Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 99.141
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos corresponde revocar la sentencia apelada de fecha 15/10/20, hacer lugar a la demanda que por daños y perjuicios promoviera Walter Fabián Mercado en contra de La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales. Los rubros indemnizatorios en cuanto a su procedencia y cuantía deberán ser decididos por la jueza natural de la causa. Las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por la demandada en su condición de vencida (arts. 18, 42 CN; 15, 38, 168, 171 Const. Prov.; 919 Cód. Civ.; 263, 1092 a 1122 CCyCN; 68, 253, 260, 261, 266, 272, 375, 384 del CPCC; 46, 47, 48, 56 ley 17.418; 3, 37 incs. 1 y 2, 53 ley 24.240 y sus mod.).
La regulación de honorarios profesionales se posterga hasta la oportunidad en que se haya practicado la de los trabajos cumplidos en la instancia de origen (art. 31 y 51 LHP).
N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1
Reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial Dolores, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 99.141, caratulada: "MERCADO, WALTER FABIAN C/ LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEGUROS GRALES S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. María R. Dabadie y Mauricio Janka.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justa la sentencia apelada?
Segunda cuestión ¿Qué corresponde decidir?
V O T A C I Ó N A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
I. Contra la sentencia de fecha 15/10/2020, interpone recurso de apelación la actora el 21/10/20; concedido libremente el 23/10, se sustenta con la expresión de agravios presentada el 11/12/20, la que recibiera réplica de la demandada el 21/12. Con el llamamiento firme del 22/12/20, se encuentran los autos en condiciones de ser resueltos por esta Alzada (art. 263 del CPCC).
En el decisorio que se cuestiona, la sentenciante de grado rechaza la demanda sosteniendo que al carecer el accionante de una licencia de conducir acorde con la categoría del vehículo asegurado (retroexcavadora), ante la estipulación de una cláusula contractual de exclusión de la cobertura por tal carencia, la que resulta a su entender clara, determina que no existe una conducta antijurídica, ni jurídicamente imputable a la aseguradora que dé lugar a daños ni consecuente responsabilidad contractual. Arriba a tal conclusión luego de analizar las normas protectorias de los derechos del consumidor y cita jurisprudencia de la Suprema Corte Provincial en apoyo de su postura. La parte actora en su condición de apelante se agravia de lo así decidido fundamentando sus quejas en tres cuestiones respecto de los argumentos que sustentan la conclusión de la jueza de primera instancia. Luego lo hace con relación a la imposición de costas y por último solicita la nulidad del decisorio en razón que se ordenó realizar medidas de mejor proveer, supliendo la función que le correspondía a la parte demandada.
En primer lugar, sostiene que respecto del hecho acaecido -incendio de la maquinaria- no tiene incidencia alguna la conducción de la maquinaria, con lo cual la cláusula de exclusión de responsabilidad no resulta aplicable al caso de autos, ya que la misma, opera cuando el daño se produce a partir del manejo de un tractor y el hecho se genera a partir de ese factor humano.
Expresa en el segundo agravio, que la aceptación del hecho se configuró por el silencio de la aseguradora, y por ende es un reconocimiento tácito del siniestro. Sustenta su argumentación la recurrente en los términos del art. 56 de la ley nº 17.418 (LS), citando jurisprudencia que avalaría tal postura.
En tercero y último señala que el agravio lo configura la errónea interpretación de la cláusula del contrato de seguros, omitiéndose aplicar todas las normas y principios que protegen al consumidor.
Expresa que resulta de un excesivo rigor formal interpretar una cláusula de manera totalmente favorable a la aseguradora, contradiciendo los argumentos expuestos en el mismo decisorio.
Agrega que al tratar el hecho concreto, la sentenciante resuelve a favor del más fuerte, ya que genera un nexo de causalidad entre la incidencia del hecho con el factor humano.
Se duele de la imposición de costas a su parte, solicitando que lo sean a su contraria en razón a que fue la conducta omisiva de la aseguradora lo llevó a litigar.
Por último, solicita que se decrete la nulidad de la sentencia por cuanto, sostiene que la jueza de grado asumió la condición de representante de la aseguradora introduciendo pruebas -a través de una medida de mejor proveer-, N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1 afectando el principio de congruencia e igualdad procesal y violando el debido proceso legal.
En razón de tales argumentos solicita que se revoque tal decisorio o en su defecto se declare la nulidad del mismo, con costas a su contraria. La compañía aseguradora demandada, contesta los agravios, solicitando la deserción del recurso de apelación interpuesto por no cumplir el escrito fundante con la carga que impone el art. 260 del CPCC. En subsidio, se opone a los agravios interpuestos reiterando los argumentos dados en la sentencia, resalta que se ha expresado en distintas parcelas del decisorio que la exclusión de cobertura es clara y su sentido y alcance no generan dudas, que la interpretación de la misma debe ser literal o estricta, y en ningún párrafo de la cláusula se establece cuando corresponde y cuando no aplicarla.
Culmina su contestación señalando que los agravios resultan infundados por lo que corresponde su desestimación, con costas.
II. Esta Alzada.
i. Suficiencia recursiva.
En razón de la petición de deserción formulada por la accionada en primer lugar corresponde que analice si el escrito fundante cumple con los requisitos establecidos por el art. 260 del CPCC., pues de no ser así quedaría sellada la suerte del intento recursivo.
Es sabido que la competencia revisora del Tribunal se encuentra circunscripta al tratamiento de aquellos ataques concretos y razonados vertidos, demostrativos - en sustento de las constancias del proceso- de la sinrazón del juzgador, es decir, en función de los agravios técnicos, idónea y suficientemente expuestos (arts. 260, 261, 266, 272 del CPCC), de donde es lógico concluir que todas aquellas consideraciones del juez, que hayan servido de fundamento a su decisión que no hayan sido atacadas debidamente, devienen firmes e irrevisables para el Tribunal de Alzada, más allá del mayor o menor grado de acierto o error con que este se hubiere conducido (SCBA, Acs. 43.416, 43.697, entre otros).
En este sentido, este Tribunal se ha expedido respecto de la fundamentación que debe contener el escrito que sustenta el recurso de apelación. Así, resulta carga del apelante, conforme lo determina el art. 260 del CPCC demostrar la sinrazón o el error en que ha incurrido el sentenciante; no basta una mera disconformidad, como en el caso expresa el recurrente, al intentar cuestionar la decisión en lo que hace al rechazo de la excepción de incumplimiento opuesta y a la reconvención deducida (causas de este Tribunal nº 88.406, 88.152, entre otras).
En ese orden se ha dicho, que el escrito de expresión de agravios es un acto procesal que requiere la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho. Crítica razonada que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implica el estudio de los considerandos del juzgador, demostrando al tribunal revisor las equivocadas deducciones, inducciones, conjeturas u omisiones sobre las distintas cuestiones resueltas (FENOCHIETTO, Carlos E.,Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, anotado y concordado, T. 2, págs. 96 y sgts., Ed. Astrea).
Así se puede afirmar que no basta la manifestación de la mera disconformidad con lo decidido para estimar cumplida la carga procesal que ciñe el art. 260 del CPCC, sino que, en todo caso, ella se erige en el punto de partida de una labor guiada a demostrar, razonada y concretamente, los errores que se endilgan al fallo no siendo suficiente la formulación de meras generalidades o exposiciones de corte dogmático que se evaden del examen crítico de todos los fundamentos que exhibe.
En tal sentido, para tener por satisfechos los fines legales del escrito de expresión de agravios deben concretarse, punto por punto, los déficit fundamentales que se le atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba. Si bien no debe caerse en un rigorismo formal en la apreciación del escrito de expresión de agravios, que además ha de valorarse con un criterio amplio, lo N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1 cierto es que tampoco corresponde al Tribunal suplir la actividad de la parte, por lo que cabe exigir al apelante una mínima suficiencia técnica.
En el caso, examinada la pieza procesal de fecha 11/12/20 considero que cumple de modo suficiente con la manda del art. 260 del CPCC, en tanto se hace cargo en debida forma de sustentar la posición que asume el apelante argumentando de modo puntual cuáles son los errores de juzgamiento en que considera ha incurrido la jueza de grado, en el decisorio bajo revisión. En su razón la solicitud de deserción debe de ser desestimada.
ii. Nulidad de sentencia.
En segundo lugar corresponde atender al pedido de nulidad de la sentencia que se solicita, por cuanto de resultar admisible quedarían sin sustento los agravios planteados.
Sobre el tema he sostenido que de acuerdo con el art. 253 del CPCC, el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. Así en el caso ante la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la sentencia definitiva (art. 242 inc. 1) cód. cit.) al unísono se abre la vía del de nulidad. Mas, el recurso de nulidad opera contra las resoluciones por determinadas cuestiones, a saber: a) defectos de forma, que hacen al lugar y al tiempo en que fueron dictadas, a la forma propiamente dicha y los que afectan el decisorio en cuanto a la resolución judicial considerada como instrumento público, b) defectos de estructura, son los que refieren a la ausencia en el fallo de los elementos que le son particulares y exclusivos, que le dan su apariencia exterior de acto jurisdiccional, tal la ausencia de fundamentos en la sentencia o plazo para su cumplimiento y c) defectos de calidad, en referencia a aquellos que anulan la resolución porque carecen de los requisitos fundamentales para configurar un acto jurisdiccional, es el caso de una sentencia dictada por juez incompetente, en que el vicio no es compurgable o no se encuentra consentido (RIVAS, Adolfo A., Tratado de los recursos ordinarios, T. 2, pág. 689, ed. Abaco, Buenos Aires, 1991).
De allí que no resultan muchos los casos en los que puede declararse procedente el recurso de nulidad; lo será en situaciones residuales y siempre que no haya podido jugar con eficacia el recurso de apelación. Así no procede cuando los agravios pueden ser reparados con la apelación; pero tampoco es aplicable cuando se trata de los que apuntan a errores in iudicando o in procedendo, que pudiere contener la decisión, mucho menos cuando se trata de omisiones en el decisorio o errores de interpretación.
En autos, la apelante solicita la nulidad del decisorio en razón de la medida para mejor proveer ordenada por la sentenciante, que consistió en oficiar a la Municipalidad de La Costa para conocer si el conductor (Taylor) de la máquina al momento del hecho tenía licencia de conducir vigente y habilitación para el manejo de la categoría del vehículo asegurado.
El juez tiene el deber de comprobar la verdad de la hipótesis que le llevan las partes en sus postulaciones y para arribar a la verdad jurídica objetiva tiene la facultad de ordenar medidas para mejor proveer de acuerdo con el art. 36 inc. 2 CPCC, ya que ellas responden al principio de autoridad.
Tales medidas propias de la magistratura no sólo no pueden ser requeridas por las partes sino que tampoco resultan apelables, razón por la que menos aún pueden ser materia de agravio ni configurar nulidad alguna. Ello en tanto actor y demandado hayan tenido conocimiento de su producción y no se haya suplido la actividad probatoria de los nombrados. Así en el caso no se advierte que la Dra. Galdos haya incurrido en esa conducta en su afán de hallar la verdad de los hechos del caso (SCBA, 17/06/1997, en Juba sumario B444888)
Entiendo que la medida fue para aclarar una situación que podía ser confusa debido a las diferentes categoría a las que se aplica la habilitación para conducir diferentes tipos de vehículos y/o maquinaria y a la descripción que de la siniestrada se ha realizado; razones por las que la pretensión nulitiva se debe desestimar (art. 16 ley 24.449).
iii. Agravios. Respuesta.
a. Para emitir mi voto he de tener presente el principio de la anticipación del ejercicio de las pautas de la apelación adhesiva, en referencia a la recomposición positiva de la litis; todo ello a fin de no violentar normas de origen constitucional como lo es el art. 18 de la Const. Nacional y la tutela judicial N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1 efectiva que alberga el art. 15 de la Const. Provincial (SCBA, causa 88.683, sent. del 12-XII-2007, voto JUEZ HITTERS), respecto de la demandada. Tiene dicho esta Cámara, en el mismo sentido que la doctrina legal de la Suprema Corte Local, que si la sentencia que favorece a una parte es apelada por la otra, toda la cuestión materia del litigio pasa al superior en la misma extensión y con la misma plenitud con que fue sometida al inferior (conf. Ac. 34.286, sent. del 17-IX-1985; Ac. 52.242, sent. del 6-XII-1994; Ac. 63.004, sent. del 8-IX-1998; Ac. 78.251, sent. del 19-II-2002; esta Alzada en causa N° 87.747, sent. del 14-5-2009). Implicando ello un nuevo análisis sobre las cuestiones que ante el cambio de rumbo del fallo le puede provocar un perjuicio a la parte gananciosa en la sentencia dictada en la primera instancia, ante la eventual revocación en ésta.
b. Los hechos narrados tanto por la parte actora cuanto por la parte demandada han quedado lo suficientemente expuestos por la jueza de grado, a los que para no caer en reiteraciones a ellos me remito.
En este voto y de conformidad con los agravios traídos por la actora apelante, me he de referir a verificar si medió aceptación del siniestro en tiempo propio por parte de la Aseguradora; en caso de haber ocurrido si esa aceptación es comprensiva del cumplimiento de la cláusula CG-IN2.1EXCLUSIONES DE COBERTURA POR INCENDIO inc. 8) de la póliza (v, 57 vta. del exp. físico), que en su textual dice "Mientras sea conducido por personas que no estén habilitadas para el manejo de esa categoría de vehículo por autoridad competente", pudo haber tenido en este caso en particular.
Todo ello sin dejar de tener en consideración que el contrato de seguros queda atrapado bajo el paraguas protector de la legislación consumeril vigente tanto en la norma constitucional (art. 42 CN), la legislación fondal (arts. 1092 a 1122 CCyCN) y ley especial 24.240.
No hay debate entre las partes respecto de la existencia y vigencia del contrato de seguro al tiempo en que aconteció el incendio (11/05/2016), tampoco la hay con relación a que el asegurado Mercado habría realizado en tiempo propio la denuncia del hecho ante su productor de seguros en la localidad de Mar de Ajó, en razón de los dichos de la accionada y del intercambio epistolar que las partes sostuvieran (fs. 6/10). Como así tampoco que lo asegurado era un vehículo tipo tractor rural con cabina, marca John Deere 310 E, de acuerdo con la póliza que acompañaran las partes. Si corresponde no perder de vista que en los libelos introductorios ambos litigantes se refieren al vehículo denominándolo retroexcavadora (el destacado me pertenece), pues esta diferente denominación a su tiempo podría tener incidencia en esta decisión.
Llama la atención, que al formular la denuncia del siniestro, el día 19/05/2016 (fs. 16/18), no se indicaran los datos filiatorios del conductor de la maquinaria, tal como lo requiere el formulario correspondiente (punto 3-DATOS DEL CONDUCTOR ASEGURADO), la juzgadora de instancia tuvo conocimiento de la identidad de esa identidad con la presentación de la accionada, quien indicó que Alvaro Daniel Taylor era el conductor y a su entender tenía la licencia vencida y carecía de la habilitación requerida por la póliza (fs. 64 pto. 4). Ahora bien para dar respuesta a la primera cuestión, referida a conocer si la demandada rechazó el siniestro o no, es necesario partir la CD remitida el 21/06/2016 por la aseguradora a su asegurado a raíz de la denuncia del hecho (fs. 6). En aquella se le otorgó a Mercado el plazo de 15 días corridos para acompañar copia auténtica o certificado municipal de la licencia de conducir del conductor de la maquinaria, vigente al día del hecho bajo apercibimiento de tener por rechazado el siniestro. Al mismo tiempo se le recordó en su condición de asegurado que no se lo indemnizaría, si quien conducía la maquinaria no estaba habilitado para el manejo de la categoría del vehículo asegurado por autoridad competente, con cita de la cláusula de exclusión de cobertura. El 30/05/2016 el asegurado se presentó ante su productor local y exhibió la licencia habilitante de Álvaro Daniel Taylor, hecho del que se infiere que el nombrado conducía el vehículo siniestrado al momento del hecho.
Ahora bien, de lo hasta aquí dicho es posible concluir algunos extremos como lo son que el asegurado cumplió en efectuar la denuncia en tiempo propio, también lo hizo con relación a la intimación que se le cursara, la que no tengo duda constituía el requerimiento de información complementaria, por lo que a N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1 partir de ese cumplimiento el día 30/06/2016 (CD fs. 8) comunicado el día 20/06/2016 (v, aviso de recepción, fs. 7) hubo de iniciarse el cómputo de 30 días para que La Segunda se manifestara de modo claro y directo sobre el rechazo del siniestro, caso contrario se lo habría de tener por aceptado(art. 56 LS). Lo expuesto surge de la interpretación a contrario sensu de lo dispuesto por el art. 56 LS, que fija al asegurador aquel plazo para pronunciarse una vez recibida la información complementaria prevista en el art. 46-2 y 3 de la ley citada. Si el asegurador no recaba información complementaria, cabe presumir que no lo hizo pues a los fines de la verificación del siniestro o de la extensión de la prestación a su cargo, era suficiente con la que disponía. Ello significa que puede pronunciarse inmediatamente sobre el derecho del asegurado; pero es recién al cumplirse treinta días de la denuncia, que la omisión en hacerla conlleva el efecto jurídico de importar una aceptación.
Pero si el asegurador, para pronunciarse en torno al derecho del asegurado, requiere información complementaria, la realización de indagaciones o prueba instrumental, los treinta días para decidir sobre la procedencia del reclamo y la entidad del mismo, deben computarse desde que la última información o prueba recabada ha sido recibida.
Lo que significa que el período de que dispone el asegurador (art. 56, L.S.) opera como única causal de interrupción de fuente legal, hasta tanto el asegurado observe su carga informativa (CNCom., Sala A, 5-II-1996, "Faerman, M. c/ Acuario Cía. de Seguros S.A.", J.A., 1996-III-528).
En efecto, habrá que tener presente que, una vez denunciado el siniestro (art. 46-2, L.S.), subsisten cargas complementarias que tienen al asegurado como sujeto pasivo y que consisten en: a) suministrar al asegurador la información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo, la die b) permitir (dejar hacer) al asegurador la realización de las indagaciones necesarias a tal fin y la de e) hacer entrega (al asegurador) de la prueba instrumental de que disponga (art. 46-3, L.S.).
La disposiciones indicadas deben de armonizarse con la previsión contenida en el art. 56, lo que significa que la exigibilidad de la prestación a cargo del asegurador, queda diferida en el tiempo a los fines de la observancia de las cargas informativas y de transmisión (reglas de cooperación), en la medida que le sean requeridas por el asegurador y en el marco de la razonabilidad del pedido.
El silencio del asegurador, opera (ministerio legis) como manifestación de voluntad. En efecto, se trata de un supuesto de silencio opuesto a un acto (pronunciamiento acerca de los derechos del asegurado) que constituye un deber de "explicarse por la ley" (arts. 919 Cód. Civ.; 263 CCyCN) (CNCom., Sala B, 18-XII-1986, "Bandell, J. c/ Unión Comerciante Cía. de Seg.", L.L., 1989- A-51, 1987-III-107) (ver STIGLITZ, Rubén S.; "Derecho de Seguros", T. II, págs. 166 y sgts., Abeledo-Perrot 1998, Bs. As.).
En ese mismo sentido ha expresado la Suprema Corte Provincial señalando que "...Una vez denunciado el siniestro, la aseguradora debe pronunciarse acerca del derecho que le asiste al asegurado (arts. 46 y 56, ley 17.418) dentro del plazo de treinta días de recibida la denuncia o la información complementaria. La omisión de tal comunicación importa la aceptación del siniestro e impide luego invocar en juicio circunstancias que obstaculicen el derecho del asegurado. (art. 56 cit.)".
Por el mismo sendero ese Tribunal también tiene dicho que la mencionada carga de la aseguradora -art. 56, ley 17.418- constituye en verdad una actitud que no es meramente formal sino sustancial y que -por haber sido impuesta por la ley- posibilita la aplicación del art. 919 del Código Civil (art. 263 CCyCN, la aclaración me corresponde), puesto que ante la eventualidad de expedirse acerca del derecho del asegurado, el silencio del asegurador permite otorgarle el sentido de una manifestación de voluntad que importa aceptación (conf. Ac. 37.883, sent. del 10-XI-1987, "Acuerdos y Sentencias", 1987-V-20; Ac. 42.074, sent. del 22-V-1990; Ac. 42.239, sent. del 7-VIII-1990; Ac. 52.521, sent. del 31- V-1994; C. 93.507, sent. del 26-VIII-2009) - (SCBA LP C 116847 S 04/03/2015). (v, Mi voto en CCDO 90.702, S 25/10/11)
Con las CD remitidas por Mercante a La Segunda los días 19/09 y 26/12/2016 se tiene por acreditado el silencio de la demandada, ello aún cuando las misivas N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1 fueron desconocidas al responder la demanda, desconocimiento ineficaz en tanto obran en la causa las constancias de recepción y se trata de instrumentos públicos pues constituyen un servicio postal cuyas condiciones de prestación y ejecución se reglamentaron por resolución N° 1110 de Encotel, y específicamente en sus arts. 7° incs. 1 a 12 y 9° regula la admisión del instrumento por el agente postal y los procedimientos para certificación y sellado de copias, respectivamente. (conf art. 7° incs. 11 y 12, regl. cit.). La sujeción al cumplimiento de tal regulación, determina el carácter atribuible al documento, en los términos del art. 979 inc. 2 del "Cód. Civil..." (v, causas de nº 87.088, del 16/09/2008; nº 87.267, del 30/09/2008; nº 88.628, del 29/12/09, entre muchas otras; arts. 384 CPCC).
El silencio de la demandada a las CD indicadas, posterior a la exhibición de la documentación complementaria (licencia de conducir habilitante), más allá de determinar su alcance; conforma un claro incumplimiento del plazo del art. 56 LS, por lo que debe considerarse que admitió el siniestro en los términos de la denuncia que realizara el asegurado.
Ahora bien aceptado el siniestro por la compañía aseguradora en los términos indicados corresponde decidir si el silencio como manifestación de voluntad implica la aceptación comprende del objeto del seguro sin restricción ni condicionamiento alguno; por lo que no cabe duda que la conducta de la aseguradora conlleva a tener por idónea la licencia de conducir acompañada para dar cumplimiento con la cláusula de exclusión, la que obviamente no puede serle opuesta al asegurado bajo ningún concepto.
En tal sentido se ha pronunciado el Superior Tribunal Local al decir "...De acuerdo al criterio seguido por esta Corte (conf. L. 49.495, sent. del 28-XII-1993; Ac. 68.700, sent. del 26-X-1999; L. 67.715, sent. del 8-XI-2000; Ac. 82.765, sent. del 30-III-2005; entre otras), constituye un deber ineludible de la aseguradora el de expedirse en término sobre el derecho de su asegurado (conf. art. 56, ley 17.418), carga que rige aún en los casos de exclusión de cobertura, dado que la norma no permite distinciones apoyadas en la diversa naturaleza del incumplimiento. ..." (SCBA LP C 116814 S 11/06/2014, Juez Negri (OP) en Villaruel, Alicia Beatriz c/ Caparros, Oscar (Sucesión) junto a la acumulada "Alvarez, N. I. c/ Caparrós, Oscar Alberto s/ Daños y perjuicios"). Sabido es que los pronunciamientos de la Suprema Corte conforman su doctrina legal, bajo un criterio amplio de apreciación, por lo que deben de ser seguidos por los órganos jurisdiccionales inferiores, caso contrario la decisión corre riesgo de ser revocada por aplicación del art. 279 CPCC; razón suficiente para que sea revocada en esta instancia la sentencia recurrida y se haga lugar a la demanda que por daños y perjuicios promoviera el asegurado Mercado.
iv. Revocada así la sentencia dictada en su primera instancia, se hace en su consecuencia lugar a la acción de daños y perjuicios por incumplimiento del contrato de seguro que vinculara a las partes. Ahora bien resta decidir respecto de los daños que el actor Mercado dice haber sufrido y reclama, por lo que recibida la causa por la jueza natural, se deberá proceder a decir con relación a la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios pretendidos; tal reenvío entiendo que debe de cumplirse a fin de garantizar el derecho de defensa de los litigantes ante una eventual revisión ante esta instancia. (art. 18 CN)
III. Costas.
Las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por la demandada en su condición de vencida (art. 68 CPCC; CSJN; 17-10-94, LL, 1995-D-926 nº 1631).
VOTO POR LA NEGATIVA.
EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
En virtud de los argumentos dados, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales, dejo propuesto al Acuerdo del Tribunal, en tanto mi opinión resulte compartida, que corresponde revocar la sentencia apelada de fecha 15/10/20, hacer lugar a la demanda que por daños y perjuicios promoviera Walter Fabián Mercado en contra de La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales. Los rubros indemnizatorios en cuanto a su procedencia y N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1 cuantía deberán ser decididos por la jueza natural de la causa. Las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por la demandada en su condición de vencida (arts.18, 42 CN; 15, 38, 168, 171 Const. Prov.; 919 Cód. Civ.; 263, 1092 a 1122 CCyCN; 68, 253, 260, 261, 266, 272, 375, 384 del CPCC; 46, 47, 48, 56 ley 17.418; 3, 37 incs. 1 y 2, 53 ley 24.240 y sus mod.).
ASI LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE S E N T E N C I A
Por los fundamentos expuestos corresponde revocar la sentencia apelada de fecha 15/10/20, hacer lugar a la demanda que por daños y perjuicios promoviera Walter Fabián Mercado en contra de La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales. Los rubros indemnizatorios en cuanto a su procedencia y cuantía deberán ser decididos por la jueza natural de la causa. Las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por la demandada en su condición de vencida (arts. 18, 42 CN; 15, 38, 168, 171 Const. Prov.; 919 Cód. Civ.; 263, 1092 a 1122 CCyCN; 68, 253, 260, 261, 266, 272, 375, 384 del CPCC; 46, 47, 48, 56 ley 17.418; 3, 37 incs. 1 y 2, 53 ley 24.240 y sus mod.).
La regulación de honorarios profesionales se posterga hasta la oportunidad en que se haya practicado la de los trabajos cumplidos en la instancia de origen (art. 31 y 51 LHP).
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante en la ciudad de Dolores, en la fecha indicada en la constancia digital de la firma (Ac. 3975/20 SCBA).
Fin de la sentencia