Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 34.043-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución DE PRLA 7309/13, dictada en las actuaciones SIGEA 12213-33-2005, fijando el importe del cargo 53/05 en la suma de $2.651,97, del cargo 54/05 en la suma de $2.651,97, del cargo 55/05 en la suma de $27.420,91, del cargo 56/05 en la suma de $27.420,91, del cargo 57-59/05 en la suma de $8.177,81, del cargo 58-60/05 en la suma de $8.177,81, del cargo 62/05 en la suma de $4.618,29, del cargo 63/05 en la suma de $4.700,38, del cargo 66/05 en la suma de $1.735,22, del cargo 269/05 en la suma de $1.561,95, del cargo 474/05 en la suma de $31.988,65, del cargo 475/05 en la suma de $3.746,58 y del cargo 476/05 en la suma de $21.286,26, en todos los casos con más el CER y los intereses del art. 794 del CA.
2Imponer las costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-28204617-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 18 de Marzo de 2026 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales titulares de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), con la presidencia del vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “LA MERCANTIL ANDINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/Apelación”, Expte.
34.043-A.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: LA MERCANTIL ANDINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 7309/13, dictada en las actuaciones SIGEA 12213-33-2005. Mediante dicha resolución se rechazaron las impugnaciones oportunamente deducidas y se confirmaron los cargos 53/05, 54/05, 55/05, 56/05, 57- 59/05, 58-60/05, 62/05, 63/05, 66/05, 269/05, 474/05, 475/05 y 476/05, que le fueron formulados en su calidad de garante de la firma importadora TEXTIL CHATILLON S.A. en las destinaciones 00073IC04165542T, 01073IC04066151Z, 00073IC04156315R, 00073IC04136850T, 07073IC04136961W, 01073IC04049498X, 00073IC04142571Z, 00073IC04186946H y 00073IC04185156W. Explica que los cargos se formularon con la finalidad de proceder al cobro de los derechos específicos de acuerdo a lo establecido por la resolución MEyOSP 1184/98. Invoca la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos aduaneros y sostiene que la obligación contraída es accesoria. Señala que el fisco no se presentó a verificar su acreencia en el proceso concursal de la firma importadora, a pesar de haber sido advertido en el ejercicio de su derecho de defensa. Cita jurisprudencia para fundar sus dichos. Subsidiariamente impugna las liquidaciones y las exigencias tributarias, cuestionando específicamente los anticipos de impuesto a las ganancias e IVA. Manifiesta que la resolución general 3271/12 no resulta aplicable al caso. Finalmente ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (fs. 114/119). Realiza la negativa de rigor y relata los hechos del caso. Contesta el planteo de nulidad interpuesto, solicitando su rechazo. Señala que para que la DGA se presente a verificar un crédito en un proceso concursal dicho crédito debe ser líquido y exigible. Cita jurisprudencia para fundar sus dichos. Sostiene que una vez verificado el incumplimiento por parte de la importadora, la responsabilidad por el pago de tributos corre por cuerda separada para la aseguradora. Agrega que no corresponde aplicar los plazos de prescripción previstos por la ley de seguros, toda vez que la procedencia de los tributos y sus accesorios en materia aduanera esta prevista por una norma específica, que debe prevalecer. Indica que la garantía otorgada por la aseguradora en favor de la Aduana cubre la totalidad de los tributos que gravan la importación para consumo. Por último, ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 123 se declara la causa como de puro derecho. El 26.02.26 se elevan los autos a la Sala “E”. El 06.03.26 se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: Las actuaciones administrativas SIGEA 12213-33-2005 se inician con la solicitud de cancelación de la garantía por certificado de origen presentada por la firma TEXTIL CHATILLON S.A., a la cual se adjuntan certificados de origen, facturas comerciales, copia de la destinación 00073IC04156315R y guía área (fs. 1/14). A fs. 15 se agrega el sobre contenedor de la destinación 00073IC04156315R. A fs. 17 se deja constancia que corresponde la ejecución de las garantías por los derechos específicos plenos por investigación de origen. A fs. 20 se indica que corresponde proceder al cobro de los derechos específicos plenos correspondientes a importaciones provenientes de países no miembros de la OMC, de acuerdo a la resolución MEyOSP 1184/98. A fs. 20 vuelta y 21 obra la nota 143/01 de la Secretaría de Comercio, que indica que corresponde considerar a ciertos productos importados por TEXTIL CHATILLON S.A. como originarios de China y no de Hong Kong, por lo que las operaciones en cuestión deben tributar los derechos específicos plenos correspondientes a importaciones provenientes de países no miembros de la OMC. A fs. 26 se intima a la firma TEXTIL CHATILLON S.A. a abonar los cargos allí indicados y a fs. 28 se la suspende de los registros. A fs. 35/77 se intima a la actora a cancelar los cargos 269/05, 55/05, 56/05, 475/05, 57-59/05, 58-60/05, 63/05, 62/05, 54/05, 53/05, 66/05, 474/05, 476/05, en su calidad de garante de la firma importadora, lo que se notifica el 20.06.06. A fs. 78/107 la actora impugna los cargos y a fs. 109 solicita la suspensión del procedimiento, toda vez que la firma importadora se encuentra involucrada en causas donde se investigan supuestos de contrabando. A fs. 153/154 se agrega la nota 142/01 de la Secretaría de Comercio, que indica que corresponde considerar a ciertos productos importados por TEXTIL CHATILLON S.A. como originarios de China y no de Macao, por lo que las operaciones en cuestión deben tributar los derechos específicos plenos correspondientes a importaciones provenientes de países no miembros de la OMC. A fs. 158/191 se agregan copias del expediente 061-001981/2001, tramitado ante la Secretaría de Comercio, en el cual se determinó que los productos importados por TEXTIL CHATILLON S.A. debían ser considerados como originarios de China. Finalmente, a fs. 203/205, se dicta la resolución DE PRLA 7309/13, apelada en autos.
A continuación, luce la actuación SIGEA 12043-54-2013 en la cual obran las pólizas de seguro de caución 1533658, 1534429, 1534255, 1534405, 1532687, 1537769, 1532569, 1532571, 1532522, 1533203, 1538606 y 1538607. Luego se agregan las actuaciones SIGEA 123213-32-2005, 12213-34-2005,12213-35-2005, 12213-135-2005, 12213-136-2005, 12213-137-2005, 12213-138-2005 y 12213-139-2005, relativas a las destinaciones 00073IC04186946H, 00073IC04185156W, 00073IC04165542T, 01073IC04049498X, 01073IC04066151Z, 00073IC04136850T, 07073IC04136961W y 00073IC04142571Z, respectivamente.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada –7309/13-, en cuanto dispone rechazar las impugnaciones incoadas por LA MERCANTIL ANDINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y confirmar los cargos 55/05, 56/05, 57-59/05, 58-60/05, 53/05, 54/05, 62/05, 63/05, 66/05, 269/05, 474/05, 475/05 y 476/05, se ajusta a derecho.
V.1. La Aduana formuló los cargos contra la actora en su calidad de garante de la firma importadora TEXTIL CHATILLON S.A. en las destinaciones 00073IC04165542T, 01073IC04066151Z, 00073IC04156315R, 00073IC04136850T, 07073IC04136961W, 01073IC04049498X, 00073IC04142571Z, 00073IC04186946H y 00073IC04185156W, conforme las pólizas de seguro de caución 1533658, 1534429, 1534255, 1534405, 1532687, 1537769, 1532569, 1532571, 1532522, 1533203, 1538606 y 1538607, que pueden verse en la actuación SIGEA 12043- 54-2013.
Dichas pólizas fueron suscriptas para garantizar los tributos aduaneros que pudieran corresponder como consecuencia de la investigación de origen que se encontraba en curso ante la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación. En el marco de la investigación, la Secretaría de Comercio instruyó a la DGA para que la firma importadora - TEXTIL CHATILLON S.A.- constituya garantías por el importe correspondiente a la eventual diferencia de tributos entre el monto resultante del derecho de importación específico mínimo a aplicar para mercaderías originarias de países miembros de la OMC, de acuerdo a lo establecido por el art. 2 de la resolución MEyOSP 1184/98, y el derecho de importación específico pleno, establecido en el art. 1 de la citada resolución.
La citada investigación se realizó en marco del expediente 061-001981/2001, que puede verse a fs. 158/197 de las act. adm., y tuvo por finalidad determinar el carácter originario de ciertas confecciones de los capítulos 61 y 62 del Sistema Armonizado, declarados como originarios de Macao y Hong Kong. Allí se determinó que los productos importados por TEXTIL CHATILLON S.A., clasificados en las PA 6110.10.00, 6110.20.00, 6110.30.00 y 6114.20.00 -documentados en las destinaciones garantizadas por la actora-, no cumplían las condiciones para ser consideradas como originarias de Macao y Hong Kong, sino que debían considerarse como originarias de China, por lo cual correspondía proceder al cobro de los derechos específicos plenos, correspondientes a importaciones provenientes de países no miembros de la OMC, de acuerdo a lo establecido en la resolución MEyOSP 1184/98.
Cabe aclarar que la resolución adoptada en marco de la investigación realizada por la Secretaría de Comercio, de la cual TEXTIL CHATILLON S.A. fue parte, ha quedado firme, conforme se desprende del expediente que puede verse a fs. 158/197 de las act. adm. Asimismo, corresponde destacar que la actora no expresa agravio alguno al respecto en su apelación.
Sobre tal base, la Aduana procedió a formular los cargos impugnados en autos.
V.2. Sentado ello, corresponde expedirse sobre el planteo de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos opuesta por la actora.
Al respecto, el art. 803 del CA establece que la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera prescribe por el transcurso de cinco años. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 804 del CA, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado. En el caso de las destinaciones 07073IC04136961W, 00073IC04142571Z, 00073IC04186946H, 00073IC04156315R, 00073IC04185156W, 00073IC04165542T y 00073IC04136850T el plazo de prescripción comenzó a computarse el 01.01.01, en tanto que para las destinaciones 01073IC04049498X y 01073IC04066151Z comenzó a computarse el 01.01.02.
Los cargos formulados en autos fueron notificados a la firma importadora en marzo del año 2005, suspendiéndosela de los registros en junio del año 2005, lo que produjo la interrupción de la prescripción en los términos del art. 806, inciso a) del CA. En este caso, el plazo de cinco años se reinició a partir de la notificación de los cargos. Tal efecto se hizo extensivo a la actora, en virtud de lo establecido por el art. 807 del CA, que indica que la suspensión y la interrupción de la prescripción respecto del deudor principal también surten efectos en relación con los deudores solidarios y los deudores subsidiarios. Más tarde, precisamente el 20.06.06, la Aduana notificó a la actora los cargos de autos. A su vez, el art. 805, inciso c) del CA establece que la prescripción de la acción para percibir tributos se suspende desde que el deudor o responsable interpusiere algún recurso o reclamación que tuviere efecto suspensivo contra la liquidación tributaria –lo que ocurrió en autos el 29.06.06-, hasta que recayere decisión que habilitare su ejecución. Por ello, corresponde rechazar el planteo interpuesto por la actora.
Sin perjuicio de ello, debe señalarse que la actora también se agravia de la falta de verificación del crédito en el proceso falencial de la importadora y que por encontrarse vencido el plazo previsto por la ley 24.522, se encontraría prescripta la acción del Fisco.
Sobre ello cabe afirmar que el concurso o la quiebra de la firma importadora no puede constituir un obstáculo para que la aduana perciba los tributos exigidos en el marco de la presente causa. En efecto, para la determinación tributaria no corresponde aplicar la ley de concursos, en tanto que la procedencia de los tributos y sus accesorios en materia aduanera se rigen por una normativa específica de carácter federal, siendo ésta la que debe prevalecer por su carácter especial y su mayor jerarquía constitucional.
El Código Aduanero regula el procedimiento para la determinación de las obligaciones tributarias, con exclusión de otras normas de fondo, por lo que tal procedimiento no puede verse afectado por las disposiciones de la ley 24.522, que carece de fuero de atracción en esta materia. Todos los procedimientos contenciosos aduaneros con su eventual secuela recursiva, quedan excluidos de la suspensión de su trámite y del fuero de atracción previstos por la ley 24.522, aunque dicha ley no los excluya expresamente.
La prevalencia y especialidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema en diversos pronunciamientos, en los que se expresó que, respecto a la determinación de impuestos, la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. “Hilandería Luján S.A.”, del 30.09.86; “Casa Marroquín S.R.L.”, del 31.03.87).
Al respecto, el Tribunal Superior expresó en autos “Cosimati, Gregorio G. s/Conc. Preventivo”, sentencia del 09.04.87, que el art. 22 de la ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) es inaplicable “... toda vez que la misma -la aludida suspensión- debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso”.
En el mismo sentido se ha expedido nuevamente la Corte Suprema en la causa “Supercanal S.A.”, sentencia del 02.06.03, en la que se resolvió que, habiendo el contribuyente recurrido al Tribunal Fiscal de la Nación, “... no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que -recién- se produce el desplazamiento de la competencia original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas”.
Con posterioridad, el Máximo Tribunal se pronunció en la causa “Gauchat, Enrique”, sentencia del 04.07.03, haciendo suyos los fundamentos del Procurador General en el sentido de que “... el fuero de atracción sólo podría operar después de la intervención del Tribunal de Alzada, y en el supuesto de que éste confirmara la sentencia ya dictada, se habilitaría el fuero de atracción y correspondería remitir el juicio al tribunal del concurso. Consecuentemente... hasta el dictado de la sentencia definitiva del tribunal de revisión, la causa deberá continuar en dicho ámbito; es decir que corresponde el tratamiento del recurso pendiente, por la Sala IV de la C.N.A.C.A.F. y, en su caso, de confirmarse el fallo del Tribunal Fiscal, deberá remitirse la causa para su ulterior trámite, al juzgado del concurso”.
V.3. Aclarado todo lo anterior, se destaca que sí asiste razón a la actora en cuanto a que los cargos cuestionados fueron liquidados y notificados en pesos, correspondiendo la aplicación del CER, pero posteriormente, al dictar la resolución apelada, la Aduana injustificadamente confirma los cargos en dólares estadounidenses. Por ello, corresponde reliquidar la exigencia tributaria reclamada, tomando como base el capital nominal original en pesos, suma a la cual se le adicionará el correspondiente CER y los intereses del art. 794 del CA.
En función de lo expuesto, el cargo 53/05 queda fijado en la suma de $2.651,97, el cargo 54/05 en la suma de $2.651,97, el cargo 55/05 en la suma de $27.420,91, el cargo 56/05 en la suma de $27.420,91, el cargo 57-59/05 en la suma de $8.177,81, el cargo 58-60/05 en la suma de $8.177,81, el cargo 62/05 en la suma de $4.618,29, el cargo 63/05 en la suma de $4.700,38, el cargo 66/05 en la suma de $1.735,22, el cargo 269/05 en la suma de $1.561,95, el cargo 474/05 en la suma de $31.988,65, el cargo 475/05 en la suma de $3.746,58 y el cargo 476/05 en la suma de $21.286,26, en todos los casos con más el CER y los intereses del art. 794del CA.
Se destaca que en virtud del criterio del Máximo Tribunal en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas” se ha excluido del cálculo de los tributos a las percepciones de IVA adicional y de ganancias, dado que según dicho precedente al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las mencionadas percepciones.
Finalmente, resta realizar una aclaración respecto al límite máximo de responsabilidad de la aseguradora, señalando que corresponde la aplicación del CER al monto asegurado en cada una de las pólizas, en tanto fueron emitidas en dólares estadounidenses con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 214/02, conforme resulta de la documentación obrante en el SIGEA 12043-54-2013.
Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Confirmar la resolución DE PRLA 7309/13, dictada en las actuaciones SIGEA 12213-33-2005, fijando el importe del cargo 53/05 en la suma de $2.651,97, del cargo 54/05 en la suma de $2.651,97, del cargo 55/05 en la suma de $27.420,91, del cargo 56/05 en la suma de $27.420,91, del cargo 57-59/05 en la suma de $8.177,81, del cargo 58-60/05 en la suma de $8.177,81, del cargo 62/05 en la suma de $4.618,29, del cargo 63/05 en la suma de $4.700,38, del cargo 66/05 en la suma de $1.735,22, del cargo 269/05 en la suma de $1.561,95, del cargo 474/05 en la suma de $31.988,65, del cargo 475/05 en la suma de $3.746,58 y del cargo 476/05 en la suma de $21.286,26, en todos los casos con más el CER y los intereses del art. 794 del CA.
2. Imponer las costas a la actora.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente,SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución DE PRLA 7309/13, dictada en las actuaciones SIGEA 12213-33-2005, fijando el importe del cargo 53/05 en la suma de $2.651,97, del cargo 54/05 en la suma de $2.651,97, del cargo 55/05 en la suma de $27.420,91, del cargo 56/05 en la suma de $27.420,91, del cargo 57-59/05 en la suma de $8.177,81, del cargo 58-60/05 en la suma de $8.177,81, del cargo 62/05 en la suma de $4.618,29, del cargo 63/05 en la suma de $4.700,38, del cargo 66/05 en la suma de $1.735,22, del cargo 269/05 en la suma de $1.561,95, del cargo 474/05 en la suma de $31.988,65, del cargo 475/05 en la suma de $3.746,58 y del cargo 476/05 en la suma de $21.286,26, en todos los casos con más el CER y los intereses del art. 794 del CA.
2. Imponer las costas a la actora.
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2026.03.18 14:25:09 ART Date: 2026.03.18 15:59:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.18 16:00:00 -03:00
Fin de la sentencia