Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2023-138547601-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sanción impuesta en el acto apelado en autos, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $217.467 (pesos doscientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y siete) equivalente a 4,43 (cuatro con 43/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $543.668 (pesos quinientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho) equivalente a 11,08 (once con 08/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°925/2024 (30/04/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-56469633-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 30 de Mayo de 2024 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dras. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación) y Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2023-138547601- -APN-SGAI#TFN, caratulado “MERCEDES 2000 S.A. s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I.-. Mediante el RE-2023-138546117-APN-SGAI#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra la resolución dictada el 27 de octubre de 2023 por la Dirección Regional Mendoza de la AFIP- DGI , a través de la que se le impuso multa equivalente al 100% del Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas por los períodos fiscales comprendidos a primer quincena de enero de 2018 hasta la segunda quincena de diciembre de 2018, atribuido como dejado de ingresar, con sustento en el artículo 45 de la ley 11.683 (RE-2023-138546750-
APN-SGAI#TFN).
La recurrente expresa que la razón por la que declaró originalmente en cero (0) la base imponible y no liquidó el Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas, fue por considerar a este tributo confiscatorio, señalando además que tanto la Ley 27.346 como el Decreto 179/2017 violan principios establecidos por la Constitución Nacional como comerciar y ejercer industria lícita, propiedad e igualdad ante la ley. Aduce que con otras firmas del rubro -a través de la asociación que las nuclea-, plantearon ante la justicia federal la inconstitucionalidad de la Ley 27.346 que fija para su actividad una tasa diferencial del Impuesto a las Ganancias del 41,50% y a su vez, el establecimiento del Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas. Puntualiza que se desestimó la impugnación, al considerar improcedente el planteo por la vía “colectiva” cursada; con lo cual se señala que -en lo sucesivo- el planteo deberá hacerse en forma individual por cada empresa afectada.
Asimismo, se agravia que existe falta de factibilidad técnica y jurídica para la percepción del impuesto por cuanto el software de las máquinas no cuenta con un algoritmo que discrimine el impuesto y el valor de la apuesta. Invoca que la ley no determinó que el pago deben realizarlo los casinos como un gravamen directo, pero en función del parque de máquinas y el sistema homologado por la autoridad de aplicación es imposible trasladar el impuesto hacia los apostadores. Subraya que se ve afectado por la violación del principio constitucional de no confiscatoriedad de los tributos ya que de la aplicación de las normas cuestionadas resulta una apropiación de bienes privados por parte del Estado sin compensación alguna y la excesiva sobrecarga tributaria prácticamente vacía su rentabilidad. Señala que no obstante lo expuesto, saldó las diferencias efectuando el pago del tributo, mediante la absorción del mismo como un impuesto directo, a pesar de que no es lo que la ley estableció. Resalta que a partir de la existencia de la liquidación de un impuesto indirecto que no pudo trasladar, los montos de imposición que superaban los parámetros constitucionales de confiscatoriedad y la realización del planteo “de cara al fisco”, esto es aportando prueba, acreditando buena fe procesal y demostrando los perjuicios que la aplicación del gravamen generaba, queda debidamente justificada la plena aplicación del instituto del “error excusable”. A su vez, remarca haber formulado consulta vinculante con el objeto de saber si le correspondía la inscripción en algún tributo.
Ofrece periciales técnica y contable y prueba informativa. Hace reserva del caso federal. Solicita se deje sin efecto la sanción apelada, sin pedir imposición de costas.
II. Mediante IF-2024-24672526-APN-DTD#JGM contesta traslado el Fisco Nacional. Respecto a los agravios sobre la inconstitucionalidad de las normas relativas al gravamen en cuestión, la representación expone que resultan improcedentes, toda vez que podrá no resulta la presente instancia la vía idónea en la cual halle acogida una pretensión de tal naturaleza.
En cuanto al encuadre del ilícito en el artículo 45 de la ley de rito, expresa que surge con claridad toda vez que el responsable ingresó en defecto el importe correspondiente al gravamen en cuestión, en contravención a las disposiciones aplicables en la materia, máxime si se tiene en cuenta la rectificación de la declaración jurada presentada inicialmente.
Se opone a la producción de prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. Mediante PV-2024-34983091-APN-VOCX#TFN se hizo lugar a la oposición a la prueba formulada por el organismo recaudador.
A través del PV-2024-41997872-APN-VOCX#TFN se eleva la causa a conocimiento de la Sala D.
Finalmente, por IF-2024-53646155-APN-VOCX#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Surge de las constancias administrativas que la recurrente se encuentra inscripta en el “Registro de Operadores de Juegos de Azar” creado por la Resolución General N° 3.510 -con código de caracterización 202 - “Titulares de concesión o autorización de casinos o salas de juego y/o apuestas, que explotan directamente la actividad de juegos de azar y/o apuestas con alta de oficio”, registrando desde marzo de 2017 alta de oficio en el “Impuesto específico de apuestas”.
En este contexto, Mercedes 2000 S.A. presentó el 8 de enero de 2020 las declaraciones juradas (F2066) del Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas por las quincenas de enero a diciembre de 2018, conforme a lo dispuesto por la Resolución General N° 4.036-E y sus modificatorias (R.G. 4179-E); que si bien informó máquinas afectadas a la actividad, la base imponible y el impuesto declarado en todos los períodos fue cero (0), por lo que no ingresó monto alguno por este concepto.
Que en relación con ello, en la Nota Nº 5 de los Estados Contables - “Litigios Impositivos” se desprende: “la procedencia del diferencial de alícuota del 30% y 41,5% del Impuesto específico sobre la realización de apuestas ha sido cuestionada en forma colectiva a través de una Medida Cautelar caratulada “Cámara Unión Argentina de Empresarios de Entretenimiento C/EN-AFIP s/Proceso de Conocimiento”, en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 6 de la CABA, Causa Nº 21.949/2017. Con motivo de dicha acción, el Juez dispuso la suspensión de los efectos de la Ley 27.346 en cuanto aumenta la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 41,50 % para los resultados correspondientes a la explotación de juegos de azar y en cuanto crea el Impuesto Específico sobre la realización de Apuestas”...... “En virtud de lo anterior, desde el ejercicio 2016 la Compañía decidió judicializar los importes impositivos excedentes que implican las modificaciones introducidas por la Ley 27.346” (fs. 75, RE-2024-24662127-APN-DTD#JGM).
Ello así, la firma presentó nota expresando que el Impuesto Específico sobre la realización de apuestas era un impuesto indirecto que debía abonar el apostador y no la empresa, invocando también vigencia de la sentencia judicial de Primera Instancia en los autos citados en el párrafo anterior y resaltando que el Fisco tenía pleno conocimiento de ello. A su vez, la actora cuestionó que el Fisco debía requerir a la autoridad de aplicación de la actividad que dispusiera los mecanismos técnicos para la percepción del tributo y que la implementación de la Resolución General N° 4.036-E era fáctica y jurídicamente imposible (fs. 95/96 RE-2024-24662127-APN- DTD#JGM).
Surge de las constancias administrativas, que en relación con ello en la Causa Nº 21.949/2017/6 “Cámara Unión Argentina de Empresarios de Entretenimiento c/EN AFIP s/Proceso de Conocimiento”, el Fisco apeló la cautelar y la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió el 6 de abril de 2018: “hacer lugar a los agravios planteados por la parte demandada en lo concerniente a la procedencia de la medida cautelar peticionada y, por consiguiente, revocar el pronunciamiento apelado en este aspecto” (vide fs. 30/50, RE-2024-24662127-APN-DTD#JGM). Además, surge de los antecedentes que dicho fallo fue objeto de recurso extraordinario por ambas partes, siendo denegados y sólo el Fisco interpuso recurso de queja. Finalmente el 21 de diciembre de 2022, el Cimero Tribunal resolvió admitir el mentado recurso y rechazar la demanda incoada.
A su vez, se desprende de las actuaciones que el organismo entendió que la actora no se encontraba dentro del listado de demandantes en el seno de la Cámara; por lo cual no estaba considerada dentro de las comunicaciones de sentencia del expediente judicial bajo trato, ni tampoco se había consentido por el Fisco Nacional o en sede judicial la extensión de integrantes y adhesiones invocada por la recurrente (fs. 112, RE-2024-24662127-APN- DTD#JGM).
La fiscalización concluyó que la falta de vigencia de la medida cautelar invocada por la firma, como así también, que la firma no habría estado alcanzada en ningún momento por la citada medida, determinó el Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas, correspondiente al ejercicio 2018, el cual se compone de 24 presentaciones, toda vez que las mismas se realizan en forma quincenal (fs. 142, RE-2024-24662127-APN- DTD#JGM). Ello así, impulsó el correspondiente procedimiento determinativo.
En efecto, mediante la RESOL-2023-9-E-AFIP-DVRRME#SDGOPII del 13 de enero de 2023, se confirió a la responsable la vista por el artículo 17 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), de la liquidación proyectada en el Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas, por los períodos fiscales comprendidos entre enero y diciembre de 2018, con motivo de los cargos e impugnaciones formuladas como así también de las actuaciones administrativas, instruyendo el sumario S/DI RMEN/07/2023 por la infracción prevista en los artículos 46 y 47 inciso c) de la Ley 11.683 (fs. 67/72, RE-2024-24662127-APN-DTD#JGM).
Tras efectuar descargo el 27 de febrero de 2023, el 11 de julio de 2023 la actora realizó presentación digital adjuntando formulario F.408/PD allanándose totalmente a los montos ajustados por la fiscalización del asunto que dieron origen al procedimiento de determinación de oficio iniciado (fs. 86/122 y 138/139, RE-2024-24662127-
APN-DTD#JGM).
De la consulta a los sistemas se verificó que el 8 de junio de 2023, la actora presentó las declaraciones juradas rectificativas N° 1 de Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas por los períodos fiscalizados y, salvo el período fiscal noviembre de 2018 primera y segunda quincena, conformó la totalidad de las diferencias determinadas por la fiscalización y en los cargos de la vista conferida. Respecto al período fiscal noviembre de 2018, se observó que las diferencias surgieron por haberse invertido las bases imponibles.
Ello así, la recurrente incluyó la deuda detectada en la fiscalización al haberse acogido al plan de facilidades de pago – RG 5361 Número R646344 – del 09 de junio de 2023 (fs. 140/153, RE-2024-24662127-APN-DTD#JGM y fs.154/168 RE-2024-24663301-APN-DTD#JGM) y sobre las diferencias mencionadas en el párrafo anterior, resultó que el 17 de julio de 2023 se presentó la declaración jurada rectificativa N° 2 de la primera quincena con el impuesto que coincidía con la liquidación de la inspección. Asimismo, se exteriorizó que la recurrente ingresó en exceso $ 44.130,11 correspondiente a la declaración jurada rectificativa N° 1 de la segunda quincena de noviembre de 2018 y la totalidad correspondiente al resto de las declaraciones juradas comprendidas entre enero a diciembre de 2018 (vide informe obrante a fs. 196/198, RE-2024-24663301-APN-DTD#JGM).
Que en consecuencia, de acuerdo a lo establecido por el séptimo párrafo del artículo 17 de la ley, se aceptaron las declaraciones juradas rectificativas de Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas presentadas el 8 de junio de 2023 y 17 de julio de 2023 por los períodos fiscales comprendidos entre enero y diciembre de 2018. Por todo ello, se reencuadró la conducta de la actora en el artículo 45 y se aplicó la sanción que es definitiva la cuestión traída a resolver en la presente causa.
V. Que el art. 45 de la Ley N° 11.683 (texto según ley 27.430) dispone que: “Será sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren:…a) El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas….”. En efecto, el aspecto material de la infracción requiere de un resultado disvalioso, esto es la omisión del pago, mediante la presentación de declaraciones juradas inexactas Que al respecto, corresponde señalar que la rectificación de las declaraciones juradas del Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas por los períodos fiscales comprendidos a primer quincena de enero de 2018 hasta la segunda quincena de diciembre de 2018 fue a instancias de la inspección, es decir que de no haber sido por el accionar fiscal las omisiones constatadas no habrían sido debidamente exteriorizadas. En tal sentido, conforme lo establece el art. 13 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), el declarante es responsable en cuanto a la exactitud de los actos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad, por lo que corresponde tener por materializado el aspecto objetivo de la sanción de multa aplicada.
Si bien es correcto que las infracciones deben ser imputables tanto objetiva como subjetivamente para justificar la imposición de una sanción (doctrina de Fallos 271:297; 303:1548; 322:519), el artículo 45 de la Ley Nº 11.683 no exige una intención dolosa, sino que resulta suficiente la culpa del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A. c/ DGI", Sala II, del 28/06/2007; "La Rueca Porteña SA c/ AFIP – DGI", Sala IV, del 27/10/1998) y es la actora quien debe demostrar la falta del elemento subjetivo requerido para tener por configurado el ilícito que se le imputa, en atención a la inversión de la carga de la prueba que se produce en las infracciones tributarias, sin que la recurrente haya arrimado elementos que sirvan para desvirtuar la pretensión tributaria en que se funda la sanción.
Que en el derecho represivo tributario rige el criterio de la responsabilidad de la pena que responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (C.S.J.N. Fallos: 271:2997; 303:1548; 312:149) y que si bien es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación (Fallos: 316:1313 y CNACAF -Sala V- , “Martínez, Rodolfo Francisco” y “Basf Argentina SA” sentencias de fecha 12/5/99 y 14/6/2000).
En primer lugar, no resultan atendibles los argumentos de la recurrente relativos a una supuesta ilegitimidad e inconstitucionalidad del gravamen, ya como bien señala el Fisco en la contestación del recurso lo que aquí se discute es la procedencia de la multa aplicada y no el ajuste que le diera origen, ya que el mismo fue conformado. Así, para que se configure el “error excusable” se requiere que éste sea esencial e inculpable y las razones invocadas por el recurrente posean la entidad suficiente para demostrar un accionar diligente que lo llevara a creer razonablemente que su conducta no lesionaría el interés del erario (conf. “Capri Muebles S.R.L.” CNACAF Sala II, de fecha 28/4/94). Que en el caso no se configura -como pretende la actora- la causal referida, en tanto no se no se trata de una cuestión suscitada por existir dificultad en la interpretación de las normas tributarias seguida de una actitud diligente de parte de la actora, siendo que ésta fue la que decidió declarar el impuesto en cero, sin haber formulado una consulta en los términos del artículo s/n a continuación del 4° de la ley de rito fiscal. Además, respecto a la causa judicial mencionada “Cámara Unión Argentina de Empresarios de Entretenimiento c/EN AFIP s/Proceso de Conocimiento”, sin perjuicio de finalmente resultar adversa a la postura de los allí accionantes y adquirir firmeza el rechazo de la cautelar resuelta el 6 de abril de 2018 con suma anterioridad al inicio de la inspección (7 de febrero de 2022, vide fs. 1 y 5, RE-2024-24663301-APN-DTD#JGM), tampoco surge de las constancias administrativas que ésta se encontrara dentro del listado de demandantes y, por ende, que correspondiera serle atribuidos eventuales efectos de una decisión favorable.
Como corolario, se impone recordar que la empresa actora conocía concretamente la vigencia de la norma legal que infringió, así como que se encontraba incluida en sus disposiciones, a lo que cabe añadir que su postura no fue mantenida en etapas posteriores, al consentir el ajuste fiscal (cfr. CNACAF, Sala III in re “Carraro Argentina SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 6 de febrero de 2015).
Por lo demás, la multa aplicada se aplicó de acuerdo a la graduación prevista, no advirtiéndose desproporción alguna en el cálculo efectuado.
En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la sanción impuesta. Con costas a la vencida.
La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la sanción impuesta en el acto apelado en autos, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $217.467 (pesos doscientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y siete) equivalente a 4,43 (cuatro con 43/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $543.668 (pesos quinientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho) equivalente a 11,08 (once con 08/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°925/2024 (30/04/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “D” por encontrarse de licencia el Vocal de la 12a. Nominación (conf. art. 184 de la ley Nº 11.683 -t.o. en 1998 y sus modificaciones.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2024.05.24 13:37:35 -03:00 Date: 2024.05.30 09:51:55 -03:00 Agustina O'Donnell Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.30 09:51:56 -03:00
Fin de la sentencia