Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 37.418-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar todas las resoluciones apeladas, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-59459606-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 3 de Junio de 2025 En Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3ra. Nominación), José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1ra. Nominación) y Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2da. Nominación) a fin de resolver la causa N° 36.394-I -y sus acumulados Nros. 37.648-I, 36.686-I, 36.685-I y 37.418-I- caratulada "MERCADO ÚNICO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. s/ recurso de apelación".
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 53/77 y 501/520 la actora interpone sendos recursos de apelación contra las Resoluciones Nros. 160/12 (DV RRME) y 31/13 (DV RRME) emitidas por la Dirección Regional Mendoza de la AFIP- DGI, mediante las cuales se determinó la obligación relativa al Impuesto sobre Débitos y Créditos en Cuenta Bancaria -períodos fiscales 01/2005 a 12/2005, 01/2006 a 12/2006 y 01/2007 a 10/2007- con más sus intereses resarcitorios. Asimismo, se formuló reserva por la eventual aplicación de sanciones –períodos 01/2005 a 12/2005, 01/2006, 02/2006, 04/2006 a 12/2006 y 01/2007 a 05/2007- conforme lo prescripto por el artículo 20 de la Ley 24.769.
A su vez, a fs. 157/178, 220/252 y 326/358 los Sres. Drzewko Enrique y Stemkauskas Juan José –presidente y vicepresidente de la sociedad recurrente, respectivamente- interponen sendos recursos de apelación contra las Resoluciones Nros. 90/13 (DV RRME), 247/12 (DV RRME) y 246/12 (DV RRME) emitidas por la Dirección Regional Mendoza de la AFIP-DGI, a través de las cuales se determinó su responsabilidad solidaria en función de las deudas reclamadas a Mercado Único Sociedad de Bolsa S.A., que surgen de las Resoluciones Nros. 31/13 y 160/12.
En primer término, opone la excepción de falta de legitimación pasiva –en todos los expediente- al sostener que la firma Mercado Único Sociedad de Bolsa S.A. ya no existe como persona jurídica y que, en todo caso, los comitentes deberían ser los sujetos obligados al pago.
Plantea que conforme surge del Acta de Asamblea de fecha 4/12/2007, los accionistas resolvieron liquidar la sociedad, publicándose los edictos del caso. Como consecuencia de ello, indica que el reclamo efectuado carece de toda lógica, toda vez que no hay persona jurídica alguna.
En subsidio, argumenta que de ser cierto el criterio fiscal los verdaderos responsables del tributo deberían ser los comitentes y no Mercado Único Sociedad de Bolsa S.A.
Niega y tilda de falsa a la supuesta maniobra detectada por la Comisión de Nacional de Valores para eludir el Impuesto al Débito y Crédito Bancario, cuyas sumas ahora el Fisco Nacional pretende cobrar con las determinaciones aquí apeladas.
Arguye que del muestreo de las operaciones bursátiles se desprende la existencia de actividad a mediano y largo plazo de parte de los comitentes, quedando demostrada la finalidad de las mismas.
En otro sentido, manifiesta que el período de liquidación del impuesto para los sujetos obligados es diario, por lo que no se entiende el motivo que condujo a determinarlo por períodos mensuales; método que –a su juicio- es un evidente menoscabo a la letra y espíritu de la ley aplicable, arrojando intereses resarcitorios improcedentes.
Argumenta que al momento de correrse la vista el ente fiscal no le permitió contar con la liquidación diaria del tributo para su respectiva defensa, nulificando el procedimiento.
Seguidamente, sostiene la nulidad del acto ante el incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 7 y 14 de la Ley 19.549. Agrega que se efectuó una determinación sin motivación que no guarda relación con los antecedentes fácticos, y que ha omitido considerar y sustanciar prueba conducente para la decisión.
Explica que actividad siempre tuvo lugar en la Ciudad de Mendoza, sin perjuicio de las operaciones bursátiles que desarrolló en Buenos Aires, cuyos fines atienden a la ampliación de sus negocios. Alega que la determinación se basó en presunciones que no fueron probadas y se fundaron en las afirmaciones realizadas por el fiscal de la causa penal.
Interpreta que se parte de un supuesto indicio que por no encontrarse acreditado no supera la categoría de sospecha, consistente en el presunto carácter elusivo de las operaciones bursátiles desplegadas en base a una auditoría de la CNV, la que –asegura- ha sido rebatida de manera posterior sin dar lugar a sanción alguna, demostrando la existencia y tipo de la actividad ejercida.
A su turno, los Sres. Enrique Drzewko y Juan José Stemkauskas reiteran los argumentos esgrimidos contra las determinaciones de deuda insistiendo en que no existe ningún hecho imponible que habilite al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria.
En forma subsidiaria, exponen que la sociedad de bolsa los habría colocado en imposibilidad de cumplir sus deberes, en los términos del artículo 8 inciso a) de la Ley 11.683. Funda tal posición en la pericia contable a producirse, la que –según sus dichos- demostrará que la sociedad habría percibido por cada operación de bolsa una comisión muy inferior al importe del tributo reclamado y que, tratándose de fondos de terceros, nunca existió la posibilidad económica de afrontar el pago del impuesto en cuestión. Así, indica que aún de compartir hipotéticamente la conclusión fiscal que los comitentes disfrazaban la operación bursátil para eludir el pago del impuesto, Mercado Único Sociedad de Bolsa S.A. estaba obligada a rendir la totalidad de la operación, percibiendo una mínima comisión; circunstancia que impedía retener la alícuota del tributo. En esa lógica, sostiene que lo contrario hubiera importado la suspensión de la autorización bursátil, además de una marea de demandas judiciales; en consecuencia, dice que por la realidad económica de las operaciones, como administradores de la sociedad se veían imposibilitados de abonar el impuesto, puesto que los activos no eran propiedad de la persona jurídica que representaban.
Cita jurisprudencia y doctrina que entiende apoyan su postura.
Finalmente, ofrece prueba documental, pericial contable, informativa y testimonial; hace reserva del Caso Federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 90/110, 183/207 vta., 274/298, 385/409 y 565/585, la representación fiscal contesta los recursos reiterando los argumentos de fondo vertidos en las resoluciones apeladas, y peticiona se confirmen las mismas, con costas. Acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por la parte actora y hace reserva del Caso Federal.
III. Que a fs. 211, 315, 431/431 vta. y 683/683 vta. se resolvió acumular los Expedientes Nros. 37.648-I, 36.686-I, 36.685-I y 37.418-I a las presentes actuaciones; a fs. 687 se abrió la causa a prueba; a fs. 706 se da por decaído el derecho de la actora a producir la prueba informativa y contable oportunamente ofrecida; a fs. 707/722, 724/736, 743/778, 779/821 y 824/827 la actora acompaña copias de las sentencias penales recaídas en las causas FMZ 31016146/2013 caratulada: “DRZEWKO, Enrique sobre infracción Ley 24.769”, FMZ 31016146/2013/CA2 caratulada: “Legajo de Apelación de DRZEWKO ENRIQUE, DOMINGUEZ JULIO MARCELO, STEMKAUSKAS JUAN JOSÉ, RAIMUNDI VICTOR HUGO Y OTROS p/ EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA-INFRACCIÓN LEY 24.769” -emitida por la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza- y FMZ 11810/2015 caratulada: “STEMKAUSKAS, JUAN JOSÉ Y OTS s/ INF. LEY 24.769”; mediante la PV 2025-27871191-APN-VOCIII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala "A"; y por último, a través del IF-2025-39129147-APN-VOCIII#TFN pasan a sentencia.
IV. Que en primer lugar corresponde hacer mención a la excepción de falta de legitimación pasiva introducida en todos los recursos presentados, fundada en la inexistencia de Mercado Único Sociedad de Bolsa S.A. como persona jurídica.
A fs. 594/596 vta. luce agregada la sentencia emitida por la Sala B de este Tribunal –en el Expediente N° 37.418-I- con fecha 19/2/2014, donde se resolvió “Hacer lugar a la falta de legitimación pasiva interpuesta por la parte actora y declarar la nulidad de la resolución traída en recurso. Con costas”. Posteriormente, a fs. 640/641 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativa Federal, en el decisorio de fecha 28/4/2016, dispuso “… revocar la resolución y, en consecuencia, rechazar la excepción de nulidad interpuesta, con costas (art. 68, Cód. Proc.)”.
Para así resolver expresó que “… La circunstancia de que una sociedad proceda a su disolución jamás podría significar que los hechos imponibles realizados por aquélla mientras estuvo en actividad no puedan ser objeto de una determinación impositiva y, por ende, que se tengan virtualmente por no ocurridos […] Afirmar lo contrario […] equivaldría a admitir una causal de extinción de la obligación tributaria que la ley no prevé y que, además, queda en manos de la sola discreción del propio contribuyente”.
Finalmente, a fs. 675 la Alzada -en referencia al Recurso Extraordinario Federal interpuesto por la actora contra dicha resolución- decretó de oficio la caducidad de instancia del mismo, quedando así firme la sentencia recurrida.
En mérito a las consideraciones expuestas y observándose idénticos planteos en el resto de los expedientes que forman parte de las presentes actuaciones –como ya se dijo- voto por rechazar las excepciones de falta de legitimación impetradas, de acuerdo a los argumentos vertidos por la Excma. Cámara; sin costas atento que los planteos no merecieron un tratamiento previo y de especial pronunciamiento (v. CSJN, “Bolland y Cía. S.A.”, 21/2/2013).
V. Que, a continuación, debe tratarse el planteo de nulidad.
Aquí, es oportuno recordar que la ley establece que el procedimiento de determinación de oficio se inicie con un acto administrativo por el que se confiere vista de las actuaciones, destinado a que el contribuyente pueda tomar conocimiento del accionar fiscal y de los cargos e impugnaciones que se formulan con el fin de garantizar el derecho de defensa. Dicho procedimiento debe respetar el derecho del administrado de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión del acto, de ofrecer las pruebas y solicitarlas, y debe concluir con una resolución que haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto resulten conducentes a la solución del caso. Así definido, el procedimiento de determinación de oficio concluye en un acto administrativo que, como tal, debe reunir los elementos que la Ley 19.549 establece. Dicho texto normativo –vigente a la sazóndistingue los requisitos formales (artículo 8°) y sustanciales (artículo 7°), sancionando con la nulidad absoluta al acto que no cuente con estos últimos, que son, a saber: 1°) la competencia de quien suscribe el acto; 2°) la causa, 3°) el objeto, 4°) procedimiento, 5°) la motivación y 6°) la finalidad. En este marco, merece tener presente que a lo largo de la fiscalización no se advierte que el accionar de los funcionarios fiscales haya vulnerado el derecho de defensa, pues los requerimientos fueron correctamente notificados y la firma tuvo la oportunidad de ofrecer prueba.
Al contrario, se observa que el Fisco Nacional analizó las pruebas acompañadas en sede administrativa, pero las consideró insuficientes para desvirtuar el criterio fiscal.
Sobre el particular es conteste la doctrina emanada de nuestro Máximo Tribunal en sostener que “…cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (CSJN, Fallos: 205:549, 267:393, entre otros). Ello así, en autos la recurrente contó con la posibilidad de ofrecer y producir las medidas probatorias tendientes a probar sus dichos, por lo que tales agravios no pueden ser acogidos favorablemente.
Tampoco puede prosperar el planteo por ausencia de motivación y arbitrariedad. En efecto, el Profesor Hutchinson explica que la motivación aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, y que desde el punto de vista del particular responde a la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que pueda conocer efectiva y expresamente los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto (Hutchinson, Tomás: Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, t. I, p. 159, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1985).
No existen dudas que para nuestra ley, todos los actos necesitan ser motivados, concepto que se desprende del citado inciso, en tanto expresa que el acto administrativo deberá exponer “en forma concreta las razones” que llevan a su dictado y su alcance variará según los casos y circunstancias.
En síntesis, la motivación es la manifestación y justificación del comportamiento jurídico administrativo y si bien no debe confundirse con la causa, pues esta constituye los antecedentes de hecho y derecho del acto, se encuentra entrañablemente vinculadas de manera tal que el vicio de uno y otro no es indiferente para la existencia conjunta. En ese sentido, un acto podrá ser muy motivado, pero si la causa es ilegítima o falsa, de nada servirán las frases que lo justifiquen y motiven (v. Coviello, Pedro José: La motivación del acto administrativo como medio de control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales en El control de la Actividad Estatal, t. I, p. 130 y sgtes., Asociación de Docentes, UBA, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2016). Confróntese el voto de la Dra. Laura Guzmán in re “Manzano, José Luis s/ apelación”.
En esa dirección, de la simple lectura de los actos en crisis se advierte una exposición clara y concreta de los hechos y el derecho que tuvieron en cuenta para iniciar el procedimiento determinativo y concluir con los actos impugnados.
En rigor los agravios de la actora emparentan con discrepancias ligadas con las conclusiones a las que arribara el juez administrativo, circunstancia que se vincula con el fondo de la causa, pero de manera alguna acarrea la nulidad de las resoluciones bajo trato.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante, sin costas atento que el mismo no mereció un tratamiento previo y de especial pronunciamiento (v. CSJN, “Bolland y Cía. S.A.”, 21/2/2013).
VI-. Que para una mejor comprensión del asunto resulta de utilidad relatar, de manera abreviada, el contexto y los hallazgos observados en oportunidad de producirse la fiscalización.
Los actos apelados son consecuencia del inicio por parte de AFIP, el 4/12/2009 y el 22/11/2011, de sendas inspecciones contra la extinta sociedad Mercado Único Sociedad de Bolsa S.A. que tramitaron bajo los números de O.I. 443.585 y O.I. 686.389. Entre los antecedentes que motivaron la sustanciación de la citada inspección, y que sirven de base para la determinación de oficio hoy cuestionada, los funcionarios actuantes consignaron que se habría originado en una “auditoría realizada por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES” (CNV).
La fiscalización constató que la firma desarrolló sus actividades como operador del Mercado de Valores de Mendoza S.A., para lo cual cumplió oportunamente con los requisitos exigidos por esa entidad. En el mencionado informe la CNV indicó que: “… todo demuestra que el movimiento de dinero no responde a la operatoria de títulos públicos propiamente dicha, sino que ésta poco interesa a las partes intervinientes, sino únicamente porque la misma resulta necesaria para justificar el ingreso de los cheques a fin de hacerse posteriormente del efectivo […] Este movimiento y operaciones, más alla que la sociedad de bolsa cumpla con las formalidades características de la actividad bursátil, es engañosa en su concepción, produciéndose para los suscriptos: -Anotaciones bursátiles que no responde a la realidad y que deforman el volumen total operado en determinados títulos, contradiciendo lo estipulado en el artículo 4°, incisos e) y f) apartado c) del Reglamento Operativo del Mercado de Valores de Mendoza. - Este tipo de prácticas, va en contra del espíritu del Decreto N° 677/01 en lo referente a la transparencia en el ámbito del mercado de capitales. –Ambas apreciaciones no pueden ser desconocidas por la sociedad de bolsa…” (vide fs. 291/298 y 299/304 Anexo A “Información aportada por la CNV”).
Así, advirtió que la operatoria detectada consistía en la compra de títulos públicos nacionales –en sesión continua y en el plazo de contado inmediato- y su posterior venta –misma especie y valor nominal- al día siguiente bajo la misma modalidad.
Según dicho organismo de contralor, el objetivo del mecanismo implementado era la elusión del pago del Impuesto a los Débitos y Créditos, puesto que permitía a una persona que tuviera un cheque cuyo depósito en cuenta lo hacía objeto del gravamen señalado, llevar a cabo el siguiente circuito: Día 1: 1°) entregaba el cheque a la cooperativa. 2°) La cooperativa realizaba la compra de títulos públicos a través de la sociedad de bolsa en contado inmediato, entregando como pago los cheques recibidos de terceros. 3°) Esos cheques se depositaban en la cuenta de la sociedad de bolsa (exenta del gravamen), procediéndose a cancelar la liquidación contra las firmas de Buenos Aires. Día 2: 4°) Al día siguiente se efectuaba por el mismo medio la venta de los títulos adquiridos. 5°) MERCADO ÚNICO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. recibía el producido de las ventas desde los agentes de Buenos Aires y emitía el cheque a su favor procediendo a cobrarlo en ventanilla. 6°) Entregaba dicho efectivo a la cooperativa. 7°) Luego ésta reintegraba el importe en efectivo a quienes le habían entregado los cheques en la jornada anterior (v. fs. 306/308 Anexo A “Información aportada por la CNV”).
En pocas palabras, colige que con este procedimiento se evitaba el depósito del cheque en la cuenta original, dirigiendo dicho depósito hacia la cuenta de la sociedad de bolsa que gozaba de la exención citada, so pretexto de estar liquidándose operaciones bursátiles, lo que la lleva a inferir que el movimiento de dinero no respondería a la operatoria de títulos públicos propiamente dicha.
Adicionalmente a lo observado por la CNV, la fiscalización verificó que, no obstante estar inscripta y haber fijado su domicilio en la ciudad de Mendoza, la casi totalidad de la actividad fue desarrollada en el domicilio sito en Ciudad Autónoma Buenos Aires.
Además, del análisis del anverso y reverso de los cheques obtenidos se detectó que todos fueron cobrados “por caja” o “por ventanilla”, según la denominación de cada banco. Sobre este aspecto, se resaltó que los cheques emitidos por importes mayores a $50.000 fueron cobrados por el emisor del cheque –Mercado Único Sociedad de Bolsa S.A.- a través de alguno de sus autorizados, mientras que los menores a dicho monto fueron cobrados por personas humanas cuyo nombre no se relaciona con el número de documento inserto para el cobro o por el Sr. Rubén Vitullo, empleado de la recurrente (vide fs. 87 Anexo IX). Por otra parte, de la consulta a las bases de datos la inspección observó un significativo incremento de los depósitos en las cuentas bancarias de la entidad en los años 2005 a 2007 (vide fs. 67 Cpo. I Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente).
También pudo comprobarse que los cheques de terceros entregados por los “comitentes” eran listados, emitiéndose un recibo por Mercado Único Sociedad de Bolsa S.A. y volcado a una cuenta corriente del “comitente”, en la que se registraban luego las devoluciones por importes fijos, que no permiten relacionar los montos recibidos con los entregados, sino que la respectiva cuenta tenía normalmente fondos disponibles a utilizar o devolver, método que no se relaciona con una operatoria exclusivamente bursátil puntual, sino con el manejo de fondos de una cuenta corriente tradicional.
Asimismo, de la circularización a los comitentes se obtuvo la respuesta de uno que manifestó no haber realizado operaciones con la actora, tal el caso de la Sra. Ales Pamela Adriana; mientras que en otros los domicilios eran inexistentes, se habían mudado o no retiraron el aviso de visita del correo (vide fs. 1/45 Anexo VIII).
En esta línea, los actuantes destacan el informe elaborado por el Fiscal Claudio Navas Rial, el 8/11/2010, al impulsar la acción penal, donde se realizan diversas consideraciones (vide fs. 224/255 Cpo. N° 2 Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente), a saber: “... una vez analizados los elementos de juicio incorporados al expediente –a partir de los distintos reportes de operaciones sospechosas de varias entidades bancarias y de la Comisión Nacional de Valores, así como de la actuación posterior de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) [...] entiendo de toda pertinencia poner de relieve que, luego de un pormenorizado análisis preliminar de cada uno de los Reportes de Operaciones Sospechosas que dieran base a la actuación de la Unidad de Información Financiera en el ámbito de su competencia y, a posteriori, a la intervención de la UFILAVDIN [...] he podido advertir un cuadro de serias irregularidades que circundan la actuación, extendida en el tiempo- de las tres sociedades de bolsa involucradas en este legajo, MERCADO ÚNICO SOCIEDAD DE BOLSA S.A [...] Existen, en efecto, abundantes indicios y relevantes elementos de prueba aportados por los distintos sujetos reportantes que arrojan luz sobre el modus operandi de estas tres sociedades de bolsa que [...] permiten descartar prima facie que éstas hayan sido constituidas para operar efectivamente en el mercado bursátil; muy por el contrario, existiría en todos los casos una finalidad subyacente vinculada a la utilización y aprovechamiento indebido de la exención fiscal prevista –para los agentes de bolsa- en decreto reglamentario de la ley 25.413 [...] el modus operandi de MERCADO ÚNICO [...] consistió [...] en la utilización de varias cuentas corrientes –exentas del impuesto establecido por la ley 25.413- en la que ingresaron elevados montos dinerarios a partir del depósito de cheques de terceros o de transferencias bancarias de otras cuentas de titularidad del mismo agente, y egresaron esos mismos fondos, a través de cheques librados por la sociedad de bolsa, que eran cobrados por ventanilla [...] las tres sociedades de bolsa fueron inscriptas en el Mercado de Valores de Mendoza S.A.
(MERVAL Mendoza), derivando sus operaciones, empero, a plaza Buenos Aires [...] y que, pese a tener –estatutariamente- MERCADO ÚNICO […] domicilio en la ciudad de Mendoza, lo cierto es que [...] habrían operado en la calle Reconquista N° 144, pisos [...] de esta Ciudad (Capital Federal) [...] cada de una de estas sociedades de bolsa abrió sucesivamente un número importante de cuentas corrientes bancarias, declarando bajo juramento mediante notas de similar tenor, dirigidas a las respectivas entidades bancarias, que cada una de dichas cuentas sería utilizada en forma exclusiva para el desarrollo de sus actividades bursátiles, invocando en consecuencia el beneficio de exención del gravamen a los débitos y créditos bancarios, establecido éste por el art. 1° de la ley 25.413 (sustituido por Título II, art. 3° de la Ley N° 25.453, B.O. 31/07/2001) [...] esta operatoria habría llevado a que los responsables del manejo de estas sociedades de bolsa evitarán por esa vía ingresar al fisco nacional sumas altamente significativas (en atención a los volúmenes operados) correspondientes al impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria, mediante el aprovechamiento indebido de la aludida exención.
Pero fue también una de las conclusiones de los analistas de la Unidad de la Información Financiera [...] ‘... estaríamos frente a un espectro de personas físicas y jurídicas, cuya conformación, interrelación y accionar constituyo un factor clave para que terceras personas pudieran retener como propios, fondos que de otro modo hubiesen correspondido ser derivados al Fisco’ [...] la actuación de las tres sociedades de bolsa habría brindado ‘el marco adecuado para que esos fondos adquiriesen una apariencia lícita en manos de tales sujetos’.
Sintetizando [...] es dable afirmar [...] que el aprovechamiento indebido de la referida exención fiscal, como accionar económicamente imprescindible en el modus operandi pergeñado por el grupo de personas que controló Mercado Único [...] habría permitido una operatoria marginal de circulación de cheques por volúmenes y montos de suma relevancia, facilitando que terceras personas pudieran canjear esos cartulares por efectivo, ‘perdiendo’ en la operación un porcentaje sobre el valor nominal del cheque, inferior al que hubiese correspondido ingresar al fisco –retención del banco mediante- en caso de que el título circulatorio hubiese sido depositado en la cuenta de un sujeto no exento o, en todo caso, inferior al que otros operadores del mercado hubiesen cobrado por el cambio por efectivo de un cheque de pago diferido”.
En atención a lo expuesto, el organismo recaudador consideró que el movimiento de dinero no respondía a una operatoria de títulos públicos propiamente dicha, y que ésta poco interesaba a las partes intervinientes, sino únicamente porque la misma resultaba necesaria para justificar el ingreso de los cheques a fin de hacerse posteriormente del efectivo, evadiendo de esta manera el pago del tributo determinado utilizando como vehículo la exención que gozaba la cuenta del apelante.
VII. Que en virtud de las circunstancias descriptas el tema central a tratar se reduce a dilucidar si las operaciones realizadas por Mercado Único Sociedad de Bolsa S.A., mediante sus cuentas bancarias, se encontraban alcanzadas por el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en cuentas corrientes bancarias o si, por el contrario, se hallaban exentas en los términos del artículo 10, inciso a), del Anexo del Decreto N° 380/01 que reglamentó la Ley N° 25.413.
Para ello corresponde efectuar una breve reseña de la normativa aplicada por el organismo recaudador. El artículo 10 del Decreto 380/2001, reglamentario de la Ley 25.413, señala que: “Estarán exentos del impuesto los débitos y/o créditos correspondientes a:
a) Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a su actividad específica y los giros y transferencias de los que sean ordenantes con igual finalidad, por los mercados autorizados por la COMISION NACIONAL DE VALORES y sus respectivos agentes, las bolsas de comercio que no tengan organizados mercados de valores y/o cereales, así como las cajas de valores y entidades de liquidación y compensación de operaciones, autorizadas por la citada COMISION NACIONAL [...] Las exenciones previstas en este artículo tendrán vigencia siempre que no sean utilizadas para excluir de la tributación a operaciones que resultarían gravadas para otros sujetos no beneficiados por exenciones. Para determinar tales circunstancias, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, se ponderará entre otros aspectos, según corresponda, la índole de las actividades de los contribuyentes a quienes se los declara subjetivamente exentos, la naturaleza de las operaciones, su forma de realización y el origen de los fondos que motivan los respectivos pagos realizados por los sujetos exentos”.
En ese plexo normativo, resulta relevante a fin de resolver la procedencia del ajuste, expedirse sobre el principio de la realidad económica, invocado por el Fisco Nacional y receptado por el artículo 2º de la Ley 11.683 y por el segundo párrafo del citado artículo 10 del Decreto 380/2001.
La Administración fiscal finca los ajustes practicados en el principio de realidad económica establecido en el artículo 2° de la Ley 11.683. Sobre esta regla la Corte Suprema de la Nación ha sostenido que en la determinación del hecho imponible se debe atender a la sustancia y no a las formas jurídicas de los actos involucrados, o sea que los artificios usados por los contribuyentes no deben prevalecer sobre la realidad que encubren (Fallos: 271:359, entre otros); que la interpretación judicial debe establecer la versión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos 307:118).
De las constancias obrantes en los legajos se constata la existencia de la modalidad operativa con las cuentas bancarias registradas como exentas del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, descripta en el informe de la CNV. Efectivamente, en los listados de movimientos de las cuentas bancarias de MERCADO ÚNICO SOCIEDAD DE BOLSA S.A., se registraron numerosos débitos por cheques cobrados por ventanilla o caja, los cuales fueron percibidos por la propia actora o sus empleados (Cpo. Muestra cheques frente y dorso y Cpo. Fiscalía Nacional en lo Penal Tributaria Nro. 1 “Causa N° 351”, Expte. Fiscalnet 100810/2010).
En cuanto al agravio referido a la supuesta resolución de los sumarios iniciados por la Comisión Nacional de Valores, frente a las irregularidades detectadas, que concluyeron en la existencia de las operaciones y la falta de mérito para aplicar sanciones, procede su rechazo habida cuenta que el derecho a realizar la prueba informativa dirigida al organismo de contralor fue dado por decaído, ante la falta de diligenciamiento del respectivo oficio (vide fs. 706).
En relación al resto de la medidas probatorias –al igual que el párrafo anterior- se dio por decaído el derecho para efectuarlas (vide fs. 706). Sobre el particular, resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda los orígenes de cada una de las acreditaciones bancarias involucradas.
Cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
En función de lo expresado, se concluye que el objetivo de la operatoria no es otro que evitar el pago del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, puesto que con el mecanismo implementado se permite que una persona que posea un cheque cuyo depósito en cuenta lo hace objeto del gravamen señalado, proceda a realizar la operatoria antes señalada de modo de no quedar alcanzada por el impuesto. Dicha situación encuadra en el segundo párrafo del artículo 10 del Decreto 380/2001 -reglamentario de la Ley de Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente-, dado que la exención prevista para las entidades bursátiles no corresponde cuando a través de la operatoria realizada se beneficia a terceros en lo concerniente al impuesto.
A su vez, corresponde remarcar –de acuerdo a las circunstancias descriptas- que el Fisco Nacional luego de evaluar una serie de hechos y datos en conjunto (pagos en efectivo a la totalidad de los comitentes; un incremento significativo de los depósitos bancarios durante el año 2004; la cantidad de operaciones que no se condice con el volumen de la plaza en la que está inscripta la sociedad –Mendoza-; el 100% de las operaciones tuvieron lugar en una plaza distinta a la inscripta –Capital Federal y Buenos Aires-; el cobro por ventanilla de los cheques emitidos; la forma de registración de las operaciones que no permite un seguimiento y emparenta con la modalidad de “cuenta corriente”; los informes practicados por la CNV), concluyó que la actora no utilizó las cuentas bancarias con fines bursátiles. A partir de ese razonamiento tomó una muestra de los cheques en relación a los comitentes que le permitió confirmar su hipótesis, pero ello no conduce de manera alguna a pensar que en el caso se utilizó un método de inferencia estadística –el que la actora tilda de mera sospecha-. Por el contrario, constataron concomitantemente una serie de hechos, e indicios comprobados, graves y precisos que llevaron a presentar un cuadro de serios reparos en cuanto a la finalidad perseguida con el uso de las cuentas bancarias exentas.
Por último, es indispensable subrayar que las sentencias penales aportadas por la recurrente en autos (vide fs. 707/722, 724/736, 743/778, 779/821 y 824/827) no llevan a variar el criterio aplicado en los párrafos precedentes. En efecto, tales decisorios al resolver el sobreseimiento de los imputados se sustentan en que no se encuentra configurado el elemento objetivo del delito de evasión tributaria, calificando desde la perspectiva penal a la conducta juzgada como un caso de “elusión fiscal”.
Resulta impensable pretender que el Tribunal Fiscal de la Nación acate pasivamente la valoración jurídica atinente al acaecimiento del hecho imponible, o a las características que hacen a la determinación impositiva del gravamen en sede penal. De suyo que el juez penal está facultado y debe analizar el hecho imponible del presunto delito investigado, más ello no puede hacer pensar que su opinión y su propio encuadre normativo deba tener efecto vinculante para la sede contencioso administrativa. Sostener esto supondría el menoscabo de las funciones jurisdiccionales de este Tribunal e, incluso de su Alzada judicial, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (en tal sentido, TFN, Sala A, “Eurnekian, Eduardo”, 27/9/2010).
A tenor de los argumentos hasta aquí vertidos, voto por confirmar los ajustes practicados en las Resoluciones Nros. 160/12 (DV RRME) y 31/13 (DV RRME), con costas.
VIII. Que en lo relativo al cálculo del impuesto y sus intereses resarcitorios, se confeccionó una liquidación diaria tomando como fecha de vencimiento la prevista en el artículo 23 de la R.G. 2111/06 (esto es 72 horas de contadas a partir de producida la operación para ingresar el tributo) cuyas sumatorias responden a los totales de cada mes (vide fs. 40/52 y 484/500); a raíz de ello deben rechazarse los agravios de la actora en este punto.
IX. Que corresponde expedirse sobre las Resoluciones 90/13 (DV RRME), 247/12 (DV RRME) y 246/12 (DV RRME), en cuanto establecen la responsabilidad personal y solidaria de los Sres. Drzewko Enrique y Stemkauskas Juan José.
A los fines de un mejor esclarecimiento de la cuestión, es pertinente detenerse en la naturaleza jurídica de la responsabilidad solidaria, para de ello extraer los presupuestos a los que la ley subordina el nacimiento de la categoría del deudor solidario. Al respecto, sabido es que la doctrina tradicional, al delinear la figura del responsable, tuvo en cuenta que en las diversas legislaciones además del sujeto pasivo del impuesto, se declara obligado al pago del tributo (o también, al cumplimiento de otros deberes fiscales) a una persona diversa, en razón de una relación de hecho o derecho del "responsable" con el contribuyente (en este sentido, y entre muchas otras, véanse las obras de Giannini: Instituzioni di Diriitto Tributario y Martínez: Estudios de Derecho Fiscal).
Como lo señala Jarach (El hecho imponible, p.177/179), sólo el sujeto pasivo principal (el deudor por título propio o "contribuyente") puede ser determinado sin necesidad de alguna norma expresa por parte de la ley, porque se deduce de la naturaleza del hecho imponible. Todos los demás sujetos pasivos, agrega, se distinguen de aquél porque, aunque tengan alguna relación con la hipótesis de incidencia de la obligación tributaria, esta relación no es tan estrecha como para significar que para ellos existe la causa jurídica del tributo. De ello, extrae la importante consecuencia de que sólo el criterio de atribución del hecho imponible al contribuyente es necesariamente un criterio económico; para los otros obligados, el criterio de atribución debe resultar explícitamente de la ley y puede ser de cualquier naturaleza.
El mecanismo legal antes descripto fue así trazado por la Ley de Procedimiento Tributario –texto legal vigente a la sazón-. De acuerdo con la norma del artículo 6 “[e]stán obligados a pagar el tributo al Fisco con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representantes, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables, bajo pena de las sanciones de esta ley […] d) los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el artículo 5 en sus incisos b) y c)”.
A su turno, el artículo 8 de la ley de rito reza: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros 5 (cinco) incisos del artículo 6 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar la situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17”.
Debe advertirse que la responsabilidad no es objetiva -esto es, impuesta por el mero hecho de haber sido apoderado o representante de una entidad- ni que deriva de la simple vinculación existente entre los responsables y el deudor del tributo. Por el contrario, el presupuesto legal de la responsabilidad a título personal de los apoderados es el incumplimiento de sus deberes; en otros términos, no basta que haya incumplimiento; es menester, además, que éste le sea imputable. Esta es la recta hermenéutica que cabe asignar al artículo 8° de la Ley Nº 11683, en cuanto establece que “[n]o existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc. los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales” (el subrayado me pertenece). En este contexto, corresponde a los responsables solidarios aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión de los cargos y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de las sociedades, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva.
Dichas circunstancias llevan al organismo recaudador a tomar la postura que los apelantes tenían conocimiento cierto de la materia imponible, manejaban los negocios y disponían de los fondos de la sociedad.
Por su parte, los actores no han producido prueba alguna en la presente causa tendiente a demostrar que han sido colocados por la contribuyente en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.
Entonces, la carga probatoria de las circunstancias en las cuales el presunto responsable solidario pretende hacer recaer las causales exonerativas de dicha responsabilidad, recae en su propio ámbito, debido a que “así resulta también de la clara letra de la ley cuando en el art. 18, inc. a) de la Ley N° 11.683... [se hace referencia al actual artículo 8º del t.o. vigente] se establece que no existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; esto es que el onus probandi se coloca en cabeza de quien pretende eximirse de responsabilidad, como lo intentó sin éxito la recurrente” (TFN, Sala B, in re Collep Anzulovic de Arias, Mileva Isabel, sent. del 6/2/1998).
Sobre este tema la Alzada dijo que “… El recurrente no logró acreditar que tuvo voluntad de pagar los impuestos reclamados y que no lo pudo hacer debido a la oposición de los otros integrantes de la sociedad, a lo que cabe agregar, que no se ha alegado que no tuviera el manejo de los fondos de la sociedad que debían destinarse al pago del impuesto en el momento en que se le imputa la responsabilidad o que carecía de facultades de decisión en la materia tributaria” (CNACAF, Sala I, “Escobar, Roberto Ricardo”, 9/12/2008).
X. Que al ser ello así, corresponde examinar los argumentos esgrimidos por las autoridades (Sres. Enrique Drzewko y Juan José Stemkauskas) a fin de eximirse de responsabilidad frente a la obligación de la firma. Corresponde señalar que los recurrentes tenían a su cargo la administración, y representación de Mercado Único Sociedad de Bolsa en su calidad de Presidente y Vicepresidente al momento en que dicha empresa efectuaba las operaciones con los cheques en el mercado de valores ya que utilizando este procedimiento, se evitó el depósito del cheque en la cuenta original (de los terceros), dirigiendo los fondos hacía la cuenta de la sociedad de bolsa que goza de la exención del impuesto al cheque.
En este panorama se destaca que las aludidas personas no controvierten su carácter de socios de la firma por los períodos en discusión en autos, sino que alegan la falta de responsabilidad frente al incumplimiento de las obligaciones del deudor principal atento a que este los colocó en la imposibilidad de cumplir. Dichos argumentos, en el marco de lo expuesto precedentemente en torno al nacimiento de la categoría de deudor solidario, no pueden prosperar.
En efecto, los actores debieron ante este organismo jurisdiccional arbitrar y extremar los medios de prueba para que el juzgador obtenga el grado de convicción que permita considerar excluida su responsabilidad acerca de los hechos oportunamente investigados. Debieron aportar al proceso, tal como los mismos expresaran en sus escritos de inicio, las pruebas que otorguen elementos de juicio que permitan tener por acreditada la alegada imposibilidad en que lo hubiese colocado el deudor principal para cumplir con las obligaciones a su cargo, lo que no se hizo.
En este caso debemos aclarar que “la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito” (CNCiv., Sala C - La Ley T.117:808, 11371-S) correspondiendo concluir que los agravios de la recurrente, sobre quien pesaba la carga de probar sus afirmaciones (arg. art. 377, C.P.C.C.N.), al no ser sustentados por actividad probatoria idónea, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo.
En tales condiciones, los actos apelados se ajustan a derecho por cuanto se ha cumplido con los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley para determinar la responsabilidad de los actores.
Por lo expuesto, corresponde confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan la responsabilidad solidaria de los Sres. Drzewko Enrique y Stemkauskas Juan José, con costas.
XI. Que, en materia de los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (v. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
El Dr. Pérez dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que se adhiere al relato de los hechos y a los Considerandos IV, V y VI del voto del Dr. Porporatto.
II. Que la cuestión a resolver consiste en determinar si le asiste razón al ente fiscal que consideró la operatoria realizada por la recurrente –descripta en el Considerando VI del voto precedente- alcanzada por el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios en tanto el movimiento de dinero no respondía a una operatoria de títulos públicos propiamente dicha, que poco interesaba a las partes involucradas sino que resultaba necesaria para justificar el ingreso de cheques a fin de hacerse posteriormente del efectivo, evadiendo de esa manera el impuesto mencionado, abusando de la exención que gozaba la recurrente.
III. Que así definido el tema a decidir entiendo que resulta imprescindible considerar los decisorios recaídos en sede penal.
En efecto. Cabe precisar que el artículo 20 de la ley 24.769 dispone que “La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos de la seguridad, ni de los recursos administrativos o judiciales que se interpongan contra las resoluciones recaídas en aquellos. La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que se dicte la sentencia definitiva en sede penal, la que deberá ser notificada por la autoridad judicial que corresponda al Organismo Fiscal. En este caso no será de aplicación lo previsto en el artículo 74 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones o en normas análogas de las jurisdicciones locales.
Asimismo, una vez firme la sentencia penal, el tribunal la comunicará a la autoridad administrativa respectiva y esta aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones de hecho contenidas en la sentencia judicial”.
Es conteste la doctrina y la jurisprudencia en sostener que de una correcta interpretación de dicho precepto se concluye que establece un claro deslinde entre las atribuciones de la justicia penal, la administrativa y la contencioso administrativa. En efecto, es competencia exclusiva de la justicia penal decidir si hubo o no delito en orden a las figuras establecidas en la ley penal tributaria, lo que viene a significar que en dicha sede sólo se indaga sobre la posible comisión de un ilícito dentro de ese marco represivo, ya que sólo es competencia del organismo fiscal, el Tribunal Fiscal de la Nación, y en su caso, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, delimitar el encuadre fiscal (v. entre otros, C.N.A.C.A.F., Sala I, “MASCARDI, Carlos Gustavo”, 30/11/04”). Es clara la norma, en el sentido de permitir que aun cuando se radique una denuncia penal por la presunta comisión de un delito previsto en la Ley 24.769, se sustancien los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y cobro de la obligación tributaria o previsional.
Más establece un límite, cual es el de impedir que se dicte un acto administrativo sancionatorio hasta tanto haya quedado firme la sentencia judicial en sede penal, la que constituirá cosa juzgada en cuanto a la materialidad de los hechos. Límite que tiene el claro objeto de evitar el escándalo jurídico que significaría el dictado de resoluciones encontradas sobre los mismos hechos, ya que resultaría un dislate que, por un lado, la sentencia judicial afirmara que el hecho imputado no existió, y que, por otro, la resolución administrativa decidiera la existencia de ese mismo hecho (cfr. C.N.A.P.C.A.F., Sala V, “Almeida, Nora Mabel”, 18/3/06, entre otros).
En idéntica dirección, la norma establece la limitación a la causa administrativa, cual es la de no alterar las declaraciones de los hechos contenidas en la sentencia penal.
En ese sentido, este Tribunal no debe prescindir de las valoraciones jurídicas contenidas en la sentencia penal sino que es obvio y razonable que las tenga en cuenta. Debe considerar, pues, los hechos materialmente probados en sede penal.
IV. Que es sobre la base de tales pautas hermenéuticas que deben analizarse las sentencias recaídas en los autos caratulados: “Legajo de Apelación de DRZEWKO, ENRIQUE JULIO MARCELO, STEMKAUSLAS, JUAN JOSÉ, RAIMUNDI, VÍCTOR HUGO Y OTROS p/EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA –INFRACCIÓN LEY 24.769” por la Excma. Cámara Federal de Mendoza que confirmó las sentencias de primera instancia que habían resuelto sobreseer a los mencionados (vid. fs. 714/719 vta.; 744/751 vta. y 772/775).
En lo que interesa, luego de efectuar una enumeración de las pruebas producidas, la Alzada dijo: “... Como se advierte, de la enumeración efectuada en los párrafos precedentes, es abundante la prueba que ratifica la existencia de los elementos necesarios para considerar válidas las operaciones bursátiles llevadas a cabo por la sociedad y sus representantes.
Ahora bien, respecto a la presunta “errónea interpretación de la conducta” y la falta de aplicación de la normativa vigente, por entender que no ha apreciado usía la realidad económica, esta Alzada ya se ha pronunciado recientemente respecto a la correcta interpretación que debe brindársele a las conductas desplegadas (autos “N° FMZ 13170/2014/4/CAI, caratulados: “LEGAJO DE APELACIÓN DE ANDINA BURSÁTIL S.A., KARAMALIKIS PAPADATOS, JUAN, LEDESMA RUIZ DÍAS VALENTIN, DE LA RETA AGUSTÍN RICARDO Y OTROS s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA en concurso ideal con EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”), así como también en al momento de disponer en los presentes autos, la falta de mérito de los imputados; por lo que nos remitimos a los argumentos allí vertidos en honora a la celeridad procesal.
Es que, se estima que tal apreciación, respecto a la finalidad bursátil, y a la naturaleza de las operaciones económicas-bancarias, es la que se adecúa más a la realidad, y es la que justamente el aquo ha acogido en la presente resolución, por lo que debe confirmarse la misma” (vid. fs. 717 vta., el destacado nos pertenece).
Dicho decisorio ha quedado firme.
En ese contexto, a mi modo de ver, independientemente de la opinión que la suscripta tiene de la operatoria realizada por la recurrente, de acuerdo con lo resuelto en sede penal, consiste en operaciones bursátiles y por ello, exentas del gravamen.
En mérito a lo expuesto, corresponde revocar las resoluciones venidas en recurso, con costas. En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE
Confirmar todas las resoluciones apeladas, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. - Date: 2025.06.02 16:09:58 ART Date: 2025.06.02 16:37:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.03 11:50:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.03 11:50:54 -03:00
Fin de la sentencia