -antes bien- asignó un peso probatorio preponderante a la conducta asumida por la propia agente al ejercer su defensa en sede administrativa, destacando que, frente a la imputación concreta que se le formuló, no desconoció la autoría de las publicaciones sino que presentó un descargo en el que pidió disculpas al funcionario agraviado, manifestó que no tuvo intención de lastimar a nadie y explicó que se limitó a exteriorizar, desde el enojo, una situación que venía atravesando en su ámbito laboral, comportamiento que el sentenciante valoró como un manifiesto reconocimiento de la materialidad de la conducta reprochada.
Ante tal razonamiento, la apelante centra buena parte de su memorial en cuestionar la eficacia y validez formal de las declaraciones testimoniales colectadas en el sumario, denunciar el presunto interés que atribuye a los deponentes en la resolución del sumario, la ausencia de prueba informativa destinada a acreditar la titularidad del perfil de Facebook desde el que se realizaron las publicaciones y la distribución de la carga probatoria efectuada por el a quo, objeciones que dejan incólume el fundamento central del fallo, esto es, reitero, que la propia conducta defensiva desplegada por la agente durante el sumario importó admitir enteramente la materialidad de la conducta a ella atribuida que ahora pretende desconocer en sede judicial .
No altera el temperamento propiciado la solitaria afirmación incorporada a su recurso en torno al desconocimiento de la firma inserta en el escrito de descargo, ya que, por encontrarse dicha pieza formando parte del expediente administrativo en cuyo seno se sustanció el procedimiento que culminó con el dictado del acto aquí impugnado y obrando aquélla suscripta como presentación defensiva de la agente (v. fs. 110 del expediente administrativo N° 4045-2777/18, acompañado a la causa el 06-05-2019), incumbía solo a quien controvertía judicialmente la realidad que exteriorizaba tal antecedente administrativo, aportar elementos de convicción idóneos para demostrar que, contrariamente a cuanto surgía de aquellas actuaciones, la firma allí estampada no le pertenecía o que el documento no podía serle atribuido (arg. arts. 77 del C.P.C.A. y 375 del C.P.C.C.).
No bastaba, entonces, con el solo desconocimiento formulado en el proceso judicial para privar de toda eficacia a una pieza incorporada al procedimiento administrativo y expresamente sopesada por el juzgador, sino que correspondía respaldar aquella negativa a través de prueba hábil para poner en crisis la circunstancia que de ella emanaba, destacándose en la sentencia, además, que la interesada no produjo en sede judicial una pericia informática u otro elemento de convicción idóneo para demostrar que la cuenta de Facebook desde la que se realizaron los comentarios perjudiciales no le perteneciera o que las publicaciones no hubieran sido efectuadas por ella.
De allí que las objeciones dirigidas a restar fuerza de convicción a las declaraciones testimoniales reunidas en sede administrativa o a colocar sobre la comuna la carga de acreditar por otros medios la titularidad del perfil de la red social no alcancen a conmover la conclusión alcanzada, pues aun cuando, por vía de hipótesis, se prescindiera de aquellos testimonios, permanecería indemne el fundamento autónomo que el juzgador extrajo del propio descargo de la agente, cuya aptitud para demostrar la autoría no ha sido eficazmente desvirtuada por la recurrente.
2.2. Similar temperamento merece adoptarse respecto de las expresiones volcadas en el memorial en punto a la falta de contestación de la demandada a las posiciones que componían la prueba confesional ofrecida en autos, pues, por un lado, tal disconformidad deja incólume la valoración efectuada por el juez de grado al considerar que el contenido del descargo realizado en sede administrativa permitía tener por reconocida la autoría de la conducta reprochada y, por otro, lo afirmado por la apelante en punto a que, al no absolver posiciones, la accionada habría reconocido que no se probó en el sumario que el perfil de la red social Facebook desde el que se realizaron los despreciativos comentarios antes aludidos perteneciera a la aquí demandante, se encuentra en abierta contradicción con lo cabalmente aseverado por la representación de la comuna al contestar demanda oportunidad en la que negó expresamente tales circunstancias y sostuvo, por el contrario, que: i) las publicaciones constatadas fueron realizadas por la actora desde su cuenta personal de Facebook; ii) su autoría fue corroborada durante el procedimiento disciplinario; iii) la propia agente reconoció como suyas aquellas manifestaciones al presentar el descargo y pedir disculpas al funcionario agraviado, y iv) el procedimiento se desenvolvió regularmente, respetándose el derecho de defensa de la encartada.
Así, la sola falta de absolución de las posiciones puestas a la demandada, no permite extraer, como pretende la recurrente y sin mayor desarrollo, un reconocimiento de hechos que la aquella controvirtió expresamente al trabarse la litis y respecto de los cuales expuso una versión diametralmente opuesta (arg. arts. 77 del C.P.C.A. y 384 del C.P.C.C.; esta Alzada en la causa C-6191-BB1 "Silva", sent. del 28-06-2016).
Por ello, tal segmento del embate tampoco logra conmover el razonamiento sobre el que reposa el pronunciamiento apelado.
2.3. Tampoco supera el umbral de técnica recursiva delineado en el apartado "II.1." la insistencia de la apelante en que el procedimiento disciplinario no podía ser promovido sin denuncia o conformidad del funcionario destinatario de las expresiones perjudiciales.
El juzgador rechazó expresamente tal postulación sobre la base de que el régimen aplicable no subordinaba el ejercicio de la potestad disciplinaria a la denuncia de la persona agraviada; que, adquirido conocimiento de hechos susceptibles de comprometer el adecuado desenvolvimiento de la Administración, incumbía a la autoridad investigar su eventual relevancia disciplinaria y, finalmente, que la modalidad mediante la cual se iniciaron las actuaciones no se encontraba sancionada con nulidad ni ocasionó, por sí misma, menoscabo alguno a las garantías defensivas de la agente.
Nada de ello encuentra una réplica razonada en el memorial, ya que la recurrente se limita a reiterar que la víctima de los comentarios agraviantes no promovió las actuaciones administrativas y a caracterizar las expresiones analizadas como una cuestión "personalísima", prescindiendo, no obstante, de individualizar disposición normativa alguna que condicione el ejercicio de la potestad disciplinaria municipal a la solicitud de la persona agraviada, así como también de explicar por qué la Administración carecería de atribuciones para investigar de oficio una conducta atribuida a uno de sus agentes dable -en principio- de ser subsumida en las faltas previstas por el régimen estatutario.
Así, la crítica en estudio soslaya que el objeto del procedimiento no consistió en hacer valer por sustitución un derecho personal del funcionario aludido en la publicación, sino en determinar si la conducta atribuida a una agente municipal configuraba una infracción a los deberes derivados de la relación de empleo público, por lo que, al permanecer sin refutación tal basamento del pronunciamiento atacado, la mera reiteración de la ausencia de denuncia del directamente agraviado carece de aptitud para provocar su revisión por esta Alzada.
2.4. Desestimo, asimismo, el planteo mediante el cual la apelante insiste en atribuir al obrar municipal una finalidad persecutoria dirigida a apartarla de los cuadros comunales.
Al respecto, cabe recordar que la acreditación de la existencia de un fin distinto en el obrar de la Administración exige pruebas claras y evidentes y, dado el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y las amplias facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de su pretensión, incumbe a la parte accionante la carga de demostrar la realidad de aquella situación fáctica -signada por la alegada infracción en la finalidad del obrar público determinante de la "desviación de poder"- en que sustenta su reclamo, no sólo por revestir tal calidad en el proceso (conf. art. 375, C.P.C.C.), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública (cfr. argto. doct. S.C.B.A. causas B. 50.492 "Condesa del Mar S.A.", sent. del 11-03-2009 y B. 57.245 "Venturino Eshiur S.A.", sent. del 01-06-2011; esta Cámara causa C-2597-MP2 "Campos", sent. del 24-04-2012).
En efecto, para demostrar la desviación de poder como vicio en el fin del actuar administrativo debe acreditarse la existencia de un propósito distinto mediante pruebas claras sobre la intención de ejercer la potestad en función de intereses diversos de aquellos generales contemplados por la norma atributiva de competencia (cfr. argto. doct. S.C.B.A. causa B. 65.562 "Avila", sent. del 14-08-2019; esta Cámara causas C-14373-AZ1E "Gallur", sent. del 22-08-2024; C-15439-BB1E "Casazza", sent. del 22-04-2025).
Bajo tales parámetros, las afirmaciones contenidas en el memorial distan de patentizar el desacierto del temperamento adoptado por el magistrado, puesto que el a quo ponderó que la invocación de conflictos anteriores con sus superiores y las modificaciones experimentadas en el lugar de prestación de tareas no bastaban para acreditar que la cesantía hubiera perseguido una finalidad diversa de aquella exteriorizada en el acto, destacando que la demostración de semejante propósito ilegítimo requería elementos probatorios firmes cuya producción incumbía a la interesada.
Frente a tal forma de razonar, la recurrente invoca, una vez más, aquellas circunstancias -algunas de las cuales carecen de adecuado sustento probatorio (tales como los anteriores conflictos con sus superiores), pretendiendo inferir la existencia de persecución a partir del hecho de que quienes declararon en el procedimiento fueran agentes de la propia Municipalidad y de que la demandada no hubiera presentado testigos diferentes durante el proceso judicial, hechos que carecen de aptitud -sin mayor desarrollo lógico o basamento probatorio- para demostrar la desviación de finalidad denunciada. La sola existencia de una relación de empleo entre los declarantes y la comuna no autoriza a presumir su mendacidad, parcialidad o connivencia con las autoridades municipales y, menos todavía, permite inferir que la potestad disciplinaria haya sido ejercida con el designio encubierto de excluir a la agente por motivos políticos.
Para arribar a semejante conclusión resultaba menester aportar elementos objetivos que permitieran establecer un nexo suficientemente preciso entre los conflictos invocados y la decisión expulsiva, de modo de evidenciar que la causa exteriorizada por la Administración operó como mero ropaje formal de una finalidad ilegítima, demostración que no puede ser suplida por sospechas derivadas de la sola condición de dependientes municipales de quienes intervinieron como testigos ni por la mera afirmación de que el procedimiento habría sido "armado" para excluir a la agente.
Antes bien, permanecen sin adecuada refutación las razones por las cuales el juez anterior consideró acreditada la materialidad de la conducta reprochada -entre ellas, especialmente, el contenido del propio descargo administrativo-, circunstancia que debilita aún más la supuesta inferencia de que el procedimiento disciplinario habría constituido únicamente el instrumento de una persecución ajena a los fines propios de la potestad ejercida.
2.5. Tampoco merece prosperar la genérica afirmación de la recurrente según la cual los jueces pueden revisar y atenuar la calificación de las faltas efectuada por la Administración para impedir que, mediante un ejercicio arbitrario de aquella potestad, se atribuya a los hechos una gravedad que no poseen.
Tal postulación, correcta en cuanto reconoce la posibilidad de control judicial del ejercicio de la potestad disciplinaria, no constituye por sí misma una crítica de la decisión recurrida, toda vez que el magistrado no afirmó que la calificación administrativa resultara inmune al control jurisdiccional, sino que, por el contrario, examinó las figuras disciplinarias aplicadas, sostuvo que no resultaban excluyentes entre sí y agregó que, aun cuando así fuera, correspondía aplicar la de mayor gravedad, para concluir finalmente que la determinación adoptada se mantenía dentro de parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.
Con lo anterior en mente, es claro que constituía carga de la apelante demostrar porqué razón las figuras aplicadas resultaban incompatibles, cuál de los concretos elementos de las infracciones consideradas por la Administración no se encontraba configurado, por qué resultaba desacertado el razonamiento subsidiario relativo a la aplicación de la falta de mayor gravedad o en qué residía, frente a las particulares características de la conducta que se tuvo por acreditada, la desproporción de la sanción de cesantía. Nada de ello es desarrollado mediante una crítica concreta y razonada en el memorial.
2.6. Idéntica suerte corre el agravio dirigido a cuestionar la regular integración de la Junta de Disciplina por la mera circunstancia de que el agente Toucedo Vitale, quien formó parte de dicho órgano, prestara previamente declaración en el marco del sumario, pues la apelante se limita a afirmar que dicho agente se encontraba "claramente interesado en el resultado, ya que participó en la junta disciplinaria votando por la sanción de expulsión (lo que) implica sin dudas que el prodecer administrativo se cargó de nulidades irreconciliables..." y que su actuación determinó la decisión adoptada por la Junta, mas no brinda explicación alguna que permita tener por demostrada la alegada parcialidad ni individualiza qué concreta circunstancia, más allá de su anterior intervención como testigo, revelaría la existencia de un interés personal en el resultado del procedimiento.
Finalmente, aclaro que la recurrente no tiene interés alguno en perseguir que las costas de primera instancia sean impuestas en el orden causado, dado que esa es, precisamente, la forma en que el juez de grado distribuyó los gastos causídicos (v. parte dispositiva de la sentencia apelada, punto "II.-" ).
III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo desestimar el recurso de apelación deducido por la parte actora con fecha 19-03-2025 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento en crisis. Las costas de Alzada deberían imponerse en el orden causado, atento lo reglado en el art. 51 inc. 2° parte del C.P.C.A. -texto según ley 14.437-.
Así lo voto .
El señor Juez doctor Ucín , con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota la cuestión planteada en el mismo sentido .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. D esestimar el recurso de apelación deducido por la parte actora con fecha 19-03-2025 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento en crisis. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento lo reglado en el art. 51 inc. 2° parte del C.P.C.A. -texto según ley 14.437-.
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (conf. art. 31 ley 14.967).
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente, cfr. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 4039/21-. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1017-2026
Fin de la sentencia