Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8835/25 Sentencia: Definitiva Actor: Mercado Nadia Soledad Demandada: Parodi Jesús A . Y otros Objeto: Daños y perjuicios Fecha: 21-09-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los veintiún días del mes de Septiembre de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos "MERCADO, NADIA SOLEDAD C/PARODI, JESÚS A. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS" Expte. N° 32220, que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, y de Minería Nro. 1, de la ciudad de Caleta Olivia y que ingresara, en esta instancia, bajo el Nº 8835/25. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard; Humberto Eduardo Monelos y Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la excusación formulada por el Dr. Horacio Fernández? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. A PE1765894-2025, el Dr. Horacio Fernández se excusa de intervenir en los presentes por haber actuado ejerciendo la representación de Mario Enrique Soto Banzen, en el marco de las actuaciones: "Subcomisaria Ramón Santos S/ INV.", Expte. Nro. S - 3563/2011, y por ello estar comprendido en la causal del art. 17 punto 7° del CPCC y cuestiones de decoro y delicadeza del art. 30 del mismo cuerpo legal. Corresponde en consecuencia admitir la excusación formulada apartando al Dr. Horacio Fernández del conocimiento y trámite de esta causa.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
II. La actuación del Dr. Horacio Fernández en autos encuadra su actuación en el inc. 7º del art. 17 del CPCC circunstancia que hace procedente su excusación. Adhiero al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
III. A fs. 08/30, se presenta el Dr. Eugenio Gómez Carrasco apoderado de Nadia Soledad Mercado quien interviene por su propio derecho y en representación de su hija Delfina Eva Noria, y deduce demanda por daños y perjuicios contra Jesús Alberto Parodi, Antonio Salvador Soto y Ana Mabel Bazen, y solicita se los condene solidariamente a abonar la suma de $818.700, más intereses y costas. Plantea la legitimación activa de la niña y de Nadia Mercado en su calidad de conviviente. Señala que el 10 de diciembre de 2011 José Luis María Noria se encontraba prestando servicios para la Policía de la Provincia de Santa Cruz -destacamento Ramón Santos- cuando aproximadamente a las 18:00 hs., terminado su turno, se acercó al vehículo Toyota Hilux SW4, Dominio FXZ-503, que se encontraba estacionadO a la vera de la ruta nacional N°3, donde se encontraban reunidas a metros de la camioneta Jesús Alberto Parodi, Luis Fernando Deluca y Antonio Salvador Soto, y recibió un disparo que partió del interior de la camioneta e impacto en sobre las extremidades inferiores del agente. Refiere que el disparo provino del fusil marca Mauser, calibre 7,62 mm, modelo 1909-de propiedad de Parodi- que se encontraba siendo manipulado por Mario Enrique Soto Bazen (de 13 años), y cuyos padres resultan ser Antonio Salvador Soto y Ana Mabel Banzen. Refiere que producto de dicho disparo el Agente Noria cayó al suelo, comenzó a desangrarse, y luego de ser trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, murió al día siguiente debido a un shock hipovolémico. Se explaya sobre la responsabilidad de cada uno de los demandados, cita doctrina y jurisprudencia (arts. 1113 y 1114 del Código Civil). Realiza el detalle de los daños que reclama, refiere los parámetros que pretende aplicar para el cálculo del monto indemnizatorio, ofrece prueba, funda en derecho, denuncia el inicio del beneficio de litigar sin gastos, y realiza el petitorio final.-
A fs. 36/37 amplia la demanda, y solicita indemnización por daño moral a favor de Nadia Soledad Mercado, por la suma de $90.000, con lo que más o menos se juzgue con la prueba a producir, plantea la inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil y amplia prueba.-
IV. Se da curso a la acción de autos y a fs. 56/69, se presenta el Dr. Sandro Levin Dumenes, apoderado de Jesús Alberto Parodi y contesta demanda, niega los hechos, niega la existencia de la responsabilidad civil, refiere que el pago de indemnización a Nadia Soledad Mercado ya fue realizado por el sistema de autoseguro (Ley 24.557), da su versión de lo sucedido, plantea la eximición de responsabilidad por el hecho de un tercero (art. 1113 del Código Civil), impugna los rubros indemnizatorios, ofrece prueba, hace reserva del caso federal, y para el caso de ser condenado, solicita las costas por su orden y se aplique la sanción por plus petición inexcusable.-
V. A fs. 82/104 se presentan el Dr. Fernando Gustavo Solla y la Dra. María Cristina Mayorga, apoderados de Antonio Salvador Soto y contestan demanda. Niegan los hechos, plantean la falta de legitimación pasiva, dan su versión de lo sucedido, y se explayan sobre la pretendida ausencia del nexo causal. En cuanto a la responsabilidad sostienen que debió entablarse en contra de Jesús Alberto Parodi, y refieren la participación de Silva. Analizan sobre el presunto hecho generador del daño y la supuesta interrupción del nexo causal. Señalan que no existió participación del menor Mario Enrique Soto Bazen. Peticiona el rechazo de la inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil. Subsidiariamente impugna la cuantificación del daño pretendido, los rubros indemnizatorios, y la tasa de interés pretendida. Capítulo aparte sostienen que debe desestimarse la demanda por ausencia de vinculo paterno-filial entre su representado y Mario Enrique Soto Bazen. Citan jurisprudencia aplicable al caso, ofrecen prueba, hacen reserva del caso federal, funda en derecho y realizan el petitorio final.-
VI. A fs. 112/113 el Dr. Eugenio Gómez Carrasco contesta la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por Antonio Salvador Soto.-
VII. A fs. 140 se presente el Dr. Walter A. Martínez Defensor Público Oficial N°2, y asume la representación de la ausente Ana Belén Banzen. Adhiere a la prueba ofrecida por las partes y hace reserva de contestar una vez producida la prueba.-
VIII. A fs. 143 se ordena diferir la excepción de la falta de legitimación pasiva. A fs. 153, se presentan los Dres. Guillermo Granillo y Gustavo Granillo en representación de Jesús Alberto Parodi. A fs. 162/164 se abre la causa a prueba, producida las cuales se certifica su producción a fs.779, habiendo alegado únicamente la parte actora a fs. 800/805 (PE1444112-2024). A PE1525853-2024, contesta vista el Fiscal de instancia de grado. A PE1628129- 2024 se dicta la sentencia de primera instancia que rechaza excepción de falta de legitimación pasiva, hace lugar parcialmente a la demanda y condena a las demandas Antonio Salvador Soto y Jesús Alberto Parodi a abonar solidariamente la suma de $1.030.000 (a favor de Delfina Eva Noria $ 580.000, y a favor de Nadia Soledad Mercado $450.000) más intereses, rechaza parcialmente la demanda en contra de Ana Mabel Banzen, impone costas a cargo de los codemandados en su condición de vencidos y difiere la regulación de honorarios. La sentencia es recurrida por la parte actora y por la co-demandada Antonio Salvador Soto.-
IX. A PE1800697-2025, expresa agravios la parte actora. Sostiene que los montos indemnizatorios son bajos, expone sobre la depreciación de la moneda. Realiza comparaciones y diferentes operaciones matemáticas. - En lo que respecta al daño patrimonial, señala que en la sentencia se evaluó con excesivo dogmatismo la indemnización objeto de condena, sin apelar a la prudencia judicial prevista en el art. 1084 del Código Civil, que permite encausar con sentido común la cantidad del resarcimiento. Señala que la fórmula utilizada en base al salario percibido por la víctima de $1.735,88 al mes de noviembre del año 2011, no refleja la real pérdida del sostén económico, los reales ingresos que de por vida producía Noria; no proyecta los adicionales ni demás sumas percibidas; no refleja los aumentos por ascensos; ni la vida útil. Sostiene que debe aplicarse el criterio sustentado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia en autos “CALFÚ MARÍA ESTER C/GONZALEZ PEDRO”, en el que el valor vida ha de medirse por la incidencia que en la vida de quienes reclaman ha provocado la desaparición de la víctima y para ello reconoce un 70% del ingreso de la víctima aplicándose la fórmula matemática denominada de capital amortizable en el período de vida útil de 65 años - o 75 años según otras opiniones doctrinales-, desde el acaecimiento del infortunio, por lo que correspondería cuantificar el daño estimándolo equitativamente, considerando los ingresos estimados percibidos por el causante al momento de su muerte y los años de vida útil que regularmente le quedaban hasta el momento de la jubilación, reducir los gastos que para su uso personal hubiera utilizado y a fin de obtener un capital que a su concubina y a su hija le asegure la continuidad de sus condiciones de vida.-
En cuanto al monto por daño extrapatrimonial, luego de citar deferentes fallos, señala que la lesión a las afecciones legítimas de las actoras y el incontrovertible daño moral que deriva de la trágica y abrupta muerte de Noria en la plenitud de su vida familiar y social, obliga a fijar un monto indemnizatorio, cuya cuantificación no se condice con el importe otorgado por este concepto. Refiere que el dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido, y aun cuando el dinero sea un factor inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Manifiesta que evaluar el perjuicio moral es tarea delicada, pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al art. 1083 del Código Civil. Cita doctrina y jurisprudencia. Alega que la cantidad otorgada por resarcimiento económico a las víctimas comporta un monto muy similar al daño material e incluso inferior al mismo y, resultan ser dos rubros distintos, requiere la corrección de la sentencia, que sea más acorde con el padecimiento de las víctimas, que se compadezcan con la realidad actual y el contexto económico. Hace reserva del caso federal, y solicita se admita la reparación económica deducida en la demanda con imposición de costas.-
X. A PE1825447-2025 y PE1825484-2025, el Dr. Fernando Gustavo Solla, en representación del co-demandado Antonio Salvador Soto, expresa agravios. Señala que le causa un gravamen irreparable a su mandante el rechazo de la falta de legitimación pasiva; la confirmación de los presupuestos exigidos por el art. 1114 del código civil; la omisión en el tratamiento de cuestiones dirimentes para la adecuada solución del litigio – la ausencia de nexo causal-; y la imposición de las costas.-
En cuanto al rechazo de la falta de legitimación pasiva, entiende que la magistrada concluyó equivocadamente que existía condena penal en contra de Mario Soto, en los autos “SUB COMISARÍA RAMÓN SANTOS S/ INVESTIGACIÓN” Expte. Nº 3563/11. Señala que las conclusiones parten erróneamente del criterio de unicidad de jurisdicción por cuanto no pudo verificarse la culpabilidad de Mario Soto en sede penal, ya que uno de los presupuestos de la misma es la imputabilidad y además la Jueza penal tampoco se pronunció sobre la tipicidad de la conducta de Mario dado que era menor de edad. Destaca que omitió considerar el alcance de lo resuelto en sede penal a la luz del régimen penal de la minoridad instaurado por Ley 22.278, dado que tuvo por culpable a Mario Soto del hecho que acabara con la vida de Noria al sostener fue el autor material del disparo. Al respecto cita jurisprudencia de la CSJN que refiere los alcances del régimen penal de la minoridad. Señala que la magistrada confundió las disposiciones contenidas en el art. 1103 del Código Civil con las previstas en el art. 1102, puesto que partió de la premisa que el sobreseimiento no puede ser equiparable a absolución, pero sin embargo, tuvo por comprobada la materialidad del hecho y autoría en la que la actora funda su pretensión resarcitoria a partir de la resolución recaída en sede penal, cuando lo cierto es que no existió una condena fundada en juicio previo. Resalta que la única posibilidad de arribar a una sentencia penal condenatoria era a través de un juicio oral y público, hecho que no aconteció.-
Sostiene que se debieron tratar las cuestiones propuestas en la contestación de la demanda, como fue la ausencia de nexo causal entre la conducta de Mario Banzen y el hecho generador del daño, y sin embargo no lo hizo, cercenando a su parte de recibir adecuado tratamiento a la defensa opuesta, y ello quedó en evidencia pues directamente ni siquiera analizó la relación de los hechos, la prueba y el derecho aplicables desarrollados en el responde respecto a la inexistencia del hecho atribuido a Mario Banzen por la actora y la inexistencia de nexo causal entre conducta alguna del adolescente Mario Banzen y los daños reclamados. Cita doctrina y concluye que la sentencia impugnada debe ser revocada por cuanto no deviene de aplicación al caso lo dispuesto por el art. 1102 del Código Civil vigente al momento del dictado de la sentencia, dado que el sobreseimiento por inimputabilidad no es asimilable a la sentencia condenatoria, lo que descarta el argumento ensayado por el actor en su responde, acerca de la existencia de un obrar doloso del menor corroborado en sede penal, por lo que solicita se analice los hechos demostrados en estos autos que concluyen en la falta de legitimación pasiva, por no existir prueba que acredite que Mario Banzen, manipuló el fusil poniéndolo en forma horizontal y apuntando hacia el exterior, donde se encontraba la víctima, no existió conducta antijurídica que le pudiera ser reprochada al adolescente para endilgar cualquier tipo de responsabilidad a su representado.-
Sostiene que la Jueza de grado efectuó una interpretación parcial de los antecedentes y la prueba. Señala que no valoró correctamente que de la sentencia recaída en los autos “SOTO ANTONIO SALVADOR c/ S.B.M.E s/ Acción de Filiación” Expte. 711/12 en trámite en la ciudad de Comodoro Rivadavia – Chubut, se excluyo de la paternidad a su representado Antonio Salvador Soto, respecto de Mario Enrique Soto Banzen, con efecto retroactivo a la fecha del reconocimiento (07/10/2010), y tampoco advirtió que Soto reconoció como hijo suyo al niño Mario el día 07/10/2010 es decir cuando Mario contaba con 11 años, y que la relación con la madre del niño había finalizado en el año 1998, es decir que la pareja y el niño nunca convivieron. Resalta que de tal escenario el presupuesto de la responsabilidad emergente del art. 1114 no existe, toda vez de que su conferente no resulta ser el progenitor del joven Mario Banzen, por lo que la responsabilidad por su educación y vigilancia correspondía a Ana Mabel Banzen.-
Refiere que la sentencia resulta incongruente por cuanto, tuvo como probado un hecho ejecutado por el adolescente, con circunstancias de tiempo y lugar que nunca describió y que el mismo se constituye como la fuente del perjuicio que terminó con la condena pecuniaria. Señala que no explicó cuál fue la conducta del adolescente generadora del perjuicio y la conducta que generó el daño. Sostiene que se trata de una sentencia arbitraria que afecta la garantía de la defensa en juicio (art. 18 de la CN).-
Alega que se omitió analizar la inexistencia del nexo causal tal como su parte expuso en su responde. Señala que la magistrada arbitrariamente consideró culpable del disparo al adolescente, pese a que quedó acreditado que el niño se encontraba fuera del vehículo al momento del disparo del Fusil Mauser de propiedad de Parodi. Sostiene que la conclusión de la magistrada se encuentra alejada de la sana crítica racional, toda vez que quedó demostrado que la causa del daño estuvo constituida por la propia negligencia e impericia del codemandado Parodi y del efectivo policial Sergio Daniel Silva quienes una vez que llegaron al puesto de Ramón Santos, se desentendieron del arma, dejándola cargada dentro del habitáculo de la Toyota SW4. Cita jurisprudencia. Refiere que se valoró erróneamente las declaraciones testimoniales rendidas por De Luca; Silva y la confesional de Parodi, quienes tenían un interés directo en responsabilizar al niño. Señala que en el caso de Parodi y Silva, dado que el primero era el propietario del Fusil, en el caso de Silva pues fue la última persona que manipuló dicha arma y en el caso de De Luca, pues lo afectó, ya que el testigo declaró que la prensa lo involucró en el suceso, por otro lado también el testigo refirió a su larga amistad con Parodi, además de apreciarse, sin mayor esfuerzo, la energía puesta por parte de este testigo en favorecer a su amigo Parodi. Transcribe parte de las declaraciones testimoniales y señala que es innegable que hubo un direccionamiento de los hechos para responsabilizar al niño, y que se debió analizar con rigor dichas expresiones. Afirma que quedó acreditado que De Luca y Parodi al día siguiente del hecho, concurrieron a hablar con Silva a quien le sugirieron que el disparo del fusil de Parodi había sido obra del adolescente, como asimismo con Soto para sostener la versión que fue el menor quien manipuló el arma, y sin embargo de las declaraciones de los nombrados se juzgo probado que el adolescente estaba habituado a manipular armas, cuando en toda la excursión de caza, el niño jamás fue autorizado por su padre a manipular armas o efectuar algún disparo.-
Sostiene que la Jueza quien tuvo por cierto que el menor estaba habituado a manipular armas, no explicó cómo ello incidió en la muerte del Agente Noria, y afirma que la culpa en la vigilancia que le endilgó a su mandante debe estar relacionada con un hecho que sea la causa fuente del daño y en la sentencia, no se explicó cual fue dicha conducta. Agrega que la Resolución recaída en sede penal sostuvo que debido a la manipulación de un arma de fuego por parte de Mario Enrique Soto, se produjo un disparo accidental que hiere a José Luis María Noria y produce su posterior fallecimiento, pero ni siquiera esa Resolución, concluyó que Mario Soto sería el autor del hecho, y sin embargo de la prueba testimonial rendida en esta causa y en sede penal puede extraerse que al momento del disparo no vieron donde se encontraba el adolescente, con excepción del testigo Néstor Fabián Moreno quien ubicó al menor en el exterior de la camioneta. Luego transcribe parte de las declaraciones testimoniales que considera pertinentes de Néstor Fabián Moreno, Héctor Alejandro Navarro, y Sergio Daniel Silva. Concluye con el interrogante de cuál es la conducta atribuida a Mario Banzen que exigiera otro tipo de control o cuidado por parte de su representado.-
Sostiene que quedó acreditado que el obrar del codemandado Parodi y del agente Sergio Daniel Silva al dejar en la plaza trasera de la camioneta Toyota el Fusil Mauser cargado, fueron la causa del fallecimiento de Noria. Señala que el propio codemandado Parodi expreso que Antonio Salvador Soto procedió a descargar el fusil, previo a retornar, sin embargo él no hizo lo propio con el suyo, siendo ésta la acción que le era exigible, y agrega que no solo omitió verificar que su fusil se encontraba descargado previo al regreso, sino que de su propia declaración se extrae que no podía usar el fusil porque el vidrio de la camioneta estaba trabado, lo que da cuenta que si la ventanilla se hubiera podido accionar hubiera circulado en la camioneta y a la vez disparado su arma. Refiere que Parodi entregó su arma cargada a Silva, sólo previniéndolo de que tuviera cuidado que era muy celoso, cuestión que omitió la Jueza en la sentencia. Agrega que también se omitió valorar que el deber de cuidado exigibles no fue observado por Parodi dado que éste, omitió verificar que el arma estuviera descargada para transportarla, replicando tal omisión al arribar al puesto de Ramón Santos donde descendió del vehículo para dirigirse al suyo, desentendiéndose de su arma al contestarle a Silva que la dejara ahí nomás. Resalta que le cabe la misma responsabilidad a Silva dado que quedó demostrado que fue éste quien manipuló el arma en última instancia dejándola en la camioneta SW4 cargada.-
Por último señala que del plexo probatorio desarrollado en autos se tuvo por probado que el adolescente jamás efectuó disparo con arma de fuego durante toda la travesía, ni al arribar a Ramón Santos, así como tampoco manipuló el Fusil, pero si quedó demostrado que el fusil se accionó cuando Mario se encontraba fuera del habitáculo de la Toyota, y por tal motivo la sentencia resulta incongruente y arbitraria, solicita se rechace la demanda en todas sus partes en contra de su representado, con costas.-
En cuanto al agravio respecto de las costas, solicita se revoque lo resuelto y se adecúe la imposición de las costas a la contraria. Hace reserva del caso federal, y realiza su petitorio final solicitando se revoque la sentencia y se impongan las costas a la contraria.-
XI. En PE1831729-2025, contesta los agravios de la actora, el codemandado Jesús Alberto PARODI, con el patrocinio letrado de la Dra. Cecilia Debrouvier, solicitando se rechace el recurso de apelación interpuesto. Señala que la actora no ha individualizado ni descripto cuál es el agravio que ha acarreado la resolución apelada, sino sólo se limita a decir que le causa un gravamen irreparable, y que la crítica que realiza no es precisa ni determinada, sino que, basándose en la misma causa que alega, la modifica con diversos sinónimos, no generando una distinción entre un gravamen y otro.-
Respecto al planteo de depreciación de la moneda nacional, señala que la crisis económica sufrida por el país los últimos años, exceden su responsabilidad y el actuar de su parte toda vez que los fenómenos económicos no están bajo su control y dirección, por lo que no se le pueden atribuir en detrimento de su patrimonio. En cuanto a los cálculos matemáticos señala que dentro de todos los rubros que componen los daños y perjuicios, el daño patrimonial se basa, en análisis y fórmulas matemáticas aportada a lo largo de los años por la jurisprudencia y doctrina, que ofrece al Juzgador un lineamiento que se acerca lo más que puede a una reparación justa e integral. Respecto al planteo de un excesivo dogmatismo en la determinación de la indemnización objeto de la condena, señala que la sentencia no hace más que apegarse a los principios constitucionales de congruencia, debido proceso y de legalidad, por lo que no se vislumbra dónde radica el perjuicio en que el Juzgador haga uso de sus deberes y facultades, ya que, el objeto de dar curso a un juicio, cualquiera sea su naturaleza, no es otro que obtener una respuesta por una autoridad competente en la materia.-
En relación a que las sumas fijadas no reflejan los reales ingresos que de por vida produciría Noria, afirma que todos estos índices son meramente especulativos y reflejarían un ideal de carrera profesional, que resultaría imposible probar si era el futuro que depararía al causante.-
En cuanto al daño extrapatrimonial, sostiene que el desarrollo se limita a conceptualizar el daño extrapatrimonial, realizando citas, pero concretamente no se individualiza cual es el gravamen irreparable que causa la sentencia apelada y agrega que hay una disconformidad con lo dictado por la magistrada de grado, pero no se exterioriza con claridad el perjuicio que acarrea. Solicita se rechacen los agravios y se mantenga en todas sus partes la sentencia definitiva.-
XII. Mediante escrito obrante a PE1839779-2025, contesta los agravios de la parte actora el Dr. Fernando Gustavo Solla, apoderado del codemandado Antonio Salvador Soto. En primer lugar señala que el escrito presentado por la parte actora no se ajusta a lo exigido por el art. 264 del CPCC, y solicita se decrete la deserción del recurso, conforme el art. 265 del código de rito. Afirma que de la simple lectura se advierte que el recurrente se limita a discrepar con la decisión de la magistrada, pero sin fundamentos suficientes, sin que ello constituya una crítica concreta y razonada de la parte del fallo que considera equivocada. Al respecto cita doctrina y jurisprudencia.-
Refiere que su representado no es responsable del daño sufrido, sostiene que no advierte agravio alguno desde que las partidas indemnizatorias otorgadas por la magistrada fueron coincidentes o incluso superiores al monto reclamado en la demanda. Al respecto cita jurisprudencia.-
Luego señala que la quejosa omitió precisar cuál fue el desacierto u omisión en que incurrió la Jueza, y resalta que la sentencia, tuvo presente las circunstancias personales de Noria y del grupo familiar, los ingresos como empleado dependiente de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, como las restantes cargas alimentarias que sobre él pesaban, dado que además de Delfina era progenitor de tres niños más, quienes también accionaron judicialmente en procura de un resarcimiento económico por su fallecimiento. Agrega que se tomó como pauta orientadora, de la fórmula Vuotto y de la fórmula Méndez, por lo que las partidas indemnizatorias otorgadas no lucen desprovistas de ninguna pauta razonable de cuantificación que autorice su revisión, su uso está ampliamente aceptado a lo largo y ancho del nuestro país.- Dice que para la determinación de la indemnización es útil recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial como un elemento más a considerar -cuando de mensurar un daño y su reparación se trata. Agrega que fue la propia actora al momento de postular su demanda, quien reclamó la utilización de fórmulas matemáticas para cuantificar cada rubro. Insiste que no existe una crítica concreta con relación a los ingresos de Noria, que por otra parte la conviviente y los hijos menores gozan de la pensión por el fallecimiento de Noria, siendo en consecuencia inexistente la extensión del perjuicio material argumentado; que tampoco hay elementos de prueba que acredite cual era la calidad de vida que ostentaban, ni cual era la proyección hacia lo futuro. Afirma que los guarismos utilizados por la sentenciante son razonables y no deben modificarse.-
Respecto al daño extrapatrimonial, sostiene que de la demanda, se advierte que la propia actora cuantificó este rubro en un porcentaje del daño material (40%) e incluso para el caso de Nadia Soledad Mercado lo hizo en el 30% del daño material, razón por la cual es incongruente su queja con los propios postulados de la demanda. Sostiene que su queja debe ser rechazada. Hace reserva del caso federal y solicita se rechacen los agravios vertidos por la actora con costas.-
XIII. A PE2118142-2025, contesta los agravios expresados por la co-demandada Antonio Salvador Soto, la parte actora. Respecto al rechazo de la Excepción de Falta de Legitimación Pasiva, señala que el reproche no tiene más fundamentos que las propias elucubraciones ensayadas por el recurrente, quien construye una hipótesis del hecho sobre la base de meras suposiciones, que no se encuentran comprobadas en autos. Sostiene que negar la participación del menor en el infortunio que terminó con la vida de Noria, basada en meras expresiones testimoniales que en nada se condice con lo acreditado en autos. Refiere que la excepción interpuesta es improcedente toda vez que se basa en extremos fácticos que no se encuentran acreditados. Señala que la estructura conjetural sosteniendo que el menor no tuvo contacto con el arma, que el fusil pudo haber sido cargado por Silva y que pudo haberse accionado por sus propios medios, constituye un oasis en medio de la prueba colectada tanto en sede civil como penal. Agrega que la pericia balística labrada por el Lic. Guillermo Rivarola, colectada a fs. 101/104vta., de las actuaciones penales caratuladas "SUBCOMISARIA RAMON SANTOS s/INVESTIGACION" (Expte. Nº S-3563/2011), resulta clara y demuestra que resulta imposible que el arma se haya podido disparar por sus propios medios. Sostiene que todos los testigos presenciales del hecho que han depuesto en sede civil y penal ubicaron al menor dentro de la camioneta previo a la detonación, y transcribe parte de las declaraciones de Luis de Luca, Jesús Parodi, Sergio Daniel Silva y Néstor Moreno. Destaca que de las distintas declaraciones testimoniales sumado a la pericia, ponen de relieve que no existe la menor duda que el disparo del fusil se originó debido a su manipulación imprudente por parte de la única persona que no estaba junto a los demás integrantes del grupo, que resulta ser Mario Soto, de 13 años de edad en ese entonces.-
En cuanto al planteo de eximición de responsabilidad por la falta de vínculo filiatorio entre el demandado y el menor Mario Enrique Soto Banzen, por inexistencia de nexo biológico, señala que dicha defensa no encuentra ningún andamiento en nuestro ordenamiento que morigere la responsabilidad de Antonio Soto; los testigos señalan que el menor se encontraba bajo el exclusivo cuidado de Soto y que entre ellos existía un trato familiar, por lo cual, la circunstancia que entre ambos no medie un vínculo filiatorio que haya sido determinado con motivo de una sentencia dictada con posterioridad al accidente, no lo sustrae de su responsabilidad primaria. Sostiene que debe aplicarse lo dispuesto por el art. 1114 del Código Civil (actual arts. 1755 y 1756 CCyCN), en función que al momento del hecho Soto ejercía de pleno derecho una responsabilidad parental y de supervisión sobre el menor, presunción de culpabilidad que no ha sido descartada. Agrega que existe una clara relación de causalidad entre la falta de vigilancia activa y el hecho generador del daño que desencadenó en la muerte del policía.-
XIV. A PE2182643-2026, contesta vista el Dr. Carlos Rubén Rearte, Fiscal de Cámaras, quien considera que resulta inconstitucional el art. 1078 del Código Civil, siendo por lo que Nadia Soledad Mercado resulta ser legitimada activa para reclamar indemnización por daño extra patrimonial. Posteriormente a PE2213469-2026 contesta la Dra. María Carolina Costes, Defensora Oficial de Cámara, expresando que el resolutorio en crisis no menoscaba los intereses de su pupila, en cuanto recompone su situación económica por lo que debe confirmarse la sentencia.-
XV. Por una cuestión de orden habré de comenzar el análisis por los agravios de la parte demandada. Así Antonio Salvador Soto sostiene la falta de legitimación pasiva, por un lado por entender que el menor no es responsable, y por otro por la filiación que posteriormente desconoce. En este aspecto al momento de acontecer el hecho que genera esta causa el día 10 de diciembre de 2011, el recurrente era y se comportaba como progenitor de Mario Enrique Soto Banzen. La circunstancia de que posteriormente intente desligarse de dicha filiación, como señala, en nada modifica el análisis de los hechos que debe realizarse conforme al momento en que ocurrieron. La circunstancia de que la sentencia sea con efecto retroactivo, no opera como una exclusión de su responsabilidad.
En este orden debe recordarse que "El fundamento de la responsabilidad de los padres no se asienta solamente en el deber de vigilancia activa, sino también en la buena educación brindada a los hijos. Los hijos encuentran su centro de formación en la familia más allegada a ellos -los padres-, recayendo en ese núcleo el derecho-deber de educarlos a los fines de que la inserción social se produzca de la manera más apropiada y menos riesgosa para la sociedad. Por lo tanto, la falta de una educación cimentada en las pautas sociales básicas, conllevan de una manera ineludible cierta responsabilidad de los educadores." (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, Sala: V, 2 de marzo de 2007, Colección: Fallos, Cita: MJ - JU - M - 11083 - AR|MJJ11083|MJJ11083).
Siguiendo esta pauta, que comparto, no puede eludir la responsabilidad el presentante, habida cuenta que se comportaba como padre del joven, la jueza de grado lo señala claramente, y así lo menciona él mismo en la causa penal, ya que es la primera persona en declarar y señala claramente que concurrió con "su hijo". La responsabilidad parental -hoy extendida aún a los padres afines- comprende las acciones de vigilar, cuidar y educar a los hijos e hijas a los fines de encauzar sus conductas, no solamente en vista de una adecuada formación, sino también para evitar que causen daños a terceros. Es una responsabilidad indirecta la que se regula en el art. 1114 del CC, y que se funda en los principios anteriormente referidos, tornándose totalmente operativa en el caso de autos.
No puedo dejar de señalar que la actitud del recurrente es "límite" con el principio de buena fe imperante hoy en materia de familia y filiación, pretendiendo desconocer el vínculo filiatorio una vez acontecido el hecho desencadenante del daño. Debe analizarse su responsabilidad al momento de acontecido el hecho y en ese momento la relación era paterno filial. El agravio en este aspecto no puede prosperar.- Le agravia al demandado la falta de análisis de los elementos que integrarían los presupuestos de responsabilidad, que conforme sus expresiones no se encontrarían acreditados. En cuanto al resultado de la causa penal, asiste razón al recurrente, en cuanto en que dicho expediente no se analizó la responsabilidad de Mario Enrique Soto Banzen, ya que se dictó su sobreseimiento por no ser punible.
No obstante ello en dicho proceso se llevaron adelante medidas probatorias, y dicho expediente fue ofrecido como prueba para ser analizado en la presente causa, lo ofrecieron todas las partes, aún el recurrente. Sumado a ello y pese al enorme esfuerzo de argumentación que expone la parte entiendo que no logra revertir la decisión de la jueza de grado en el punto. En sus argumentos señaló al contestar la demanda y ahora en agravios, que nadie vio al niño Mario Soto accionar el arma. En este aspecto tengo que señalar que la ausencia de un testimonio directo que lo haya observado accionando el arma de fuego no impide tener por acreditada su participación. Cabe recordar que la responsabilidad civil obedece a diferentes principios que la responsabilidad penal, lo que hace que aquí deba analizarse bajo otros parámetros aunque se haya sobreseído la causa penal por no ser punible.
La labor jurisdiccional a fin de formar convicción permite que ello pueda lograrse a partir de un conjunto de indicios que, apreciados en forma conjunta y conforme las reglas de la sana crítica, resulten precisos y concordantes. Dicha situación ha quedado configurada en el caso a mi criterio. Así, tanto el recurrente como todos los que participaron ese día en la "charla" al lado del estacionamiento del destacamento de Ramón Santos con el agente Noria, a saber, Luis Fernando De Luca, Alberto Parodi y el propio recurrente, son contestes en que se encontraban ellos y el menor en ese sector. Así lo señala el Juez de instrucción también al decidir su incompetencia a fs. 107/109 de la causa penal, al entender que el menor sería autor del hecho y por ello correspondía investigar al juzgado competente en lo penal juvenil.
También se encuentra acreditado, tal como lo refiere la jueza de grado, que el arma de fuego se encontraba dentro del automotor (SW4) y que la detonación no pudo producirse de manera accidental o espontánea (como dice la pericia), circunstancia que descarta la posibilidad de atribuir el resultado a un disparo producido sin intervención humana. En otro orden se encuentra acreditado que, al momento de producirse la detonación, el menor era el único que se encontraba en la zona del vehículo. Esta situación es relevante al ser ponderada conjuntamente con el resto de los elementos de prueba, lo sitúa en el lugar preciso en el que se encontraba el arma y en el momento en que se produjo el disparo, y era el único integrante del grupo que no se encontraba reunido con los demás, ya que estaba apartado, precisamente en las inmediaciones del vehículo donde estaba el arma.
No puedo dejar de señalar que efectuar el disparo es cuestión de segundos y los testigos dieron su versión de lo apreciaron en forma inmediata en general, puesto que el joven estaba sólo en ese momento. Fue su padre quien lo llevó allí, a participar de una salida de caza con otras personas. No se acreditó por otro lado que haya existido una "confabulación" entre los testigos para que dieran esta versión de los hechos, como pretende el recurrente. Aún el propio testigo Moreno -que refiere el presentante al contestar la demanda- en la causa penal hace mención a que el menor sale de la camioneta con la funda del arma luego del disparo.-
En materia de daños civiles el nexo causal constituye el presupuesto que permite vincular jurídicamente el hecho atribuido a una persona con el daño cuya reparación se pretende. La concatenación de las circunstancias señaladas permite establecer una relación o nexo entre la presencia del menor dentro del automotor, la producción de la detonación y el daño causado. No se trata, por tanto, de una conclusión sin sustento o en una circunstancia aislada, sino en un conjunto de hechos acreditados que adquieren fuerza probatoria por su concordancia. En el particular la intervención y accionar de Mario enrique Soto Banzen resulta razonable y compatible con el comportamiento señalado de haber ocasionado la detonación que impactó en el agente Noria y desencadenó en su fallecimiento posterior (arts. 1113, 1114, 1116 y ccs. Código Civil). El agravio en este aspecto debe desestimarse.- Resta señalar que si bien no es materia de agravios, en el hecho analizado se analiza también la responsabilidad de Parodi en su carácter de titular del arma. Siendo ello circunstancias coadyuvantes que llevaron finalmente al resultado dañoso y no fueron materia de agravios por el interesado.-
XVI. Por su parte la actora se agravia de los montos de condena.
En este aspecto entiendo que el recurso alcanza a demostrar el agravio pretendido y no corresponde su deserción como solicita el demandado (art. 264 CPCC). Analizado dicha cuestión adelanto mi opinión en cuanto a que las sumas consignadas en la sentencia son bajas y no reparan adecuadamente el daño producido. La jueza parte básicamente de la utilización de fórmulas. A modo de ejemplo habré de señalar que las sumas que corresponderían a Delfina Eva Noria, actualizadas como e propone, no alcanzarían a cubbrir más de 20 canastas básicas alimentarias conforme datos que publica el INDEC. Es decir debe analizarse dicha cuestión a la luz de parámetros que reflejen realmente las consecuencias patrimoniales que dejó la muerte de Noria, quien era pareja y padre de las reclamantes.-
Es propio recordar que "El principio de la reparación plena constituye una de las grandes columnas sobres las que se asienta el sistema de responsabilidad civil y conduce a la aplicación de cuatro reglas fundamentales: 1)el daño debe ser fijado al momento de la decisión, 2) la indemnización no debe ser inferior al perjuicio; 3) la apreciación debe formularse en concreto y 4) la reparación no debe ser superior al daño sufrido." (Pizarro, Ramón Daniel, Vallespinos, Carlos G. Tratado de la responsabilidad Civi, T. I, parte general, Rubinzal Culzoni- Santa Fe-2017, pag. 571/572). Y bajo estos parámetros habrá de realizarse la ardua labor de la judicatura de poner en valor real el daño sufrido por las víctimas. Con anterioridad en los autos “TABORDA NOELIA ELIZABETH Y OTROS C/ CARRICABURO ARIEL SEGUNDO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
Expte. Nº 11354 (TOMO: XCVII SENT.REG.: 2986, FOLIO: 176/190, PROT. ELECT. A201 168 S.221, 7/2/2023) señalé "... debo recordar que no existen criterios incólumes por parte de esta Cámara de Apelaciones en casos como el de autos, si bien se admite en algunos casos las fórmulas matemáticas como un criterio de utilidad para determinar la indemnización en caso de muerte. ...Vale recordar que la presente causa debió resolverse en base al Código Civil hoy derogado, donde se dejaba a discrecionalidad judicial la fijación de las pautas indemnizatorias, ya que con el nuevo CCC se establecen nuevos parámetros para el cálculo. Asimismo asiste razón a los recurrentes en cuanto a que no es correcta la fórmula propuesta por la juzgadora para el cálculo del daño material padecido por las víctimas. Vale recordar que el daño material o patrimonial, sería aquel que se produce cuando los bienes que forman parte del patrimonio de una persona o conjunto de personas, se ven reducidos o menoscabados. No resulta ser un método válido las fórmulas propuestas en el fallo." Similar situación encuentro configurada en el caso, el cálculo propuesto en la instancia de grado descalifica la cuantificación de la condena debidamente por lo que corresponde reformular los mismos acorde a parámetros reales y actuales.
En este sentido el Tribunal Superior de la Provincia de Santa Cruz señaló en la causa "CERCOS VDA. DE CARRASCO NADIA SUSANA c/ DORIA FERNANDO CASIMIRO Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. N° C-6915/01que "...la reparación juzgada a la luz del derecho civil no está sujeta por el ordenamiento sustantivo a ninguna fórmula matemática o tarifa preestablecida, su cuantificación debe relacionarse con las particularidades del caso y orientarse a la integralidad. Debe partirse de una comprensión integral de la proyección existencial humana pues la persona no constituye un capital que se mide solamente por lo que pueda rendir o ganar. La indemnización integral debe ser justa, alcanzando este estatus cuando exime de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, ya que el valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos." (Sentencia definitiva T.XIV, , REG. 772, FOLIO: 4767/4788, PROT. ELECT. TSS1007, 11/7/2025). Y en el mismo precedente establece el valor de reparación al momento del fallo, lo que habrá de realizarse en el caso (art. 1083 del Código Civil).-
Para tener parámetros a los fines cuantificar la presente causa, tendré presente que José Luis M. Noria prestaba servicios para la Policía de la Provincia de Santa Cruz, que al momento de su fallecimiento tenía 39 años, percibía un salario de $ 1735,88 aproximadamente, que la presente causa lleva casi 14 años en trámite, que al momento de su fallecimiento era sostén de hogar; que como se señala en el fallo recurrido, su deceso desmejoró notablemente las condiciones de vida de su pareja y su hija, que la niña tenía 2 años de edad al momento de quedar sin su padre y aún es menor de edad. En atención a ello entiendo que los daños patrimoniales deben cuantificarse en la suma de $100.000.000 (cien millones de pesos), correspondiendo de ello el 50% para cada una de las reclamantes (madre e hija) en atención a la dependencia económica y afectiva que presentaban y la necesidad de contar con los ingresos del causante para su subsistencia. En tanto que por daño moral (o llamado hoy por las consecuencias extrapatrimoniales) establecer la suma de $ 30.000.000 para Nadia Mercado, en atención a sus expectativas por el proyecto de vida, el dolor emocional provocado a temprana edad; y las suma de $ 20.000.000 para Delfina Eva Noria, teniendo en cuenta su corta edad y la afectación de carecer de la figura paterna tempranamente. Si bien es sabido que el dinero no repone una debida reparación puede procurar algunas satisfacciones morales y espirituales en las víctimas. Conforme lo sentado por el Tribunal Superior en el fallo señalado precedentemente (Cercos c/ Doria), desde el momento del evento dañoso (10/12/2011) hasta el dictado de esta sentencia habrá de aplicarse una tasa de interés puro del 6% anual, y desde dicho momento (la sentencia) en adelante deberá utilizarse la aplicación de la Tasa Pasiva Promedio Mensual que publica el Banco Central de la República Argentina hasta su efectivo pago.-
Refiero por último que si bien el causante tendíra otras hijas y que quizás de buena práctica podría haberse analizado el caso en forma conjunta, lo cierto es que se realizaron procesos diferentes y por tal razón no corresponde en el caso considerar cuestiones que no fueron propuestas en éste expediente por las partes (arts. 34 y ccs. CPCC).-
Por la forma en que desarrollé los agravios entiendo que la sentencia es parcialmente justa y debe revocarse únicamente en lo que respecta a los montos indemnizatorios.-
XVII. Por la forma en que se decide los agravios las costas deben ser soportadas por las demandadas en esta instancia (art. 68 CPCC). La regulación de honorarios en la instancia se determina en un 33% para el Dr. Eugenio Gomez Carrasco por la representación de la actora, en un 33% para el Dr. Gustavo Fernando Solla y un 30% para la Dra. Cecilia Debrouvier de los que se regulen en la instancia de grado para la representación actora y cada una de las demandadas respectivamente. Ello atendiendo a la importancia de la causa, resultado obtenido, tiempo de resolución del proceso, y los intereses que importa la resolución de la causa (arts. 14, 16, 30 y ccs. ley 3950).-
XVIII. Debo señalar que el dictado de este fallo se produce a 15 años aproximadamente del accidente que aquí se analiza, y que la causa judicial lleva más de 14 años en trámite. Ello lleva a reflexión de que evidentemente el plazo razonable de la duración de los procesos no se ha cumplido en el presente. Nuestro sistema constitucional así lo impone como una pauta más del acceso a la justicia y el derecho a una tutela judicial efectiva (arts. 8 y 25 Convención Americana de Derechos Humanos, 18 y 75 Constitución Nacional). La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Spoltore Vs. Argentina (9 de junio de 2020), condenó a nuestro país por duración excesiva del proceso judicial, instando a los organismos judiciales a actuar con mayor diligencia. En el caso citado el procedimiento judicial había demorado 12 años en un reclamo por daños y perjuicios. (se puede consultar el fallo en http: // www.corteidh.or.cr/ docs/ casos/ articulos/ seriec_404_esp.pdf). Entiendo que el presente no escapa a las consideraciones allí señaladas por lo que entiendo prudente recomendar a todos los operadores judiciales, y los letrados intervinientes como auxiliares esenciales del servicio de justicia, que en lo sucesivo se arbitren todos los medios y diligencias necesarias para cumplir con el mandato constitucional aquí referenciado y lograr el dictado de un fallo dentro de un plazo razonable a los fines de lograr la tutela efectiva de los justiciables.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
XIX. Que comparto el resumen de la causa y los agravios expuestos en el voto que antecede y comparto la solución brindada a las críticas formuladas. Desde siempre ha atendido que no se puede dañar a otro. Ulpiano había señalado tres principios, dos son aplicables al caso: Honeste vivere (vivir honestamente), Alterum non laedere (no dañar a otro) que pueden ser aplicados en autos. No es honesto negar una filiación para eludir una responsabilidad y no se puede dañar a otros sin repararlo con mayhor razón mirándolo desde una mirada de género. La Corte Suprema de Justicia ha utilizado el Alterum non laedere (no dañar a otro) en los casos Gunther (fallos T. 308:1118); Santa Coloma (fallos t. 308/1160) y en muchos precedentes posteriores (ver fallos T. 320:1996 y T. 327:857) con apoyo en el art. 19 de la Constitución Nacional. Adhiero en todas sus partes al voto que antecede.-
A LA TERCERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
XX. En atención a la forma que respondí a la primera cuestión propongo al Acuerdo que se dicte el siguiente pronunciamiento que dejo a consideración de mis pares: 1º) Admitir la excusación del Dr. Horacio Fernandez para intervenir en la presente causa. 2°) Desestimar los agravios de la parte demandada en todas sus partes y la solicitud de deserción del recurso. 3°) Admitir parcialmente los agravios de la parte actora y modificar los montos de condena en la forma que se determina en un total de $ 150.000.000 (ciento cincuenta millones) discriminados y con los intereses detallados en considerando XVI, debiendo practicarse la liquidación de los intereses en la forma dispuesta en el art. 481 del CPCC. 4°) Las costas de la instancia se imponen a los demandados por resultar vencidos(art 68 del CPCC). 5º) Regular los honorarios profesionales en un 33% para el Dr. Eugenio Gomez Carrasco por la representación de la actora, en un 33% para el Dr. Gustavo Fernando Solla y un 30% para la Dra. Cecilia Debrouvier de los que se regulen en la instancia de grado para la representación actora y cada una de las demandadas respectivamente (arts. 14, 16, 30 y ccs. ley 3950).
6. Tener presente la reserva del caso federal formulada por los recurrentes. 7°) Hacer la recomendación expresada en el considerando XVIII en cuanto a la duración del proceso. 8°) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XX. Que considero justa y equitativa la propuesta formulada. Adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 21 de septiembre de dos mil veintiseis
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la Ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir la excusación del Dr. Horacio Fernandez para intervenir en la presente causa.- 2°)Desestimar los agravios de la parte demandada en todas sus partes y la solicitud de deserción del recurso.3°) Admitir parcialmente los agravios de la parte actora y modificar los montos de condena en la forma que se determina en un total de $ 150.000.000 (ciento cincuenta millones)
discriminados y con los intereses detallados en considerando XVI, debiendo practicarse la liquidación de los intereses en la forma dispuesta en el art. 481 del CPCC.-4°) Las costas de la instancia se imponen a los demandados por resultar vencidos(art 68 del CPCC).-5º) Regular los honorarios profesionales en un 33% para el Dr. Eugenio Gomez Carrasco por la representación de la actora, en un 33% para el Dr. Gustavo Fernando Solla y un 30% para la Dra. Cecilia Debrouvier de los que se regulen en la instancia de grado para la representación actora y cada una de las demandadas respectivamente (arts. 14, 16, 30 y ccs. ley 3950).-6°) Tener presente la reserva del caso federal formulada por los recurrentes.-7°)Hacer la recomendación expresada en el considerando XVIII en cuanto a la duración del proceso.-8°) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. El Dr. Juan Pablo Olivera no firma el presente por no existir disidencia y por ser mayoría concordante.- Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 067 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3238 Folio Nº: 104/117 Secretaria: 1
Fin de la sentencia