Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 38.550-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 531/2017 (AD CAMP), dictada por el Señor Jefe del Departamento Aduana de Campana el 18 de octubre de 2017, mediante la cual, sobre la base de lo estipulado por el art. 954, ap. 1 inc. a), del Código Aduanero (en adelante “CA”), se resuelve condenar a la firma MERCEDES- BENZ ARGENTINA S.A. y al despachante de aduana, Sr. Álvaro Germán BUENADER, al pago, en forma conjunta, de un monto igual a $ 162.281,63, en concepto de multa.
2Costas a las actoras.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-39204795-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 17 de Abril de 2024 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquís y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 38.550-A, y su acumulado “ BUENADER ALVARO c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 38.600-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 9/17 vta. y 29/31 vta. la firma MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. (en adelante “MERCEDES-BENZ” o “importadora”) y el despachante de aduana, Sr. Álvaro Germán BUENADER (en adelante “despachante de aduana”), respectivamente se presentan, por apoderado, e interponen recurso de apelación contra la Resolución N° 531/2017 (AD CAMP), dictadas por el Señor Jefe del Departamento Aduana de Campana el 18 de octubre de 2017, mediante la cual, sobre la base de lo estipulado por el art. 954, ap. 1 inc. a), del Código Aduanero (en adelante “CA”), se resuelve condenar a la importadora y al despachante de aduana al pago, en forma conjunta, de un monto igual a $ 162.281,63, en concepto de multa.
II. Así las cosas, es pertinente consignar que la importadora comienza su intervención mediante el detalle del objeto del recurso de apelación. En este sentido, solicita en términos generales la declaración de nulidad de lo actuado debido a la incompetencia de la Dirección General de Aduanas en materia impositiva y, en forma subsidiaria, demanda su sobreseimiento con respecto a la imputación original toda vez que, como surge de las razones de hecho y de derecho expuestas, el actuar de la importadora no configura el tipo infraccional descripto en el art. 954 inc. a) del Código Aduanero. Luego de presentar una descripción sucinta de los hechos, desarrolla, en primer lugar, los argumentos vinculados con el planteo de nulidad.
En efecto, afirma que siempre que el acto administrativo (auto de instrucción de sumario y corrida de vista) en trato estuviera viciado en uno de sus elementos esenciales, en el presente caso “la competencia”, se debería declarar la nulidad de lo actuado. Observa que en virtud de las disposiciones que adjudican la competencia en razón de la materia, se afecta el orden público administrativo y, por consiguiente, el acto viciado de este tipo de incompetencia configura una nulidad absoluta y, como tal, insusceptible de saneamiento. Concluye que el sumario en cuestión persigue claramente el cobro y la imputación de un concepto que escapa a la competencia del Servicio Aduanero, “…por lo que se debe declarar la nulidad de todo lo actuado por el vicio que posee, ordenando en archivo de las presentes actuaciones sin más trámite”.
Cita doctrina y jurisprudencia. En segundo lugar, y en forma subsidiaria, defiende la inexistencia de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1° inc. a), del C.A. Considera que, si es finalmente admitido el pago de los tributos y verificada la ausencia del perjuicio fiscal correspondiente, no resulta razonable la resolución adoptada por el Servicio Aduanero. Agrega que la declaración inexacta no es punible en sí misma, ya que, según la importadora, no se castiga el haber incurrido en una inexactitud, sino sólo si con ella se puede o pudiera afectar alguno de los bienes jurídicos que la norma protege. Cita doctrina y jurisprudencia. En tercer lugar, invoca el principio de la insignificancia o bagatela.
En este sentido, considera que la sanción estipulada sobre la base de lo dispuesto por el art. 954 del C.A. resulta jurídicamente irracional si se aplica sobe la presunta transgresión que se le imputa. Adiciona que el presente principio tiene que ver con la aplicación de la pena justa y no la que resulte más gravosa para el sujeto, “…ya que no necesariamente la pena cruel es sinónimo de pena justa”. Cita doctrina y jurisprudencia. Posteriormente, manifiesta la necesidad de aplicar, en forma subsidiaria, el art. 898 del C.A. y hace referencia a la violación del principio de razonabilidad. Finalmente, propone el recuadre de la figura propuesta por el Servicio Aduanero en los términos del art. 994 del C.A.
El despachante de aduana, por su parte, luego de adherir “…en todo y cada uno de los términos, a la defensa articulada por [la importadora] [y] a la prueba por [ella] acompañada”, y de solicitar la acumulación de los expedientes, argumenta el haber cumplido tanto con todas las instrucciones dadas oportunamente por la importadora como así también con todas las obligaciones a su cargo. Luego de hacer referencia a los arts. 902 y 908 del C.A., manifiesta que, al confeccionar la declaración aduanera correspondiente a la destinación de importación en cuestión, se aportaron todos los detalles y especificaciones de la mercadería declarada, de acuerdo con la documentación brindada por el importador. Asimismo, expone el haber cumplido con todos los deberes a su cargo, y, en especial, con el deber de colaboración para con el Servicio Aduanero. Destaca la uniformidad de la jurisprudencia con relación a los casos de las declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas, y, en este sentido, afirma que el despachante de aduana no debe ser considerado como responsable en aquellos casos donde no se haya apartado de las especificaciones contenidas en la documentación que le entrega el mandante. En ambos casos, ofrecen prueba, hacen reserva de Caso Federal y solicitan se deje sin efecto la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 38/42 vta. la representación fiscal contesta el traslado y, luego de realizar una descripción sucinta de los hechos y de efectuar una negativa genérica, se explaya sobre los actuados aduaneros. Con respecto al fondo de la cuestión debatida, destaca, en primer lugar, que el sistema aduanero descansa sobre la base de la veracidad y exactitud de las declaraciones efectuadas acerca de la naturaleza, calidad y propiedades de las mercaderías que constituyen los objetivos de las destinaciones u operaciones que se realizan en las aduanas, como también de todos los demás datos relevantes que puedan ser requeridos en la destinación u operación de que se trate. En tal sentido, subraya la necesidad de que los diferentes operadores del comercio exterior suministren precisa y concretamente todos los elementos de juicio e informaciones necesarias que permitan al servicio aduanero ejercer sus facultades de control y, en su caso, determinar los tributos aplicables.
Presenta un examen de la infracción tipificada a través del art. 954, ap. 1° inc. a), del CA y destaca la definición de “perjuicio fiscal” expresamente mencionada en el art. 956, inc. b), del mismo cuerpo legal. Cita jurisprudencia. En cuanto a los agravios expuestos por la importadora, recuerda que, en el despacho involucrado, se declaró en el ítem 1, Sección Opciones/Ventajas “IMPINTEXCAPIXM: NO VALIDA, IMPINT24674-TXT: NO”. Como resultado de ello, destaca que el Sistema Informático Malvina (en adelante “SIM”) no liquidó ni el 10% ni el 12%, en concepto de gravámenes previstos por los Capítulos IX y V de la Ley 24.674, a pesar de tratarse de la importación de un vehículo cuyo valor superaba los $ 150.000.
De esta manera, confirma estar en presencia de una inexactitud que genera la posibilidad de provocar el prejuicio fiscal requerido por la figura tipificada en el art. 954, ap. 1° inc. a), del C.A. En lo que respecta al despachante de aduana, resalta que este no solo actúa como mandatario del importador, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico de importación y exportación de mercadería. Consecuentemente, afirma que, en virtud de las funciones que se le asignan, es necesario que se instruya con conocimientos específicos en la materia aduanera. Agrega que, del rol que asumen los despachantes de aduana, la legislación es exigente en cuanto a las condiciones y conocimientos que estos deben reunir para desempeñarse como tales, “…y previsora y minuciosa de aquellas situaciones que, por comprometer los intereses fiscales, son pasibles de sanción penal”.
Finalmente, en cuanto a lo expresado en el recurso con respecto a los tributos, se remite a los dos últimos considerandos y a los artículos correspondientes de la resolución recurrida.
IV. A fs. 61 se declara la causa de puro derecho y se elevan las actuaciones a consideración de la Sala “G”, que los pasa a sentencia a fs. 66.
V. Mediante el examen de las actuaciones descriptas con anterioridad, en el presente caso se observa la necesidad de dilucidar si la Resolución N° 531/2017 (AD CAMP) fue dictada de conformidad con el derecho vigente y, por consiguiente, si los apelantes efectivamente incurrieron en una declaración inexacta, según lo expresamente estipulado por el art, 954, ap. 1 inc. a), del C.A. No obstante, teniendo en cuenta los argumentos oportunamente presentados, se torna necesario analizar, en primer lugar, la cuestión vinculada con el planteo de nulidad del auto de instrucción del sumario y la corrida de vista. A su vez, previo al examen de la cuestión precedentemente mencionada, se realizará una descripción sucinta de los hechos involucrados en la presenta causa.
VI. Gracias a los elementos de prueba oportunamente presentados, se constata que, como resultado de su operatoria habitual, el 13 de julio de 2012 la importadora oficializaría, a través de su despachante de aduana Sr. Álvaro Germán Buenader, una destinación de importación para consumo (12 008 IG06 000960 S) con el objetivo de ingresar al territorio argentino dos automóviles Mercedes-Benz provenientes de Alemania. En dicha oportunidad, y según lo informado oportunamente por el servicio aduanero (ver fs. 1 de las actuaciones administrativas), en el campo “a) Opciones/b) Ventajas” correspondiente a la “Información del Ítem” de la mencionada destinación, se detallaría para las opciones “IMPINTEXCAPIXM” e “IMPINT24674” la siguiente información: “NO VALIDA” y “NO”
respectivamente. Como resultado de esto último, el Sistema Informático Malvina (SIM) omitiría calcular el 10% y el 12% sobre el valor en aduana de la mercadería, en concepto de gravámenes previstos por los Capítulos IX y V de la Ley 24.674 sobre Impuestos Internos respectivamente, a pesar de tratarse de la importación de vehículos cuyos valores superaban los $150.000.
En virtud de lo mencionado con anterioridad, y sobre la base de un control documental oportunamente efectuado sobre la destinación de importación bajo análisis, el Jefe de la Sección “V” de la Aduana de Campana emitiría, el 30 de noviembre de 2012, la Nota V N° 953/2012, con la finalidad de constatar la irregularidad mencionada, de determinar el importe de la multa y los impuestos no devengados (multa (perjuicio fiscal): $ 108.187,75; impuestos: U$S 80.179,68) y de tipificar la omisión correspondiente como una declaración inexacta, según lo expresamente estipulado por el art. 954, ap. 1° inc. a), del C.A (ver fs. 1 ibid.). El 13 de diciembre de 2012, tomando como base la información suministrada por la Nota V N° 953/2012, el Administrador de la División Aduana de Campana instruiría el sumario pertinente y correría vista a las partes involucradas de todo lo actuado hasta ese momento (ver fs. 30 ibid.).
Tanto el despachante de aduana, Sr. Álvaro Germán Buenader, como el importador contestarían las vistas en tiempo y forma (ver fs. 37 a 39 y 44 a 58 ibid.). El primero adheriría a la defensa presentada por el importador y destacaría, principalmente, el haber cumplido tanto con las instrucciones impartidas por el importador como con todas las obligaciones a su cargo (ver fs. 37/39 ibid.). El segundo, por su parte, luego de haber presentado una descripción de los principales hechos, plantearía la nulidad de lo actuado por el servicio aduanero por incompetencia, resaltaría el pago de los tributos correspondientes en oportunidad de la transferencia del vehículo, haría referencia a la aplicación del principio de la insignificancia o bagatela y a la violación del principio de razonabilidad, propondría el rencuadre de la figura propuesta por la Aduana en los términos del art. 995 del C.A. y solicitaría la graduación de las penas sobre la base de las circunstancias enumeradas a través de los arts. 915 y 916 del CA (ver fs. 44/58 ibid.).
Con relación al pago de los tributos, el importador presentaría, como prueba documental, una serie de escritos mediante los cuales se certificaba el correspondiente desembolso (ibid.). A su vez, se ofrecería la realización de una prueba pericial contable con la finalidad de constatar, entre otras cuestiones, los pagos de impuestos internos realizados por Mercedes-Benz con respecto a los vehículos importados y bajo examen (ibid.). Frente a lo alegado por cada una de las partes involucradas, el Jefe del Departamento Aduana de Campana adoptaría, el 18 de mayo de 2015, una primera nota donde, entre otras cuestiones, haría lugar a las pruebas ofrecidas (ver fs. 120 ibid.). Una segunda nota sería adoptada por el mismo funcionario el 25 de agosto de 2017, mediante la cual se ordenaría pasar lo actuado hasta el momento a la Sección Inspección Simultanea con la finalidad de ratificar o rectificar la denuncia efectuada oportunamente “…teniendo en consideración el descargo realizado por las encartadas en las contestaciones de vista y documentación aportada”; y, una vez que esto fuera realizado, remitir el expediente a la Sección Sumarios para la prosecución del trámite que correspondiera (ver fs. 138 ibid.).
La Sección Inspección Simultanea emitiría la Nota IS N° 447/17 con la finalidad de informar que “…[s]i bien los Impuestos Internos fueron abonados por la firma Importadora al momento de la venta de los vehículos al mercado interno, se recuerda que en virtud del art. 14, Ley 24.674, la Aduana queda facultada para la percepción del Impuesto Interno en los casos de la Importación a consumo definitivo…”. Por consiguiente, “…esta instancia entiende que lo planteado por la firma deberá resolver[se] ante la DGI, por lo cual este hecho no lo exime de la infracción objeto de autos dado que, al momento del despacho en cuestión, correspondió haber declarado las opciones IMPINEXCAPIXIMI: IMIX03 e IMPINT24674-TXT=SI, y liquidar el impuesto interno correspondiente de acuerdo con la normativa vigente Decreto N° 1/2012” (ver fs. 139 ibid.).
En virtud del art. 1040 del C.A., la Sección Sumarios de la Aduana de Campana adoptaría, el 13 de octubre de 2007, el Dictamen jurídico N° 295/2017 donde, luego de mencionar los principales antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho vinculados con la infracción del art. 954 del C.A. y la competencia de la Dirección General de Aduana para la percepción de los impuestos internos en el supuesto de importación definitiva, entendió que correspondía condenar tanto al despachante de aduana como a la firma importadora al pago de la multa correspondiente, “…toda vez que los encartados no efectuaron el pago de los impuestos internos al momento de la oficialización de la declaración de aduana en cuestión…”. Afirmaría, a su vez, que el reclamo tributario pertinente debería dejarse sin efecto (ver fs. 142/143 vta. ibid.). Mediante la Resolución N° 531/2017 (AD CAMP) del 18 de octubre de 2017, y tomando como fundamento lo afirmado por la Sección Sumarios a través de su dictamen jurídico, el Jefe del Departamento Aduana de Campana resolvería, entre otras cuestiones, condenar a la importadora y al despachante de aduana al pago, en forma conjunta, de un monto igual a $ 162.281,63, en concepto de multa, y dejar sin efecto el reclamo tributario correspondiente (ver fs. 146/148 ibid.).
VII. Frente a los hechos descriptos, corresponde señalar que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración del Tribunal, sino tan solo aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (según lo afirmado por la CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140 y 301:970).
VIII. Una vez realizada la aclaración precedente, resulta pertinente examinar, en primer lugar, la cuestión preliminar vinculada con el planteo de nulidad de lo actuado por el servicio aduanero por encontrarse afectado por un vicio en la competencia del órgano involucrado. En efecto, según lo oportunamente afirmado por la importadora, “…el acto en análisis se [encuentra vinculado con] la aplicación de los Impuestos Internos, cuya autoridad de aplicación es claramente la Dirección General Impositiva”. Posteriormente, luego de llevar a cabo un examen de diferentes casos jurisprudenciales, terminaría por concluir que “…el sumario en cuestión persigue el cobro y la imputación de un concepto que escapa a la competencia del Servicio Aduanero, por lo cual se debe declarar la nulidad de todo lo actuado por el vicio que posee, ordenando el archivo de las presentes actuaciones sin más trámite”.
IX. Sin embargo, al leer una vez más el contenido de la Resolución N° 531/2017 (AD CAMP), dictada por el Jefe del Departamento Aduana de Campana el 18 de octubre de 2017, se logra constatar que su objeto principal consiste en identificar una infracción aduanera cometida por las partes involucradas y, como consecuencia de ello, condenar a estas al pago de la multa correspondiente, y no “…el cobro y la imputación de un concepto que escapa a la competencia del Servicio Aduanero…”. En efecto, mediante su art. 1°, se condena al despachante de aduana y a la importadora involucrada al pago de un monto determinado, en concepto de multa, por haber constatado “…la infracción prevista y penada en el art, 954 ap. 1 inc. a) de la ley 22.415”. Y, a su vez, a través de su art. 3°, se deja sin efecto el reclamo tributario de manera expresa. De esta manera, si el objeto de la Resolución bajo examen consiste en el cobro de un concepto (una multa genera por haber incurrido en una infracción aduanera) que se encuentra comprendido dentro de las competencias del Servicio Aduanero, el acto administrativo no debería encontrase afectado por vicio alguno en el mencionado elemento y, por consiguiente, no podría declararse su nulidad.
X. No obstante lo mencionado con anterioridad, cabría preguntarse si en el supuesto caso de haber exigido el pago de un monto en particular, en concepto de perjuicio fiscal, la Dirección General de Aduanas hubiese excedido sus competencias y, por consiguiente, el acto involucrado se hubiese encontrado afectado por una causal de nulidad absoluta. A mi entender, la respuesta al interrogante referido es negativa. En efecto, la competencia ha sido generalmente definida como “…la aptitud legal que surge del conjunto de facultades y atribuciones que corresponden a los órganos y sujetos estatales” (Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, tomo II, 8° edición actualizada, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2006, p. 185). En lo que respecta específicamente a la competencia en razón de la materia, se la concibe como aquella “…por la cual el derecho objetivo (Constitución, ley, reglamento) adjudica una serie de funciones y atribuciones a los sujetos estatales para la realización de las tareas que se le encomienden. Rige en este ámbito el principio de especialidad, por cuyo mérito cada órgano o sujeto estatal tiene competencia para realizar todo aquello que se encuentre vinculado al cumplimiento de los fines de su creación” (ibid., p. 187). Con la finalidad de diferenciar la noción de “competencia” de aquella de “capacidad”, se ha generalmente afirmado que en el Derecho Administrativo la competencia es generalmente concebida como la excepción, mientras que la incompetencia pasaría a representar la regla. Por consiguiente, generalmente se requiere un texto que reconozca expresa o implícitamente la aptitud del órgano o sujeto estatal para emitir válidamente un acto (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, 4° edición actualizada - reimpresión, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2011, p. 593). Esto resulta particularmente relevante en materia de actos de gravamen en virtud del principio emergente del art. 19 de la Constitución Nacional.
XI. Al retomar los hechos en el presente caso sobre la base de lo mencionado con anterioridad, se observa que el art. 14 de la ley 24.674 estipula, en su art. 14, que “[l]os gravámenes de esta ley se regirán por las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones y su aplicación, percepción y fiscalización estarán a cargo de la Dirección General Impositiva dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, quedando facultada la Administración Nacional de Aduanas dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos para la percepción del tributo en los casos de importación definitiva” (nuestra cursiva).
Por su parte, el decreto 618/1997 determina, mediante su art. 1°, que “[l]a Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, tendrá la organización y competencia fijadas por el presente decreto y, a partir de la publicación del mismo en el Boletín Oficial, se considerarán disueltas la Administración Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva siendo reemplazadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, la que ejercerá todas las funciones que les fueran asignadas a aquellas por las Leyes Nº 11.683, Nº 22.091, Nº 22.415 y por el Decreto Nº 507/93- ratificado por la Ley Nº 24.447 -; y sus respectivas modificaciones, así como por otras leyes y reglamentos”.
Este primer párrafo sería complementado: a) por el tercero de la misma disposición, donde se afirmaría que “[t]odas las referencias que las normas legales y reglamentarias vigentes hagan a los organismos disueltos, su competencia o sus autoridades, se considerarán hechas a la Administración Federal de Ingresos Públicos, su competencia o sus autoridades, respectivamente”; b) y por el cuarto párrafo de su art. 2, en virtud del cual se estipula que “[s]in perjuicio de la indivisibilidad de la Administración Federal de Ingresos Públicos como ente administrativo y sujeto de derecho, las Direcciones Generales que dependen de ella se distinguirán con las siglas DGA (Dirección General de Aduanas) y DGI (Dirección General Impositiva), respectivamente”.
De esta manera, gracias a una interpretación conjunta de las disposiciones transcriptas, a falta de disposición expresa que determine lo contrario, las competencias oportunamente atribuidas a la Administración Nacional de Aduanas, mediante la ley 24.674, pasarían a ser ejercidas por la Dirección General de Aduanas. Por consiguiente, esta última dependencia se encontraría facultada “…para la percepción del tributo en los casos de importación definitiva”, según lo expresamente manifestado por el art. 14 del mencionado plexo legal y, consecuentemente, el cobro del impuesto por parte de la Dirección General de Aduanas no hubiese implicado un exceso en el ejercicio de sus competencias expresamente atribuidas.
XII. Una vez descartada la cuestión preliminar oportunamente planteada, corresponde centrar la atención en los argumentos tendientes a desestimar la existencia de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1 inc. c), del C.A. Efectivamente, según lo afirmado por la importadora, “…la posibilidad de aplicar la sanción pretendida por el organismo aduanero se circunscribe […], entre otros requisitos, a “la presentación de una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación” y que pudiera o hubiere podido producir “un perjuicio fiscal”, circunstancia en la que no puede encuadrarse el caso de marras, ya que se trata de una operación de importación para consumo por la cual se han abonado los impuestos correspondientes, tal como surge de la prueba aportada” (nuestra cursiva). Posteriormente, luego de haber realizado un análisis doctrinario y jurisprudencial, agregaría que “…en el caso que nos ocupa no es posible la aplicación de dichos principios como justificativo de la apertura del sumario por presunta infracción del artículo 954, en tanto el perjuicio fiscal al que hace [mención] el Servicio Aduanero, no se refiere a la clasificación arancelaria, la cantidad, calidad, o valoración de la mercadería, sino que involucra exclusivamente a un impuesto cuya determinación y percepción es competencia originaria de la DGI”. Finalmente, terminaría por concluir que “…se ha admitido el pago de los tributos, y se ha verificado que no existió perjuicio fiscal, no resulta razonable la Resolución adoptada por el Servicio Aduanero…”.
XIII. Sin embargo, a los fines de determinar si el comportamiento imputado tanto al despachante de aduana como a la importadora pueda o no ser finalmente catalogado como una declaración inexacta, ciertas observaciones concernientes al alcance del art. 954 ap. 1 inc. a) del C.A. deben ser previamente presentadas. Según lo estipulado por los términos invocados de la disposición menciona “[e]l que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir […] a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de uno (1) a cinco (5) veces el importe de dicho perjuicio…”.
XIV. En lo que respecta a la hermenéutica a tener en cuenta para la determinación del alcance de la disposición bajo examen, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante “CSJN”) ha tenido oportunidad de resaltar que las leyes deben ser interpretadas de forma tal que se evite darles un sentido que coloque en pugna sus disposiciones, y se adopte finalmente como pertinente aquél que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 304:794; 315:929; 315:942, entre muchos otros). A esta primera constatación, habitualmente se le añade que el alcance de las leyes tributarias debe determinarse computando la totalidad de las normas que la integran, para que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con las reglas de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 307:871; 315:929; 315:942).
XV. A su vez, en cuanto al bien jurídico finalmente tutelado por la disposición bajo análisis, la CSJN ha llegado a señalar que el art. 954 del C.A. “…da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante – salvo los supuestos previstos en la propia ley – o del control que pueda efectuar el servicio aduanero. Ello se traduce en que, por principio, en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la mayor o menor eficiencia con que la Administración Nacional de Aduanas practique las tareas de control que le están asignadas; al contrario, la sujeción a tales presupuestos tiende a evitar que, al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen y perviertan” (Fallos: 315:942).
XVI. No obstante, la configuración del tipo definido por el art. 954 del C.A. no solo presupone la constatación de una declaración inexacta, sino que, a su vez, la mencionada inexactitud debe acarrear la producción o potencialidad de producir, de pasar inadvertida, alguna de las consecuencias perjudiciales finalmente mencionadas a través de sus incisos a), b) o c). En este sentido, la CSJN ha remarcado en su oportunidad que la conducta declarada punible a través de la disposición bajo análisis no se agota con la sola formulación inexacta de la declaración respectiva ante la autoridad aduanera, ya que la norma requiere que, a la transgresión de los ya mencionados principios de veracidad y exactitud de las declaraciones, se le sume la existencia o la posibilidad de producir un daño (Caso Ferry Líneas Argentinas SA, CSJN, 17/6/1986).
De esta manera, para que una conducta en particular pueda ser finalmente sancionada sobre la base de lo dispuesto por el art. 954 ap. 1 inc. a) del C.A., los siguientes elementos del tipo infraccional deberían ser claramente identificados: a) se debe estar en presencia de una declaración que difiera con lo resultante de la comprobación efectuada por el servicio aduanero y; b) la mencionada diferencia, en caso de pasar inadvertida, deba producir, o tenga la potencialidad de producir, un perjuicio fiscal. La efectiva aplicación de la sanción estipulada por el art. 954 del C.A. sin la constatación de alguno de los elementos mencionados con anterioridad implicaría una clara violación del principio de legalidad, piedra angular del esquema infraccional aduanero.
XVII. En primer lugar, a los fines de verificar el primer elemento del tipo infraccional estipulado por el art. 954 del C.A., una diferencia entre lo detallado en el documento bajo análisis y lo verificado por el servicio aduanero debe ser constatada. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante “TFN”), la mencionada diferencia podría llegar a surgir tanto de la comprobación física como de la verificación documental llevada a cabo por el servicio aduanero (Papelera Tucumán S.A. v. D.G.A. (expediente: 24.383-A), sentencia del 15 de abril de 2009). No obstante, no configuraría el tipo infraccional estipulado por el art. 954 del C.A. la constatación de una diferencia entre la declaración comprometida formulada por el declarante y la consignada en la documentación complementaria adjunta a la destinación (Pasa Petroquímica Argentina S.A. v. ANA (expediente: 7118-A), sentencia del 17 de octubre de 1994). En el caso bajo análisis, sobre la base de los elementos de prueba presentados oportunamente por cada una de las partes, se logró verificar que, en el campo “a) Opciones/b) Ventajas” correspondiente a la “Información del Ítem” de la destinación de importación para consumo (12 008 IG06 000960 S), se detallaría para las opciones “IMPINTEXCAPIXM” e “IMPINT24674” la siguiente información: “NO VALIDA” y “NO” respectivamente, mientras que, por las características del vehículo en proceso de importación, debió haberse precisado en las dos opciones mencionadas con anterioridad los siguientes datos: “IMIX03” y “SI” respectivamente. De esta manera, se logra confirmar una clara diferencia entre lo detallado en el documento bajo análisis y lo finalmente verificado por el servicio aduanero.
XVIII. Si el primer elemento del tipo infraccional quedó finalmente configurado, resta determinar si, como resultado de la diferencia constatada entre lo declarado y lo verificado, se generó, o pudo haberse generado el efecto finalmente detallado en el inciso a) del art. 954 ap. 1 del C.A. En este sentido, el art. 956 inc. b) del mismo plexo normativo nos ofrece la siguiente definición de lo que se debería comprender por perjuicio fiscal: “se entiende por [el mencionado concepto] la falta de ingreso al servicio aduanero del importe que correspondiere por tributos cuya percepción le estuviere encomendada, el ingreso de un importe menor al que correspondiere por tal concepto o el pago por el Fisco de un importe que no correspondiere por estímulos a la exportación”. Al analizar los hechos involucrados en el sub examine, se verifica que el ingreso de la información errónea trajo como resultado la falta de cálculo de los Impuestos Internos que hubiesen correspondido generar por las características de la mercadería en proceso de importación. Consecuentemente, la inexactitud de la declaración trajo aparejado con toda claridad la generación de un perjuicio fiscal.
XIX. Sentado lo anterior, corresponde centrar la atención sobre la responsabilidad del Despachante de Aduana, Sr. Álvaro Germán BUENADER, en el presente caso. De acuerdo con los argumentos presentados oportunamente por esta parte, confirma el haber cumplido tanto con todas las instrucciones dadas oportunamente por la importadora como así también con todas las obligaciones a su cargo. Luego de hacer referencia a los arts. 902 y 908 del C.A., manifiesta que, al confeccionar la declaración aduanera correspondiente a la destinación de importación en cuestión, se aportaron todos los detalles y especificaciones de la mercadería declarada, de acuerdo con la documentación brindada por el importador. Asimismo, expone el haber cumplido con todos los deberes a su cargo, y, en especial, con el deber de colaboración para con el Servicio Aduanero.
XX. Con relación a esta cuestión, el TFN ha llegado a afirmar que “[…] el despachante de aduana no solo actúa como mandante del importador-exportador, carácter que lo obliga a desenvolverse de conformidad al mandato, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe colaborar eficazmente con la aduana. Es justamente dicha calidad la que determina que exista un mayor deber de obrar diligentemente y una mayor responsabilidad, tanto con respecto a su mandante como con respecto al servicio aduanero. […] [D]ebe tenerse presente que, “[d]ado el interés del Estado en el debido control del tráfico internacional, que descansa en el principio del “despacho en confianza” y su correlativa “declaración aduanera previa”, es función del auxiliar del comercio colaborar con el Estado en la tarea de un despacho rápido y seguro. Lo que constituye una lógica contrapartida de la confianza que el Estado deposita en él al momento de la declaración aduanera. Esta relación de confiabilidad en la colaboración con el resguardo de los regímenes de restricciones o de facilitación (sea por vía tributaria o no tributaria) de la importación o exportación de ciertas mercaderías le otorga a esta categoría de auxiliar del servicio aduanero una gravitación aún mayor que la de mero auxiliar del comercio”. (Alsina, Mario; A, Barreira, Enrique C.; Basaldua, Ricardo Xavier; Cotter Moine, Juan P. y Vidal Albarracin, Hector G., Código Aduanero comentado, completado y actualizado por Barreira, Enrique C.; Basaldua, Ricardo Xavier; Vidal Albarracin, Hector G.; Cotter, Juan P., Sumcheski, Ana L y Vidal Albarracin (h), Guillermo, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 2011, tomo I, p. 129)” (TFN, Molinos Río de la Plata S.A. y otra c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación (expediente N° 27.345-A), sentencia del 12 de mayo de 2016).
XXI. La importancia de la actividad desarrollada por estos profesionales fue destacada en el segundo párrafo del punto 1 de la Exposición de Motivos del Código Aduanero, bajo el título II “Auxiliares del comercio y del servicio aduanero”, Capítulo Primero “despachantes de aduana”, donde se señala, entre otras cosas, que “[…] se evidencia [...] que son varios los intereses comprometidos en la gestión realizada por este profesional. El del fisco, en la medida en que el despachante colabora a la regular y correcta percepción de los tributos aduaneros, el del servicio aduanero, cuya actividad se ve facilitada por la intervención del profesional y el relativo al comercio de importación y exportación cuyas operaciones aduaneras tramitan”.
XXII. Sobre la base de lo afirmado hasta aquí, el TFN continuó afirmando que “[…] debido a la trascendencia, tanto para el importador-exportador como para el servicio aduanero, de la actividad que desarrolla dicho actor en el ámbito del comercio internacional es que se le exige cierto grado de idoneidad, lo que se evidencia, entre otras cosas, en los requisitos que se le reclama para poder desenvolverse como tal. Entre ellos, se destaca - en cuanto aquí interesa - la exigencia de “[...] haber aprobado estudios secundarios completos y acreditar conocimientos específicos en materia aduanera en los exámenes teóricos y prácticos que se establecieren” -cfme. art. 41, inc. b), del C.A. En definitiva, no se trata de un simple mandatario, sino de un profesional, que debe reunir requisitos, entre los cuales se encuentra la necesidad de adquirir conocimientos específicos en el ámbito del comercio exterior y es, justamente, su preparación especializada la que lo habilita a actuar en el carácter de mandatario calificado por sus conocimientos en materia aduanera” (TFN, Molinos Río de la Plata S.A. y otra c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación (expediente N° 27.345-A), op. cit.). Dicha circunstancia conlleva, como contrapartida, mayores posibilidades de incurrir en responsabilidad jurídica, tanto en el ámbito del derecho privado, con relación a su mandante (ya sea importador o exportador), como en el ámbito del derecho público, frente al servicio aduanero. Ello así, en virtud de que, al exigírsele idoneidad, no actúa como un mero gestor, debiendo poner la mayor prudencia y diligencia en el desarrollo de sus tareas, lo que lo eleva, según se ha señalado en cierto ámbito de la doctrina, a la categoría de “técnico asesor del comercio exterior”. (La responsabilidad del despachante de aduana, Hector G. Vidal Albarracin, Guillermo Vidal Albarracion, Juan M. Sluman, Guia Practica y Ediciones IARA S.A., Buenos Aires, 2009, p. 47).
XXIII. En este sentido, de la interpretación de los arts. 902 y 908 del C.A. se deduce que la solidaridad en el pago de la multa impuesta como consecuencia de una declaración inexacta nace en cabeza del despachante de aduana, salvo que probase haber cumplido acabadamente con las obligaciones a su cargo. En este último supuesto, la persona representada sería responsable por la infracción aduanera cometida y el despachante, habiendo cumplido con las obligaciones a su cargo, quedaría liberada de la infracción endilgada. En tal inteligencia del asunto, resulta menester que dicho auxiliar del servicio aduanero demuestre haber obrado con prudencia y buen cumplimiento de las obligaciones contraídas. De ello se desprende que el buen o mal desempeño en su actuación profesional es valorado en función del cumplimiento de los deberes que impone la legislación aduanera. Consecuentemente, ello es lo que debe tenerse presente al tiempo de valorar la actuación del citado profesional, resultando decisivo para la atribución de su responsabilidad.
XXIV. A partir del análisis de todo lo actuado, encuentro que los argumentos en conjunción con la documentación aportada por el despachante no logran conmover los fundamentos de la sanción impuesta en sede aduanera. Ello, teniendo en cuenta que la especial relación que se entabla entre el servicio aduanero y las personas que desarrollan su actividad profesional en el área del comercio exterior, torna aplicable el principio establecido en el art. 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación (anterior art. 902 del Código Civil), de conformidad con el cual se determina que “[c]uanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias”.
XXV. En la especie, el despachante de aduana no puede eximirse de sus deberes legales so pretexto de haber aportado todos los detalles y especificaciones de la mercadería declarada, de acuerdo con la documentación brindada por el importador. Por consiguiente, reconociendo los fundamentos constitucionales de orden normativo e institucional por los que se establecen los deberes de colaboración, va de suyo que, en caso de existir motivos razonables para sospechar de la aplicación de un régimen tributario en particular, no puede excusarse la responsabilidad del despachante de aduana. Es que, en efecto, no se trata de exigir al auxiliar aduanero que realice una pesquisa exhaustiva sobre la sinceridad de la operación, pero si es demandable que no actúe como un autómata. En el sub lite, el despachante de aduana, de conformidad con su rol de auxiliar del servicio aduanero, debió haber lidiado con las deficiencias de la información brindada por su mandante y, como resultado de ello, por tratarse de la importación de un vehículo cuyo valor superara los $ 150.000, debió haber completado la declaración correspondiente de forma tal que el Sistema Informático Malvina (SIM) finalmente no omitiera calcular el 10% y el 12% sobre el valor en aduana de la mercadería, en concepto de gravámenes previstos por los Capítulos IX y V de la Ley 24.674 sobre Impuestos Internos respectivamente. Es por ello que no resultan atendibles sus argumentos tendientes a desvirtuar la responsabilidad endilgada, ya que se evidencia en el caso de marras un desacierto en la declaración pasible de reproche.
XXVI. Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, la operatoria aduanera esta estructurada sobre la base de la confianza que el servicio aduanero deposita en los distintos sujetos que desarrollan su actividad en el área del comercio exterior, sistema que tiende a simplificar los controles para agilizar el intercambio en el comercio internacional, y que tiene como contrapartida la necesidad del autocontrol y la sanción ejemplificadora al detectar infracciones. Por lo expuesto, cabe concluir que el despachante de aduana, frente a las circunstancias del caso, resulta responsable en forma solidaria con la firma importadora por la infracción cometida.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N° 531/2017 (AD CAMP), dictada por el Señor Jefe del Departamento Aduana de Campana el 18 de octubre de 2017, mediante la cual, sobre la base de lo estipulado por el art. 954, ap. 1 inc. a), del Código Aduanero (en adelante “CA”), se resuelve condenar a la firma MERCEDES- BENZ ARGENTINA S.A. y al despachante de aduana, Sr. Álvaro Germán BUENADER, al pago, en forma conjunta, de un monto igual a $ 162.281,63, en concepto de multa.
2. Costas a las actoras.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar la Resolución N° 531/2017 (AD CAMP), dictada por el Señor Jefe del Departamento Aduana de Campana el 18 de octubre de 2017, mediante la cual, sobre la base de lo estipulado por el art. 954, ap. 1 inc. a), del Código Aduanero (en adelante “CA”), se resuelve condenar a la firma MERCEDES- BENZ ARGENTINA S.A. y al despachante de aduana, Sr. Álvaro Germán BUENADER, al pago, en forma conjunta, de un monto igual a $ 162.281,63, en concepto de multa.
2. Costas a las actoras.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.04.16 14:44:41 ART Date: 2024.04.17 12:18:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.17 14:41:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.17 14:42:19 -03:00
Fin de la sentencia